Si va preso, ZI no quiere ser el “pato de la boda” Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Jueves, 14 Marzo 2019 13:42
Si va preso, ZI no quiere ser el “pato de la boda” Lentamente va terminando el poder omnipotente del clan Zacarías y hoy para su jefe, Javier y para su esposa, Sandra Mcleod, la Fiscalía pide prisión.

Escribe: Luis Alen.

Apremiado por la necesidad de restablecer el alicaído respaldo político y ciudadano a su Gobierno, Marito Abdo se habría abierto a negociar un pacto de no agresión mutua con Horacio Cartes, después que éste aparentemente le haya bajado el pulgar a su aliado coyuntural de Ciudad del Este, Javier Zacarías Irún, a quien le aguarda la cárcel tras la segunda imputación que recibió de la Fiscalía, esta vez por lesión de confianza, en carácter de “instigador”.

Ya sabía de sobra ZI lo que se le venía encima, en el caso que HC efectivamente ofreciera su cabeza a Abdo Benítez y a Colorado Añetete, como ya se presumía desde hace algunos meses. Pero la duda está en si el gobierno abdista podrá contentarse con el ocaso político y la caída del clan de CDE, a cambio de dejar de “molestar” a HC con las investigaciones sobre las relaciones del banco Amambay con el “doleiro” Darío Messer y el monumental lavado de dinero ocurrido durante la era cartista.

Aparentemente, Marito y el liderazgo de Añetete le exigirían también a HC que “invierta” sus ganancias con el tabaco en industrias e infraestructura en el interior, así como igualmente se le está exigiendo a la gente de Ramón Jiménez Gaona, de la concesionaria de la ruta 7 Tape Porä, que haga lo mismo. Y, por supuesto, que Cartes desista de su pretensión de jurar como senador activo, además de mantener un perfil bajo en términos políticos, lo que supondría hasta dejar de proponerse hacer frente a Añetete con todo su potencial económico, en las venideras compulsas de la interna colorada.

Una indicación de que HC ha bajado los decibeles políticos es la no presentación de candidatura  oficial alguna de Honor Colorado en la elección interna para la intendencia de Ciudad del Este, dejando prácticamente en “off-side” al zacariísmo, que no tiene otro remedio que apoyar a algunas figuras que se presentan por su cuenta, como en el caso de la concejal Lilian de Aguinagalde.

Aunque también es probable que Javier Zacarías Irún y su clan familiar no acepten fácilmente que sean sólo ellos los “sacrificados” para la paz partidaria y el consiguiente pacto de no agresión abdista-cartista. Es decir, no estarían dispuestos a asumir sólo ellos el triste papel de “pato de la boda” del pacto de gobernabilidad Añetete-HC.

Más de una vez se le escuchó a ZI decir que si él se va preso, también deben ir todos, es decir, comenzando por el mismo HC, en su condición de miembro del maridaje con Zacarías Irún que hizo florecer a todo trapo la feroz protección política para la lavandería de dinero del período 2013-2018.

 

La jugada cartista

A pesar de que es muy factible que HC se haya propuesto tender el “puente” por su necesidad de no ser investigado, lo cierto es que hay siempre una pizca de incertidumbre sobre las reales intenciones del expresidente, atendiendo al control que sigue teniendo sobre la Fiscalía y la Justicia, por intermedio del senador Enrique Bacchetta, quien precisamente acaba de ser salvado por votos cartistas como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y titular de este organismo de mucho predicamento sobre el sistema judicial.

La visita a Marito del tabacalero y “alter ego” de HC, José Ortiz, el pasado lunes a la tarde en el palacio de López, no fue solamente “institucional” como lo describió el senador Rodolfo Friedmann. Aunque oficialmente sólo se informó de la intención de Cartes de invertir en una nueva fábrica de cemento en el Norte del país en sociedad con la familia Jiménez Gaona, a la “cumbre” asistió también el vicepresidente Hugo Velázquez, lo que demostraría que se trató de un encuentro destinado a marcar pautas en el futuro desarrollo de los acontecimientos políticos, tanto dentro de la ANR como a nivel país.

Hace algunas semanas el mismo Horacio había pronosticado que, tarde o temprano, Marito y la conducción de Añetete le solicitarían un canal de diálogo para favorecer la gobernabilidad, muy vapuleada últimamente por las incesantes denuncias de corrupción en la administración pública, así como por el nerviosismo existente en el empresariado y en toda la sociedad porque el gobierno abdista no da señales de promover las medidas tendientes a dinamizar el consumo que ya afecta a la economía con una desaceleración en el crecimiento, a tal punto que el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de rebajar la expectativa de crecimiento inicial de 4,2 por ciento a 3,5 por ciento para el resto del año.

El pedido de la fiscalía de prisión para Javier Zacarías Irún, su esposa la exintendenta Sandra McLeod y otros implicados en el esquema “Frontera” de uso fraudulento de fondos en la comuna de Ciudad del Este, hasta podría formar parte de un libreto bien elaborado como para evitar que la arremetida fiscal contra el clan ZI desemboque en una catástrofe para el propio Horacio Cartes.

La comisión Messer pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de HC. A propósito, Rodolfo Friedmann confirmó que volvió a convocar al expresidente para el próximo lunes para una declaración ante la comisión con preguntas y respuestas, a la que se había negado en asistir Cartes a fines del año pasado, proponiendo en cambio una contestación por escrito.

La forma en que responda HC a la “invitación” pondrá a prueba el grado de acercamiento que se ha tendido entre el cartismo y Abdo Benítez, a sabiendas de que después de la comisión que preside Friedmann todo deberá resolverse en la Fiscalía y en la Justicia, llegado el momento.

Por de pronto, el hecho de que el Ministerio Público a cargo de la paniaguada de HC, Sandra Quiñónez, haya acelerado el proceso en los delitos “menores” frente a los más “grosos” de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por ejemplo, revelaría la intención subyacente de la fiscalía de iniciar el juicio con los casos menos severos que sirvan de cabeza de proceso, de tal forma a ir agregando los demás mucho más graves utilizando el sistema de acumulación en un solo pleito, como se estila en los tribunales, lo que evitaría a ZI ir a prisión en forma inmediata, incluso por los delitos con expectativa de mayor pena.

Lo correcto hubiera sido utilizar los seis meses de investigación fiscal para profundizar rápidamente en los casos más fuertes de lavado y asociación criminal, pero aquí ya se estaría tocando el punto más delicado del asunto: sus implicancias políticas y la inevitable ligazón con HC.

Quien más está atento a la movida de los fiscales en el caso ZI es el mismo HC, ya que una caída estrepitosa de aquél terminaría por arrojar también al abismo al expresidente.

Y no sólo porque se escuchó decir a ZI que si él iba a prisión “deberían ir todos”, en alusión implícita a Cartes, sino también porque lo indicado es una investigación fiscal seria de la protección política a la gran lavandería de dinero, el contrabando y los diferentes tráficos, en que se desenvolvió el Paraguay entre 2013 y 2018.

El esquema de protección no podría haber sucedido sin la aprobación de HC, o por lo menos de su padrinazgo, especialmente en Ciudad del Este y el área de acción política de Javier Zacarías Irún, en el mismo lapso del período cartista en el poder y coincidentemente con el maridaje político entre ambos que fue aparentemente quebrado por el advenimiento al poder de Marito Abdo.

 

Promesa de limpiar CDE

Todo esto ocurre en la víspera de la pulseada en la ANR por la candidatura a la intendencia de CDE, cuando la obligación de cualquier vencedor en los comicios internos del 24 de este mes y en la elección general del 5 de mayo será la promesa de limpiar toda la suciedad dejada por el clan Zacarías en la comuna, más aún después de la imputación y pedido de prisión, además de los resultados conocidos de la gran malversación de fondos que fueron sacados a luz por la intervención de la doctora Carolina Llanes.

Se cumple también una de las promesas de campaña de Marito Abdo, que inevitablemente debía impactar en la línea de flotación del cartismo, ya que con la investigación a ZI necesariamente el expresidente deberá rendir igualmente cuentas, faltando sólo que se complete el combo con una posible denuncia contra Horacio Cartes, que ha prometido realizar el senador Rodolfo Friedmann encabezando la comisión Messer de investigación de un colosal lavado de dinero en la frontera.

Después de la denuncia fiscal contra el clan familiar de Óscar González Daher, que envolvió igualmente el tema del lavado de dinero, este supuesto grave hecho punible afecta también al clan Zacarías Irún, con lo cual el grueso de la protección política a esta deleznable actividad financiera ilegal va apareciendo ligada a estos dos clanes, que estaban muy unidos entre sí por lo visto, gozando de la impunidad otorgada por el poder cartista. No en vano, sólo después de la salida de HC del poder, se ha podido avanzar con todo en los procesos de lucha antilavado.

 

La larga espera

Siempre llamó mucho la atención que Marito Abdo haya dejado pasar el tiempo sin asestar el golpe de gracia a HC, renunciando a la contundencia que debía tener la comisión bicameral sobre Messer y dejando todo en manos de la Fiscala General sumisa a los dictados de Cartes.

A tal punto que Marito aparecía como dispuesto a poner un compás de espera para no disparar directamente contra HC, hasta que se ventilen todas las imputaciones contra los más altos exponentes del entorno del ex presidente, incluido Zacarías Irun, y que se lleguen a solucionar también los turbios manejos de algunos expectables “chanchos propios” del abdismo que tienen sus techos de vidrio.

El notorio riesgo de esta postura es que HC podría llegar a ganar tiempo y terreno para negociar su impunidad, como está ocurriendo precisamente ahora, a cambio de algún arreglo que le evite eventualmente la cárcel o tener que devolver alguna suma fuerte al erario, como una suerte de compensación que involucre la pérdida de espacios políticos y la renuncia a seguir financiando proyectos políticos propios o de algún dirigente que se declare heredero del cartismo, posiblemente en las elecciones internas para la junta de gobierno de 2020 o las elecciones municipales del mismo año.

Lo peor del caso sería que se declare finalmente todo “columna del medio”, con una especie de empate técnico o pacto de no agresión mutua, que implique un opa rei o penas excesivamente benévolas, e incluso la devolución de sumas irrisorias que no condicen con lo evadido al fisco y que no tengan ningún parangón con los cuantiosos bienes malhabidos, como ya ocurriera con lo malversado y robado durante el régimen stronista.

Es lo que podría sobrevenir con ZI y con otros políticos investigados por corrupción, enriquecimiento, lavado y asociación ilícita, que hasta ahora no tienen condena firme y soportan en algunos casos una prisión que parece más un buen pasar hotelero que un riguroso régimen penitenciario.

La investigación fiscal contra ZI y otros políticos indiciados deberá llegar hasta las últimas consecuencias, abarcando igualmente el maridaje Javier-Horacio, sin cuya vigencia era imposible sustentar la protección política que gozaban los traficantes y lavadores de dinero en el período del anterior presidente de la República.

Van cayendo los políticos en manos de la Fiscalía, y como nunca antes acontece el tan temido efecto dominó que amenaza con alcanzar hasta las más altas cumbres del liderazgo partidario, tanto colorado como liberal, sacudiendo a los intocables protectores de los negociados e ilícitos que han sido el caldo de cultivo para el reinado del lavado de dinero y la delincuencia de guante blanco.

Pero he aquí que se debe realizar una seria advertencia sobre los pasos que tendrá que dar el Ministerio Público, a cargo de la Fiscala General Sandra Quiñónez (una ahijada del cartismo y muy vinculada a la vez al vicepresidente Hugo Velázquez), ya que cualquier intención de enviar a las calendas griegas, o al folclórico opa rei, los casos en análisis, podría impulsar una reacción ciudadana que se puede volver inmanejable.

De allí que resulta una obligación de la Fiscalía cerrar el círculo del proceso de investigación y posterior imputación al clan ZI, procediendo a la vez a investigar a HC, por cuanto está suficientemente clara la estrecha relación de contubernio entre Javier y Horacio, para desarrollar la amplia protección política al narcotráfico, el contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero, que ha tenido lugar en las fronteras del país, con un gran crecimiento entre los años 2013 y 2018, en coincidencia con el período de gobierno de HC, según las evidencias que manejan las agencias norteamericanas como la DEA (antinarcos), el Departamento del Tesoro (antilavado de dinero) y la dependencia federal para el combate al contrabando de cigarrillos, la ATF.

El presidente Mario Abdo probablemente accede a conversar con un enviado de HC como José Ortiz, probando la alternativa de un diálogo del más alto nivel partidario como una forma de calmar los ánimos un tanto revueltos dentro del gobierno y en el resto de la sociedad, pero debe estar atento a no caer en la trampa de una estrategia perversa del cartismo para conseguir la impunidad, con lo cual el abdismo entraría en una gran deuda con la sociedad civil que lucha contra la delincuencia organizada empotrada en las más altas esferas del poder.

La renuncia a una investigación a fondo a HC, en vez de fortalecerlo a Marito, lo estaría hundiendo en la consideración popular en forma muy prematura. Por el contrario, la decisión firme del presidente debe ser la continuidad de su línea ya expresada de “cero impunidad”, caiga quien caiga.

Aprovechando en forma oportunista el “vacío de poder” provocado por la actitud prescindente de Marito y la postura negociadora de HC para su propio beneficio, incluyendo el respaldo a Enrique Bacchetta, la misma investigación hacia Javier Zacarías Irún y su clan familiar podría quedar en el folclórico “opa rei”, por la sencilla razón de que podría prevalecer el espíritu de cuerpo ante un posible “sálvese quien pueda” general.

Desde el principio de su mandato, Marito debió apoyarse en la movilización ciudadana para tumbar a la clase política corrupta. Por eso, sería la movida menos apropiada la decisión de sumarse a los cantos de sirena cartistas.

Óscar González Daher está recluido, con un gran proceso judicial en su contra, pero su esquema de control de la Justicia y la Fiscalía estaría gozando de muy buena salud, con el aporte de Bacchetta, ZI y hasta del mismo HC.

De allí el peligro mortal que corre el mismo Marito de perder toda la consideración pública, en el caso de sumarse a este tándem horroroso que controla la impunidad vía judicial.

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