Escribe: Luis Alen.

El blindaje a Javier Zacarías Irún por parte de la Corte Suprema revela el lado más perverso de la operación cicatrizante de la mafia política destinado a subalternizar la Constitución a los intereses de los grandes próceres de la gran lavandería de dinero sucio en que se convirtió el país.

Se va conociendo que el pacto de impunidad abdo-cartista no abarca sólo a la ANR o el Parlamento, sino que el verdadero objetivo es una Corte Suprema a las órdenes de la “Cicatriz”, con lo cual no hace falta ni siquiera una Constituyente como insinuó Efraín Alegre, sino sencillamente el “parecer” de la máxima instancia judicial para sorprendernos con dictámenes a la carta.

Por eso no es de extrañar que la aplanadora abdo-cartista en Diputados funcionó como un engranaje de relojería, con la sola excepción de Ramón Romero Roa, para asestar la violación de la Constitución en el caso de la diputada Celeste Amarilla.

A su vez, se confirma que la operación “Cicatriz” responde a la más rancia impunidad para la mafia política, ya que el impresentable Javier Zacarías Irún recibió de la Corte Suprema el “regalo” de ser apartado del proceso por enriquecimiento ilícito, tan solo pocos días después de la masiva movilización de la ciudadanía para pedir la pérdida de investidura del senador y su condena por varios delitos contra la administración pública.

Es que el proceso cicatrizador actual en la ANR no puede ser de ninguna manera uno de aquellos abrazos republicanos a los que el partido Colorado nos tenía acostumbrados desde la época stronista, sino resulta un pacto auténticamente autoritario, porque además de aspirar a la famosa “unidad”, se afana por lograr mucho más, tal como sería la restauración de una dictadura sin Stroessner, para lo cual se debe necesariamente volver a suprimir las auténticas ansias populares de libertad y progreso social.

Es lo que llegó a insinuar con todas las letras el domingo pasado Efraín Alegre, cuando el titular del PLRA incluso admitió que el Estado ya ha sido tomado por la mafia, lo que de por sí resulta extremadamente grave, ya que esto implica que el poder está en manos de verdaderos “padrinos”. El político opositor dio nombres y apellidos sin sorprender a nadie, ya que se sabe quiénes son.

La orden superior

La impunidad para ZI, como ya se sabe, procede lógicamente de HC, cuya orden superior no se discute, incluso en los tribunales de la República, más aún después que haya claudicado Marito Abdo tras suplicar la protección del “Patrón” con los avatares de las corruptelas pandémicas.

El tema que viene ahora sobre el tapete es lo que también lanzó Efraín en el acto liberal del 18 de octubre en la Recoleta, al anunciar que el poder mafioso de la Cicatriz presuntamente se halla dispuesto a la convocatoria de una Convención para la reforma de la Constitución, que establezca finalmente la reelección presidencial para habilitar a Horacio Cartes la vuelta a la presidencia, y, en consecuencia, la legalización de la dictadura en el país, como en tiempos del stronismo.

¿Está preparada la oposición para rechazar con sus votos el intento de legalizar el “unicato” de HC? Porque la mafia juega todas sus fichas a este objetivo y no parará en dotar de recursos financieros al intento vía la operación Cicatriz.

Esto ya se veía venir, tras los sucesivos escenarios intimidatorios montados contra la oposición, tanto en el Parlamento como en la Fiscalía y el Poder Judicial.

Sólo una oposición unida podrá presentar una muralla impasable a las ansias dictatoriales del “Patrón del Quincho”, ya que tampoco existe mucha esperanza de que una disidencia colorada pueda hacer frente a la “Concordia” abdo-cartista en las internas de la ANR. Todo apunta a que, efectivamente, por lo menos hasta las municipales del año próximo se prolongará el “abrazo”, lo que se confirmará seguramente en la convención colorada del mes próximo. 

Pero lo cierto y lo concreto es que, hasta ahora, el clan ZI ha sido el más beneficiado con la “Cicatriz”, además, lógicamente, de Marito y el blanqueo fiscal de sus negociados pandémicos.

La dictadura de nuevo cuño

Pero no hace falta una Constituyente para refrendar el poder abdo-cartista. Ya lo han consolidado Horacio y Marito en su cogobierno, con los resultados que están a la vista. De hecho, HC ya ha madrugado a toda la oposición, tanto dentro como fuera de la ANR, con su verdadero “poder constituyente”.

Es solamente tener bajo control a la Corte, con lo que basta y sobra.

El plan perverso de impunidad de la “unidad” colorada tuvo siempre en realidad como objetivo la completa sumisión de la Justicia y la ciudadanía honesta del país a la nueva dictadura de políticos que responden a la nomenclatura oligárquica de la narcopolítica.

Mario Abdo se percató de la maniobra hace rato, pero lamentablemente se prestó a la operación “blindaje” para alzarse él mismo con un pedazo del manto de impunidad con el negociado de los insumos médicos y otras yerbas. Al dejar en manos de HC la última palabra sobre la integración de las listas coloradas, automáticamente trasladó el poder al quincho de la calle España y, por ende, el dictamen político para legisladores y ministros de Corte.

El presidente se ha convertido en un mero pasapapeles de Horacio Cartes y, peor aún, en un títere genuflexo en manos de la rosca fraudulenta que desea controlar todos los negocios legales e ilegales de la República, convirtiendo al Congreso en una aplanadora inexpugnable contra los intentos de la ciudadanía de llevar a la prisión a quienes son denunciados como los artífices de la corrupción generalizada que agobia al país.

El virus de la corrupción

Coincidente con las noticias alarmantes de la expansión del coronavirus en el mundo y en el Paraguay, la mayor conmoción para el país proviene de otro virus mucho más letal y aparentemente imbatible: el de la corrupción que está cimentada en la narcopolítica, cuyos tentáculos van envolviendo a la población paraguaya.

No es casualidad que la suspensión de Celeste Amarilla se da porque fue muy efusiva al delatar a más de la mitad del Congreso paraguayo ante la comunidad internacional como tributarios de los malolientes billetes de los narcos.

Ya no pasa desapercibido a la sociedad y a la comunidad internacional que bajo el ropaje de la “unidad” y el “consenso” para las listas únicas de la ANR en las internas partidarias y en las generales municipales, se esconde el plan diabólico de blindaje para parlamentarios con problemas en la justicia, entre ellos el impresentable Javier Zacarías Irún y detrás de él su clan familiar completo.

Tampoco para el presidente Marito Abdo ha pasado desapercibido el propósito oculto del mentado “abrazo” republicano con Horacio Cartes, que no es otro que tender un gran manto de impunidad en la República a los hechos de corrupción protegidos por la clase política, como son el padrinazgo del narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando y de paso el financiamiento al terrorismo, como saben muy bien las agencias norteamericanas.

Abdo también sabía que para él iba a ser un suicidio político anticipado caer en las redes de este pacto de no agresión para la protección de políticos sinvergüenzas, especialmente legisladores y en mayor escala aún el ínclito ZI, quien acumula varios procesos judiciales, pedidos de desafuero y una solicitud de renuncia de sus propios colegas, a los que, sin embargo, el senador miraba con una fea mueca de soberbia, posiblemente porque estaba seguro que iba a convertirse en el principal beneficiado del operativo de cicatrización

No es la primera vez ni tal vez la única, que en la transición democrática se acude a un pacto de gobernabilidad o de unidad colorada, con el consiguiente reparto de “utilidades” de los participantes, pero lo más llamativo en la Operación Cicatriz es el mensaje estremecedor que se quiere dar a entender, tanto a la Justicia como a la ciudadanía en general.

Demoler la Constitución

Los dueños del poder, no contentos con el control sobre los procesos de reparto de la torta tanto formal como informal de la economía, ahora pretenden volver al conocido trámite de la “certeza” constitucional, específicamente al exigir a la Corte Suprema su parecer e incluso su intromisión en artículos de la Constitución que son muy claros con respecto a las atribuciones constitucionales del Congreso.

En concreto, lo que se busca es contentar las ansias de poder total de HC.

El propósito de la “unidad” colorada viene a ser así como una demostración de fuerza ante los ministros de la Corte, para que éstos se convenzan que deben poner a disposición de la corrupta clase política una nueva especie de venia constitucional para el creciente poder de quienes buscan impunidad, como los diputados y senadores incursos en causas de corrupción, en primer lugar, y después cuando le toque el turno a Cartes para enfrentar algún pedido de extradición del exterior. O para cuando se le ocurra que por fin ha llegado el momento de pisotear la Constitución para convertirse en senador activo, en vez de senador vitalicio.