El virus resulta letal para el sistema político prebendario Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Martes, 31 Marzo 2020 13:01
El virus resulta letal para el sistema político prebendario El presidente Mario Abdo Benítez, asesorado por el ministro de Salud Julio Mazzoleni, tomó medidas acertadas para enfrentar la pandemia, pero está por verse a qué costo en la economía.

Escribe: Luis Alen.

 

El falso dilema de “vidas o economía”, perfilado por médicos y empresarios, no es tal en la actual crisis del coronavirus, porque la verdadera guerra no se entabla en definitiva con un enemigo natural invisible que se puede neutralizar con una próxima vacuna, sino contra otro mucho más difícil de dominar desde hace décadas, como es la política corrupta.

 

La pandemia pone en jaque el sistema sanitario nacional y planetario, pero al mismo tiempo obliga a reformular la institucionalidad política, pues la batalla final contra el flagelo se librará no sólo en la salud pública sino en la economía y en un régimen diferente de protección social.

La gravedad de la emergencia sanitaria fue bien calibrada por el Gobierno de Marito Abdo, con medidas indicadas para frenar el avance del brote epidémico como el aislamiento social, pero el bajón económico que acarrea la inactividad y la necesidad de reunir recursos financieros adicionales con los que no cuenta de primera mano el Estado paraguayo, plantea un dilema de hierro para las autoridades en el que no hay disyuntiva posible, ya que simultáneamente hay que salvar vidas y evitar el colapso social.

El gobierno quiso cantar victoria antes de tiempo con la intentona de relajación de la cuarentena antes de Semana Santa, urdida en una reunión del gabinete de crisis en Mburuvicha Roga el viernes pasado 27 de marzo, pero rápidamente se volvió el sábado 28 a la tesitura de mantener el confinamiento social hasta el domingo de Pascua, 12 de abril, ante la revuelta del gremio de médicos. Porque existe el peligro real de un agravamiento de la presión sobre el escuálido sistema sanitario nacional, si se disparan los contagios una vez que las personas empiecen a circular como en los tiempos normales, incluso con una “cuarentena intermedia”, citando al ministro del Interior Euclides Acevedo.

Era evidente que la intención de ir aflojando el “quédate en casa” vino por el lado de la presión empresarial, y esto a pesar de las medidas de asistencia a los más desprotegidos que planificaba el gobierno, así como las líneas de crédito, las moratorias impositivas y los pagos demorados de servicios públicos, con el fin de atenuar los efectos del parón económico en las empresas privadas, tanto grandes como pequeñas, y, por supuesto, en los estratos de población más pobres.

 

La crisis del sistema

La emergencia sanitaria y económica se presenta al gobierno de Marito como un monstruo de dos cabezas que amenaza con hacer trizas todo el sistema político y social, a menos que se actúe rápidamente en todos los frentes necesarios para neutralizar las amenazas.

Vienen tiempos muy difíciles en términos económicos que obligarán al Estado a reformular toda su estructura, no sólo para dotar de más fondos presupuestarios a la sanidad, sino también para concentrar todos los recursos en la reactivación de la economía.

El día después del domingo de Pascua llega el verdadero reto, para el cual se deberá establecer un sistema de emergencia en salud pública que garantice la contención y posterior declinación del virus, en simultáneo con la gradual vuelta a la actividad económica, siempre con la vigencia de medidas de aislamiento que impliquen la prohibición de aglomeraciones de mucha gente, los protocolos de profilaxis e higiene personal y la continuidad del aislamiento de grupos de riesgo.

Más de un mes de cuarentena social debió ser el tiempo adecuado para que el sistema de salud se preparase para afrontar la batalla contra el virus, porque los mismos médicos deben tener conciencia que la guerra final se desarrollará en el ámbito económico, por la necesidad de mantener las fuentes de empleo y de un mínimo nivel de vida en la población.

Es cierto que duele escuchar cada noche el balance ominoso de más contagios y muertes por el virus, pero más tétrica será la aparición de los informes de dolencias y óbitos como efecto de la crisis económica. 

 

El fin de las prebendas

Tuvo que venir un microscópico enemigo invisible para enfilar las voluntades de gobiernos y autoridades en todo el mundo y tomar conciencia sobre la necesidad de rectificar rumbos en nuestras sociedades, de tal modo a hacer más solidarios a los hombres.

Y es lo que ha ocurrido también con el giro del gobierno paraguayo, que en una vuelta de 180 grados se ha mostrado ahora mucho más sensible con el pueblo, al tomar la iniciativa de reducir en primer lugar los privilegios del funcionariado público ante la urgencia de redoblar esfuerzos para enfrentar la grave crisis del coronavirus.

Aunque el ministro de Hacienda ha aclarado, ante las protestas de los funcionarios, que el descuento en los salarios altos sólo tendrá lugar por tres meses con el fin de cubrir los gastos de la ayuda alimentaria a los sectores sociales más desprotegidos, con el agregado de la devolución posterior de lo sustraído en forma obligada,  lo concreto es que se está en presencia de una medida que abre las puertas a más decisiones futuras de reorientación del gasto público superfluo.

Porque los descuentos forzados en salarios y remuneraciones extras de una prebendaria casta política, deberán apuntar  sin embargo a un objetivo mucho más radical y exigente, pues igualmente se prometió por boca del ministro de Hacienda, Benigno López, una profunda reforma del Estado, que está esperando desde el inicio mismo de la transición, hace 30 años.

Por cierto, contribuir a paliar la crisis de recursos estatales con mínimos descuentos de los salarios más altos, es lo menor que se le podía pedir a la clase política nacional, ante la emergencia sanitaria y su devastadora consecuencia en la economía, al mismo tiempo que se le obliga a la población a realizar grandes sacrificios con la cuarentena de inactividad y el aislamiento para acabar con el virus.

Pero hay una razón adicional que está detrás del reconocimiento explícito de la necesidad de encarar la reforma estatal. Y es la constatación que el enemigo a vencer al fin y al cabo no es el virus, que se va a acabar tarde o temprano, sino uno que está dentro de nosotros mismos: el cáncer de la corrupción en la vida política y en la sociedad en su conjunto.

La pandemia no vino a hacer otra cosa que destapar la maloliente olla de las asignaturas pendientes en materias tan vitales como la salud y el bienestar social, y en general todo lo que está vinculado a los déficits en el terreno fangoso del desarrollo humano, en cuyos ránkings tanto el Paraguay como muchos otros países en desarrollo se ubican en los lugares más rezagados.

El Covid-19 resulta así un símil del “Ángel Exterminador” que hace crujir los cimientos de una civilización basada en las injusticias sociales originadas en la concentración de la riqueza y la mala distribución de los beneficios económicos.

 

La marea contraria

Ya comenzaron a aparecer en el sector público los conocidos grupos de privilegiados que presionan sobre las autoridades para rectificar sus reducciones de sueldos, en las binacionales y el Poder Judicial. A través de un furibundo comunicado, los sindicatos de Itaipú amenazaron con parar la usina hidroeléctrica, en una descalificadora actitud que roza la extorsión y el terrorismo, que debería ser objeto de investigación en la Fiscalía por lo que es: una apología del delito.

Pero la sola reducción de los sueldos astronómicos de los funcionarios de Itaipú, de Yacyretá o la liquidación de los planilleros que cobran sin trabajar, no solucionará el problema de fondo a largo plazo. La solución pasa necesariamente por una reformulación del Estado, de una reforma política y de un nuevo contrato social, por lo menos en el Paraguay, cuya realidad económica y social cambiará notablemente a partir de ahora.

La ley de emergencia sancionada por el Congreso, que visualiza el giro de unos US$ 1.600 millones para las necesidades más urgentes de salud y protección social, debe ser complementada desde ya con otras medidas, entre las que se encuentran el corte de los gastos excesivos y superfluos de la burocracia, el fin del planillerismo y el alto costo de las prácticas corruptas en las contrataciones del Estado, sin olvidar una ley que destierre la nefasta práctica del nepotismo y el clientelismo de los dirigentes políticos, prohibiendo la contratación de parientes cercanos así como de punteros u operadores en la función pública.

La reforma tendrá su impacto indudable en el sector privado, que también tendrá que aportar en favor del nuevo pacto social que se deberá establecer, especialmente en la forma de impuestos progresivos y directos que graven la renta y la riqueza, con el fin de una distribución más equitativa de los beneficios del progreso económico, preservando el medio ambiente, la biodiversidad y dando prioridad siempre a la mejora sustancial de la sanidad pública.

Capítulo especial requiere indudablemente la vigencia de un sistema renovado de protección e inclusión social, donde se empiece a establecer un régimen de renta básica universal, junto a incentivos para la educación integral de los jóvenes y la atención preferencial a los adultos mayores.

 

Todo finalmente atado a la configuración de un sistema económico basado en el desarrollo armónico de los diferentes sectores de la sociedad, lo que supone a la vez la lucha firme contra la corrupción, la impunidad, la economía negra, la evasión, el lavado de dinero y el crimen organizado, mediante un sistema de Justicia que funcione con plena independencia de los poderes políticos y fácticos.

 

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