El abogado Pablo Livieres Guggiari es vicepresidente de Puertos y Estibajes S.A. (Puerto Fénix), pero al mismo tiempo es integrante del estudio jurídico del mismo apellido que estaría vinculado con intereses del expresidente y hombre fuerte del país, Horacio Cartes.
Livieres Guggiari lleva adelante la defensa que debe realizar el “Puerto Narco” ante la posibilidad cierta de acatar un juicio de deslinde de las tierras donde se asienta la instalación portuaria, que demostraría el asentamiento irregular sobre tierras pertenecientes al Estado.
En la medida que avanza el juicio de deslinde que soporta el Puerto Fénix de Mariano Roque Alonso, y en el caso que se compruebe que ocupa terrenos fiscales, la empresa que opera la instalación portuaria, comúnmente conocida en la jerga naviera como “Puerto Narco”, debería pagar alrededor de US$ 45 millones al Estado paraguayo, según fuentes judiciales.
La información surgió después que un vecino del puerto inició el proceso de deslinde, urgido por el hecho de que la empresa Puertos y Estibajes S.A. exhibiera incluso títulos falsos tramados en la municipalidad para desorientar a posibles interesados en la compra de una propiedad aledaña perteneciente a Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, domiciliado en la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná.
Gran protección judicial
Por la evolución de los enrevesados procedimientos en el Poder Judicial, salta a la vista la otrora gran protección político-judicial de la empresa portuaria, e incluso se habla que pertenecería a Horacio Cartes, expresidente de la República.
HC desearía que se trabe al máximo la investigación judicial, porque se podría descubrir in fraganti que Puerto Fénix está en parte ubicado sobre terrenos del Estado, específicamente de la municipalidad de Mariano Roque Alonso y hasta del INDERT, por lo cual debería resarcir al Estado los 45 millones de dólares, por unas 30 hectáreas invadidas, a razón de 1,5 millón por hectárea, que sería el valor actual de los terrenos ocupados en forma ilegal.
El juicio de deslinde presentado ante un juzgado civil y comercial tendrá que definir esta situación, y ante el peligro de quedar en evidencia, Puertos y Estibajes S.A. contrató nada menos que al estudio jurídico Livieres Guggiari, que regularmente lleva también casos donde están involucrados los intereses de Horacio Cartes.
El juicio fue iniciado ya el 24 de agosto de 2017, en plena presidencia de HC, pero sólo el 4 de julio de 2018 el directorio de Puerto Fénix (o “Puerto Narco”) resolvió otorgar poder al estudio Livieres Guggiari para enfrentar e incidentar la demanda de deslinde, una vez que ésta ya no pudo ser atajada pese a las influencias que tenía el expresidente en la Justicia, atendiendo al hecho del alejamiento del poder de HC.
Habría títulos falsos
La demanda de deslinde incluye acusaciones muy graves por parte del demandante que deben ser dilucidadas en el juicio, como que se habría fabricado instrumento público de contenido falso (títulos falsos) en connivencia y complicidad con funcionarios de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, a tal punto que en los registros públicos aparecerían derechos de Golden Works S.R.L., de los Hellmers, en superposición a los derechos dominiales de Ramírez Alvarenga, cuya finca 3.960 tiene casi medio siglo de vigencia en el sistema informático de Catastro.
Las tierras en litigio presuntamente fiscales, pertenecerían al municipio de Mariano Roque Alonso y al INDERT, por estar prácticamente fuera de la zona urbana y a orillas del río Paraguay, en una zona muy valuada por tratarse de asientos de varios puertos, entre ellos Fénix, San José y Caacupemí, al norte de la ciudad capital, Asunción.
La instalación portuaria ha sido involucrada en numerosos casos de envíos de drogas (especialmente cocaína), siendo varios de los decomisos ocurridos allí, por parte de la SENAD, de los más grandes que se han reportado en la historia del país.
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