Miércoles, 20 Marzo 2019 15:19

Clan Z tiene que devolver lo robado

La situación por la que atraviesa el clan Zacarías y su jefe, Ernesto Javier, enfrentando varios procesos judiciales, pone a este grupo político en una difícil encrucijada y así como se presenta la situación, varios de sus integrantes, próximamente, podrían ir a parar a la cárcel.

Y no solamente los miembros de este perverso clan deben estar privados de su libertad, sino la justicia tiene la gran responsabilidad en recuperar para el Estado paraguayo la riqueza mal habida de esta banda de facinerosos, que durante 18 años se pasó esquilmando la arca pública, sin que ninguna institución encargada haya tomado medida de ellos. Al contrario, algunos gobiernos anteriores, lejos de castigarlos, le dieron protección y le otorgaron impunidad, como en la administración de Horacio Cartes.

La familia Zacarías en las últimas décadas pasó a ser el clan político más poderoso que surgió en el Paraguay, enquistándose en la estructura política gubernamental y mafiosa, que manejó a su antojo el segundo municipio más importante de la República, asentado en la capital del Alto Paraná, Ciudad del Este.

Este clan esteño pasó a constituirse en un poder párelo y omnipotente, sin que ningún gobierno de turno pudiera con sus integrantes, hasta que se instaló el del presidente Mario Abdo Benítez, que comenzó a sacudir a los poderes mafiosos enquistados en el poder fáctico de la república.

Las instituciones o las autoridades ya deben se contemplativos con los ladrones, que en nombre de la ciudadanía se pasan apropiándose de los recursos públicos. Si ahora se sigue con la misma práctica, extendiendo impunidad a los corruptos, el Paraguay seguirá sumido en el ostracismo y calificado como el país bananero de Sudamérica.

Si se desea vivir en una nación mejor y más equitativa, el gobierno debe demostrar una sincera voluntad política y castigar a los facinerosos que se apropian de los ajenos, como el caso del perverso clan Zacarías, que se dedicó a robar hasta lo que no hay. Sobrevivió a la sombra de la impunidad por casi dos décadas y hoy gracias a un gobierno más patriota que los anteriores, Javier Zacarías y su camarilla deberán rendir cuentas ante la justicia.

El desea de la sufrida ciudadanía esteña y paraguaya que haya un ejemplar castigo por parte de la justicia para los integrantes del clan Zacarías, como para otros que se apropiaron del dinero del Estado. Javier, su esposa Sandra, su hermano Lucho y demás acólitos deben ser llevados presos y devolver lo robado. 

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La intendenta interina de Ciudad del Este, Perla Rodríguez de Cabral (ANR) informó esta semana que se implementan varias medidas de control, para mejorar la recaudación del estacionamiento tarifado. Instó a los conductores a denunciar irregularidades.

 

La falta de un adecuado control, la informalidad laboral de las personas encargadas del cobro y una baja recaudación, fueron problemas identificados en el estacionamiento tarifado del microcentro, por la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este.

Atendiendo al informe final del equipo interventor, la intendenta interina anunció un mayor control e instó a la ciudadanía a colaborar.

“No se paga el monto que corresponde, o se pagan montos inferiores a lo establecido en la ordenanza, por el no uso del cepo ni la aplicación de multas de la Ordenanza 02/96. Por eso dispusimos un reordenamiento del área. Los resultados comenzarán a verse pronto”, manifestó la intendenta en un video institucional.

Instó a los conductores a pagar lo que corresponde, a pedir la factura a los cobradores y en caso de irregularidades remitir una denuncia a la dirección de correo electrónico creado para el efecto: mcde/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. .

Irregularidades

El equipo interventor indicó en su informe final que se detectó una gran diferencia entre la recaudación declarada y el potencial de recaudaciones, en el estacionamiento controlado del microcentro, mediante procesos de verificación y visitas, entrevistas, cuestionarios y controles por muestreo realizados en distintas fechas.

Se observaron graves deficiencias de control interno y falta de rigurosidad en hacer cumplir las reglamentaciones vigentes para el cobro efectivo del estacionamiento controlado; lo cual permitía una fuga mensual y anual muy significativa en los ingresos en este concepto, en detrimento de los intereses del Municipio.

De 2015 a 2018, se calculó que la Municipalidad de Ciudad del Este dejó de percibir Gs. 14.205.312.000, en relación al potencial de recaudación.

La administración actual busca revertir esta situación. Unos 59 cobradores se encargan del estacionamiento tarifado, pero son comisionistas. Su situación debe ser revisada, si la Comuna inició un proceso real de desprecarización laboral.

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Miércoles, 20 Marzo 2019 15:16

Asfalto de Justo está minado de baches

Una pavimentación asfáltica de G. 5.246 millones, durante la gestión de los exgobernadores cartistas Justo Zacarías Irún (ANR) y Fernando Schuster Salinas (ANR) está minada de baches a solo un año de la habilitación de la obra.

 

El 5 de julio de 2017 el entonces gobernador Zacarías Irún firmó un contrato con la empresa Constructora Acaray SA, representada por Rubén Bogarín Canale, para la pavimentación de un tramo de 11,5 kilómetros, que une la ruta VI con el casco urbano de Iruña, al sur de Alto Paraná.

El contrato fue en la modalidad plurianual 2017-2018 y por un monto de G. 5.246.182.318.

En diciembre de 2017, cuando la obra estaba en marcha, Zacarías Irún renunció para buscar un escaño en Diputados y en su reemplazo asumió Schuster Salinas para completar el mandato 2013-2018.

De esa forma la obra fue habilitada para el tránsito vehicular durante la gestión de Schuster Salinas en 2018.

A solo un año de la habilitación, el cotizado asfaltado se encuentra minado de baches, que exponen a accidentes a los automovilistas que circulan por la vía.

La semana pasada los concejales departamentales rechazaron la rendición de cuentas de Schuster Salinas por la precaria pavimentación asfáltica y por otras irregularidades en obras y compra de alimentos y neumáticos.

Schuster Salinas estuvo solo ocho meses al frente de la Gobernación, pero fue tiempo suficiente para embarrarse en varios escándalos de corrupción. El exgobernador interino impuso en su gestión la “yerba mate de oro” que compró a G. 21.350 el kilo y “fideo de oro” a G. 21.960 el kilo.

En su época de concejal departamental, Schuster también aprobó los sonados casos de “gallineros de oro”, “galletitas rompedientes” y obras mal hechas de la gestión del actual diputado Zacarías Irún.

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La precandidata colorada a la intendencia de Ciudad del Este, concejal Lilian de Aguinagalde, denunció al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en haberse reunido con el cuestionado e investigado senador, Javier Zacarías, y el hermano de éste, también en la lupa de la justicia, diputado Justo Zacarías, encuentro que se llevó a cabo en el barrio Boquerón de Ciudad del Este. Asimismo acusó a Velázquez en presionar a empresarios de la zona para que apoyen y “colaboren” con el candidato de Añetete, Wilberto Cabañas.

 

En ese sentido, González de Aguinagalde, intendentable por Colorados CDE, dijo que Velázquez durante su estada en la capital departamental habría amenazado a empresarios esteños para financiar la campaña de Wilberto Cabañas, de Colorado Añetete.

“Lastimosamente tenemos la presencia del vicepresidente haciendo campaña, utilizando las instituciones públicas, amenazando a funcionarios de la Itaipú, de IPS, de Tesãi, de todas las instituciones públicas. Instando y amenazando para trabajar y votar por una sola lista de Wilberto Cabañas”, cuestionó González de Aguinagalde.

La precandidata recomendó al vicepresidente ocuparse con el presidente Mario Abdo Benítez de resolver los problemas del país en vez de intentar interferir en las elecciones municipales.

“Estamos contra esa práctica, la ciudadanía está en contra. Ciudad del Este pasó por un largo proceso de dictadura, de presión y justamente por eso hemos luchado. Incluso tuvimos el acompañamiento del presidente, senadores, diputados para poder liberar Ciudad del Este de la opresión. Pero de vuelta ahora caemos en la misma práctica política, de la que estábamos cansados”, reforzó.

González de Aguinagalde afirmó que la semana pasada Velázquez se reunió con el senador Javier Zacarías y su hermano diputado Justo Zacarías, en el barrio Boquerón. “No haciendo honor a lo predicado por el presidente, el vicepresidente vuelve a abrazar (a los Zacarías) para intentar resucitar a aquellos que nosotros hemos dado un capítulo cerrado en Ciudad del Este”, manifestó la precandidata.

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Escribe: Luis Alen.

La búsqueda desesperada de impunidad para Horacio Cartes y, de paso, para el caído políticamente Javier Zacarías Irún, estriba en el hecho que ni siquiera les quita el sueño a éstos la posible sanción penal, pero lo más duro para ellos será la devolución al Estado de cuantiosos recursos sustraídos al pueblo durante su reinado en la política.

 

En el caso de ZI, llama la atención que el presidente Marito Abdo no se haya expresado aún en términos rotundos para recuperar las nueve hectáreas colindantes con el Puente de la Amistad en Ciudad del Este, que inicialmente por  ley y por decisión del gobierno del general Andrés Rodríguez, estaban destinadas a albergar a los mesiteros ubicados en las calles del microcentro de la capital del Alto Paraná.

La recuperación de las nueve hectáreas para el pueblo de Ciudad del Este se convierte así en un caso emblemático para ver hasta qué punto un eventual pacto de impunidad con ZI o HC significa también “olvidar” la desviación de los recursos hacia los bolsillos de una claque corrupta.

La finca 2.925 A y B, así como la finca 2.771, fueron expropiadas en 1990 con fines sociales y no comerciales, y la intención era, según resolución de la junta municipal de ese mismo año, “la ubicación definitiva de los trabajadores de la vía pública”.

Es de recordar también que la finca 2.925 pertenecía al dictador general Alfredo Stroessner y tiene siete hectáreas, mientras que la 2.771, de una hectárea y 1.887 metros cuadrados, era de Mario Abdo Benítez, padre del  actual presidente de la República.

A pesar de que el exdictador y su exsecretario privado donaron dichas tierras porque tenían un destino social, las valiosas propiedades también enajenadas por ley pasaron a ser explotadas por millonarios empresarios extranjeros, en complicidad dolosa con el clan ZI y políticos corruptos.

 

La “oposición” rentada

Como siempre ocurrió, desde la dictadura stronista hasta la era democrática, la “oposición” liberal cohonestó la voracidad de la dirigencia colorada empotrada en el poder.

Volvió a ocurrir en la votación de la junta municipal de CDE, el 31 de enero de 2017, cuando la junta municipal presidida por Teodoro Mercado, actual candidato liberal a la intendencia, homologó la resolución de Sandra McLeod de Zacarías, por la cual se extendió por 5 años la concesión otorgada en 2011 para que los empresarios coreanos de Bonita Kim se adueñaran por 30 años del predio de los mesiteros, así como ya lo habían hecho también el Shopping del Este, el Shopping Box y el Estacionamiento del Este, para la instalación del Shopping París, que pomposamente fue inaugurado el 2 de febrero de 2017 por Horacio Cartes y Javier Zacarías Irún.

Valoradas en millones de dólares por su estratégica ubicación en la misma frontera con el Brasil, los dos predios  están en poder de comerciantes socios del clan ZI, entre los que aparecen los empresarios ligados al Shopping K.K., propiedad de Seong Kyun Kim, o Alfredo Kim, y Jung Kao, amigos del senador Javier Zacarías Irún y de su esposa Sandra McLeod, ambos “dueños” de la municipalidad de Ciudad del Este durante 17 años.

La impunidad tiene su precio en dólares, por lo visto, teniendo en cuenta la gran inversión ya realizada en las nueve hectáreas. El maridaje HC-ZI llegó así a su máxima expresión, con lo cual se explica por qué también hubo votos liberales para el “blanqueo” de Horacio Cartes, del martes pasado, en la comisión bicameral que investiga la relación entre el expresidente y su “hermano del alma” el doleiro brasileño Darío Messer, en los bastidores del Banco Amambay.

 

Luchar contra la impunidad, pero….

El abdismo le asestó un duro golpe al clan Zacarías Irún y, de paso, al mismo HC, con las investigaciones e imputaciones fiscales sobre lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación criminal. Pero hay señales preocupantes que llevan a pensar en la resistencia que oponen el propio clan ZI y el cartismo para embarrar la pista en las instancias judiciales, de tal forma a evitar no sólo las penas carcelarias sino también, en lo que más les dolerá, que es la devolución de los bienes malhabidos.

Se le hace así cuesta arriba a Marito Abdo disciplinar a su tropa y a sus aliados políticos en el Congreso, en pos de la definitiva concreción de las metas más importantes del nuevo período presidencial, entre las que resalta indudablemente terminar con la corrupción y la impunidad.

La nueva imagen que difunde el gobierno de Marito, dirigida especialmente para el ámbito internacional de los negocios, se basa en una agenda destinada a fortalecer la institucionalidad y la lucha contra el delito organizado que al final deposita sus bienes malhabidos en los canales del lavado de dinero.

En la última reunión entre Marito y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se volvió a insistir en el tema de la lucha contra las bandas delictivas transnacionales, como las brasileñas que han establecido bases muy agresivas en el Paraguay.

En forma sugestiva, en la víspera de su viaje a Brasilia, el jefe de Estado paraguayo recibió en el mismo Palacio de López al emisario de HC, José Ortiz, con el fin de limar asperezas y mostrar un frente unido frente a uno de los reclamos principales del Gobierno brasileño, como es poner fin al gran contrabando de cigarrillos en la frontera entre ambos países, que precisamente motoriza con total impunidad la empresa de Horacio, Tabacalera del Este S.A. (TABESA)

Es lo que acaba de enfatizar el Instituto Brasileiro de Etica Concorrencial (ETCO), que aprecia el empeño de Marito Abdo en acelerar la firma del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos del Tabaco (ITP, por sus siglas en inglés), pero que aún no ha sido ratificado en nuestro Congreso para permitir su implementación, mientras que el propio Brasil ya ha conseguido su ratificación en las cámaras legislativas, porque lo consideran una materia de suma importancia para la convivencia internacional y la salubridad mundial, ya que se trata nada menos que de un documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Pero la premura por reducir el tráfico ilícito de tabaco, tanto en Brasil como en el resto del continente, se debe más bien al contrabando que alimenta los grifos de la gran lavandería de dinero en que se convirtió el país en los últimos años, y por lo cual se halla en la mira de los organismos internacionales así como de las agencias norteamericanas.

 

La gran componenda

El “blanqueo” a HC en la comisión bicameral del caso Messer, con el voto decisivo de la diputada Celeste Amarilla (liberal efrainista) y del senador Fernando Silva Facetti (liberal llanista)  hace presumir ya la confirmación de la gran componenda Abdo-Cartes, de la mano del hermano del presidente, el ministro de Hacienda Benigno López y del vicepresidente Hugo Velázquez, quienes habrían propiciado el acercamiento de José Ortiz con Marito.

Es una señal más del grado de impunidad del que gozaría HC, amparado por una suerte de pacto de no agresión mutua entre el cartismo y el abdismo, de cara a las próximas compulsas electorales que se avecinan, como la interna por la junta de la ANR y las municipales de 2020.

Conseguido el bajo perfil de Horacio, ahora Colorado Añetete impulsaría “mirar hacia adelante” y no tanto hacia atrás, como diría Benigno López, quien se está erigiendo en el nuevo hombre fuerte del Gobierno, al mismo tiempo que comanda la nave económica, controla el Banco Central, el IPS, la Secretaría Antilavado (Seprelad) y las recaudaciones fiscales.

Pero la gran pregunta siempre es: ¿qué pasará en el tema de la recuperación de los bienes malhabidos de la gente pillada en graves transgresiones que erosionaron millones de dólares a las arcas estatales? ¿Se aplica también el “mirar hacia adelante y no tanto atrás”, en materia de devolución de lo malversado por parte de los denunciados por corrupción, enriquecimiento, evasión tributaria, contrabando y lavado de dinero sucio?

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El Puerto Fénix de Mariano Roque Alonso y las demás instalaciones portuarias privadas aledañas están sospechadas de ocupar en parte tierras fiscales, lo que debería ser dilucidado en un juicio de mensura y deslinde actualmente en curso en un juzgado de Luque.

 

El pleito judicial que afecta al “Puerto Narco”, como se le llama también a Puerto Fénix en la jerga naviera, fue promovido por un vecino al recinto portuario y le podría generar al Estado US$ 45 millones, según estimaron fuentes tribunalicias.

Se da como un hecho la continuidad del juicio de deslinde, a cargo de un juzgado luqueño en lo civil, pese a que en un principio la Procuraduría General de la República se había opuesto a su prosecución, acompañando la posición  de la defensa de Puertos y Estibajes S.A., que es la empresa a cargo de la operación de Fénix. La Procuraduría, al frente de la cual se halla el Dr. Sergio Coscia, y se encarga de defender los intereses patrimoniales de la Nación, inicialmente se había manifestado renuente a convalidar la “Res Litis”, dando a entender que no aceptaba la jurisdicción del juzgado en el caso, establecida con anterioridad por la propia Corte Suprema.

Pero ante la necesaria determinación y cuantificación de las tierras del Estado ocupadas presuntamente por los puertos privados, y por la magnitud de los recursos que podría recibir el Estado para satisfacer ingentes necesidades en salud y educación, el procurador no tiene otra salida que aceptar la continuación de la “Res Litis” para comprobar la exactitud de la denuncia efectuada por uno de los propietarios linderos de Puerto Fénix.

 

Habría títulos falsos

La demanda de deslinde incluye acusaciones muy graves, por parte del demandante, Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, que deben ser dilucidadas en el juicio, como que se habría fabricado instrumento público de contenido falso (títulos falsos) en connivencia y complicidad con funcionarios de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, a tal punto que en los registros públicos aparecerían derechos de Golden Works S.R.L., de los Hellmers, en superposición a los derechos dominiales de Ramírez Alvarenga, cuya finca 3.960 tiene casi medio siglo de vigencia en el sistema informático de Catastro.

Si es que se confirma que están siendo ocupadas  las 30 hectáreas fiscales por los citados puertos privados, las firmas deberán pagar por lo menos unos 45 millones de dólares, a razón de 1,5 millón la hectárea, tomando en cuenta el valor de mercado actual de dichos terrenos en lugares altamente cotizados para puertos fluviales de gran movimiento de cargas.

Las tierras en litigio presuntamente fiscales, pertenecerían al municipio de Mariano Roque Alonso y al INDERT, por estar prácticamente fuera de la zona urbana y a orillas del río Paraguay, en una zona muy valuada por tratarse de asientos de varios puertos, entre ellos Fénix, San José y Caacupemí, al norte de la ciudad capital, Asunción.

La demanda de deslinde fue promovida por Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, bajo patrocinio del abogado Alfredo E. Wagener, con domicilio en la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.

Es contra los linderos, al Sur, Puertos y Estibajes S.A., de Fénix, representada por los ingenieros Julio Martínez Trueba y José Fassardi; al Norte, la empresa Golden Works S.R.L., representada por Enrique Hellmers, Norman Hellmers y Fernando Hellmers. Al Este, el señor Horacio Giménez.

También el demandante pidió notificar a los presidentes de las firmas adyacentes de Puerto Caacupemí S.A. y Puerto San José S.A.

Publicado en LOCALES

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