Escribe: Luis Alen.

La democracia y la transparencia han triunfado en los últimos días para bien de la ciudadanía toda, mientras que los grandes derrotados son los políticos que apostaron hasta sus últimas fichas para mantener ocultos sus bienes malhabidos, parapetados en dudosas maniobras y utilizando para ello su mayoría en la Cámara de Diputados.

El escandaloso manejo de las declaraciones juradas para favorecer nada menos que al ínclito Javier Zacarías Irún, a su “troupe” familiar y de paso a muchos políticos sospechados de ocultar sus trapisondas, despertó de su letargo a una Corte Suprema que por fin se plantó ante la jauría de impresentables que amenazaba convertir este país en una “república de opereta”.

La máxima autoridad judicial dio la razón a quienes lucharon por años para permitir que sea de uso corriente la publicación de los cambios en los estados patrimoniales durante la gestión –desde el primero hasta el último día- de los funcionarios públicos, incluyendo a los mismos miembros de la Corte y aquellos electos como el presidente, el vicepresidente, los senadores, diputados, parlasurianos, gobernadores, intendentes y concejales departamentales o municipales.

Esta misma columna de opinión había advertido la semana pasada que la intentona de darle un tétrico corte al tema de las declaraciones, por parte de una vergonzosa asonada parlamentaria, comportaría el otorgamiento de una verdadera ley a pedir de boca de ZI y sus compinches, quienes se darían así el gusto de “vender” su manual de impunidad para los nuevos negociados vilmente ejecutados durante la pandemia, en detrimento de todo un pueblo afectado por la parálisis económica de la cuarentena convertida ya en “noventena” (90 días de encierro).

Golpe al tridente mafioso

La histórica votación en la Corte (8 a 1) a favor de la transparencia de las declaraciones fue también una contestación a la grosera interferencia de un grupo de diputados del tridente mafioso cartista, abdista y llanista, que a través de una nota firmada días antes del fallo de la sala constitucional convertida en pleno, se habían dado el atrevimiento de ¡recusar! a los ministros de la más alta instancia. Lógicamente, tal pretensión descabellada fue rechazada de plano por los miembros del tribunal supremo, antes de estampar su firma en la trascendental decisión adoptada el jueves pasado.

Dos días antes, los mismos diputados habían aprobado la ley por la cual se despenalizaban las mentiras u omisiones en las declaraciones de bienes, tildándolas de simples “errores administrativos” pasibles de ser perdonados con una multa y no con acciones penales en la Justicia. Con ello, varios políticos, entre ellos Javier Zacarías Irún, intentaban salvarse para evitar que sigan o aparezcan en el futuro los procesos por declaración falsa.

El lunes, con inusitada rapidez y después de un análisis acelerado de su equipo jurídico, el presidente Mario Abdo decidió vetar la ominosa propuesta legislativa, por lo que el mamotreto deberá volver al Congreso para su aprobación o rechazo, pero ya con la mayoría de dos tercios, desechándose la de 44 votos que había reunido la Cámara Baja, incluyendo a liberales llanistas de la oposición.

Resulta obvio que hubo motivaciones mucho más contundentes que las esgrimidas en el mismo considerando del decreto de veto, ya que el jefe de Estado decidió desmarcarse en el mismo instante en que se conoció la desaforada ofensiva de su propia bancada abdista en procura de un descarado contubernio para favorecer a la mafia que los financia.

Es que Marito entrevió la maniobra por su efecto “búmeran”, en el sentido que seguir la corriente a los congresistas aferrados a la impunidad como sistema político, llevaría con seguridad a un certificado de defunción de cualquier propuesta política renovadora de cara a las próximas elecciones municipales y generales (2021-2023) donde se juega la misma sobrevivencia de una clase política acusada de manipular a su antojo la Justicia, lo que no es del agrado de la ciudadanía.

Y menos aún puede significar una carta de presentación adecuada ante la próxima prueba a la que el país será sometido en materia de lavado de dinero y financiamiento ilegal a actividades delictivas o al tenebroso terrorismo internacional. De hecho, el embajador norteamericano, Lee McClenny, ha felicitado a Marito y al Poder Judicial por haber optado por la transparencia en su gestión, en vez de plegarse al movimiento de la corporación política mafiosa.

¿El fin de las chicanas de ZI?

Después de la firme posición del presidente y de la precursora sentencia de la Corte, habrá que ver hasta dónde se anima a seguir el tridente mafioso parlamentario en apoyo de los ZI y otros, especialmente en cuanto a su desembozada injerencia en la Justicia, incluyendo las constantes chicanas del clan Zacarías Irún para evitar la cárcel.

Ya no se justifica el operativo “Cicatriz” del abrazo azulgrana entre abdistas, cartistas y llanistas , para seguir manteniendo el actual estado de cosas de las maltrechas relaciones entre la clase política y la magistratura judicial, con el escándalo de las impúdicas chicanas del cartista  ZI para no ir a prisión, en tanto que sigue sufriendo una llamativa detención continuada el diputado abdista de la primera hora Ulises Quintana, por poner sólo un ejemplo de un destacado exponente del oficialismo, pero sin emitir aún ninguna conclusión sobre las acusaciones en su contra. Aunque podría seguir su proceso fuera del penal, hasta tanto llegue al juicio oral y público, si es que hay méritos para ello dentro de un procedimiento judicial libre de intromisiones políticas.

El próximo “round” de esta pelea en varios capítulos por la definitiva independencia judicial de la corporación financiada por círculos mafiosos, se escenificará nuevamente en la Corte Suprema, con el tratamiento de la inconstitucional destitución del diputado Ramón Romero Roa del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. 

Es de esperar que la máxima instancia de la magistratura nacional ponga las cosas en su lugar y devuelva al legislador su lugar en el JEM, que le fue arrebatado para cumplir con la consigna cartista de dominar todas las instancias jurisdiccionales y políticas, cuyo objetivo es blindarle a HC, ZI y demás conspiradores de la política más oscura al servicio de los “poderes fácticos” que dominan al Gobierno con la política de la billetera, al decir del propio Marito Abdo.

Por su parte, al líder liberal Efraín Alegre se lo vio muy ofuscado en su comparecencia ante la fiscalía, del martes 16, en un “juicio exprés” propiciado con fuertes connotaciones políticas. El mismo Alegre identificó la procedencia de su imputación por el tema de las rendiciones de cuentas de la campaña electoral, al acusar directamente a Horacio Cartes de manipular a la fiscala general Sandra Quiñónez para el efecto.

Todo lo apuntado pone de manifiesto con claridad que uno de los grandes ejes de la renovación política nacional post-pandemia se dirimirá en las relaciones de los políticos y de los “poderes fácticos”  con la Justicia. Si los fiscales y magistrados se avienen a situarse del lado de la ciudadanía, la dura guerra por la transparencia será ganada. De lo contrario, aún llevará tiempo la definitiva independencia judicial, esperando un cambio de 180 grados en el escenario político.