Como el país está regado de corrupción, la ciudadanía, principalmente esteña, ya está perdiendo, una vez más, la esperanza de que el caso del clan Zacarías termine en condena y ejemplar castigo.

La mirada está fija sobre la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien nadie escapa de su estrecha ligazón con el gobierno anterior, y en especial con el ex mandatario Horacio Cartes, como con varios personeros del régimen cartista, lo que lleva a generar dudas en la ciudadanía nacional, de la tardanza y el silencio cómplice de la misma, para que aun no salga ninguna imputación contra los integrantes del clan Zacarías, investigados por varios hechos de corrupción.

Evidencias sobran y cada día que pasa va apareciendo más, tanto en la prensa, como en poder de los fiscales investigadores. Sin embargo, hasta hoy Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod de Zacarías, y varios otros integrantes de esta rosca mafiosa continúan impunes, sin que la fiscal general tenga el coraje de imputar a estos flagrantes esquilmadores de los recursos públicos.

Queda más que claro que hay una mano negra detrás de todo esto, atendiendo cómo se va manejando los hilos de la investigación. Primero, los involucrados pidieron la recusación de los cinco fiscales que venían realizando la investigación, encabezado por el abogado Leonardi Guerrero. Pero, hasta hoy Sandra Quiñónez no volvió a reconfirmarles a los mismos, mucho menos darles su respaldo institucional, como en este caso se esperaba, como mínimo.

La actitud y el comportamiento de la fiscal general del Estado genera muchas dudas, y la ciudadanía tiene todo el derecho de sospechar que la actuación de la máxima responsable del Ministerio Público del país es hasta selectiva. Con el diputado Ulises Quintana la justicia fue severísima, donde pareciera que los fiscales del caso actuaban por mandato de terceros. Y esto no es una afirmación de este medio, sino de los abogados de Quintana, que hasta dijeron que hubo “ensañamiento” con su cliente.

Paralelamente Javier Zacarías Irún, su entorno familiar y sus socios de “negocio” hacen 17 años que roban y saquen Ciudad del Este, pero hasta hoy continúan impunes, sin que la justicia se haya preocupado de castigar a este grupo político, que desde el 2001 tiene bajo su absoluto control el segundo municipio más importante del Paraguay (en término económico y demográfico).

El Gobierno de Mario Abdo Benítez declaró la “guerra” a los corruptos, pero pareciera que no tiene el total acompañamiento de la justicia, donde aun queda una importante rémora de personajes nefastos, que se enriquecieron a costa del Estado y de la ciudadanía.

Es necesario que exista un acuerdo entre todas las instituciones y organismos de fiscalización, para trabajar por la transparencia en las instituciones públicas. Pero para eso debe haber una clara voluntad política de las autoridades que tienen el control del poder, para buscar castigar a quienes dilapidan el dinero de todos los paraguayos.

Sin la fiscal general está buscando extender, una vez más, impunidad al clan Zacarías y a todos los corruptos, es casi seguro que terminará como su antecesor, Javier Díaz Verón, como mínimo, destituida y como máximo, la cárcel.