Manual de impunidad para ZI se aplica en los negociados “pandémicos” Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Miércoles, 10 Junio 2020 10:45
Manual de impunidad para ZI se aplica en los negociados “pandémicos” Horacio Cartes, cuyo gran poder en los ámbitos fiscales y judiciales permite impunidad a personajes como Javier Zacarías Irún, ahora se extiende para blindar a los que están haciendo negociados durante la pandemia.

Escribe: Luis Alen.

 

El abrazo de impunidad Marito-HC, sin lugar a dudas, ha impulsado con su manto de impunidad fiscal-judicial las corruptelas de las compras estatales “inteligentes” de urgencia durante la cuarentena por el Covid-19. El manual aplicado a Javier Zacarías Irún para su salvataje es seguido por la casta política para armar el blindaje impune en los negociados “pandémicos”.

 

De la cuarentena inteligente, Marito Abdo quiere pasar a la etapa del “bocado indulgente”, con el zarpazo que se está proyectando para financiar la recuperación post-pandemia, en medio del malestar creciente de la ciudadanía por la falta de garantías en el manejo honesto de los recursos estatales, con el agravante de la impunidad absoluta para los ladrones públicos.

Tras la gestión exitosa en el freno al coronavirus sin que el patógeno haya arrasado con las escasas terapias intensivas de los hospitales públicos, el Gobierno abdista se ha aplazado rotundamente en el tema del uso poco escrupuloso de los fondos públicos en las compras de urgencia relacionadas con la emergencia sanitaria.

El malestar de la ciudadanía resulta lógico ante el esquema de impunidad que los políticos arman como una coraza de defensa corporativa, para defender el mal uso de los recursos del Estado envolviendo vergonzosos negociados en plena pandemia y confinamiento social, sin que el presidente Marito Abdo se dé por enterado que debe apostar por el apoyo de la sociedad, al menos para cumplir con su lema cada vez más olvidado del “Gobierno de la Gente”.

Sin un informe claro del destino de los US$ 1.600 millones inicialmente previstos para hacer frente a la debacle económica provocada por la pandemia, el anunciado plan de reactivación ya requiere de más fondos adicionales del orden de US$ 500 millones, que provendrían de nuevos préstamos externos o de emisiones de bonos en el mercado internacional, llevando al límite la capacidad de endeudamiento estatal, que ya se encuentra orillando el 30 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto)

La desconfianza de la gente es tal en el manejo del Gobierno, que se suceden las manifestaciones contra la intención de instalar una reforma del Estado que sólo tiene la misión de maquillar con algunos remiendos la telaraña de la estructura estatal obsoleta, pero dejando intacto el sistema de succión en los negociados de las adquisiciones de bienes y las contrataciones a cargo de las distintas reparticiones públicas, incluidas gobernaciones y municipios, por donde se cuelan ingentes cantidades de dinero sin control ni castigo a los culpables de los latrocinios.

 

La impunidad del “negocio”

A la vista de todo lo acontecido en las compras desastrosas de los insumos sanitarios para la pandemia por parte del Ministerio de Salud y sin que se hayan aclarado hasta el momento las responsabilidades de los funcionarios, empezando por el mismo ministro Julio Mazzoleni, hay que preguntarse si el Gobierno puede seguir manejando los recursos públicos tan campantemente sin una adecuada rendición de cuentas.

La impunidad para Abdo parece asegurada por el lado de Horacio Cartes, ya que el cartismo se pasea “a piacere” por los ámbitos fiscales y judiciales, hasta el punto que el abdismo asintió sumisamente otro atropello de HC en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) con el abrupto cese en dicho organismo del diputado Ramón Romero Roa, quien ya atacó de inconstitucional su exclusión, en momentos en que se debe poner bajo la lupa el accionar de magistrados y fiscales muy sumisos a las órdenes provenientes del “Patrón”.

Se nota a la legua que se repetirá el libreto de salvataje de HC a los demás políticos involucrados en hechos de corrupción, tal como se ha gestionado para evitar la cárcel para el clan de Javier Zacarías Irún, en los procesos judiciales que se le siguen a éste para que rinda cuentas sobre el uso de multimillonarios fondos públicos que habría desviado el grupo familiar esteño en detrimento de la población de Ciudad del Este y de todo el Alto Paraná.

El reemplazante de Romero Roa en el JEM, en representación de la Cámara Baja , es el diputado cartista Hernán Rivas, a quien se le observó que no ha ejercido la profesión de abogado, aunque ahora debe juzgar a fiscales y magistrados. Pero tal extrema falencia no amilana a quienes se han propuesto extender el blindaje judicial no sólo para ZI y sus familiares, sino a todos los políticos indiciados de corrupción, de tal forma a instalar en el país la dictadura del virus de la impunidad.

El mismo día que juró, el diputado Rivas ya identificó al servicio de quién está, al votar con la mayoría para que el Jurado de Enjuiciamiento sólo apercibiera al juez Marino Méndez, muy vinculado al clan Zacarías, en el caso del amparo irregular que concediera a la exintendenta de CDE, Sandra McLeod, para que la Junta Municipal no trate su renuncia, y que luego revió.

Es lo que se ha visto también en la pasada sesión de Diputados, donde se aprobó que las declaraciones juradas de bienes incompletas de los legisladores y funcionarios con manejo de fondos en la función pública sólo sufran sanciones administrativas y no procesos en el fuero penal. Con este procedimiento inconstitucional, que debería ser vetado por el presidente Marito Abdo, se daría vía libre a los desmanes sobre las cuentas públicas de parte de los ZI y otros próceres políticos actualmente bajo proceso judicial.

Lo lamentable es que no sólo acompañaron este despropósito los votos colorados abdistas y cartistas, sino también de la oposición liberal, con lo cual se pone en evidencia que los partidos tradicionales no están a la altura de las actuales circunstancias difíciles que atraviesa la República.

La gobernabilidad asegurada para Marito con la operación “Cicatriz” (abrazo republicano con HC) hizo olvidar el ya lejano lema del “caiga quien caiga”, por lo que ahora difícilmente se piense en un juicio político contra el presidente mediante un apriete del cartismo, pero lo que más debe preocupar en estos momentos a la ciudadanía es la voracidad con la que los políticos están pretendiendo hacer su “agosto” con el pretexto de salvar de la pobreza a millones de paraguayos afectados por las consecuencias del virus. 

La impresión general es que el sacrificio de paralizar la economía ayudó a paliar la virulencia del azote pandémico en términos de mortalidad reducida, pero no mermó la ferocidad del otro virus de la corrupción y la impunidad, sin tener siquiera escrúpulos frente a las necesidades extremas que soporta en estos días la mayoría de la población sumida en la pobreza extrema por el auge de la desocupación.

 

¿Qué se pretende en Itaipú?

Algo ya se está oliendo en el ambiente de los analistas sobre lo que se propone el abdismo en alianza con el cartismo, para dar el zarpazo final sobre las arcas nacionales, ya que al no poder recurrir a los fondos de pensiones se plantearía la peligrosa hipoteca de la energía de Itaipú por otros 50 años. Esta maniobra confirma que no se podía esperar otra cosa de la “tierna podredumbre” stronista, los aplicados alumnos del antiguo tiranosaurio cuyos conspicuos exponentes son ahora el mismo actual jefe de Estado y su jefe de gabinete, Juan Ernesto Villamayor, quien ya salió a anunciar muy suelto de cuerpo el posible finiquito para fin de mes de las distintas alternativas de una apurada negociación que se plantearía al Brasil para renegociar Itaipú y de paso recurrir a un mega endeudamiento con el objetivo de financiar la recuperación económica post coronavirus.

Tras el retiro del proyecto de fondear a un desfalcado IPS con los recursos jubilatorios, por el senador Silvio “Beto” Ovelar, se ha desechado el despropósito de echar mano al siempre apetecido fondo de jubilación para consolidar el festín del desborde con los negociados estatales, pero  ahora hay que ver qué trae entre gallos y medianoche el gobierno abdista con respecto a la pretendida nueva súper deuda de la Itaipú, mediante un acuerdo con Brasil que llevaría a hipotecar el país de aquí hasta más allá de la época de nuestros tataranietos.

Ahora que Abdo consiguió dejar bien “atada”, en forma tempranera, la siempre resbalosa cuerda de las mesas directivas del Congreso, con un leal al frente del Senado como Óscar “Cachito” Salomón y con el rekutu del cartista Pedro Alliana en la Cámara Baja, la intención oficialista es adelantar al máximo las tratativas con los brasileños, que debían finiquitarse en 2023 por el Anexo C del Tratado de Itaipú. El apuro tiene que ver casi seguramente con la mira puesta en la probable entrega de la energía paraguaya a cambio del adelanto de recursos financieros para cubrir el gran déficit originado en el Covid-19.

No cabe duda que Brasil necesita también de un gran endeudamiento adicional para enfrentar la reconstrucción económica tras la devastación del coronavirus, con su secuela de recesión y desempleo. Pero habría que conocer en qué condiciones el Paraguay hipotecaría su principal fuente de riqueza, ya que los vecinos sólo admitirían ser los garantes del mega financiamiento, del orden de US$ 20 mil millones y en gran porción con destino a su economía, siempre que nosotros admitamos mantener las condiciones leoninas de la “cesión” de la electricidad, a bajo precio y con la prohibición de venderla a terceros, como se pactó en 1973, y de eso ya hace casi 50 años, en plena época de la dictadura stronista.

No parece lo mejor para el país dejar en manos de la actual administración abdista, acorazada por el blindaje otorgado por el cartismo y sospechada de grandes corruptelas con el dinero público que van a la impunidad más vergonzosa, la gestión de tan ingentes recursos como los que se plantean que provendrán de Itaipú. Habría que postergar la negociación con Brasil para 2023, en su fecha prevista en el Tratado, con un nuevo Gobierno que surja de las elecciones generales de dicho año y que presente un programa que garantice la plena utilización de la energía en el desarrollo industrial nacional.

Pero la jugada del cartismo podría ser la espera de un desgaste constante de Mario Abdo, para luego proponerse ir nuevamente al asalto del poder total para HC, con el proyecto de reforma constitucional que plantean algunos exponentes de la clase política para cambios institucionales en el Estado, incluso de la oposición. No sería el camino indicado, en estos momentos, ir a una Convención Constituyente, por cuanto se podría instalar el tema de la reelección presidencial que beneficie eventualmente para una vuelta al poder del “Partido Liberado” de Horacio.

 

Por el contrario, lo que se debería impulsar es un gran movimiento ciudadano que promueva el cambio político en el país, a manera de salvar la democracia a través de una Justicia que sea implacable con la corrupción y no consagre la impunidad de los grandes negociados con el erario.

 

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