Escribe: Luis Alen.

Se achaca ahora a la crisis política originada en la compra de energía en Itaipú como uno de los principales ingredientes de la preocupante caída en los indicadores económicos de los últimos meses. Pero el problema relacionado con el costo de la electricidad para la ANDE no es más que el síntoma de una dolencia mucho más grave, como es la misma falta de una política energética desarrollista que permita un uso mayor de la energía ociosa con que cuenta el país en las represas del río Paraná.

Esta situación indicaría una falla estructural en la forma de ejecutar el esquema de uso de la energía, cuando se nota que la empresa estatal de electricidad tiene serios problemas en su gestión. Por ejemplo, en la crucial relación entre las grandes inversiones que debe realizar para la transmisión de la energía ante el aumento de la demanda, y el mantenimiento de una rentabilidad del negocio que se ve afectada por la ineficiencia típica del aparato estatal-sindical que lo controla. A todo lo cual se agregan las elevadas pérdidas del fluido eléctrico en la distribución, ya sea por la misma falencia en las líneas como en la deficiente cobranza a los usuarios que se enganchan en negro.

Definitivamente, y a estar por los números del último balance de la ANDE publicado hace unos días, la empresa estatal tiene un rango de ineficiencia muy elevado, ya que su facturación por venta de energía supera hasta en un 50 por ciento el costo de compra de la electricidad de las binacionales, más aún después del tarifazo de 2017 que golpeó a toda la economía. Pero, en contrapartida, muestra una rentabilidad neta de sólo 13 por ciento, por sus compromisos financieros como por los gastos corrientes altos, restando muy poco margen para las inversiones en las líneas de distribución.

De allí que todos los muy buenos análisis de los expertos que se realizan en los foros destinados a permitir una revisión excelente del Anexo C del Tratado de  Itaipú en 2023, en términos que sean favorables para la soberanía energética del país, serían sólo bellos discursos si es que no se cuenta con el cimiento de la posibilidad de una gestión eficiente en materia de transmisión y distribución del excedente a generar en las represas, destinado a las industrias y el transporte.

Por estas razones de mucho peso para la economía del país, no se justifica el mantenimiento a ultranza del monopolio de la ANDE a nivel nacional, debiendo buscarse la reformulación de todo el sistema energético nacional, empezando por un Ministerio de Energía, siguiendo con un ente regulador del sector eléctrico, y la captación de capitales privados que aporten para el proceso de utilización mayor del excedente energético.

Es el momento de dar este paso fundamental, que podría ayudar indudablemente para frenar la tendencia recesiva actual de la economía. Como confirman los expertos que analizan la situación del país, ya resulta urgente crear las condiciones para la planificación energética desarrollista, porque hoy el Paraguay posee energía excedente con la que puede atraer inversiones industriales con miras a crear desarrollo sostenible y sustentable.

 

Los números de la urgencia

No se entiende por qué el Gobierno sigue ignorando los datos contundentes que provienen de las mismas estadísticas que maneja. Es el caso de los datos del primer semestre de las exportaciones de energía eléctrica, que, según el Banco Central, tuvieron un descenso en el valor de la electricidad vendida a los países vecinos, de 157 millones de dólares en comparación al mismo lapso de 2018, lo que ya explica de por sí que un componente fundamental de la crisis económica es la gran ociosidad de la potencialidad energética.

Hasta se podría especular que la falta de acuerdo entre la ANDE y la Eletrobrás habría incidido también para una menor retirada de la energía paraguaya por parte de Brasil en Itaipú, lo que lleva a concluir que toda la cuestión se centra nuevamente en los costos de la ineficiente gestión de la misma empresa nacional, que sigue apostando en retirar la electricidad con una tarifa media en la que entre a tallar el factor de la “energía adicional a la potencia contratada”, cuando se sabe que mantiene un “ratio” muy favorable de facturación por sobre el costo, que luego no se refleja en la rentabilidad.

En los próximos días, la ANDE y la Eletrobrás volverán a intentar un acuerdo sobre la contratación de potencia de Itaipú, después del sonado fracaso del Acta Bilateral secreta de mayo pasado. Se espera que el resultado sea un tanto más favorable para la empresa eléctrica nacional, especialmente en términos de mantener el pago de una tarifa media que le permita evitar un colapso financiero como el que se presagiaba pudiera haber ocurrido con el acuerdo cancelado el mes pasado para salvar la presidencia de Marito Abdo.

Al margen de los términos finales del nuevo entendimiento con los brasileños, y del inevitable encarecimiento de la energía en la medida en que se incrementa la contratación de potencia “garantizada” como se ha demostrado entre 2013 y 2015, lo cierto es que el Paraguay, además de estar atado en forma inevitable a costos mayores de la energía retirada, deberá incrementar el consumo de  los excedentes que posee en las usinas del río Paraná, ya sea para su uso en industrias como para la exportación a los vecinos o a terceros países a precios convenientes de mercado.

Se ha visto que con la recesión económica tanto en Brasil como en Argentina, con sus coletazos en nuestro país, la ociosidad de Itaipú y Yacyretá ha aumentado, con lo cual el retiro de energía paraguaya de las binacionales por parte de los socios condóminos también se resintió, por lo que, en consecuencia, la energía nacional excedente no producida en dichas usinas también se ha incrementado.

Por ello, atar todo el proceso a la gestión de la ANDE para crear la infraestructura de mayor consumo energético, no sería la mejor estrategia, por lo cual el camino indicado deberá ser el de la desmonopolización, con la creación de un marco regulatorio adecuado y la administración del excedente energético de la generación en las usinas binacionales que sea la base de una especie de fondo soberano para la industrialización y el desarrollo de largo plazo de nuestra economía.

Razón suficiente para pensar en la urgencia de revisar todo el esquema monopólico de la ANDE y abrir el sector energético a las inversiones privadas en generación, transmisión y distribución de la electricidad abundante con que cuenta el país en las represas del río Paraná.

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Ante las dudas que propagan algunos medios de comunicación de la zona, en este caso concreto, Radio Concierto de Presidente Franco, sobre la construcción de un tinglado en el predio de una subseccional del barrio Santo Domingo de Hernandarias, integrantes de una Comisión de Fomento, que acompañaron la obra, la otra semana en una audiencia pública, en la sede de la gobernación explicarán detalladamente la inversión realizada en el lugar.

 

  

 

La construcción del tinglado habría demandado una inversión de 135 millones de guaraníes, según informó a periodistas de Radio Concierto, el concejal departamental zacariista, Freddy Chamorro.

Al respecto, el presidente y miembros de la Comisión de Fomento del barrio Santo Domingo, estarán “el martes (9 de setiembre) en la gobernación, que con documentos en mano, en una audiencia pública, para explicar la manera como se gastó y se desembolsó el dinero para la edificación del tinglado”, explicó a través de un audio, una mujer, integrante de la citada comisión. “Lo que queremos es dejar en claro, sobre la obra del tinglado del barrio Santo Domingo de Hernandarias”, señaló.

Ante la información surgida de presunta sobrefacturación en obras, concejales departamentales, encabezado por su titular, Julio Landaia, se constituyeron el jueves en Hernandarias, para verificar obras encaradas por la gobernación del Alto Paraná. Acompañaron a Landaia, los ediles regionales Sandra Miranda, Carolina Rivas, Fátima de Martínez, José Lino Chamorro, Aldo Torales y Elio Castillo. Los mismos aprovecharon la oportunidad para llegar hasta el tinglado en conflicto, en el barrio Santo Domingo, donde después elevarán un informe al ejecutivo, indicaron.

 

¿Guerra declarada?

Aparentemente a esta altura se percibe una abierta “guerra” declarada, entre el gobernador Vaesken y el director de Radio Concierto, Héctor Guerín, a quien la primera autoridad departamental lo acusa de “chanjista y extorsionar” y que sus publicaciones contra su gestión se basan en esos fines oscuros apuntados. “Es una absurda persecución, que no le daré oportunidad para que salga con su objetivo”, indicó el gobernador.

Todo habría comenzado cuando el gobernador dejó afuera de una licitación a una empresa en la que estaría ligado el director de Radio Concierto. Sin embargo, Vaesken varias veces ya aclaró que tal cosa no existió y que “Guerín está acostumbrado al chantaje desde hace años”.

Publicado en LOCALES

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