Escribe: Luis Alen.

Las sucesivas decisiones judiciales de sobreseimiento definitivo en las causas que se le siguen al clan ZI son la consecuencia lamentable de la pérdida de poder del presidente Marito Abdo, bajo la égida de la operación “Cicatriz” de impunidad para la clase política. 

Primero fue la jueza Cinthia Garcete Urunaga, hace algunas semanas, y ahora el viernes pasado la magistrada María de Fátima Burró Franco, quienes aduciendo una descarada como lamentable y grosera indolencia en la investigación del Ministerio Público, optaron por otorgar tanto al senador Javier Zacarías Irún, como a su esposa la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, el beneficio de ser sobreseídos en forma definitiva, siempre con la excusa de la falta de suficientes pruebas de las corruptelas, a pesar de la gravedad de las denuncias arrimadas, las abundantes pruebas documentales y de las testificales presentadas a lo largo del juicio.

Son más de G. 10 mil millones los que están juego, más los intereses tras ser descontados los gastos de justicia. Aunque con la pandemia resulta una gota en un océano de nuevas corrupciones y deudas que se acumulan para el Estado, aparece sí la soez demostración de lo que se ha sostenido hasta el hartazgo, acerca de la renuncia que hizo Marito de su poder para favorecer la impunidad aliada con la corrupción y la delincuencia de cuello blanco.

Se dirá qué tiene que ver Marito con la lacerante ineficacia de la Justicia para poner en vereda a los factores de la mafia politiquera, pero lo innegable es que los fiscales y magistrados se mueven en el plano de las consideraciones no tan relacionadas con la aplicación estricta de la ley sino con criterios provenientes de la situación política y presiones de índole netamente vinculadas al poder, sin descartar desde luego la atracción de lo monetario, teniendo en cuenta los activos millonarios detentados por los exfuncionarios acusados de corrupción a estar por sus declaraciones juradas publicadas recientemente.

De allí que el presidente tenía la plena posibilidad, pero no lo hizo, no de entrometerse directamente en los juicios, sino por lo menos en ejercer la vigilancia en defensa de la independencia del Poder Judicial, e incluso de la Fiscalía, pese a que ésta se sabe está prácticamente al servicio de Horacio Cartes, quien así tiene la espada de Damocles sobre cualquiera que ose solicitar la condena judicial para los corruptos, más aún si éstos son “chanchos del chiquero” cartista, como son indudablemente Javier Zacarías Irún y su “troupe” familiar.

Lo acaba de confirmar un integrante del primer anillo abdista, el titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el senador Enrique Bacchetta, para quien Marito en forma increíble dejó de lado el poder del cual está investido como la última muralla para hacer frente al mayor flagelo que pueda soportar un pueblo, como es la inoperancia de la Justicia contra la corrupción empotrada en los estamentos estatales. 

El paso al costado de Bacchetta como líder de la bancada oficialista en el Senado, pero sin salir aún de Añetete, tiene que ser entendido como la alarma que suena no sólo en el Gobierno sino en todo el país, por la merma peligrosa en el ejercicio del poder por parte de Marito. Y no es ninguna casualidad que la ruptura en la cúpula de Añetete se haya producido precisamente por la falta de una decidida acción de Abdo Benítez para ejercer el poder del cual está facultado por la ley, con el fin de exigir las investigaciones y sanciones judiciales para los acusados de corrupción, sean cartistas, abdistas o de cualquier otro signo político.

La “Cicatriz” del diablo

En vez de ampararse en la Constitución y en las leyes para constituirse en la verdadera muralla anticorrupción, Marito prefirió pactar con HC para tender el gran manto de la impunidad sobre la mafia política, optando por la operación política de la “Cicatriz” del diablo, en vez de llegar a posibilitar la curación del alma de la nación por los medios impecables de la legalidad constitucional.

Es lo que se dice cuando la gente se pregunta qué le puede deber tanto Marito a HC, para darle a éste amplio poder, incluso más aún fuera de la ANR a nivel país, cuando el propio presidente ha renunciado a promocionar una reforma constitucional para impulsar su reelección, para lo cual necesitaba indudablemente la unidad colorada. Pero le restan aún tres años de gobierno, en los cuales puede hacer “maravillas” en favor de un pueblo que reclama justicia y basta de robos, ante tantas penurias económicas sobrellevadas con la pandemia del coronavirus.

Con el cuento chino de la supuesta unidad colorada Añetete-Honor Colorado, ya se sabe que lo único que se consigue con la operación cicatrizante, además del mencionado manto de impunidad, o mejor el pacto de inmunidad para Cartes, es la continuidad del gobierno de Marito para afrontar las consecuencias de la pandemia con un país sobreendeudado por varias generaciones, con el agregado peligroso de que la negociación de Itaipú en 2023 quede también en manos de HC, quien por otro lado no es el más indicado para negociar con los brasileños estando él mismo en la mira de la Justicia brasileña.

Pero la influencia determinante de HC sobre la Justicia no está construida sólo por su poder político, sino fundamentalmente por el poder fáctico económico y su predominio sobre los negocios de frontera. Y qué mejor garantía para él que tener a sus órdenes al flamante fiscal adjunto de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, Humberto Rosetti, quien sin lugar a dudas resulta el hombre indicado para el momento y lugar precisos.

Si Marito renunció a su poder como la muralla viva frente a la corrupción e impunidad, es porque vio que el poder fáctico de HC viene ya de lejos en sintonía con la práctica fiscal desde 2013 por lo menos, en coincidencia con su toma de posesión de la presidencia, cuando el mismo Rosetti ya sentó las bases de la “doctrina Quiñónez”, según la cual el Ministerio Público no investiga de oficio escandalosas acciones criminales como evidencias flagrantes de la corruptela estatal, y sólo lo hace cuando no hay obstáculos de poderosos políticos para meter presos a los comunes ciudadanos por el robo de bagatelas.

Quizás un error de cálculo de Marito fue dejar hacer en exceso a sus funcionarios y adherentes al abdismo, para aprovecharse de la estructura del Estado y de la pandemia con el fin de alzarse con suculentos dividendos, tal vez en espera de ir fortaleciendo económicamente un frente anti-HC. Pero la falla abdista fue producto no tanto de la miserable maniobra con un pueblo en cuarentena imposibilitado de ir a trabajar, sino el resultado lógico de un bien aceitado esquema de inteligencia y medios de comunicación a su servicio con que cuenta HC en su grupo empresarial.

La ida de Marito al “Quincho” a pedir se lo beneficie también a su grupo con la “cicatriz” del manto de impunidad para los criticados negociados con los insumos sanitarios, fue sólo un mero trámite, ya que HC hace rato había implantado un régimen de poder en la sombra del cual será difícil salir, más todavía si la pandemia con la crisis económica ha reforzado los negocios negros, donde refulgen el lavado, el contrabando y toda clase de tráficos.

La lapicera de poco uso

Ya anunció Marito que no va a cambiar el 15 de agosto a su equipo más cercano de colaboradores, empezando por sus ministros más cuestionados, sean Mazzoleni, Petta o su hermano Benigno. El propio Bacchetta se enojó por la falta de uso de la lapicera con el ánimo de mostrar algún cambio en el “autismo” presidencial.

Pero por lo menos Abdo no le dio el gusto a los medios cartistas, que habían reclamado las cabezas de medio gabinete, cuando se sabe que el problema no está allí, sino en el pandemónium de la corrupción monitoreada desde el propio cartismo, que motorizó en forma contradictoria la ley Godoy de reducción de los sobresueldos y demás privilegios de los funcionarios del Estado, pero mantiene intocable la impunidad a medida en el Poder Judicial por las dudas, en el caso que el mismo HC deba ser investigado por orden del Brasil.

De allí que el plan de reforma del Estado, que va ligado al de reactivación económica, no tenga casi asidero en la realidad del país, por cuanto el partido se juega en otra cancha, como es el del combate al lavado de dinero, el contrabando de cigarrillos, que influyen sobremanera en la baja formalización económica, que conspira a su vez contra el financiamiento genuino de las actividades del fisco. Es decir, no cabe otra salida que el endeudamiento creciente del Estado para financiar los gastos sociales generados por la pandemia.

Si sale airoso el cartismo de la actual crisis con mayor poder político e influencia en la Justicia, resulta obvio esperar que plante sus reales en el país para seguir con el mismo sistema basado en la informalidad, de la cual saca tantos dividendos el “Patrón”, pero en detrimento de los intereses generales del país y su verdadera recuperación económica post-pandemia. 

Marito no será recordado así por sus logros en “obras” como nunca antes en 30 años de democracia, como lo expresara hace unos días, sino por el poco uso de su lapicera, aún llena de tinta porque no se animó a firmar la erradicación de la pandemia de las corruptelas de frontera.

Es de esperar que por lo menos Enrique Bacchetta, quien no disimula sus aspiraciones presidenciales para 2023, consiga detener de alguna forma la embestida del mayor poder cartista, con su urgente pedido de todas las compulsas que desembocaron en el sobreseimiento a McLeod en CDE, firmado por la jueza Burró. Hay que ver qué podría hacer el titular del JEM y todavía senador por Añetete, para escarbar en los negocios de frontera monitoreados por el maridaje HC-ZI desde hace años.

Mientras los comerciantes legales de la frontera continúan esperando ya impacientes la apertura comercial para la venida de los compradores brasileños, el comercio ilegal sigue cada vez más fluido. El gobierno del país vecino tuvo que implantar ahora la operación “Horus”, tendiendo a frenar todo tipo de tráficos, ya sea de drogas, armas o de cualquier otro producto, incluyendo cigarrillos, pero el originado en el tabaco es precisamente el que más preocupa a las autoridades brasileñas porque ya movería un monto sideral, como sería el que factura Tabesa, del expresidente Cartes, del orden de los US$ 2.100 millones anuales, 11 mil millones de reales, que correspondería a más de la mitad del mercado tabacalero de Brasil, según informes procedentes del país vecino.