Escribe: Luis Alen.

Arropado por HC, el impresentable Javier Zacarías Irún se propone retomar el poder en Ciudad del Este, que había perdido tras innumerables denuncias de corrupción, pero lo hace a través de un sórdido montaje en el que se pone en evidencia a personajes de segunda línea de la politiquería, que son mandados al frente en un desprolijo manejo con intenciones de volver a los mismos vicios que tumbaron al clan familiar.

Como ya es costumbre en nuestra clase política, que trata de apresurar su férreo control sobre el poder a través de la fiscalía y la justicia sometidas a sus intereses bastardos, la pandemia del coronavirus es aprovechada para pasar por encima de las expectativas de la ciudadanía, aprovechando además que ésta se halla confinada por temor al contagio del patógeno. Es lo que está llevando a cabo ZI, con total desprecio a lo decidido en mayo del año pasado, cuando el voto arrollador del pueblo esteño catapultó a Miguel Prieto a la intendencia de CDE.

Está claro que Zacarías Irún pone toda la carne en el asador, diciendo ¡ahora o nunca!, porque el escenario político juega a su favor, si se tiene en cuenta que además nunca pisó la cárcel a pesar de graves imputaciones, por contar con jueces amigos y como reaseguro una fiscalía que responde en última instancia a Horacio Cartes.

Lo que en un principio se creía era el inicio de la regeneración política nacional, tras el advenimiento al poder de Marito Abdo y su equipo de Colorado Añetete, tuvo en la caída del clan ZI un símbolo de los nuevos tiempos, especialmente en CDE, donde la gestión de Prieto podría indicar un cambio incluso a nivel nacional.

Fruto del “abrazo”

A estas alturas del gobierno abdista, resulta evidente que los coletazos del “abrazo” republicano entre HC y Marito llegan no precisamente a afectar tanto la repartija de cargos entre los dos movimientos de la ANR, o la impunidad para los funcionarios sospechados de actos de corrupción, sino a algo mucho más grave y de profundo calado en el devenir ciudadano, como es la manipulación de la justicia con fines de permanencia de una forma de hacer política que se resiste a dejar la escena, pese a las necesarias reformas que se hacen necesarias en el país para superar la crisis de la pandemia.

Pero la declinación del poder de Marito tiene muchas consecuencias actuales, entre ellas la renovada ofensiva del maridaje HC-ZI, como la que se está viendo en la comuna de la capital del Alto Paraná, con la intención de frenar a toda costa el experimento independiente, al que hay que extirpar teniendo ya en mente no sólo la “recaudación” diaria de US$ 1 millón en la municipalidad, sino también el control omnímodo del poder con miras al proceso eleccionario nacional de 2023, en el que el cartismo posiblemente deba enfrentarse a un enemigo interno en la ANR identificado con el vicepresidente Hugo Velázquez, quien está moviendo también sus piezas en el tablero político criollo.

Una pregunta obligada en estos momentos es hasta cuándo podrá tener tiempo Abdo Benítez para cambiar de rumbo en su actual extrema sumisión a HC, y así asuma un liderazgo que muestre fortaleza, que tome medidas efectivas y que no exhiba dudas ni debilidad. Lo que está haciendo con el beneplácito ciudadano al enfrentar con éxito al “virus chino”, debería servir de suficiente empuje al presidente para variar su excesiva dependencia de HC.

La elección de César Diesel para la Corte Suprema, en una ajustada votación en el Senado gracias a la aplanadora abdocartollanista, está preanunciando que de nuevo habrá un acuerdo “tripartito” para la presidencia del Senado, con la bendición cartista y un pasar sin pena ni gloria de Marito, en otro año sin posible juicio político.

Así como con todo desparpajo ZI y sus secuaces se han propuesto burlarse de la ciudadanía esteña, a nivel nacional los parlamentarios, y comenzando por los diputados, siguen sin conmoverse ante las múltiples denuncias de corrupción y de poca transparencia en el manejo del Estado, rechazando o dilatando las iniciativas que apuntan a la reforma estatal.

Por ejemplo, aplazaron el proyecto que recorta los gastos innecesarios del Estado, se opusieron a la publicidad de las declaraciones juradas y encima aprobaron un presupuesto de gastos inflados de la Fiscalía, rematando con la inicua dilación al plan para aumentar las penas contra los corruptos de la administración estatal.

Los diputados no se dan cuenta que no habrá reforma del Estado manteniendo el gasto superfluo elevado del sector público, siendo además fundamental  la transparencia para las reformas estructurales que son impostergables en la pospandemia, que deberá ser pagada por todos los paraguayos sin distinción de signo político, sabiendo que imperan la inequidad tributaria y la gestión deficiente en el manejo de recursos del presupuesto nacional.

Las denuncias contra Javier Zacarías Irún y su clan familiar tuvieron invariablemente la mirada complaciente de la fiscalía y la justicia con aire de impunidad. Es lo que toda la clase política, abroquelada para defenderse también de las denuncias ciudadanas, trata también de copiar. ¿Hasta cuándo?