Mafia acorralada amenaza a fiscales que no se venden Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Jueves, 04 Abril 2019 10:08
Mafia acorralada amenaza a fiscales que no se venden Josefina Aghemo / René Fernández.

Escribe: Luis Alen.

La grave amenaza de muerte al fiscal anticorrupción René Fernández, extensiva a su colega del mismo oficio Josefina Aghemo, debe mover al presidente Mario Abdo a dimensionar claramente lo que está en juego en la República, más allá de los avatares políticos.

 

Es que la nación se juega su propia supervivencia en libertad, para no caer en las garras de la mafia política, es decir, el crimen organizado protegido por los políticos.

La amenaza de muerte a los citados fiscales, conocida a través de la inteligencia policial, confirma que la mafia política se muestra acorralada, pero aún se da el lujo de presionar sobre integrantes del Ministerio Público a los que no puede comprar.

El ominoso anuncio mafioso coincide con el contundente informe de la comisión bicameral del caso Messer, acerca de la protección política que continuaría gozando el “hermano del alma” de HC, lo que se constituye en un gran desafío para Marito.

El presidente debe salir a apoyar públicamente a los fiscales amenazados por la mafia, cuya eficacia, honorabilidad e integridad física deben ser respaldadas  por el Jefe de Estado, en una lucha de la cual depende el éxito de su propia gestión de gobierno.

Da que pensar que, por lo visto, los mafiosos creen que amedrentando a la fiscalía podrían frenar las investigaciones en su contra, en vez de entender que la cuestión es mucho más profunda, ya que envuelve el “status” del país a nivel internacional, estando el Paraguay en la mira de Estados Unidos y de otros como Brasil, interesados en ver cómo se desmantela aquí la trama de protección a los tráficos, al lavado de dinero, armada en los últimos años y especialmente en la era HC.

Posiblemente envalentonada por las señales provenientes del mismo Palacio de López, proclives a una “transa” con el cartismo por parte del abdismo, la corporación mafiosa que sigue moviendo los hilos del poder entre bambalinas se tomó el atrevimiento de amenazar a los fiscales, haciendo uso de una de sus más perversas prácticas. La misma que viene de la época de Al Capone, es decir la consigna de “sobornar o matar”.

Si bien podría significar que, en definitiva, a los mafiosos se les va cayendo la protección política de la que gozaban antes, es un hecho que se resisten a ser investigados y comienzan a dar palos de ciego sintiéndose acorralados, como efectivamente lo están por la fiscalía de delitos económicos y anticorrupción.

Llamativamente, se llega a esta situación límite en simultáneo cuando Javier Zacarías Irún y su clan han sido imputados, originándose una serie de incidentes para trabar en la justicia el accionar de la fiscalía. Ya le ocurrió lo mismo a otros peces gordos como el exsenador Óscar González Daher y al todavía senador Víctor Bogado, con nulos resultados a su favor, ya que sólo se utilizan las “chicanas” para demorar el juicio en el tiempo.

Coincide también con la visita efectuada por la fiscala general Sandra Quiñónez, muy propensa a defender a su mentor HC, al nuevo titular de la Corte Suprema, Eugenio Jiménez Rolón, para tratar de poner fin a las múltiples trabas que ensayan los políticos investigados por corrupción.

Pero el aviso final vino de parte de Darío Messer, el “hermano del alma” de HC, quien según su abogado, no se presentará ante el juez mientras “el fiscal René Fernández siga presidiendo el proceso”. Y pensar que Fernández nada más que completó la investigación sobre lavado de dinero que ya venía desde 2016, así como la profusa información incriminatoria contra “o rei dos doleiros”, recibida de la fiscalía brasileña, que a su vez lo quiere llevar preso al Brasil.

 

Confirmar el “caiga quien caiga”

Marito Abdo tiene que salir a respaldar a los fiscales que se juegan la vida en defensa de una institucionalidad que tanto proclama defender el mismo jefe de Estado. La bandera de la lucha sin cuartel contra la corrupción no puede ser arriada en estos momentos. Hay que recordar nada más el “caiga quien caiga” del presidente cuando anunciaba la arremetida contra los traficantes y lavadores en Ciudad del Este, en setiembre pasado, a poco de su asunción.

Pero, a estas alturas, a pesar de dichos enunciados de buenas intenciones, el gobierno ya no puede esconder su incapacidad para desmontar el esquema promotor del lavado de dinero y de los tráficos con alta protección política, heredado de la era cartista. Y las evidencias son contundentes, poniendo en jaque la posibilidad de limpiar la imagen del país a nivel internacional y en el propio plano doméstico.

Es notoria la protección que goza por ejemplo el prófugo Darío Messer, sin ser molestado en el territorio nacional, a pesar de contar con una orden de captura internacional por graves acusaciones del “Lava Jato” brasileño y por ser un estrecho allegado de Horacio Cartes en la lavandería de activos sucios, como lo ha confirmado el informe, conocido ahora, que procedió a redactar la comisión bicameral presidida por el senador Rodolfo Friedmann.

Messer apareció tranquilamente, sin ser molestado, en una escribanía de Salto del Guairá en noviembre de 2018, para firmar un poder a su abogada, a pesar de regir una orden de captura en su contra desde mayo. Esto indica con meridiana claridad que el fugitivo cuenta con suficiente cobertura policial para andar deambulando por el territorio nacional sin ser atrapado, a pesar de la orden judicial de apresamiento.

Es lo que afirma en forma sorprendente el senador Jorge Querey, de la bicameral investigadora, al asegurar que “hay grupos de poder, financiero y empresarial, que impiden que se realice adecuadamente el seguimiento y la captura de Darío Messer”.

Resulta notorio y evidente que los organismos de seguridad se ven impedidos de capturar al prófugo, solicitado por la justicia de Paraguay y Brasil por el delito de lavar dinero sucio por miles de millones de dólares, debido a la acción de una mano negra cuyo poder sobrepasa incluso al del presidente de la República.

Es un triste mensaje que se está emitiendo tanto fuera como dentro de nuestras fronteras, de que en Paraguay mandan más las estructuras mafiosas que las propias autoridades legalmente constituidas y detentadoras del mandato de velar por la seguridad de la gente.

Con más razón organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFILAT por su rama latinoamericana, barajan la posibilidad de que en una próxima visita al país vuelvan a situarnos en la “lista gris” de Estados que no colaboran institucionalmente contra el flagelo del lavado procedente de los tráficos y el contrabando.

También será razonable concluir que la Justicia paraguaya se halla atada de pies y manos para actuar con rapidez contra los mafiosos y sus protectores políticos, llámense éstos Horacio Cartes, Zacarías Irún o González Daher.

Las ligazones de “negocios” no tan santos entre Horacio, Javier y Darío Messer, como el conocido “affaire” del hotel-casino que se iba a instalar en la cabecera del Puente de la Amistad, son suficientes indicios de hacia dónde deben apuntar los fiscales en sus investigaciones para desmontar la gran lavandería de dinero y bienes malhabidos. Es lo que, por supuesto, tratan de evitar los mafiosos con sus amenazas.

Desde luego, a nadie escapa que la Justicia se halla aprisionada por la misma clase política, sobresaliendo en esta trama las “chicanas” de algunos de ellos, siendo el clan ZI sobresaliente ejecutor de un sistema maquiavélico de blindajes judiciales que ha puesto en práctica durante años, a la vista y paciencia de la ciudadanía honesta.

 

El talón de Aquiles

El expediente de ir erosionando el poderío de HC, minando su base política pero dejando que continúen impunes sus “negocios”, evidentemente no da el resultado esperado por el mismo Abdo Benítez, para que el país mejore su imagen en materia de seguridad jurídica y de lucha contra las corruptelas de los políticos.

En lo que ya se perfila como el “talón de Aquiles” de Marito, la persistencia gradualista en el enfrentamiento con HC va unida con la acción subterránea pero real de un grupo de poder financiero y empresarial, al decir del senador Jorge Querey, que impone una agenda para el pacto de impunidad con el cartismo, lo que explica que el prófugo “doleiro” siga tan campante con protección en el territorio paraguayo.

Para peor, con tal de reforzar el frente anticartista de Añetete en la ANR y diezmar las huestes de Honor Colorado, el abdismo no vio otra mejor alternativa que llenar de operadores improvisados  la administración pública, muchos de ellos sin calificación adecuada para los cargos, mermando así la eficiencia por carecer en la mayoría de los casos de la debida capacidad para atender los exigentes negocios del Estado, y agrandando de paso las planillas de funcionarios, que a la postre se factura a todos los ciudadanos a través de los impuestos, que incluso van a ser aumentados con la inminente suba de las tasas impositivas.

El presidente Marito Abdo mantiene su estrategia de gradual erosión del poderío de HC, convencido del apoyo de Estados Unidos con su alineación al plan norteamericano en el cometido hemisférico del derribo del régimen de Nicolás Maduro en  Venezuela.

Esto, a pesar que el Departamento de Estado de Washington ha publicado recientemente un informe lapidario sobre el Paraguay, casi más demoledor aún que en los años de la era Cartes, tildando al país como centro del tráfico de drogas y del lavado de dinero en Sudamérica, especialmente en la Triple Frontera.

La anunciada visita de algunas horas, la próxima semana, del secretario de Estado Mike Pompeo, que vendrá a conversar con Mario Abdo, se constituirá en un espaldarazo al gobierno de éste, pero también será una advertencia para que el abdismo deba avanzar en forma más acelerada en limpiar la cara del país en cuanto a la protección política a las mafias, a los tráficos, al crimen organizado y al lavado de dinero, poniendo a andar con firme resolución los canales de la Fiscalía y la Justicia para sancionar a los culpables con las penas indicadas, así como recuperando para el fisco las sumas evadidas en el contrabando y la evasión.

La conocida frase de Marito de que la Justicia tendrá que hacer su trabajo, pero que es celoso de la independencia judicial, ya no cuaja, porque los magistrados reciben por otro lado la sensación de que el gobierno es condescendiente con las mafias y con quienes las sustentan con su protección política, tanto en el Parlamento como en otras instancias del Ejecutivo.

Es el caso emblemático del propio ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, que llegó a decir que Darío Messer se halla en territorio nacional pero no puede ser detenido por la policía. Con esta afirmación, el ministro por poco no dice que Messer es un intocable que goza de la protección de las altas esferas, con lo cual se demuestra que el plan gradualista de Marito contra HC no da resultados y hasta se puede decir que su discurso anticorrupción cae en el ridículo.

A todo esto se suma que el próximo nombramiento por el Senado del reemplazante de Sindulfo Blanco en la Corte Suprema, a partir de una cuestionada terna, pone de relieve las presiones que sufre el mismo abdismo para lograr tener mayoría a su favor en el máximo tribunal de la República.

La pugna con HC se hace evidente, porque dos de los candidatos le responderían eventualmente:  Alberto Martínez Simón, un exintegrante del bufete del Banco Amambay de Cartes, así como Emilio Camacho, apoyado por el luguismo y en su momento promotor jurídico de la enmienda constitucional para la reelección de HC en 2017. Sólo el otro candidato, Rubén Romero, le respondería al oficialismo abdista, pero la última acusación de plagio en su tesis doctoral lo estaría descalificando para el cargo, por lo que ya se piensa hasta en devolver la terna al Consejo de la Magistratura.

Como ya lo acaba de señalar el titular del Senado, Silvio Ovelar, es necesario que Marito “baje línea” a sus senadores para poner las cosas en su lugar y no depender ya de una especie de observación previa de la reacción del cartismo a los “globos sonda” del gobierno, para la posterior toma de decisiones, como la que debe realizar el presidente en el caso de una orden para que se concrete, por fin, la destitución del contralor general Enrique García, quien también cuenta con graves acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

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