Las pesadas cuentas a pagar de Marito en la post-pandemia Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Martes, 21 Abril 2020 13:01
Las pesadas cuentas a pagar de Marito en la post-pandemia Las medidas económicas a ser adoptadas post-pandemia necesariamente afectarán tanto al empresariado como a las bases políticas del abdismo y del cartismo.

Escribe: Luis Alen.

 

Como en todo el mundo -y Paraguay no será la excepción- vienen tiempos de profundas reformas tras la crisis global del coronavirus, pero correrá por cuenta de cada país la forma de sacar adelante una sociedad que exigirá a su clase política una manera diferente de encarar el gobierno, ante la evidencia de que el viejo orden de exclusión social ya resulta insostenible con la aparición de una nueva realidad económica.

 

Los desequilibrios financieros en el Estado, resultantes de la asistencia de emergencia a los sectores más afectados por la parálisis productiva, obligarán a más medidas que las hasta ahora adoptadas en la forma de recortes en el derroche estatal de groseros sobresueldos o por el destape en los corruptos mecanismos en las compras de bienes o servicios con el fin de paliar la angustia sanitaria, tras los inicuos negociados detectados con las mascarillas de la Dinac o las ambulancias de Petropar.

Pero las otras medidas que deberán ser encaradas necesariamente, con el fin de allegar recursos para financiar el relanzamiento económico y los planes de asistencia social, pondrán en jaque a las mismas bases del poder político, porque a partir de ahora el Gobierno debe encarar una lucha frontal contra la alta informalidad en la economía, la evasión impositiva, la corrupción en el Estado y la concentración de masa monetaria procedente del lavado de dinero en manos del crimen organizado amparado en la narcopolítica.

Si no se adoptan estas medidas adicionales que ya forman parte de una amplia reforma del cimiento político-social, muy difícilmente se podrá salir adelante en la economía como para recuperar no sólo la producción, sino el equilibrio en la misma sociedad, atendiendo a que el Estado tendrá que mejorar mucho más las redes de protección social, que se reconocieron totalmente insuficientes con el vendaval de la pandemia.

 

El riesgo político

El presidente Marito Abdo empieza a capear el temporal del coronavirus después de haber transferido el “comando” a su ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien con la cuarentena prolongada está evitando la catástrofe sanitaria, pero la emergencia sanitaria y económica resultante obliga a reducir al máximo el gasto público superfluo, lo que pone en riesgo su soporte político, tocando los “negocios” de líderes de base, operadores y punteros que en la ANR son muy útiles a la hora de ir a votar. 

Se pudo notar esto en ocasión de la votación en el Senado de la prohibición de los sueldos en las binacionales por encima del salario del jefe de Estado, por la señal de una seria resquebrajadura en el liderazgo político oficialista con un subido tono de palabrotas del senador Juan Carlos Galaverna, en respuesta a expresiones de su colega Sergio Godoy, proyectista de las medidas de reforma del Estado, escapadas fuera de micrófono aludiendo a la pérdida de privilegios de la “casta política”, justo en momentos en que “Calé” estaba argumentando en contra de la propuesta del senador integrante de la bancada que responde a Horacio Cartes.

A propósito, más que nunca HC aparece como el poder detrás del sillón presidencial abdista, en un proceso iniciado ya en agosto del año pasado con el episodio del acta entreguista de Itaipú, por lo que no es tampoco casual que su ex-asesor jurídico en el Palacio de López, el actual senador Godoy, plantee ahora con inusual empuje la reforma estatal, enarbolando una antigua pretensión cartista de la campaña electoral de 2013, que luego nunca se animó Horacio de llevarla a cabo durante su gestión gubernativa.

Pero ahora la voz de orden en HC parece ser provocar una desbandada en el aparato prebendario de Añetete, a través de la reducción de los mecanismos de corrupción y de succión de los recursos del Estado, que son típicos en los manejos de la ANR con el fin de mantener el poder. Total, como ya lo había manifestado Cartes más de una vez, con su generosa billetera le basta para ganar elecciones, aunque después en posesión del gobierno haga todo lo posible por “recuperar las pérdidas”.

Con el coronavirus, la situación financiera del “Patrón” parece ir viento en popa. Para más datos, los informes de prensa provenientes del Brasil hablan del “normal” movimiento de drogas, armas y cigarrillos desde la frontera con Paraguay, sin el temor a un contagio masivo con el Covid-19. Con el agregado de que HC respira también más tranquilo después que la fiscalía brasileña no se opondría a que el “Patrón” litigue en libertad desde Paraguay en el juicio en el cual está acusado de comandar una asociación delictiva para lavar dinero fronterizo en connivencia con el “rey de los doleiros” brasileños, Darío Messer.

A los brasileños les conviene de alguna forma mantenerlo “en capilla” a HC, sin importarles que permanezca encerrado en Paraguay, con tal de tenerle siempre en jaque como para un tira y afloja que hasta incluso podría abarcar la engorrosa negociación sobre Itaipú en 2023. En el mejor de los casos, a Marito le convendría adelantar la discusión sobre los números de la energía con los vecinos condóminos, para no hacer coincidir las tratativas con el tiempo del juicio contra HC en Brasil por el tema de la gran lavandería de dinero propiciada en conjunto con su “hermano del alma” Messer.

Por las dudas y abriendo el paraguas antes que llueva, la publicidad de Tabesa (Tabacalera del Este S.A.), que es la icónica recaudadora fronteriza de Horacio, se ufana de convertirse últimamente en la principal empresa aportante de impuestos para Hacienda. Es que el bajo impuesto al tabaco tendrá que ser incrementado sustancialmente para reducir el elevado déficit fiscal que viene tras la pandemia, lo que podría poner en peligro la principal fuente de ingresos “dulces” de HC, que también sirve para alimentar los canales de tráfico en la frontera y del abundante lavado de dinero.

En suma, las reformas económicas que se vienen en la post-pandemia también podrán afectar en forma decisiva los negocios del “Patrón” y virtual hombre fuerte de nuestro país, que quiere al mismo tiempo mantener su poder con el fin de defenderse de un posible pedido de extradición de la justicia brasileña.

 

Planes sociales y financiamiento

Sabiendo lo que se viene en términos de subas impositivas y otras reformas económicas que conduzcan al Estado a recaudar más para solventar los números de la emergencia social, un comunicado de la Feprinco ya puso en guardia a los empresarios ante la pretensión de los legisladores de incrementar tributos a la soja, a las tabacaleras y a las bebidas en general, pero un diputado de HC, que podría representar intereses de ese empresariado, llamativamente planteó el control de precios sobre productos de la canasta básica y artículos de limpieza e higiene personal, lo que demuestra las presiones que pueden impedir la confección de un plan económico racional y de largo plazo que coordine los esfuerzos de articulación del repunte económico con inclusión social.

Con el fin de calmar el nerviosismo que ya cunde entre los empresarios, obligados como están éstos a tratar de mantener los mínimos puestos de empleos que se están salvando con la cuarentena, el presidente Abdo salió a negar públicamente una intención de aplicar impuestos a la soja en grano para la exportación, a incrementar las tasas del selectivo al consumo sobre cigarrillos y bebidas, o a aumentar y crear otros tributos. Sin embargo, tarde o temprano el sistema fiscal paraguayo debe avanzar en la movilización de los recursos internos, con el fin de proporcionar más y mejores servicios públicos que puedan garantizar la integración social.

Paradójicamente, en la actual emergencia de la pandemia, el sector formal de la economía debe ir en auxilio de la gente más pobre que habitualmente está inmersa en la informalidad. Es decir, en el sector que no está al alcance de los sistemas impositivos o de seguridad social. Y como la estructura fiscal nacional depende además de los tributos indirectos más que de los directos como los impuestos de sociedades y sobre la renta de las personas físicas, la tributación sobre el consumo carga sobre la población de menos capacidad de ingreso en forma indirecta, en una proporción mucho mayor que sobre los de renta superior que acaparan en gran parte la riqueza producida en el país.

Por ello, en el nuevo plan económico deberá ser implementada, tanto la reducción de la informalidad como medida necesaria en busca de la inclusión social mayor, así como una mayor tasa que grave la riqueza, las ganancias y la renta de sociedades e individuos.

El gran reto para el gobierno de Marito Abdo se plantea así muy ligado a la respuesta empresarial al esfuerzo de contener los reclamos sociales con asistencia monetaria y mejora en los servicios básicos, que deben ser financiados a la larga con más carga tributaria, sabiendo que son los empresarios quienes deben contribuir más con el aumento de los impuestos directos, sin que necesariamente deban salir a defender a sojeros y tabacaleros, quienes de por sí también están obligados a una contribución también mayor en la actual emergencia, lo que ya afectará indudablemente las bases políticas del abdismo y del cartismo.

Otra cuestión que está en veremos es la pretensión de los caudillos y bases políticas del interior en tener a mano los recursos de los royalties de Itaipú, destinados a gobernaciones y municipios, para el reparto de kits alimentarios y los gastos corrientes, que se plantea ahora abarquen el 80 por ciento de los fondos que les corresponden a los gobiernos regionales y comunales, durante este año fiscal en coincidencia con la post-pandemia.

Sin un control estricto, estos fondos podrían crear verdaderos agujeros negros en las finanzas públicas, en pleno inicio de la época electoral tanto de las municipales de 2021, las internas de 2022 y las generales de 2023. Lo correcto sería girar los recursos con el sentido de la asistencia social, mediante listas de beneficiados elaboradas por las gobernaciones y municipios, pero con la supervisión de entidades sociales equidistantes de los intereses políticos, como la Iglesia, con el fin de facilitar la labor de la Contraloría.

 

Esto no quiere decir que se afecte el proceso de descentralización, sino que sea una dinámica de ida y vuelta, con el protagonismo local para dar la asistencia a los que realmente lo necesitan, pero al mismo tiempo con el contralor tan indispensable del gobierno central que sirva de garantía ante la sociedad nacional sobre el uso correcto de los fondos asistenciales, ante la experiencia conocida de manejos no muy claros de “ayuda” a personas que hasta exhibían un cómodo nivel de vida, en varias ocasiones según lo informado en la misma prensa.

 

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