Mega inversión en Hospital es afectada por deslinde contra “Puerto Narco” Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Viernes, 04 Octubre 2019 12:33
Mega inversión en Hospital es afectada por deslinde contra “Puerto Narco” El presidente de Caacupemí S.A., Fernando Leri, junto al ex presidente Horacio Cartes, durante una visita a la instalación portuaria.

Un juicio de deslinde promovido contra el Puerto Fénix (“Puerto Narco” en la jerga naviera) podría afectar la mega inversión de US$ 100 millones que promueve la empresa portuaria vecina de Caacupemí S.A., para la instalación de la sucursal en Sudamérica del famoso hospital Mount Sinai de Nueva York, USA.

 

Anunciado con mucho impacto mediático desde hace algunos meses por el presidente de Caacupemí S.A., Fernando Leri, la construcción se realizará en el Parque Logístico de la firma, ubicado en Zeballos-cué, en el predio de 10 hectáreas que perteneciera al club Tacuary. El inicio de los trabajos se prevé para comienzos del año próximo y la inauguración del centro hospitalario en 2023.

El juicio de deslinde promovido por un vecino de los puertos Fénix, San José y Caacupemí, pone en entredicho la titulación real de las empresas portuarias instaladas en dicha zona, en los límites municipales de Asunción y Mariano Roque Alonso, porque se estima que algunas de las empresas se habrían asentado en parte sobre tierras del Estado.

Caacupemí S.A., que posee también puertos en Pilar y Villeta, realiza la megainversión de US$ 100 millones para el hospital de tercer nivel –oncológico y cardiológico- en sociedad con la firma Mount Sinai de Estados Unidos, pero los inversionistas no verían con buenos ojos la apertura de un proceso judicial de deslinde y amojonamiento de las propiedades, tanto del puerto Caacupemí como de los vecinos  de San José S.A. y de Fénix S.A., estando en juego tierras fiscales y la inyección de cuantiosos recursos extranjeros para el mega emprendimiento.

Mientras ocurre todo esto, el expediente judicial iniciado contra los puertos sigue avanzando en los tribunales de la capital, con el fin de corroborar si efectivamente el “Puerto Narco” se expandió sobre tierras presuntamente fiscales, incluyendo en la investigación a los demás linderos, como San José y Caacupemí.

La Procuraduría General de la República dio su conformidad a la continuidad del juicio en un juzgado en lo civil de Asunción, lo que permitirá tener la confirmación de que tanto Puerto Fénix, o “Puerto Narco” en la jerga de los navieros -y los demás puertos privados adyacentes como Caacupemí y San José-, poseen sus títulos en regla o carecen de la legítima propiedad existiendo la sospecha que se asentaron en gran parte sobre terrenos de propiedad del Estado.

La demanda de deslinde y amojonamiento surgió como resultado de la acción que lleva adelante Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, con domicilio en la ciudad de Hernandarias (Alto Paraná), como propietario lindante al norte del Puerto Fénix, a orillas del río Paraguay.

El denunciante acusa a los directivos de Fénix S.A., Julio Martínez Trueba y José Fassardi, de fabricar un título falso en connivencia dolosa con funcionarios de la municipalidad de Mariano Roque Alonso, para así supuestamente burlar a posibles interesados en la compra de la propiedad ubicada en el lindero norte del puerto citado, sobre la hidrovía, a quienes se les indica en forma fraudulenta que el terreno ya habría sido adquirido por la empresa portuaria.

Ramírez Alvarenga también involucra a directivos de otros puertos vecinos, como San José y Caacupemí, en el intento de avasallamiento de su propiedad, e incluso afirma que en forma artificial arman una trama para despojar al legítimo propietario del valioso inmueble, sin pagarle un solo centavo.

 

HC estaría detrás

El intento de despojo a Ramírez Alvarenga se habría fraguado cuando aún fungía Horacio Cartes como presidente de la República, quien estaría vinculado al holding de Puerto Fénix a través del abogado Pablo Livieres Guggiari, el vicepresidente de la firma a partir de 2017, ejerciendo siempre la presidencia el ingeniero Julio Martínez Trueba, el antiguo directivo de la citada empresa portuaria.

La expansión de las operaciones portuarias del complejo Fénix-Caacupemí-San José se estaría realizando con la exhibición de títulos falsos e incluso en abierta violación de la Ley 3001/06, de Servicios Ambientales, que obliga a las obras con alto impacto ambiental a realizar compras de certificados de la Seam (actual MADES, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable), como el caso de los puertos.

Puertos y Estibajes S.A., de Puerto Fénix, se opone al juicio de deslinde que le promovió su vecino lindero porque teme quedar en evidencia que ocupa varias hectáreas de tierra fiscal adyacente al recinto portuario, afirmaron las fuentes judiciales.

HC formaría parte del holding empresarial que maneja Puerto Fénix, de Mariano Roque Alonso (Central), conocido en la jerga naviera como el “Puerto Narco” por las sucesivas incautaciones de drogas ocurridas en dicho recinto portuario, indicaron fuentes judiciales.

No pudiendo el “Puerto Narco” obtener el beneplácito del procurador Sergio Coscia, y tras volver el juicio a un juzgado de la capital, ahora corresponde que la acción judicial continúe con la mensura y deslinde que comprobaría la ocupación ilegal.

Ante la necesaria determinación y cuantificación de las tierras del Estado ocupadas presuntamente por los puertos privados, y por la magnitud de los recursos que podría recibir el Estado para satisfacer ingentes necesidades en salud y educación, el procurador no tuvo otra salida que aceptar la continuación de la “Res Litis” para comprobar la exactitud de la denuncia efectuada por uno de los propietarios linderos de Puerto Fénix.

 

Habría títulos falsos

La demanda de deslinde incluye acusaciones muy graves, por parte del demandante, Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, que deben ser dilucidadas en el juicio, como que se habría fabricado instrumento público de contenido falso (títulos falsos) en connivencia y complicidad con funcionarios de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, a tal punto que en los registros públicos aparecerían derechos de Golden Works S.R.L., de los Hellmers, en superposición a los derechos dominiales de Ramírez Alvarenga, cuya finca 3.960 tiene casi medio siglo de vigencia en el sistema informático de Catastro.

Si es que se confirma que están siendo ocupadas  las 30 hectáreas fiscales por los citados puertos privados, las firmas deberán pagar por lo menos unos 45 millones de dólares, a razón de 1,5 millón la hectárea, tomando en cuenta el valor de mercado actual de dichos terrenos en lugares altamente cotizados para puertos fluviales de gran movimiento de cargas.

En declaraciones al diario “El País” de Montevideo, el propio presidente de Fénix, Julio Martínez Trueba, había dicho: "Hemos desarrollado nuestro puerto en un área de 90 hectáreas con un frente al río Paraguay de 1.500 metros. Es una terminal multipropósito donde movemos contenedores, carga rodante, graneles y operamos también como puerto seco. La terminal es propia y fue íntegramente construida y diseñada por nosotros en una superficie de aproximadamente 40 hectáreas, pero disponemos de otras 50 hectáreas para la expansión que está en nuestros proyectos. Tenemos construidos tres muelles de hormigón con una longitud combinada de aprox. 350 metros”.

Las 50 hectáreas de la expansión están ahora en litigio, serían presuntamente fiscales y pertenecerían al municipio de Mariano Roque Alonso y al INDERT, por estar prácticamente fuera del área urbana y a orillas del río Paraguay, en una zona muy valuada por tratarse de asientos de varios puertos, entre ellos Fénix, San José y Caacupemí, al norte de la ciudad capital, Asunción.

La demanda de deslinde fue promovida por Alberto Claudio Ramírez Alvarenga y es contra los linderos, al Sur, Puertos y Estibajes S.A., de Fénix, representada por los ingenieros Julio Martínez Trueba y José Fassardi; al Norte, la empresa Golden Works S.R.L., representada por Enrique Hellmers, Norman Hellmers y Fernando Hellmers. Al Este, el señor Horacio Giménez.

También el demandante pidió notificar a los presidentes de las firmas adyacentes de Puerto Caacupemí S.A., Fernando Leri, y Puerto San José S.A., de la familia Bogarín.

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