Miércoles, 26 Junio 2019 15:52

Juicio político a fiscal general

La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, desde que asumió el cargo no ha hecho absolutamente nada contra los políticos facinerosos y corruptos. Lejos de impulsar una abierta investigación contra aquellos involucrados en hechos graves, la misma se dedica a otorgar una grosera impunidad a los sinvergüenzas, para así seguir burlándose de la ciudadanía.

Las resoluciones selectivas que salen de las distintas unidades del Ministerio Público, bajo la batuta de Quiñónez, lleva a hacer pensar a la gente, que la fiscalía en este país está al servicio de los poderosos mafiosos, que controlan y dirigen la justicia, donde varios jueces y fiscales les son funcionales.

La fiscal general del Estado no puede continuar desentendiéndose de denuncias graves en que aparecen salpicados políticos y parlamentarios, como el caso de Javier Zacarías Irún, un cartista, que tiene una abierta protección por parte del Ministerio Público, para que hasta hoy siga libre, a pesar de soportar más de 7 procesos, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencia, entre otros delitos.

El parlamento paraguayo no puede quedarse en silencio ante la actitud cómplice de la máxima representante del pueblo, la fiscal general del Estado, quien lejos de otorgar confianza y seguridad al pueblo, produce desconfianza, inseguridad e incertidumbre su labor. Sandra Quiñónez debe ser enjuiciada por su actitud cómplice, para encubrir a delincuentes y ladrones, quienes se apropian de los recursos públicos del Estado paraguayo.

El Paraguay seguirá padeciendo de una justicia mercantilista, de falta de jueces y fiscales probos, ya que siempre son nombrados por producto de una maléfica componenda política, apadrinados por poderosos, y que terminan siendo funcionales a los intereses de los mismos. Por eso más que nunca urge la reforma judicial, para intentar sanear y transparentar el órgano de justicia en este país. Si esto no se logra, el país seguirá empantanado y condenado a la miseria y el sub desarrollo.

La justicia sometida impide ser mirado desde el extranjero como una nación seria, para la venida de potenciales empresarios del exterior. La justicia alquilada no ofrece una mínima seguridad jurídica ni política, un mal endémico del que padece el Paraguay, ya que está catalogado como uno de los más corruptos del continente.

Sandra Quiñónez ya no puede seguir impune, dedicándose a proteger a facinerosos, ladrones de las arcas públicas, y que el Congreso siga observando como si nada. Debe haber un castigo a la máxima responsable del Ministerio Público del Paraguay. De lo contrario seguirán haciendo lo que quieran en esta república los grandes mafiosos. La  ciudadanía clama juicio político a Sandra Quiñónez.

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Brasil, al ser un gran productor de vehículos 0 km, pone como condición innegociable para continuar comprando autopartes con arancel cero a las maquiladoras que funcionan en territorio paraguayo, que el país deje de importar vehículos usados vía Chile. Esta situación puso en jaque a las grandes empresas del rubro instaladas en Paraguay.

 

Al respecto, Miguel Carrizosa, presidente de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), dijo que están trabajando en un acuerdo industrial automotriz con el vecino país para mantener y potenciar el sector automotor.

El convenio automotriz ya se viene especulando desde el 2015, sin embargo, la falta del acuerdo con Brasil sobre la exportación de autopartes, producidas por maquiladoras instaladas en Paraguay, ocasiona inconvenientes arancelarios con el vecino país. En ese sentido, Carrizosa, especificó que  al no haber arreglo entre ambos países, como sí existe entre Uruguay y Brasil, la Receita Federal intenta desconocer el arancel preferencial de las autopartes fabricadas en Paraguay y que ingresan a territorio brasileño.

“Los brasileños dicen que, como no tenemos un acuerdo de automotores, no podemos reconocer el certificado de origen como del Mercosur” explicó. Dijo que ello conlleva que las autopartes puedan ser gravadas con un arancel del 17% para ingresar a territorio brasileño, lo que hace inviable la continuidad de las industrias autopartistas, cuya producción, casi en su totalidad, va al Brasil.

Igualmente, Carrizosa señaló que el Gobierno central debe tomar una decisión con respecto a la condición innegociable impuesta por Brasil para poder seguir vendiéndole las piezas de autopartes; caso contrario, las maquiladoras se irán del país, al desaparecer las conveniencias existentes con el no pago de aranceles para el ingreso al Brasil.

Destacó que actualmente varios vehículos están contando con autopartes hechas en Paraguay.

Según los datos estadísticos de la Cadam, las que fabrican autopartes en el país suman cerca de 10.000 empleos plenos y exportan cerca de 350 millones de dólares al año.

En tanto, en el 2018 se importaron más de 100.000 autos usados, y 35.000 vehículos nuevos.

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El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, consideró que el ministro de Hacienda, Benigno López, debe demostrar con documentación que no está vinculado a las denuncias presentadas en su contra por sobrefacturación durante su gestión al frente del IPS.

 

La denuncia presentada días atrás por el ex diputado Luis Villamayor en contra del ministro de Hacienda Benigno López, en el marco de su administración como presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), fue foco de atención en el seno de Colorado Añetete.

El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, intentó minimizar las acusaciones de lesión de confianza y defraudación al Estado paraguayo, alegando que solo se trata de investigaciones, sin pruebas fehacientes.

Ante dicha situación, y visiblemente incómodo, consideró que López debe demostrar, mediante documentos, no tener vinculación con el caso y así "volver a ser merecedor de la confianza de la ciudadanía".

De demostrarse alguna anomalía, el titular del Congreso aseguró que el titular de la cartera fiscal será sometido al debido procedimiento.

“En caso de que se presente elementos y documentos fehacientemente comprobados, debería seguir el proceso constitucional respetando las normas y la interpelación”, expresó Ovelar a los medios de prensa.

La denuncia en contra de Benigno López señala que durante su administración hay montos pagados por artículos, cuya sobrefacturación es de 20 a 22 veces más.

Luis Villamayor apuntó que la sobrefacturación no puede atribuirse a errores de trámite; está el caso de los tubos hospitalarios, camillas y mantenimiento de vehículos. Por lo que se debe presumir un dolo, dado que los asegurados pusieron su confianza en él y los traicionó.

Además de López, fueron denunciados los consejeros que ejercieron representaciones durante su gestión.

Payo también

denuncia sobrefacturación

El senador de Cruzada Nacional Paraguayo Cubas también denunció al ministro Benigno López por un caso de sobrefacturación.

Según el reclamo del legislador, el actual titular del Fisco fue cómplice de una sobrefacturación en el IPS durante su presidencia en la previsional. Sostuvo que la gestión de López estafó por USD 100 millones a los asegurados.

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La exintendenta Sandra McLeod de Zacarías, con chicanas trabó una causa penal en su contra por supuesto desvío de G. 12.581 millones de la recaudación del estacionamiento tarifado, del microcentro de Ciudad del Este.

 

El 28 de marzo pasado, el Tribunal de Apelaciones, integrado por Bertha Ávalos Agüero, Raúl Insaurralde y Celsa Rojas de Morínigo, revocó la resolución del juez Marino Méndez, que disponía la desestimación de la denuncia contra McLeod de Zacarías, y ordenó la prosecución de la investigación.

“Dando una somera lectura del cuaderno de investigación fiscal (…) se puede percibir que efectivamente las tareas investigativas no fueron agotadas”, reza una parte del fundamento de los camaristas.

Durante el proceso de intervención de la Municipalidad esteña y la auditoría de la Contraloría General de la República se detectó una serie de irregularidades (ver infografía), que fueron ignoradas por la fiscala Zunilda Ocampos al pedir la desestimación.

 

Con la reapertura de la investigación era inminente la imputación con pedido de prisión preventiva contra McLeod por lesión de confianza, exacción, estafa y asociación criminal.

Sin embargo, McLeod recurrió a una serie de chicanas para trabar el caso. Planteó recurso de reposición con apelación en subsidio contra la decisión del Tribunal de Alzada; además, recusó a todos los miembros de la Cámara.

La causa del estacionamiento tarifado fue derivada al Tribunal de Apelaciones, integrada por Isidro González, Mirian Meza y Aniceto Amarilla. La chicana puede llegar a la Corte.

 

Varias chicanas

Esta maniobra de la exintendenta se suma a varios otras que la misma viene presentando a través de sus abogados. Además de Sandra María McLeod de Zacarías, se encuentran procesados su esposo, el senador Javier Zacarías Irún; el ex intendente interino Alberto Rodríguez Florentín, y David Christian Espínola Osorio, ex director de Finanzas, como cómplices.

La lista continua con el periodista Carlos Darío Bordón Bottino, propietario de Frontera Producciones; lo siguen Juan Domingo Sanabria Notario, ex jefe de Prensa de la Municipalidad; su esposa Olga Beatriz Rojas Espínola, y sus cuñados Dora Elsi Rojas Espínola, Gustavo Adolfo Rojas Espínola y Lucía Rojas Espínola.

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Mediante el mecanismo de sorteo público la Gerencia Ejecutiva de la Fundación Tesãi dio a conocer la lista de 10 instituciones educativas que clasificaron a la etapa de premiación final dentro de la campaña “Pará-na los Criaderos en las Escuelas” que elegirá a cinco escuelas ganadoras el próximo 9 de julio. 

 

Las instituciones educativas que clasificaron fueron las siguientes: Escuela básica N° 4.324 Santa Inés km 6 Monday de Presidente Franco, Escuela Básica N° 7.545 Nuestra Sra de Lourdes del Área 2 de Ciudad del Este, Colegio Nacional Paraguay-Japón Km 41 Yguazú, Colegio Nacional San Isidro Labrador del Km 6 de Ciudad del Este, Escuela Básica N° 6.668 San Miguel de Minga Guazú, Escuela Básica N° 5.453 José Asunción Flores del barrio San José de Ciudad del Este, Escuela básica N° 6.369 Los Angelitos del km 13 Conavi de Ciudad del Este, Escuela Básica N° 6.487 Jardín del Oriente de Minga Guazú, Colegio Nacional San Miguel del barrio San Miguel de Hernandarias, Escuela Básica N° 1.896 Nuestra Sra. Virgen de Fátima de Hernandarias.

El Dr. Jorge Cabral Basalik, gerente financiero manifestó que son  aliados estratégicos de este concurso impulsado por la Itaipú Binacional la  Fundación Tesãi y SENEPA, la Coordinación Departamental de Educación del Ministerio de Educación y Ciencias y la Dirección General de Promoción de la Salud Pública y Bienestar Social. “Agradecemos infinitamente a todas las instituciones participantes, sabemos que todas quieren ganar y se han preparado, pero sobre todo esta iniciativa busca crear  conciencia de la importancia de prevenir el dengue y que los chicos enseñen a sus padres y familias, replicando las acciones aprendidas y las pautas de limpieza a tener en cuenta siempre eliminando todos los criaderos”, subrayó.

Acotó además que se inscribieron unas 96 instituciones de todos los distritos del Alto Paraná, inclusive de comunidades rurales muy distantes, pero que los técnicos y operarios del SENEPA llegaron hasta 65 escuelas que fueron supervisadas in situ. “Fueron muchas  instituciones del nivel inicial y escolar básica públicas y privadas del departamento. Pero por razones de tiempo se visitaron 65 escuelas que son las que finalmente participan del sorteo público con presencia de escribano. No tenemos que bajar la guardia, día y noche tenemos que tener en cuenta las medidas de prevención. Si nos descuidamos el dengue puede volver con fuerza; de nosotros depende”, indicó el gerente.

 

Premios millonarios

Las categorías para la premiación de las cinco escuelas ganadoras a ser elegidas el próximo 9 de Julio serán las siguientes: Primer Puesto: mención honorífica y equipamiento para la institución educativa por valor de 25.000.000 de Gs; Segundo Puesto: mención honorífica y equipamiento por valor de 15.000.000 de Gs; Tercer Puesto: Mención honorífica y equipamiento por valor de 10.000.000 Gs. El cuarto y quinto premio consistirá en una mención honorífica, según los organizadores. El premio es intransferible y no podrá exigirse su canje por dinero en efectivo o por cualquier otro elemento.

Estuvieron presentes por el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo [SENEPA] Francisco Morel, Javier Morel y técnicos del departamento de Educación Comunitaria, el Magíster Eligio Martínez Morán, director de la Dirección Departamental de Educación [MEC], la Dra. Patricia Veron, jefa de la División de Iniciativa de Responsabilidad de la Itaipú Binacional, además de representantes de la Décima Región Sanitaria y directoras de escuelas públicas y privadas de la zona.

 

“Creamos conciencia dentro

de una sana competencia”

Por su parte, el Ing. Claudio Piatti Ibarra, gerente administrativo  mencionó que el proyecto  se implementa en el marco del convenio “Proyecto de Fortalecimiento de la Vigilancia y Control de la Arbovirosis en el departamento del Alto Paraná” que esta siendo ejecutado por la Fundación con financiamiento de la Entidad Binacional Itaipú. “Todas las escuelas se registraron vía Web en el link habilitado para el efecto con los datos actualizados y veraces que consistió en el nombre de la institución educativa, localidad (distrito, barrio, dirección), nombre y apellido del director, número de cédula de identidad, dirección de correo electrónico y teléfonos”, refirió ante la consulta de los medios.

Sostuvo además que cada establecimiento recibió vía electrónica la confirmación de su inscripción en el concurso que  se inicio el pasado  22 de abril y culmina el 9 de julio del corriente con la premiación final dando a conocer las cinco escuelas ganadoras. “Desde el 3l de mayo hasta el viernes 21 de junio la mayoría de las escuelas  recibieron las visitas orientativas de técnicos del SENEPA que realizaron trabajos de supervisión para luego entrar en la etapa de clasificación y evaluación. Hoy mediante este sorteo público estamos conociendo a las 10 escuelas preseleccionadas que siguen en competencia”, explicó.

Estos locales serán sometidos a un proceso de evaluación conforme a los criterios de evaluación como identificar y eliminar criaderos de mosquitos en el patio, en las aulas o cualquier otro recinto dentro del predio (ejemplo: agua estancada, recipientes, neumáticos, floreros, canaletas, bebederos o cualquier otro recipiente que pueda acumular agua).

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Escribe: Luis Alen.

El compromiso con la ciudadanía de la fiscala general, Sandra Quiñónez, se está poniendo a dura prueba por estos días, en que se juega la credibilidad de la titular del Ministerio Público, ya que puede acompañar la lucha del pueblo contra la corrupción o, en su defecto, guarecerse bajo el paraguas del acuerdo político pergeñado por Añetete, es decir Marito, junto al cartismo.            

 

Parecen ya lejanos los días de agosto del año pasado, cuando Abdo comenzaba su mandato con los mejores propósitos, con el anuncio de una lucha frontal contra la corrupción que lo permea todo en nuestra sociedad, al amparo de la protección política que le da cobijo al mismo tiempo al crimen organizado, a los tráficos y al lavado de dinero.

Se puede afirmar sin temor a equívocos que el gran beneficiado por el pacto de impunidad abdocartollanista, además de otros próceres de la corporación mafiosa de la política criolla, ha sido el hasta ahora senador Javier Zacarías Irún.

Pero así con más razón aparece la oportunidad para que la fiscala general, Sandra Quiñónez, demuestre su valentía en defensa de una sociedad decente, acelerando los pasos para que el clan ZI sea castigado de una vez por todas por las fechorías cometidas durante 17 años al frente de la comuna de Ciudad del Este.

En el caso de las múltiples chicanas judiciales que hasta ahora han interpuesto Javier y su clan para evitar ir a prisión, es un gran paso en contra de ellos la decisión de la Sala Penal de la Corte de dejar en manos de la fiscala Sandra el definitivo rechazo a las innumerables recusaciones a los fiscales y no ir hasta la máxima instancia del Poder Judicial, donde se hacían interminables los procedimientos para ganar tiempo con el fin de llegar a la extinción de las causas.

En ese sentido, la Corte le ha dado plena atribución a Quiñónez para romper el blindaje de los ZI, por lo que ya no tiene excusas para aplicar la ley contra un grupo familiar acusado de nada menos que siete delitos, sobresaliendo entre éstos el enriquecimiento ilícito y, en forma concomitante, el lavado de dinero.

 

El “criterio político”

Es cierto que la fiscala general puede aún acudir al “criterio político” y proteger a ZI y a otros actores políticos, cartistas, abdistas, llanistas o de cualquier otra facción de los partidos tradicionales, ya que para ello se ha armado la nueva entente de impunidad entre Marito y Horacio Cartes.

Pero en el caso del blindaje para los Zacarías Irún, la fiscala Sandra estaría traicionando a toda una comunidad, que como la de CDE votó contra la impunidad del clan, así como por el castigo ejemplar y por la recuperación de los bienes malhabidos.

La apelación de la fiscalía contra la decisión del juez Marino Méndez de archivar el juicio contra ZI por enriquecimiento ilícito, es un gran paso en la dirección correcta, así como otras medidas destinadas a romper el blindaje judicial tanto del clan esteño como de los otros políticos investigados por corrupción. Siempre que esto no sea una maniobra dilatoria más, hasta tanto el “criterio político” decida finalmente salvarle a ZI y a los demás.

Es lo que ha ocurrido precisamente con el mismo HC, quien salió beneficiado con el parecer fiscal según el cual no tendría que haber sido “molestado” para ir a declarar ante la comisión bicameral del caso del hermano del alma Darío Messer.

En un  parecer que podría sentar nefastos precedentes en cuanto a la misión constitucional de investigar que le incumbe a la comisión bicameral sobre el caso Messer y el lavado de dinero a gran escala, el fiscal Edgar Sánchez pidió al juzgado desestimar la denuncia por desacato contra HC, por no haber asistido a declarar ante los legisladores que lo citaron.

 

Lo que se aprecia así es que el pacto de impunidad se halla muy bien encaminado a otorgarle el blindaje definitivo a Cartes para evitar ser investigado, tanto por su gestión presidencial anterior como por los indicios de ilícitos en el marco de las investigaciones sobre contrabando, evasión, tráficos y lavado.

 

Marito ya no es “de la gente”

Un ofuscado Jefe de Estado tomó la palabra en Misiones, la semana pasada, para tratar de justificar el abrazo con el cartismo que diera lugar a la elección de las nuevas mesas directivas del Congreso y a la votación a favor de la reforma tributaria en el Senado.

La “unidad” mirando el futuro, y no el pasado, fue defendida por Marito, pero a expensas de haber bajado al mínimo su credibilidad ante la ciudadanía, a tal punto que se puede admitir que el aval “de la gente” ha perdido el presidente, en aras de otorgar la patente de corso a su antiguo enemigo de las justas electorales, HC.

El mismo Abdo Benítez enumeró los factores que le llevaron a desinflar su “caiga quien caiga” y, por ende, la posibilidad de investigar por múltiples acusaciones a Cartes, entre ellas también por lavado y sus vinculaciones con el caso Messer. Enfáticamente, Marito Abdo aludió a la criticada lentitud en la realización de obras, en momentos en que la economía necesitaba de la inversión estatal para salir del estancamiento y dinamizar de esta manera a la retraída inversión privada.

No faltaron las justificaciones por los problemas del clima o la complicada situación económica de la región sudamericana circundante, pero el exabrupto presidencial evidenció algo más que la frustración por la apatía gubernamental ante las carencias en salud (como la que señaló con firmeza uno de los que le precedieron en la palabra a Marito en el acto en cuestión)

Y es que para el sentir popular el presidente de la República se ha posicionado más bien como prisionero de HC y de la corporación política mafiosa, dejando de ser “de la gente” y olvidando el “caiga quien caiga”.

Y los ejemplos están sobre la mesa: no se animó a investigar a HC (tema Messer) y no ha podido llevar a la cárcel a ZI, pese a las múltiples evidencias contra éste. Ni siquiera ha podido sacarle del Senado.

En definitiva, el fracaso de Marito, en casi un año de gestión, no sólo es por la falta de respuesta adecuada a una economía debilitada, sino, peor aún, a la imposibilidad de armar un frente anticorrupción y contra la impunidad, en alianza con sectores políticos opositores progresistas, con el fin de sacarse de encima la pesada carga del cartismo y del zacariísmo.

 

Un “desastre” en el entorno

Para la gente, precisamente, es más rápido culparle al presidente de la incompetencia y dejadez de sus colaboradores, pero el “desastre ko Marito” es una consecuencia directa del estilo de gobierno que prefirió el presidente, al privilegiar un entorno de funcionarios llamados de entre las filas de sus más fieles dirigentes colorados que le acompañaron desde un principio en la arremetida contra HC.

Marito prefirió a los leales de Añetete y no privilegió a los técnicos que le podrían haber llevado a una mejor gestión. En el discurso del viernes en Misiones se pudo constatar su malestar por la falta de empuje del gobierno, mientras por otro lado la soledad del presidente se hace evidente cuando en el Parlamento siguen rifando el presupuesto al mismo tiempo que la Corte Suprema casi deja sin oxígeno a la caja fiscal.

Y ni hablar con la vinculación de su hermano Benigno López, ministro de Hacienda, en los chanchullos del IPS, desde el tiempo en que éste era titular de la previsional en los tiempos en que Horacio Cartes ejercía la presidencia y su equipo de gerentes comandaba el consejo de ministros a través del “primer ministro” Juan Carlos López Moreira, a su vez pariente cercano de la actual primera dama.

Todo se ha encadenado así para presionar sobre Marito y dejarlo en una incómoda posición de la soledad del poder, cuando la lapicera por sí sola no puede hacer nada desde el momento que no lo permite la corporación política mafiosa que controla la República.

Los buenos auspicios iniciales de lucha sin cuartel contra el narcotráfico y el crimen organizado, ahora se han opacado por las graves falencias de un sistema penitenciario totalmente colapsado y controlado por los grupos en disputa por el dominio de los tráficos, como el PCC y las demás organizaciones delictivas, ya sea la otra facción Comando Vermelho, también de origen brasileño, y los demás grupos locales que tratan de dominar los corredores de la droga y de otros negocios ilícitos.

Con las graves falencias de la propia administración carcelaria, se pudo constatar en efecto el “desastre” producido por dejar la gestión penitenciaria del gobierno en manos de gente incompetente, la mayoría de ellos provenientes de la militancia política más rancia, pero de poca experiencia para el control del sistema encargado de punir a los criminales.

Una prueba más del rumbo incierto del actual gobierno de Añetete, que ahora trata de guarecerse de las críticas bajo el techo protector del acuerdo con el cartismo y el llanismo liberal.

La cuestión está en el futuro que le aguarda al pacto, a pesar de que el propio presidente confía en que habrá una “paz partidaria y parlamentaria” por lo menos hasta junio del año próximo, cuando por la necesidad de armar nuevos espacios de poder en la ANR y de cara a las municipales, podría ya no tener vigencia el acuerdo.

Un dilema de hierro tendrá dentro de poco Marito, al tener que presentar las medidas destinadas a evitar que Paraguay vuelva a entrar en la lista gris de países que no colaboran en el combate al lavado de dinero internacional. La nueva evaluación del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana) tendrá lugar en setiembre, y hay que recordar el aviso proveniente del propio secretario de Estado de USA, Mike Pompeo, quien le advirtió a Marito que ya no quieren meras promesas o simples leyes bien redactadas, sino acciones concretas, como el caso de llevar a prisión a lavadores de dinero y sus protectores políticos, varios de ellos parlamentarios.

Publicado en LOCALES

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