Miércoles, 19 Febrero 2020 15:42

Prieto decepciona a CDE copiando métodos de ZI

Escribe: Luis Alen.

 

Como una traición a la lucha de años contra Javier Zacarías Irún, los ciudadanos de Ciudad del Este que votaron por Miguel Prieto ven el proceder del intendente, quien intenta copiar prácticas de los corruptos exponentes del clan Zacarías, que durante 18 años lo mantuvo cautivo al pueblo paranaense.

 

Las denunciadas irregularidades en el manejo administrativo de la comuna esteña serían producto de la necesidad de contar con el apoyo de la junta municipal dominada por compinches de ZI y de la exintendenta Sandra McLeod.

Pero esta práctica colisiona con las consignas de transparencia y honestidad en la gestión que fueron el detonante del contundente triunfo de un político joven no ligado a los partidos tradicionales, Colorado y Liberal.

Ante la necesidad de contar con el apoyo de la junta municipal, el intendente Miguel Prieto se está acercando peligrosamente a pactar con el clan, lo que sería funesto para su intento de reelección en noviembre, pero más aún para la ciudadanía que confió en él con el propósito de sacudirse de las prácticas corruptas y no transparentes en el manejo de la administración de CDE, a las que nos tenían acostumbrados Javier Zacarías Irún y sus secuaces.

 

Avatares de la

“tercera fuerza”

Las denuncias de supuestas irregularidades cometidas en la administración de Prieto, en pleno año de elecciones, desgastan la imagen del lord mayor esteño ante el electorado, pero también denotan las dificultades que habrá en las principales ciudades del país incluyendo Asunción, con el fin de articular una tercera fuerza para vencer a los partidos tradicionales Colorado y Liberal.

Tal vez Prieto adoleció no sólo de la incapacidad de armar una buena gestión, sino de la suficiente estructura como para convertirse en un baluarte en la recuperación de la honestidad y el desempeño transparente de cara a la ciudadanía que puso su confianza en él en las elecciones del pasado 5 de mayo en CDE.

La misma decepción ciudadana se ha dado en Asunción, con lo ocurrido con la desafortunada gestión de Mario Ferreiro en la municipalidad capitalina, lo que pone de manifiesto la necesidad de articular por parte de la ciudadanía no sólo mejores enfoques de selección de candidaturas, sino también más sofisticados mecanismos de control en las gestiones de los funcionarios electos por el voto popular, ya sea en intendencias, juntas municipales como también en el plano del gobierno central del país.

El hecho de que hasta ahora no haya podido unir a los opositores al clan ZI que lo catapultaron a la intendencia, con el objetivo de conservar el manejo de la institución en el próximo quinquenio 2020-2025, y que, por el contrario, el mismo Prieto haya comenzado a “cortejar” con algunos zacariístas de la Junta Municipal, revela cuán difícil le resulta al intendente consolidar dicha “tercera fuerza” que le sirva de soporte político ante las estructuras poderosas de los grupos tradicionales que dominan la politiquería criolla en CDE, así como ocurre en prácticamente  todo el país.

Frente a la avalancha de hechos que han puesto en duda la capacidad de gestión de Prieto, algunos de sus soportes políticos lo fueron abandonando, como el Partido Patria Querida, que anunció públicamente su ruptura con el joven administrador esteño. Lo mismo en el caso del concejal Celso “Kelembu” Miranda, que incluso ha denunciado licitaciones supuestamente amañadas pero ahora apoyadas por sus exaliados zacariístas, con quienes se había puesto de acuerdo a principios del año pasado para una pretendida intendencia que después no pudo cuajar.

Todo esto ensombrece el futuro político de Prieto, mientras la ciudadanía observa ya con notoria indiferencia su alicaída capacidad de gestión, o con indisimulado rechazo por sus nuevos aliados zacariístas, al haber incumplido en forma muy aviesa sus promesas de transparencia y de no pactar, si no con el cuestionado clan ZI, con el mismo esquema corrupto dirigido entre bambalinas por el “ínclito” Javier Zacarías Irún y su esposa la exintendenta Sandra McLeod, quienes todavía controlan a control remoto la junta comunal.

Ahora el electorado podrá ser mucho más exigente con los candidatos a intendente y a concejal municipal, en vista de la posibilidad real de barrer con la lista sábana, como también ante la vigencia de la trazabilidad del dinero de origen dudoso en la política. Todo ello exige de Prieto y de los candidatos opositores a los partidos tradicionales, mucho más que bellos discursos, ya que deberán demostrar buena gestión al mando de la intendencia y, por sobre todo,  probidad en el manejo de los recursos públicos.

Queda demostrado que la ciudadanía debe poner mucho más cuidado en la elección de sus representantes en las elecciones, tras lo ocurrido en relación a la gestión del independiente Prieto en CDE y del febrerista Ferreiro en Asunción, por tomar sólo dos exponentes más notables del “tercer espacio” y con gestiones administrativas en las dos ciudades cabeceras de las más importantes áreas metropolitanas del país. Además de la atención al perfil del candidato y de su procedencia o los intereses que representa, los ciudadanos deben realizar un monitoreo constante de sus acciones una vez que estén los nuevos funcionarios en posesión de algún cargo, y más aún cuando se trata de manejo del dinero público.

 

La ley de trazabilidad

Finalmente recapacitó Marito Abdo y bajó línea por lo visto a sus senadores, con el fin de posibilitar el control del dinero sucio en la política, a través de una ley de trazabilidad que será esencial para evitar que la narcopolítica se adueñe del Paraguay. Es que ha sido una vergüenza nacional e internacional, al mismo nivel que la fuga de película de los presos de Pedro Juan Caballero al comienzo de año, la decisión de los diputados de cercenar completamente los mecanismos de control establecidos en el proyecto original de la patriaqueridista Rocío Vallejo.

Aún cuando hubo algunos cambios de última hora en el texto que aprobaron los senadores pero asumiendo el lineamiento general del proyecto original de Vallejo, y que ya contó con el visto bueno de Diputados, el hecho es que fue convertido en ley por el presidente de la República, estableciéndose la obligación de todo candidato a cargo electivo, desde las mismas internas partidarias, de presentar un informe de la procedencia del dinero usado en campaña, tanto al inicio como al final del proceso, así como la intervención de la Seprelad para controlar si hubo o no lavado de dinero. Al mismo tiempo que se institucionaliza un seguimiento exhaustivo en la Justicia Electoral, con la obligación de informar a la opinión pública de cualquier irregularidad detectada.

La indignación ciudadana contra el destrozo al proyecto en Diputados por la aplanadora colorada abdo-cartista tuvo su efecto seguramente sobre  los abdistas y liberales, a los que también se unieron mansamente los senadores cartistas, a pesar que éstos estaban con pocas ganas de aceptar el control, especialmente en las internas.

Un cambio en la postura de los legisladores ya se vislumbraba con la repentina “iluminación” de Blas Llano, el titular del Congreso, impresionado por la película del “Guasón”, al afirmar que no quería que ocurriera una réplica en la realidad paraguaya de la rebelión popular contra una Ciudad Gótica dominada por políticos al servicio de los delincuentes. Podría llegar a ocurrir lo mismo aquí, según Llano, si es que continuara sin cambios en el país la falta de control legal sobre el financiamiento político, ya que el dinero sucio puede poner a los políticos al servicio del crimen organizado, el narcotráfico y el financiamiento al terrorismo internacional, con las nefastas consecuencias a nivel del pueblo en materia de mayor inseguridad, justicia dominada por la delincuencia e impunidad para los criminales.

Este repliegue colorado se da en momentos en que se trata de llegar a un abrazo republicano entre el abdismo y el cartismo, para evitar una interna “sangrienta” y, por sobre todo, costosa, con vistas a las internas de julio y las generales de noviembre.

Habría que ver si con el nuevo escenario sobre el control del financiamiento político con dinero dudoso, cómo quedan las relaciones entre Marito y Horacio Cartes, ya que a estas alturas, se sabe bien en forma extraoficial de quién o quienes provienen mayoritariamente los recursos para las campañas más connotadas de la política criolla. Por ejemplo, una pregunta ya flota en el aire: ¿Cómo se informará o se disfrazará el gran movimiento de dinero “donado” por traficantes de drogas y cigarrillos destinado a financiar a los políticos de la nomenclatura dueña del poder actual en el Paraguay?

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Empresarios de Ciudad del Este defienden el proyecto de Ley de Tiendas en Franja Fronteriza (TFF), que busca mantener la competitividad en las ciudades de frontera con Brasil, ante la instalación de “lojas francas” en Foz de Yguazú y otros municipios del vecino país. Sin embargo, desde el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) aseguran que con esta normativa se estaría promoviendo el contrabando y con ello la reducción de los ingresos fiscales.

 

 

Las declaraciones de los representantes del CIP y la UIP cayeron como balde de agua fría a los impulsores del proyecto que tiene por objeto principal reglamentar el concepto de “área aduanera especial” prevista en el código aduanero, para fomentar el turismo de compras en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Encarnación. Al respecto, Juan Vicente Ramírez, miembro de la Cámara de Comercio y Servicios, aseguró que los gremios capitalinos quieren que todo siga igual, cerrando los ojos a la realidad. “No es lo mismo 20 años atrás y ahora, es ridículo quedarse en el modelo obsoleto. Ese desfasaje hará que el comercio esteño termine y eso afectará a nivel nacional, a las recaudaciones, al turismo a todas las actividades que están conectadas con la venida de los turistas”, analizó el empresario.

Uno de los cuestionamientos del Centro de Importadores del Paraguay es la disminución en las recaudaciones como consecuencia del bajo impuesto. Sobre este punto, Ramírez explicó que el proyecto contempla el pago de impuestos del 2% sobre el universo de productos vendidos en la capital del Alto Paraná. De eso, el 60% son electrónicos y dentro de ese rubro, el 40% son los teléfonos celulares, que actualmente están tributando el valor del 2%.

Por otro lado, aseguró que algunos productos tasan actualmente alrededor del 20%, y con la aplicación del TFF, el costo final será mucho más competitivo para los turistas de Brasil y Argentina. “Esos rubros son motores dormidos en el comercio. Puede hacer crecer el negocio en las fronteras, porque se recaudará más. Consideramos que habrá un crecimiento en las recaudaciones con esa modificación que se plantea”, remarcó.

 

Contrabando

En relación al aumento de contrabando en la frontera, Ramírez dijo que la digitalización permite un control más eficiente, a través de la emisión de facturas electrónicas,  que están conectadas en línea al sistema de las tiendas y eso sirve para el control en las rutas y facilita el trabajo a los inspectores del Ministerio de Hacienda, además del monitoreo de la Aduana.

 

Crisis

Ciudad del Este viene arrastrando una crisis sin precedentes, debido a la inestabilidad económica de sus socios comerciales Brasil y Argentina. Desde el 2019, los comerciantes reclaman al Gobierno de Mario Abdo Benítez una solución definitiva para el comercio de frontera pero hasta la fecha, el Equipo Económico sigue sin responder a la petición de los empresarios. Hasta el momento, se registra un bajón del 80% en las ventas. Urge una actualización del comercio para mantener la competitividad, pues este escenario trae graves consecuencias a la economía nacional, porque la capital departamental es considerada el motor económico del Paraguay. Además, varios negocios tuvieron que cerrar sus puertas al público, dejando a cientos de esteños sin empleo.

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Una de las internas más encarnizadas es la que enfrentará al parecer este año el Partido Liberal Radical Auténtico, esto es lo que se presagia al menos en Ciudad del Este. En los diferentes movimientos no existen ánimos de llegar a un consenso, hasta el momento son tres los precandidatos confirmados.

 

El fin de semana se cumplió en encuentro entre los principales referentes de este partido político. Se aclaró que la reunión al menos no fue para analizar un consenso, pero sí para analizar algunos puntos como ser la de evitar una interna con agresiones, para que posteriormente la unidad sea de mero trámites.

De momento los candidatos confirmados son el ex gobernador del Alto Paraná, Gustavo Cardozo, por el Equipo Joven, Oscar Meza por el movimiento Crezcamos Juntos y Estela Torres por Cambio Radical.

El ex ejecutivo departamental tendrá como número uno para la lista de concejales al actual edil Javier Bernal, la también concejal María Portillo sea la cabeza de lista de Estela Torres entre tanto Meza estaría acompañado de Luis Trinidad, hermano del actual diputado Manuel Trinidad Colman.

El concejal Teodoro Mercado, confirmó que buscará de nuevo un escaño dentro de la Junta Municipal, el mismo pertenece al efrainismo, de momento aún no tienen candidato confirmado a intendente, insistentemente se habla de Iván Airaldi. Por el buzarquismo que está representado por Atilio Alegre, tampoco existe una candidatura a jefatura comunal, en ese sentido mencionaron que su esposa la abogada Nathalia Fretes es la que ya trabaja con intenciones de ser concejal municipal de Ciudad del Este.

Otro que también están en la expectativa es Orlando Paiva, el mismo salió del Movimiento Cambio Radical y estaría escalando en el equipo de Crezcamos Juntos.

Durante el encuentro se acordó integrar un consejo de trabajo que se abocará a buscar mecanismos de consensos y/o coincidir en puntos básicos para unas internas de bajos decibeles retóricos personales esto para evitar ataques personales. Así como están las cosas de igual forma será una interna encarnizada la que tendrá el PLRA en Ciudad del Este.

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*Recusó a jueza Zunilda Martínez Noguera, esposa de Carlos Marcelo Quevedo, muy ligado y socio comercial del clan Z.

 

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, compareció el lunes último a una audiencia en el marco del juicio oral y público en la causa de difamación y calumnia en su contra. El jefe comunal recusó a la jueza Zunilda Martínez Noguera por la desconfianza en su imparcialidad. Además, dijo que la querella por parte del político colorado Derlis Argüello Da Silva tendría la intención de desestabilizar su gobierno.

 

 

El intendente de la comuna esteña Miguel Prieto afronta su primer juicio oral y público. Se presentó el lunes pasado ante la cita fijada por la jueza Zunilda Martínez junto con su abogado, Mauro Barreto. Asimismo, estuvo presente el querellante, Derlis Argüello Da Silva. El jefe comunal recusó a la jueza por lo que la audiencia fue suspendida.

La defensa del intendente cuestionó la falta de especificación del hecho punible, al anunciar que, en su momento, plantearán la nulidad de la acusación por falta de fundamentos. Señaló que la jueza Zunilda Martínez forma parte del clan ZI, por lo que la recusación corresponde por la parcialidad con la que puede actuar. “Su esposo, Carlos Marcelo Quevedo, fue mucho tiempo favorecido durante el gobierno de la familia Zacarías con la provisión de merienda escolar, es socio comercial del clan”, refirió el lord mayor esteño.

Entretanto, Prieto declaró que la querella forma parte de un plan por parte de unos mafiosos de truncar su gobierno. “Esto es parte de un plan estratégico para desestabilizar el gobierno, pero estamos fuertes. Yo en cinco meses, directo vengo a juicio oral por difamación y los que robaron siguen eludiendo la justicia, no sé qué están esperando estos mismos jueces para sentenciar a bandidos como Javier Zacarías Irún, de Lucho Zacarías y Sandra McLeod”, remarcó.

 

La querella

El proceso se inició luego de que el intendente haya dicho que Argüello Da Silva insistía en reunirse con él a nombre de varios empresarios y justo en ese momento, recibió informaciones de que fiscales de anticorrupción de la Capital se encontraban en la ciudad para detenerlo por extorsión y que el intermediario era precisamente su ahora querellante.

El intendente había denunciado el caso ante la Policía Nacional contra personas innominadas. Derlis Argüello promovió la querella porque supuestamente fue dañada su imagen y reputación ante la sociedad y solicita ante la Justicia una compensación G. 3.000 millones.

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