Para salvar la democracia, se exige salida de fiscala general Quiñónez Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Martes, 22 Septiembre 2020 16:28
Para salvar la democracia, se exige salida de fiscala general Quiñónez La sociedad a la que representa reclama la salida de la fiscala general, Sandra Quiñónez, por estar sólo al servicio de un sector del partido Colorado.

Escribe: Luis Alen.

 

Hace pocos días, a duras penas una mayoría opositora evitó que HC retorne al Senado y tomara bajo su mando el último baluarte disidente libre de su poder omnímodo, pero crece el sentir ciudadano que el control cartista sobre la titular del Ministerio Público le está costando muy caro al país, en términos de la imparcialidad requerida para salvaguardar las conquistas democráticas y evitar la vuelta a un “estronismo sin Stroessner”.

 

Es que la fiscala general Sandra Quiñónez ya no representa precisamente a la sociedad, como establece la Constitución, sino a un sector del partido Colorado como en la época de la dictadura, lo que deja como resultado que las causas judiciales se hallen totalmente direccionadas según un interés político determinado y por ello ya no goza la citada funcionaria de la confianza de los distintos estamentos del pueblo, entre ellos extensos sectores del coloradismo.

Se debe convenir que la postura sumisa de la fiscala general al cartismo ya se veía venir desde que se instalara en su sillón durante la presidencia de HC, pero la operación “Cicatriz” con la claudicante y mendicante entrega de Marito Abdo al poder fáctico cartista, completó el escenario.

En los últimos meses de pandemia y con el problema resultante de las acciones terroristas del EPP, el panorama político se complicó de tal manera que ya nadie cree en la alternativa que el pacto de impunidad abdo-cartista sea el camino adecuado para la gobernabilidad, en vista que la prioridad absoluta resulta ahora la salvación de la democracia. 

La operación “Cicatriz” es un arenal movedizo que pone en peligro al sistema democrático, por el lodazal en que se convirtió el territorio nacional como consecuencia de una Justicia dependiente de las órdenes del Patrón del Quincho de la calle España, a través de los dictámenes y sugerencias que recibe la jefa del Ministerio Público ya sea del mismo HC o de los gerentes del Grupo Cartes, para que en primer lugar sufran el rigor del sistema penal quienes osen desobedecer las imposiciones del poder fáctico que campea a sus anchas en estos momentos en el país.

Salvar la democracia con la vigencia de una fiscalía equidistante de los poderes fácticos o del cartismo en específico, significa la única garantía para una recuperación económica post-pandemia que asegure la venida de inversiones genuinas, ya que como están las cosas en el Paraguay, la primera imagen que se da es la impunidad total para el lavado de dinero y el reinado de las mafias del narcotráfico, el contrabando de cigarrillos y los demás negocios ilegales trasnacionales. 

Es decir, lo único que se hace con la actual fiscalía es espantar a los inversores de capitales que desean instalarse aquí, porque previamente indagan si existe el paraguas protector de la transparencia institucional y la previsibilidad de la legalidad constitucional.

 

La incógnita de Diputados

Los partidos opositores ya habían elaborado un libelo acusatorio con 16 causales por supuesto mal desempeño de funciones contra Quiñónez, pero el problema es que la acusación debe ser refrendada por una mayoría de diputados que hoy por hoy no se sabe si habrá, por la imposibilidad de armar una alianza de la oposición con la bancada de Añetete, actualmente cooptada por el cartismo.

La confección de una estrategia para la salida de Sandra se complica aún más teniendo en cuenta que una parte de los mismos diputados opositores se hallan más concentrados en un operativo “blanqueo” de intendentes colorados y liberales acusados de corrupción por sus juntas municipales, que en una posición afín a la lucha contra la corrupción y la impunidad en sus departamentos y municipios. 

Asimismo, los legisladores, tanto diputados como senadores, están muy interesados en armar una coraza defensiva con un operativo blindaje de nuevo cuño, como el intentado en los últimos meses del gobierno de HC, antes que empeñarse en una cruzada de salvación nacional en conjunto con la sociedad civil, para desalojar de su puesto pro-HC a la fiscala general. 

En cierto modo, la operación “Cicatriz” se toma al pie de la letra como pacto de impunidad, también entre legisladores colorados y liberales, con excepción de algunos pocos que confirman lastimosamente la regla, en un contubernio grosero contra las aspiraciones populares de transparencia y funcionamiento pleno de la institucionalidad republicana.

 

ZI vs. HC

Pero el hecho auspicioso, sin lugar a dudas, ha sido el operativo entre senadores colorados y opositores para la “salvación” de Rodolfo Friedmann, con la evidente contrariedad de HC, quien incluso vio cómo se le cruzaba en frente el mismísimo ZI, para frustrarle atrapar su más preciada presa. Además, la expulsión del exgobernador guaireño de su banca parlamentaria suponía la recuperación de una curul por el cartismo y eventualmente para Horacio.

En un insólito giro de la política criolla, el investigado por la Justicia por varias causas de corrupción, Javier Zacarías Irún, se convirtió en la piedra del zapato de su líder Horacio Cartes, después que su pérdida de investidura fuera puesta al mismo nivel de la de Rodolfo Friedmann, con lo cual el Senado no tuvo más remedio que postergar “sine die” la consolidación del poder total cartista.

Tal como ya se había adelantado en esta misma columna la semana pasada, los senadores no encontraron otra opción que recurrir al recurso extremo de plantear también la expulsión de ZI, como forma de evitar que, con la salida de Friedmann, HC pudiera llegar a jurar como miembro activo de la corporación y cumplir así el “sueño” del cartismo de dominar todas las instancias del poder formal en la República.

Fue una jugada riesgosa de cualquier manera, porque ahora le tiran la pelota tatá (de fuego) a la Corte Suprema, cuando se sabe que el mismo Senado había rechazado la injerencia judicial en las decisiones de los legisladores sobre sus atribuciones constitucionales, siendo precisamente una de ellas la que ahora se expone al “criterio” de la máxima instancia tribunalicia, es decir la pérdida de investidura o quién sabe qué otras cuestiones más urticantes, como sería el caso de la conformación misma del Senado, con la posible orden de hacer jurar a Cartes.

Podría así darse el caso de una crisis política sin precedentes si es que la Corte, por ejemplo, ordena la vuelta de quienes habían sido expulsados por una simple mayoría de votos de los presentes, como Óscar González Daher, cuyo juicio oral sigue en suspenso, siempre con el pretexto del Covid-19. 

La Corte tendría que sopesar con cautela sus próximos movimientos, a estar por las graves repercusiones que vuelven a tener en el plano internacional las revelaciones sobre movimientos de millones de dólares de la corrupción local en los bancos de los Estados Unidos, lo que obligaría a las autoridades norteamericanas a acelerar también sus lentas reacciones a nivel de la fiscalía y la Justicia de dicho país para inculpar a los involucrados en los ilícitos de lavado de activos originado en el crimen organizado, la corrupción gubernamental y sus conexiones hasta con el terrorismo internacional.

El anuncio del embajador saliente de EE.UU., Lee McClenny, de que se conocerían próximamente más “designados” como corruptos y con la visa cancelada para ingresar a USA, lleva a pensar que la lista podría ser ampliada, después de que se hayan dado a conocer anteriormente algunas “designaciones” que incluyeron al clan González Daher y al extitular del Ministerio Público, Javier Díaz Verón.

La liberación del Poder Judicial y del Ministerio Público de las garras de la injerencia política, tendría que comenzar con la actual pueblada que exige el cambio de guardia en la fiscalía general. Tal vez así también se conseguiría, por fin, mandar a prisión al otro clan poderoso y afín a HC, el de los Zacarías Irún

Por de pronto, ya el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, fue muy claro al replicar al senador Juan Darío Monges que le pedía definición rápida sobre el tema de la pérdida de investidura de varios exlegisladores, diciendo: “Le aseguro que vamos a resolver todo de absoluta buena fe, alejándonos de todo tipo de influencias, sea mediática o política, y vamos a aplicar la ley, porque estamos convencidos llegó el momento en que tenemos que institucionalizar este país y que tenemos que aplicar la ley independientemente de quienes sean las partes en conflicto”.

El problema finalmente es político, lo sabe la misma Corte. Así como la injerencia política en la Justicia resulta dañina para la democracia, también lo es el hecho de que los senadores y diputados lean la Constitución para su conveniencia. Lo indica, por ejemplo, la misma lectura del artículo 201 de la pérdida de investidura, que es como un juicio político a la investidura de un legislador, tal como es el “impeachment” al presidente de la República o a la fiscala general del Estado, donde no se requiere precisamente del “parecer”de la Justicia para comprobar hechos punibles o condenatorios “fehacientemente comprobados”, como lo explicita el texto del citado artículo constitucional.

 

Cuando el senador Monges pide antes de echarle a un colega que se expida la instancia jurisdiccional, difícilmente se seguirá el texto de la Constitución, que habilita una vía rápida, como es la votación del juicio político, para sacarle a un alto funcionario de sus funciones, que son en última instancia dependientes de la confianza del sector político que gobierna en el país. El cual no puede estar supeditado, por sus urgencias de producir resultados inmediatos, a las resultas de un juicio ordinario que normalmente dura años, incluyendo la espera de una sentencia definitiva y firme.

 

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