Engendro de Cicatriz, Javier Zacarías Irún se erige como “juez de jueces” Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Martes, 01 Septiembre 2020 15:10
Engendro de Cicatriz, Javier Zacarías Irún se erige como “juez de jueces” El cuestionado senador, Javier Zacarías Irún, integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pese a que afronta varios procesos por casos de corrupción.

Escribe: Luis Alen.

 

El más nefasto engendro de la Operación Cicatriz, Javier Zacarías Irún, ahora integra nada menos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con lo cual se confirma que el Estado ha caído en manos de los “capos” de la cueva de ladrones, el nuevo poder fáctico en la sombra cuya intención manifiesta es controlar la vida institucional de la República para cumplir con sus más oscuros fines.

 

Desde un principio del operativo cicatrizante, al inicio de la pandemia en marzo, ya se presumía que el mayor beneficiado con el contubernio abdo-cartista iba a resultar de entrada ZI, porque el deseo de bajar los decibeles de una interna “salvaje” en la ANR resultó ser una burda mascarada y un pretexto para el desembozado objetivo del asalto a los intereses más caros de la sociedad como son las épicas luchas ciudadanas contra la corrupción y la impunidad.

La inicua entrega del poder de Mario Abdo a Horacio Cartes, con el fin de salvar su presidencia a cualquier precio, ha tenido lamentablemente, como era de esperar, el corolario del control total de la Justicia por parte de HC y ZI, cuyo maridaje por lo visto jamás se desmoronó, sino que, por el contrario, se ha fortalecido ahora que el país se halla en una gran crisis económica y social agravada por la emergencia sanitaria, pero que ya se venía incubando antes por la ausencia de medidas políticas firmes para erradicar el virus más dañino de la impunidad que socava los cimientos de la institucionalidad.

De que Marito está atado de pies y manos por el pacto de impunidad con HC lo demuestra no sólo el descarado nombramiento en el Senado para que ZI  integre el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sino una serie de otras señales ominosas que hablan de la manipulación de la Justicia a las órdenes del Patrón del quincho de la calle España, como la veloz imputación contra el ya ex-ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, en un caso ahora reflotado de supuestos negociados con la merienda escolar en la época en que era gobernador del Guairá, o la misma arremetida con igual sabor a “vendetta” de Horacio contra el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, por un caso de supuesto fraude en Tributación con las rendiciones de cuentas en Alto Paraná durante el proceso electoral de 2018. 

En estas causas movidas a control remoto mediante la aviesa manipulación política de la Justicia, la rapidez fiscal y judicial contrasta con la lentitud de los procesos contra HC, ZI y demás secuaces, por lo que se puede inferir que el propósito evidente es inmovilizar a Marito, para que se debilite al máximo políticamente, profundizando la pérdida de su liderazgo en Añetete al no poder salir a defender a Friedmann, así como en el caso de la imposibilidad de entablar negociaciones con Efraín y la oposición por su descarada defección en “Cicatriz”, demostrando de paso HC quién es el que manda en la República.

De este modo, la cicatrizante “Concordia” deviene en lo que es realmente; un montaje soez para blindar judicialmente a Cartes y Zacarías Irún, ante los molestosos embates que provienen del exterior por las denuncias de lavado de dinero y complicidad con el crimen organizado internacional.

El pacto abdo-cartista consolida el maridaje HC-ZI para dar el mensaje claro a los jueces a qué atenerse en el caso de no cumplir las órdenes cicatrizantes cuando se trate de los procesos judiciales en los cuales estos personajes de la política criolla son acusados de cometer dichos delitos, por caso la Fiscalía brasileña contra Cartes por su relación con Darío Messer en el monumental mecanismo del Lava Jato, o de las imputaciones ya recibidas por Zacarías Irún en el ámbito de la justicia de nuestro país por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos en la comuna de Ciudad del Este, lesión de confianza, lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir, entre otros delitos.

 

¿Compartir el poder?

A estas alturas de los acontecimientos, no se puede hablar de un cogobierno o de un compartir el poder entre Marito y HC, porque ya se habría cumplido el tiempo en que Abdo podría haber armado un amago de reacción para por lo menos sentirse en situación de “empate técnico” con Horacio.

HC estaría ya así en posición de obligar a Marito a presentar su renuncia, con el “chake” de la amenaza de juicio político, lo que le sentaría a Hugo Velázquez en la presidencia de la República con el aditamento de un llamado a comicios para elegir al nuevo vicepresidente, que prescribe la Constitución en el caso de una acefalía en la vicepresidencia en los primeros tres años del período de gobierno.

Esta salida constitucional, sin embargo, no sería del todo infalible para HC, porque le sería fatal en el caso que no contara con el “ok” de Washington, o, peor aún, si venciera en los comicios el exponente de un frente opositor anti-impunidad, lo que llevaría a agitaciones sociales que terminarían en un cambio radical de la situación política.

Definitivamente, resulta más cómodo para HC mantener su poder en la sombra de Mario Abdo, convirtiendo a éste en su títere, hasta llegar al momento en que deba imponer a su propio candidato a la presidencia en 2023.

Pero si Marito ya perdió realmente su poder, al depender totalmente de la espada de Damocles de HC, la inquietud sube de punto en la ciudadanía por las perspectivas de la impunidad rampante para los paniaguados del cartismo y de la dificultad fáctica de armar un frente de resistencia opositor, dentro de la ANR y en los demás partidos, contra la corrupción impune en la administración judicial.

La única esperanza que queda es una “resurrección” opositora en el Senado, aunque todo dependerá de la capacidad de atracción a las huestes pro-cartistas de los liberales llanistas, que, así como están las cosas dentro del dividido PLRA, no tiene visos de una salida favorable para la lucha anti-impunidad.

La debacle del abdismo tampoco augura señales promisorias para la formación de un frente opositor senatorial, con el fin de neutralizar los votos llanistas proclives a HC. La salida del senador Enrique Bachetta de Añetete con la conformación de su propio movimiento FURC (Frente de Unidad y Renovación Colorada) seguido del inmediato apoyo a la candidatura de Óscar “Nenecho” Rodríguez para el rekutu en la Municipalidad de Asunción enfrentando así al candidato teóricamente apoyado por Marito, el también senador Martín Arévalo, habla a las claras que la “Cicatriz” nunca tuvo como su máxima prioridad las listas unificadas en las municipales, sino el operativo impunidad tanto para HC como para Marito, que en el caso de éste último se nota en forma evidente con la lentitud de la fiscalía para investigar y castigar los “corona-negocios” del abdismo o de sus socios en las frustradas compras de equipamientos sanitarios sobrefacturados.

Ante la consolidación cicatrizante del poder fáctico de HC, la oposición denota una parálisis frustrante, lo que le lleva a algunos exponentes como la diputada Kattya González, del Frente Parlamentario Anticorrupción, a expresar que la respuesta al nivel “brutal” de impunidad en el país debe ser pasar a la acción política con el fin de desarticular un sistema de justicia y seguridad que son de los más endebles en el mundo.

En el Índice Global de Impunidad 2020, de una lista de 69 países ordenados de forma ascendente según su falencia en esta materia, Paraguay se encuentra entre los “Top Ten”, en un ránking donde aparecen Tailandia (69), Honduras (68), Marruecos (67), Argelia (66), Azerbaiyán (65), Paraguay (64), Guyana (63), Nepal (62), Kirguistán (61) y México (60). 

El informe es elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), y Paraguay se ubica así en un lugar problemático principalmente porque las denuncias que involucran hechos punibles relacionados a políticos y altas autoridades que son ordenadores de gastos “no cierran el círculo”. Es decir, no son resueltos los casos y los denunciados quedan por lo tanto impunes.

En otro informe reciente de junio de 2020, de una empresa de consultoría especializada en riesgos globales vinculada al Consejo de las Américas de Estados Unidos, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción sitúa al Paraguay en el puesto 12, de 15 países latinoamericanos evaluados. Fueron estudiados tanto el sector público como el sector privado, en su capacidad para descubrir, castigar y detener la corrupción, especialmente relacionada al narcotráfico y delitos conexos.

La clave siempre está en la observación del funcionamiento real de las instituciones, para consolidar la integridad de los funcionarios, y uno de los obstáculos principales radica en el abuso de poder en el cargo de parte de los servidores públicos, constituyéndose así en una de las características y vicios recurrentes en el ejercicio de la función pública, según la evaluación de este informe.

Por si faltaba otro dato espeluznante, el último informe de Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de la Corrupción, ubica al Paraguay como uno de los países más corruptos del mundo en 2019, situándose en el lugar 137 de 180 países. En 2018 estaba en el sitio 132, lo que indica que nuestro país retrocedió nada menos que 5 puntos en solo un año en el ránking descendente de TI.

Para la diputada Kattya González, “Paraguay es permanentemente monitoreado y si no asume un combate frontal contra la corrupción y no mejora sus índices de sanciones, este país no será candidato a inversiones, pues la seguridad jurídica es un elemento gravitante”. Agregó que “terminó la época de las leyes, ahora es la década donde se mide el nivel de institucionalidad para aplicar las sanciones punitivas a los infractores del Estado de Derecho”.

Es un mensaje clarísimo a Cicatriz. Por si acaso, se debería recordar también que aún falta la legislación clave para el control del comercio ilícito de tabaco, incorporando a nuestro acervo jurídico el protocolo internacional de lucha contra este flagelo, lo que permitirá introducir la trazabilidad del tráfico de frontera de los cigarrillos y de paso aumentar la recaudación fiscal.

Pero el horno no está para bollos en el Parlamento, con el anuncio de la imposibilidad de realizar en estos momentos la reforma del Estado, en el sistema judicial y especialmente penal, según lo manifestó el diputado colorado Ramón Romero Roa, quien renunció a la comisión respectiva para reformar la administración de justicia, lo que conduce también a la conclusión de que cualquier intento de transformar la estructura estatal en estos momentos resultaría un tiempo perdido. 

Romero Roa lo dijo todo: “No hay interés en reformar nada. Existen otros intereses que no es sólo el de la clase política, sino también de otros sectores que desean mantener el estado actual de cosas”. Afirmó que en el caso de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, cuyo titular es el cartista Derlis Maidana, “sin pudor actúa fuera de los criterios constitucionales; si la comisión más importante actúa como mandante de poderes fácticos ha dejado de cumplir su rol”.

 

Frente a la descripción de tan cruda realidad, sobran las explicaciones en torno a la situación de postración de la República ante mandatos provenientes de poderes fácticos como el de Cicatriz.

 

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Modificado por última vez en Martes, 01 Septiembre 2020 23:13

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