Escribe: Luis Alen.

Ya se cuenta con el Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) aprobado por el Congreso, pero debe quedar bien entendido que el programa de gastos del Gobierno y de los políticos no es desarrollista ni garantiza la plena inclusión social. Por ello, la deuda de la clase política con la sociedad es la realización de una amplia reforma del Estado con el fin de planificar un desarrollo económico que posibilite la erradicación de la pobreza.

De allí que el PGN 2020 tendría que ser el último sin una reforma del Estado integral. Las discusiones realizadas para aumentar o no las partidas presupuestarias tuvieron lugar sin tener ningún criterio objetivo basado en una planificación del desarrollo nacional, lo cual no sirve a los fines de mejorar el nivel de vida de la población.

El Senado se ratificó finalmente en la versión del Presupuesto Nacional 2020 que agrada al Ejecutivo y dejó de lado el desmadre de gastos que implicaba el proyecto de Diputados, aunque se debe reconocer que, de vuelta, la ley rectora de las finanzas públicas confirma el rápido desequilibrio fiscal que sólo se orienta a mantener una burocracia cada vez más improductiva, haciendo casi imposible que el gasto estatal sea el puntal para el desarrollo.

Para que el presupuesto sea desarrollista, se necesita que los fondos de origen tributario y el endeudamiento del Estado tengan una orientación cada vez mayor hacia las inversiones en rubros claves como la infraestructura, la institucionalidad, la gobernanza y la satisfacción de las necesidades sociales, como educación, salud y viviendas. Pero como gran parte de la recaudación tributaria, en más del 90 por ciento, se está en destinando a cubrir los gastos en salarios de los funcionarios, lógicamente que el Gobierno tiene muy poco margen de maniobra para las inversiones desarrollistas.

Hasta suena un chiste de mal gusto que el Gobierno de Marito, a través de su hermano el ministro de Hacienda, Benigno López, haya puesto todo su bagaje técnico para afinar la reforma tributaria desde 2020, supuestamente para hacer que más personas y empresas ingresen al escenario de la contribución impositiva, con la intención de aumentar sustancialmente los recursos originados en la tributación. 

Pero he aquí que se traiciona prácticamente al contribuyente cuando éste ve que su aporte al pagar tributos está financiando no precisamente un mejor gasto público, sino otro ejercicio signado por el inercial cálculo de partidas presupuestarias donde los políticos vuelven a hacer de las suyas para mantener el costoso aparato clientelar que sigue chupando los recursos estatales.

Los legisladores, en su mayoría, no realizaron ningún esfuerzo para frenar el despilfarro, en aras de, por lo menos, contener el gasto superfluo para así alentar las inversiones que restauren el crecimiento y la dinámica de la economía, que es la base de todo equilibrio fiscal.

Reforma es vital

El proceso de reforma del Estado resulta entonces de vital importancia para acometer un presupuesto marcadamente desarrollista, por lo cual se debe insistir en que la reconversión tributaria a iniciarse el 1 de enero del año próximo, tendrá que ser acompañada por un afán reformador del gasto público que parta de posturas primordiales, como es el caso de investigar los programas del PGN aplicando el principio del “base cero”, que significa seguir o en su defecto eliminar los egresos según un plan de desarrollo que justifique o no la orientación del gasto, para que así el presupuesto nacional del ejercicio siguiente (2021) sea definitivamente saneado.

La reciente misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha comprendido que al Gobierno de Marito no le quedaba otra alternativa que aumentar el tope del déficit fiscal del 1,5 al 3 por ciento en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pero si es que no hay recuperación de los niveles de crecimiento de 4 por ciento promedio de los últimos 15 años, como podría ocurrir el año entrante a pesar de los últimos pronósticos más optimistas, ¿cómo se obtendrán más fondos tributarios necesarios para volver a moderar el déficit estatal, cuando los políticos ya están acostumbrados a seguir con el carnaval del gasto superfluo?

La obligación de la hora de los políticos de todos los partidos es llegar a un gran pacto que modifique sustancialmente, ya desde comienzos de 2020, la orientación del gasto público, partiendo de una planificación rigurosa de tal forma a priorizar las inversiones en la infraestructura física y social, como forma de apalancar la retomada del crecimiento económico, superior al 4 por ciento anual, que es la base fundamental para llevar adelante los planes de inclusión social y la eliminación de la pobreza.