La Corte Suprema de Justicia dio lugar a una acción presentada por la Fiscalía, con lo que queda sin efecto el emplazamiento que había hecho un Tribunal de Apelaciones para la presentación de pruebas en el Caso Berilo, en el cual están acusados Reinaldo “Cucho” Cabaña y el diputado Ulises Quintana, entre otros. El Fiscal Adjunto Antidrogas, Marco Alcaráz celebró la decisión e insisten que Tribunal se extralimitó.

 

La Corte Suprema de Justicia dio lugar a la medida cautelar presentada por la Fiscalía, para suspender el emplazamiento que había hecho un Tribunal de Apelaciones, que obligaba al Ministerio Público a presentar en un plazo de 10 días las pruebas del caso, y de no hacerlo, se podría anular la causa.

La Fiscalía había apelado la decisión del Tribunal de Apelaciones, ya que insisten en que es errónea su apreciación de que ya feneció el plazo para presentar las pruebas. La Fiscalía no se opone a arribar los elementos probatorios colectados, sino que está en contra de los argumentos del Tribunal, que los acusa de incumplir los plazos.

“El Poder Judicial se excedió, y no pueden ellos evaluar los elementos de la acusación, nosotros queremos que los elementos de la acusación pasen la preliminar y lleguen a un Tribunal de juicio oral, esa es la pretensión del Ministerio Público”, indicó Alcaráz.

Por su parte, indicó que la Defensa y el Tribunal de Apelaciones sostienen una tesis que pretende anular todo el proceso y evitar así el juicio oral y público del caso. “Para nosotros este es un caso cerrado. Se acusó, se investigó y tenemos los elementos de pruebas, y queremos que se pueda probar la hipótesis del caso de una eventual sanción a todas las personas afectadas; y esto lo digo sin afectar de modo alguno la presunción de inocencia, nosotros creemos que tenemos todos los elementos de convicción para obtener una sentencia”, remarcó el Fiscal Adjunto Antidrogas.

Destacó lo llamativo de la resolución del Tribunal de Apelaciones, ya que tomó una decisión pisoteando lo que había dispuesto el Juzgado de la causa, que se encontraba recepcionando las pruebas en un plazo que ellos mismos habían establecido.

“El juzgado le fijó al fiscal actuante una tiempo dentro del cual tenía que presentar y fijó un horario que es de 7:00 a 13:00 y una cantidad de tomos por días, porque hay más de 90 tomos. Entonces, la recepción material (de las pruebas) por parte del juzgado, del actuario debió hacerse en esos tiempos (…). No es que no se entregó, se estaba entregando, solo que se dieron recusaciones a la fiscala actuante, recusaciones al juez actuante, entonces eso lo que retrasó al entrega de manera natural y el Tribunal de Apelaciones mal entendió e hizo disparar una plazo que todavía no se dio”, detalló.

El mismo dijo querer trasmitir tranquilidad a la ciudadanía que sigue este caso -que es sumamente mediático- y ratificó que incluso si la Corte da la razón al Tribunal de Apelaciones y ratifica que se deben presentar las pruebas en los diez días establecidos y a través de la Fiscalía General del Estado, ellos lo harán.

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El segundo lote de maquinarias pesadas, proveniente de Foz de Yguazú (Brasil) para la construcción del Puente de la Integración, en Presidente Franco, ya se encuentra en la zona de obras. Excavadoras hidráulicas, tractores de oruga, motoniveladoras, retroexcavadoras y camiones, forman parte de este segundo grupo que ya operan en la apertura de caminos de acceso a la futura pasarela internacional.

 

El segundo grupo de maquinarias se suma a las ya instaladas desde el pasado miércoles en la zona, donde se encuentran realizando tareas de movimiento de suelo y terraplenado para la instalación del cantero de obras.

El ingreso de ambos lotes se dio a través del Puente de la Amistad e involucró la participación de un equipo interinstitucional compuesto por representantes de ITAIPU, la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Transporte (DINATRÁN), Aduana Paraguaya, Patrulla Caminera, la Policía Municipal, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Policía Rodoviaria Federal (Brasil).

Técnicos de la Dirección de Coordinación de la Entidad acompañan de cerca la ejecución de los trabajos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del cronograma físico y financiero del proyecto.

En el lado brasileño, las tareas de terraplenado y apertura de caminos para el traslado de camiones ya fueron ejecutados en un cien por ciento, mientras que la base operativa, ubicada en la localidad conocida como Puerto Meira, en las inmediaciones del Marco (hito) de las Tres Fronteras, está en fase de finalización.

Para esta semana se prevé, de acuerdo a las condiciones climáticas, el hormigonado de varias estructuras, que darán soporte a los pilares que sostendrán toda la estructura del puente.

La construcción de esta obra se lleva a cabo 54 años después de la inauguración del Puente de la Amistad, a 45 años de creación de la Entidad Binacional ITAIPU y a casi 30 años de haberse aprobado el proyecto para la construcción del denominado Puente de la Integración. El precio de adjudicación de la obra, a ser financiada por ITAIPU Binacional, es de unos USD 83 millones.

La estructura está diseñada para soportar el tráfico pesado, con lo cual el Puente de la Amistad, por donde circulan unos 39.000 vehículos por día, quedará exclusivamente para el tránsito liviano y turístico.

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El administrador y subadministrador de la Aduana que funciona en la Zona Franca Global, ubicada en el Km 11,5 Monday, Alberto Estigarribia, y Rubén Garcete, respectivamente, supuestamente, mantienen cansados a los importadores que operan por la citada terminal portuaria. El hartazgo de los empresarios es por el pedido constante de coimas de parte de ambos funcionarios aduaneros que, como es de costumbre en la institución recaudadora, exigen algo por debajo de la mesa, según la denuncia.

 

Estas administraciones aduaneras que operan en puertos privados normalmente pasan desapercibidas ante el director nacional de Aduanas, por lo que los encargados aprovechan para hacer su golpe, normalmente exigiendo coimas bajo amenaza que, en caso de negativa, inventarán cualquier falta administrativa para imposibilitar el despacho normal de las mercaderías importadas.

Alberto Estigarribia, precisamente, cuenta con oscuros antecedentes como funcionario del ente recaudador, pues, con su salario de apenas G. 5 millones, logró construir un verdadero imperio, alardeando lujosos vehículos y mansiones. El citado agente aduanero, a principio de la era de este gobierno, fue designado en la aduana de Villeta (Terport), pero ante la seguidilla de cuestionamientos de algunos medios de comunicación de la capital, fue enviado a Ciudad del Este donde no perdió la costumbre y una vez más estaría implementando la vieja práctica de recaudación paralela al fisco.

Durante el gobierno anterior, Estigarribia estuvo en uno de los puestos más envidiados por los aduaneros del país, la administración de la Aduana de Ciudad del Este (Puente de la Amistad). Durante su estadía en el Este al frente de la institución, el amañado funcionario habría hecho su mayor golpe durante su carrera, a juzgar por la gran escala de contrabando que ingresaba al país por el mencionado paso fronterizo.

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Miércoles, 11 Diciembre 2019 14:25

Juan Ramírez confirma candidatura a intendente

El joven empresario Juan Ramírez confirmó esta semana que se candidatará a la Intendencia Municipal de Ciudad del Este por el movimiento Colorado Añetete. Afirmó que el Partido Colorado debe pedir perdón a sus afiliados por los errores cometidos por las autoridades anteriores, refiriéndose al clan Zacarías. “Hay que pedir perdón y pido perdón a todos los colorados por los errores cometidos. A consecuencia de ello, perdimos la Municipalidad”, dijo.

 

El político y empresario lamentó que en nombre del Partido Colorado se haya cometido varias irregularidades en la comuna local; según dijo, además de otras supuestas irregularidades, lo que le costó a esta nucleación partidaria la pérdida de la administración de la institución, agregó. “Lamento profundamente que se hayan cometido errores muy graves que llevaron al descreimiento total hacía los políticos colorados. Ese costo se pagó muy caro y ahora sufrimos las consecuencias. Primero tenemos que pedir perdón, el Partido Colorado debe pedir perdón y yo pido perdón por todos los errores cometidos por las autoridades anteriores, tanto en la Municipalidad de Ciudad del Este como en la Gobernación del Alto Paraná. Este es el momento de reivindicarnos”, aseguró.

En tal carácter, Ramírez se comprometió en trabajar arduamente para devolver la moral pérdida a los dirigentes de base y restablecer la figura que antes tenían las seccionales coloradas, manifestó. “Voy a trabajar denodadamente para que el dirigente de base, para que el seccionalero vuelva a tener ese respeto y respaldo a la ciudadanía. Mi deseo es que las seccionales vuelvan a ser agencias de formación de los vecinos, que se les enseñen oficios a los vecinos y de esa manera tengan mayor facilidad para acceder al mercado laboral, como antes se tenían en las seccionales coloradas. Se tiene que volver a abrir las puertas de las seccionales, rescatar, destacar y resaltar la figura del dirigente de base”, afirmó.

 

Encuesta

Respecto a someterse a una posible encuesta para consensuar candidaturas dentro de Colorado Añetete, Ramírez dejó entrever que en esta ocasión, prefiere enfrentarse a unas internas y que en esta instancia se defina la situación, expresó. “Ya estuve en una encuesta donde se eligió a Wilberto Cabañas en marzo pasado. Ahora creo que será difícil entrar en ese sistema teniendo en cuenta que existe un equipo de gente que ya está trabajando por mi candidatura. Por lo tanto, en esta ocasión, creo que no podrá ser factible que forme parte de este sistema de elección”, aclaró.

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El concejal Alejandro Zacarías McLeod (ANR, cartista), sobrino de la exintendente imputada Sandra McLeod de Zacarías, funge de “activista anticorrupción” y presentó una denuncia contra el intendente Miguel Prieto Vallejos (MCDE) por supuestas irregularidades en licitaciones.

 

El concejal Zacarías McLeod junto con su aliado político Celso Miranda “Kelembu” presentaron una denuncia escrita ante la Contraloría General de la República contra el intendente Prieto Vallejos.

Según la denuncia, el jefe comunal adjudicó a la empresa Yrupé, de Sady Lorena Martínez de Ruso, la licitación para almuerzo escolar supuestamente sin que la firma cuente con certificado de origen nacional de los alimentos. La empresa fue contratada para suministrar el complemento nutricional por un valor de G. 3.072.610.200 a 2.607 alumnos de seis escuelas. Fue la oferta más barata entre los oferentes presentados: G. 8.300 la ración.

Los opositores también acusaron al intendente de adjudicar a la empresa Servinco Paraguay la instalación de una fábrica de asfalto por G. 10.972 millones; y a la firma del arquitecto Ramón García para el bacheo asfáltico en varios puntos de la ciudad por G. 1.950 millones sin que tengan experiencia en el rubro.

Zacarías McLeod y “Kelembu” igualmente denunciaron a Prieto por supuestamente contratar a la empresa que ofreció el costo más alto para la obra de la costanera del Km 8 Acaray. Esta obra fue adjudicada a la firma Consorcio Ñande Ypoti por un monto de G. 11.524.728.822.

Los opositores solicitaron al contralor general Camilo Aldana la auditoría de la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad, a cargo de Maggi Fariña; además, de la revisión de todas las licitaciones otorgadas durante la gestión del intendente Prieto.

Tras cuatro años de mandato, el concejal Zacarías McLeod “se acordó” de su función de contralor y empezó a cuestionar la administración municipal.

Sin embargo, durante la gestión de su tía, el concejal Zacarías McLeod avalaba los negociados en la Municipalidad como la adjudicación de millonarias licitaciones a la empresa de maletín Frontera Producciones, del locutor Carlos Bordón Bottino, para supuestos servicios de publicidad. En realidad, los recursos públicos se destinaban para la campaña electoral del clan Zacarías, según una investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

El dinero incluso fue repartido entre varios periodistas para alabar la gestión de McLeod y criticar a opositores.

 

Descalifican denuncia

La directora de UOC de la Comuna, Maggi Fariña, descalificó la denuncia de los concejales opositores y sostuvo que «están enojados porque seguro que algunas de estas empresas (descalificadas) son sus defendidas». «Están tratando de amedrentar todo el tiempo. Pero no tenemos problemas con que venga la Contraloría», añadió.

Fariña explicó que, según el dictamen del comité evaluador, Servinco Paraguay representa una marca argentina que provee planta asfáltica y todos los equipos accesorios. Recalcó que la empresa cumple con los requisitos del pliego y bases de condiciones de la licitación. «La otra empresa que es Proyec no cumplió siquiera con la documentación sustancial y su precio es G. 1.000 millones más alto», remarcó.

La directora afirmó que la firma Arquitecto Ramón García cuenta con todos los documentos requeridos, por lo que fue beneficiada con la adjudicación para el bacheo asfáltico.

La funcionaria también aseveró que la empresa Consorcio Ñande Ypoti cumplió con el pliego de bases y condiciones de la licitación para la costanera y desmintió que sea la oferta más cara.

Respecto a la adjudicación del almuerzo escolar, Fariña aseguró que la firma Yrupe tiene constancia del Ministerio de Industria y Comercio, que certifica que cuenta con todos los certificados de origen nacional de los alimentos.

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Miércoles, 11 Diciembre 2019 08:21

EE.UU. exige a Marito fin de la narcopolítica

Escribe: Luis Alen.

 

Después de un lavado de cabeza con abundante “shampoo” en la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé, Marito sostendrá otro bravo examen con la primera potencia mundial en Washington en la visita a Donald J. Trump, quien le exigirá el fin de la narcopolítica protectora de la gran lavandería de dinero sucio en que se ha convertido el Paraguay.

 

Marito Abdo aceptó las críticas de la Iglesia sobre su falta de liderazgo que pone al país “al borde del abismo”, en palabras apocalípticas del obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela. Pero ahora viene la posible reprimenda de Donald J. Trump en la misma Casa Blanca, donde le preguntará al presidente paraguayo de visita en el Salón Oval, por qué no cayó preso aún ningún “pez gordo” por la protección política al lavado de dinero.

Como preámbulo del encuentro Trump-Abdo, Estados Unidos ya envió un duro mensaje a los corruptos paraguayos, con la negativa a conceder la visa “de por vida” al exsenador Óscar González Daher e integrantes de su entorno familiar procesados por corrupción y lavado de dinero, y al exfiscal general Javier Díaz Verón y familia, igualmente enjuiciado por los mismos delitos.

La “Lista de Tarragó” se irá ampliando, lo anunció el embajador norteamericano Lee McClenny y reafirmó el monitoreo muy estrecho que se realiza en las agencias de Washington encargadas de perseguir al crimen organizado, el lavado, el narcotráfico y la protección política a estos crímenes, que se considera sirven de sostén financiero al terrorismo internacional.

Abdo se halla atrapado en su propio laberinto, al no poder hacer gran cosa porque tanto el Congreso como la Justicia se hallan dominados por el poder de la corporación política que gerencia la gran corrupción y la impunidad. El problema de Marito no es precisamente carecer de las agallas de estadista por no poseer las cualidades para ello, sino otro más grave, como es no poder desembarazarse de las directivas de HC, que incluso ha tejido relaciones con la Iglesia al declararse “provida” y “profamilia”, como se apreció en su vuelta a un micrófono público, la semana pasada en la sede de la ANR.

Fue sugestiva la intempestiva reaparición de HC, en la víspera del 8 de diciembre, pese a que posiblemente con la protección al narcotráfico o al lavado de dinero, que florecieron durante su gobierno, más personas y familias habrían sido afectadas por los asesinatos llevados a cabo por el sicariato que siguen hasta hoy sin solución aparente a corto plazo, que las mismas vidas suprimidas por el aborto o la violencia de género.

 

Duro examen en Caacupé

Marito tuvo la valentía de afrontar los escraches y las críticas eclesiales en la multitudinaria misa de Caacupé, que se vuelve cada vez más una especie de radiografía del “estado de la nación”. Hay que resaltar también que otros connotados miembros de la clase política no se atrevieron a dar la cara en las misas de Caacupé, en el novenario o en la celebración central.

Otros como el titular de la Corte o el ministro del Interior, se animaron a enfrentar el “akä ky’o” (lavado de cabeza en guaraní) , sin que Marito dejara de ser el principal receptor del vendaval de críticas, donde se escuchó de todo, incluso se puso a la Justicia en el banquillo, pero, extrañamente no tanto a la narcopolíticos ausentes, ya sea por no aparecer como “hipócritas” al decir del autoevadido presidente del Congreso, Blas Llano, sino simplemente por no importarles el tirón de orejas de la Iglesia, o incluso por saberse inmunes a la reacción popular eventual en los días posteriores.

Precisamente, a Llano “le cayó el sayo” del obispo Valenzuela, cuando replicó a éste pidiéndole que no “generalice” para ponerles a todos los políticos en una sola bolsa corrupta, así como no se puede decir que por algunos pedófilos todos los curas sean de esa condición. Sin embargo, es un hecho que Llano representa lo más execrable de la política criolla corrupta, a estar por las muestras de repudio de los internautas a sus expresiones en los medios digitales el pasado martes.

Pese a que dejaron entrever la “blandura” del presidente para luchar contra los corruptos de su propio entorno y partido político, los obispos no se animaron a impetrarle al presidente por la inexistencia de sanciones firmes contra los políticos corruptos, aunque señalaron que la Justicia está al servicio de éstos.

Pero a Marito se le viene ahora otra dura prueba: tendrá que explicar a Estados Unidos por qué no llevó aún preso a ningún conspicuo regente de la gran lavandería de dinero sucio en que se ha convertido el Paraguay.

Para demostrar la Justicia excesivamente condescendiente con los “peces gordos”, llamativamente Óscar González Daher y Javier Díaz Verón, los sancionados por EE.UU., tienen prisión domiciliaria mientras confían tranquilos en alguna mano amiga en la hora de sus juicios orales, aprovechando argucias legales para salir a pasearse de nuevo por las calles asuncenas libres de polvo y paja, hasta llegado el caso por la avenida Estados Unidos.

Mientras, otros políticos como Javier Zacarías Irún, miembro de la claque del “Patrón”, pasan meses y años con chicanas admitidas por la Justicia “pronta y barata”.

 

Un fracaso anunciado

La gestión de Mario Abdo Benítez se puede resumir algo así como “la crónica de un fracaso anunciado”, porque cayó en la trampa que le tendió la misma clase política de la que él por lo visto es un fiel exponente, como disciplinado ejecutor de las órdenes que emana de la corporación político-mafiosa enquistada en el poder de la República.

El aplazo del jefe de Estado en su gestión se ha debido más por ser “flojo”, como lo definió otro obispo, Mario Melanio Medina, que por su responsabilidad directa en la impresión generalizada en la ciudadanía acerca del fracaso en la lucha contra la corrupción y la impunidad de la clase política de donde precisamente proviene Abdo.

En el casi año y medio de mandato presidencial, Marito no consiguió enfrentarse con éxito a los países socios en las binacionales hidroeléctricas, y hasta arriesgó un juicio político por ello, siendo salvado in extremis por el “Patrón” Horacio Cartes.

La Iglesia lo definió exactamente al señalar con el dedo acusador, diciendo que el presidente y los políticos deberán hacer gala de una gran honestidad para encaminar una negociación con Brasil y Argentina que devuelva la soberanía energética al Paraguay así como el pleno uso de los recursos por la venta de la energía a precio de mercado, para beneficio de todos los habitantes del país y como única forma de salir de la pobreza para casi la mitad de la población.

Marito no tuvo, es cierto, las suficientes agallas para negociar con la oposición una suerte de coraza que le ayude a neutralizar el creciente poder paralelo de la corporación, tal vez porque dentro de su mismo movimiento Añetete existen componedores del doble juego con HC, como se demostró tanto en la crisis del acta bilateral de Itaipú como en la falta de una operación sorpresa para derribar la estantería del poder cartista en ocasión de la investigación de la bicameral sobre el contubernio Darío Messer-Horacio Cartes, que bien podría haber adelantado el Lava Jato “paraguayo” y complementar así la eficaz acción de la fiscalía brasileña que ya se venía preparando también desde el año pasado.

Con el ultimátum que seguramente vendrá de Estados Unidos, más el lavado de cabeza de los obispos de la Iglesia Católica, Marito debe sacudirse de una buena vez el pretexto de estar atado a otros poderes fácticos, como la mafia política, la Justicia cooptada o la dependencia de HC, para proponerse por el resto de su mandato el cumplimiento de un programa de acción que privilegie llevar a la práctica las recomendaciones de la potencias del mundo, la hegemónica norteamericana y el poder espiritual en la Tierra, representado por la institución eclesial mundial.

En primer lugar, ya no puede ser cómplice de sus socios políticos y de la corporación encargada de la protección a los negocios no santos del crimen organizado, como el narcotráfico y el financiamiento de estos flagelos a través del lavado de dinero que luego va a parar a manos de las organizaciones más criminales del mundo.

Tiene que ser duro a más no poder con funcionarios, policías, fiscales y magistrados que toleran o dan espacio a las mafias, previo pago de dádivas; asimismo, luchar sin tregua contra la corrupción política y estatal, de tal forma a poner fin a poses groseras en las redes sociales o en los informativos, de narcopolíticos empapados con billetes procedentes de sus compinches traficantes.

Al mismo tiempo, emplazar a los legisladores a sacar todas las leyes pendientes para limpiar de corrupción la administración del Estado y el Presupuesto nacional; los instrumentos legales que faltan aún contra el lavado de dinero y poner en acción la legislación para evitar la financiación de las campañas políticas por los narcos, en las internas y en las generales, previa confirmación del desbloqueo de las listas sábanas con el voto a través de las urnas electrónicas.

Todo esto contribuirá sin dudas para combatir a las mafias y a su brazo protector de la narcopolítica.

Publicado en LOCALES

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