Combate a la mafia le pasa factura a Marito Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Miércoles, 29 Mayo 2019 15:22
Combate a la mafia le pasa factura a Marito Mario Abdo Benítez, presidente de la República.

Escribe: Luis Alen.

La lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero se le está haciendo cuesta arriba al gobierno de Marito Abdo, por la situación complicada de la economía, cuya desaceleración sería en parte motivada por la reducción del circulante en el sector informal.

 

El presidente de la República lo admitió al señalar que la informalidad económica se nutre de los canales del contrabando y los distintos tráficos manejados por la mafia, que vio reducir sus recursos con el ataque frontal del Gobierno.

La respuesta oficial para contrarrestar los efectos de la crisis recesiva también es cuestionada por la falta de un plan gubernamental de reactivación productiva, la carencia de apoyo parlamentario al presidente y por las presiones procedentes de los intereses afectados, encabezados por el sector colorado cartista, que no desean que se profundicen las investigaciones sobre lavado de dinero.

La lucha frontal emprendida por el gobierno de Marito contra la corrupción y la impunidad, incluye obligatoriamente el combate al lavado de dinero y los negocios ilícitos conexos que maneja el crimen organizado. Pero la mafia, amparada por grupos de presión muy fuertes capaces de influir sobre la misma conducción política del Estado, se halla empeñada en aprovechar el atraso en las inversiones públicas para poner en entredicho la capacidad del gobierno con el fin de retomar un rumbo de crecimiento en la economía.

Lo que ocurre es que existen intereses muy fuertes que empiezan a ser afectados por la campaña de saneamiento del sistema económico y financiero, y su poder llega a tal nivel que hasta son capaces de influir para una reducción del movimiento de circulante monetario.

El propio presidente Abdo Benítez tuvo que salir a explicar de alguna forma las razones de la frenada en la economía que se está dando en el transcurso del primer semestre de 2019, achacándola a factores externos y al clima por la reducción productiva, especialmente en la agricultura. Pero también puso énfasis, como debía ser, en el factor quizás más decisivo, ni más ni menos, que son los sucesivos golpes al narcotráfico y al crimen organizado, los artífices de la economía subterránea o negra responsable de una buena parte de la dinámica económica paraguaya.

Pero también el gobierno de Marito Abdo, lamentablemente, contribuyó en parte con la “ralentización” de la economía, al no mantener un ritmo adecuado de inversiones públicas que sirvieran como contrapeso a la retirada de la escena económica de muchos fondos habitualmente manejados por la economía “negra” y que contribuyen normalmente a mover los negocios, santos y no tan santos.

De allí el anuncio oficial de una aceleración en el ritmo de ejecución del presupuesto nacional por parte de los ministerios, que inexplicablemente se había reducido notoriamente en el primer cuatrimestre del año, como en el caso del Ministerio de Obras Públicas, que sólo desembolsó el 11 por ciento de su plan de inversión total anual, de US$ 920 millones, al desembolsar nada más que US$ 110 millones, pese a haber previsto inicialmente invertir alrededor de US$ 300 millones en el primer semestre.

Esto nos conduce a la confirmación de algo que se venía sospechando, respecto a la carencia de un plan de contingencia del gobierno y de reactivación productiva, que esté bien coordinado entre las distintas dependencias del Estado, con el objetivo de compensar los efectos del ciclo recesivo.

Y este talón de Aquiles abdista se halla exacerbado aún más en forma negativa por la división existente en la ANR entre el abdismo y el cartismo, así como por la muy tenue capacidad del presidente de contar con un firme respaldo en el Parlamento, incluyendo a las bancadas opositoras, lo que quedó de manifiesto en forma flagrante con el rechazo al veto parcial a la ley de jubilaciones de los médicos, que nítidamente ha sido una deliberada cáscara de banana tirada al abdismo, como para demostrar su falta de control de las finanzas del país.

 

Ataque al corazón del sistema

La crisis económica viene a ser mucho más compleja en su solución a largo plazo, de lo que aparece a simple vista, porque si el gobierno profundiza el proceso de formalización y transparencia en la sociedad con la lucha contra el crimen organizado en primer plano, como es la firme posición de Marito Abdo, posiblemente también agrave las contradicciones del sistema.

El síntoma más evidente de lo que afirmamos es la prueba de fuego de las investigaciones sobre lavado de dinero y otros delitos que habrían sido cometidos supuestamente en el sistema financiero y, particularmente, en uno de los bancos, el BASA de Horacio Cartes.

Ya se había notado la dificultad en la investigación sobre los negocios financieros ligados a la economía oculta con los resultados de la comisión bicameral sobre la conexión Darío Messer-HC, donde resalta el escaso interés del Ministerio Público en indagar la ruta del dinero negro manejado tanto en la frontera como a nivel país, como resultado del contrabando de cigarrillos, el narcotráfico y los demás negocios turbios fronterizos, que alimentarían a su vez los canales del lavado de activos del crimen organizado y hasta de organizaciones terroristas como el Hezbollah libanés, con base firme en la Triple Frontera.

La insistencia de la fiscalía brasileña en aclarar las ramificaciones de los manejos de dinero negro de las coimas del Lava Jato, de la constructura Odebrecht y de Petrobras, en Paraguay, tampoco son motivo de atención por parte de la fiscala general Sandra Quiñónez, una fiel protectora de su mentor HC, como se ha visto incluso en el caso del clan Zacarías.

Un pedido en el Senado para investigar al banco BASA, realizado por el Frente Guasu luguista, terminó siendo rechazado por las bancadas colorado-cartista y liberal-llanista, previa moción de la gente que responde a Cartes de incluir también en la investigación a los bancos Atlas y Continental, con lo cual en forma artera se trataba de enviar el mensaje a la ciudadanía de que se llegaría al “terrorismo financiero”, lo que podría poner en peligro la estabilidad del sistema mismo con una eventual corrida, como la ocurrida en 1995 y que luego provocara la quiebra de varias entidades bancarias de capital nacional.

Es decir, con toda crudeza aparece en el horizonte el fantasma de una posible quiebra económica general, en el caso de continuar las indagaciones sobre lavado de dinero en el sistema y en particular en un banco, el BASA de HC.

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como lo advirtió el propio Banco Central del Paraguay en un comunicado, que ya anunció el inicio de un control sobre las remesas de fondos al exterior, de reales en forma física, que realizan los bancos del sistema, y a pedido del Banco Central del Brasil.

Es que el Paraguay está obligado a mejorar muchísimo en materia de control del gran flujo de dinero sospechoso, especialmente en la frontera, obligado como está por acuerdos en el marco del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Internacional, capítulo latinoamericano). Las leyes actualmente bajo análisis en el Senado, se atrasan en salir, provocando la inquietud del mismo gobierno de Marito, y las trabas provienen del sector cartista, como era de prever.

 

Mal uso de recursos

Otra materia que está en veremos y se demora en el gobierno es la mejora en el uso de los recursos puestos a disposición tanto de los ministerios como de las gobernaciones y los municipios. Hay un gran segmento de fondos que son prácticamente dilapidados por la clase política tradicional y su clientela prebendaria, tanto de la ANR como del PLRA, y hasta de los partidos menores, por la mala asignación de los recursos presupuestarios, en primer lugar, y también por el uso inadecuado de los fondos, al existir excesivos mecanismos de corrupción en la administración nacional, departamental y municipal, como los casos de miles de planilleros, exceso de personal, compras sobrefacturadas, jubilaciones VIP de legisladores o el robo directo de dinero sin ningún control, casi siempre detectado ya a posteriori por los organismos de contraloría, cuando el daño es casi irreparable para el erario público.

Es lo que se destapó en la última semana en Ciudad del Este, con el despido de unos 800 planilleros en la comuna contratados por la anterior administración interina de la concejala Perla Rodríguez de Cabral e incluso de la ex administración zacariísta. La de Cabral ya fue denunciada ante la fiscalía por posible malversación de fondos públicos, tal como también está en trámite la denuncia contra Sandra McLeod.

El nuevo intendente de CDE, Miguel Prieto, no debe transigir con esta dura realidad de la mala utilización de los recursos municipales, debiendo contar para este cometido con el apoyo ciudadano. Además, por su mismo futuro político, tiene que denunciar a los concejales que propicien estas irregularidades, sin ningún miramiento.

El combate frontal contra la mafia y la economía negra, así como la lucha contra la impunidad, debe comenzar en los partidos y movimientos, porque la clase política corrupta se nutre en gran parte del dinero desviado del presupuesto nacional y local.

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