Escribe: Luis Alen.
En el empresariado coinciden en que, por la tardía implantación de las medidas para la reactivación, la economía no está recuperándose como se esperaba en este segundo semestre. El Gobierno, es cierto, se puso a inyectar recursos desde junio en el orden de US$ 1.500 millones en obras de infraestructura y programas sociales, que empezaron a mostrar su impacto en el movimiento comercial, pero no lo suficiente y es porque algo está fallando en la estrategia.
La idea era que con la inyección de recursos en obras públicas, la economía volvería a moverse, especialmente por la vía del estímulo al consumo, pero está demostrado que por más que se incremente el caudal monetario en circulación o se agrande el gasto público con un mayor margen de déficit fiscal, como el que se está previendo de hasta 3 por ciento del PIB, la capacidad de consumir de la gente al final siempre tiene directa relación con su nivel de ingreso.
Ahora que se discuten en la Comisión Bicameral de Presupuesto una lluvia de pedidos de aumentos salariales y otros beneficios para el funcionariado público, además del incremento en las pensiones para adultos mayores e incluso para los excombatientes del golpe del 89 que derrocó a Stroessner, el Ministerio de Hacienda se ve realmente en aprietos porque, a pesar de la razonabilidad de los pedidos de mucha gente que apenas llega a fin de mes, lo concreto es que no hay financiamiento posible para estas necesidades, que son hasta legítimas pero que no condicen con la situación actual de las arcas públicas, de la capacidad de tributación de la población y de la misma evolución económica recesiva.
Una de las ventajas que tiene la economía paraguaya para estimular el ingreso de la población es una inflación hasta el momento muy controlada por el Banco Central, lo que agrega un factor clave para ver las medidas conducentes, por un lado, a una mejora de la renta real y, por otra parte, para impulsar la economía por la vía del consumo interno, viendo que también la demanda externa se halla deprimida por la recesión que afecta al mundo en estos momentos.
La apuesta por el incremento de la capacidad de consumo debería ser la voz de orden en el Gobierno, pero al mismo tiempo se tendría que poner freno lo más posible a los gastos superfluos, teniendo en cuenta las dificultades de financiamiento de las partidas destinadas a los reclamos legítimos de mayor ingreso.
La renta universal
Como primer paso para la aplicación de la renta universal básica en nuestro país, se está analizando en el Congreso, ya con la aprobación de la Cámara de Diputados y pendiente del Senado, la generalización de la pensión a los adultos mayores de 65 años, lo que costaría a Hacienda unos US$ 1.600 millones en los próximos cinco años.
Este proyecto, muy resistido por la autoridad fiscal, sin embargo resulta un elemento interesante en la estrategia para impulsar el consumo y contribuir a la reactivación comercial. No debería ser soslayado prima facie porque no hay financiamiento, ya que con solo recortar el exceso de gasto en viáticos, festejos, viajes y la corrupción en los contratos estatales, de sobra se ahorrarían los US$ 320 millones anuales necesarios para cubrir el incremento en las pensiones para los ancianos.
Además, lo de la inexistencia de financiamiento resulta casi una falacia, atendiendo al hecho que el Gobierno tampoco hace mucho esfuerzo para conseguir de una buena vez por todas el beneficio económico pleno sobre la riqueza hidroeléctrica de las dos grandes represas del río Paraná, de la cual le corresponde a nuestro país el 50 por ciento, y que es utilizada a su antojo por los dos vecinos, Brasil y Argentina, dejando sólo migajas como retribución al Paraguay.
Con los cálculos más conservadores, a nivel de la tarifa actual cobrada por las usinas binacionales, se estima que podríamos recibir unos US$ 1.000 millones anuales más por la energía paraguaya que retiran los dos grandes socios, en el caso que el gobierno se plante y cobre lo que se debe cobrar por la electricidad. En ese caso, de sobra habría no sólo para dar una pensión a los mayores de 65 años sino también para cubrir los déficits en educación, salud y otros sectores sociales.
Como se puede apreciar, el mayor freno para la recuperación de la dinámica económica paraguaya se sitúa en la misma incapacidad para poner a las hidroeléctricas “al servicio de la gente” en su verdadero sentido, no ya a través de los famosos “gastos sociales”, los royalties y el Fonacide. Estos recursos son administrados por los políticos para su campaña de mantenimiento de la clientela y se está demostrando que resultan hasta inútiles para reactivar el comercio en general.
En contrapartida, lo que correspondería es insistir en que los fondos provenientes de las hidroeléctricas pasen a ser controlados totalmente por el presupuesto general de la nación y sean destinados al genuino “gasto social” en la forma de asignaciones de renta universal a los ancianos y jefes o jefas de hogar de toda la República, como una justa compensación por el sacrifico de haber llevado adelante a sus familias durante años en que, por otro lado, los recursos de las usinas binacionales sólo fueron destinados a enriquecer a políticos o a gente vinculada al poder.
