Esta es la expresión que suena al unísono entre los pobladores honestos de Ciudad del Este, y que se hace oír con mayor fuerza en cada movilización de la ciudadanía, donde clama a la justicia paraguaya castigo para los integrantes del clan Zacarías.

 A nadie escapa, que el país está regado de corrupción, la ciudadanía, principalmente esteña, ya está perdiendo, nuevamente, la esperanza, y teme que la investigación a este grupo político fronterizo termine en el folclórico “opa rei”.

En ese sentido, la ciudadanía honesta de la capital del Alto Paraná mantiene fija la mirada en la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien nadie escapa de su estrecha ligazón con el gobierno anterior, y en especial con el ex mandatario Horacio Cartes, como con varios personeros del régimen cartista, lo que lleva a generar dudas en su actuar, lo cual aumenta la sospecha por su llamativo silencio cómplice sobre la investigación al clan Zacarías.

A pesar de que cada día que pasa sobran evidencias de las andanzas del clan Zacarías, cuyos miembros hoy están investigados por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, asociación criminal, evasión fiscal, entre otros presuntos delitos.

Sin embargo, hasta hoy Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod de Zacarías, y varios otros integrantes de esta rosca mafiosa continúan impunes, sin que la fiscal general tenga el coraje de imputar a los mismos.

Queda más que claro que hay una mano negra detrás de todo esto, atendiendo cómo se va manejando los hilos de la investigación. Primero, los involucrados pidieron la recusación de los cinco fiscales que venían realizando la investigación, encabezado por el abogado Leonardi Guerrero, hasta ahora no resuelta por Sandra Quiñónez, quien no reconfirmó a los mismos, ni mucho menos darles su respaldo institucional, como en este caso se esperaba.

La actitud y el comportamiento de la fiscal general del Estado genera muchas dudas, y la ciudadanía tiene todo el derecho de sospechar que la actuación de la máxima responsable del Ministerio Público del país es hasta selectiva. Con el diputado Ulises Quintana la justicia fue severísima, donde pareciera que los fiscales del caso actuaban por mandato de terceros. Y esto no es una afirmación de este medio, sino de los abogados de Quintana, que hasta dijeron que hubo “ensañamiento” con su cliente.

Paralelamente Javier Zacarías Irún, su entorno familiar y sus socios de “negocio” hace más de 17 años que roban y saquean Ciudad del Este, pero siguen sin recibir castigo alguno. Es más, hasta se pasan burlándose de la justicia. El clan Zacarías desde el 2001 tiene bajo su absoluto control el segundo municipio más importante de esta república

El Gobierno de Mario Abdo Benítez declaró la “guerra” a los corruptos, pero pareciera que no tiene el total acompañamiento de la justicia, donde aun queda una importante rémora de personajes nefastos, que se enriquecieron a costa del Estado y del pueblo.

Es necesario que exista un acuerdo entre todas las instituciones y organismos de fiscalización, para trabajar por la transparencia en las instituciones públicas. Pero para eso debe haber una clara voluntad política de las autoridades que tienen el control del poder, para buscar castigar a quienes dilapidan el dinero de todos los paraguayos.

Si la fiscal general está buscando extender, una vez más, un manto de impunidad para el clan Zacarías, de seguro que se encontrará con un murallón ciudadano y casi seguro que Quiñónez acabará en la función pública como su antecesor, Javier Díaz Verón.