*Un total de 600 becas están habilitadas.

 

Como una apuesta importante de la administración del gobernador Roberto González Vaesken, la institución departamental realizó el jueves último el lanzamiento de las becas universitarias 2020. De la presentación del plan participaron todos los interesados, entre otros, padres de familia, docentes, representantes estudiantiles y autoridades departamentales, quienes se hicieron presente para conocer el proceso a desarrollarse para la adjudicación de las mismas. En total serán 600 becas distribuidas en dos tipos: Moisés Bertoni y Hermanas Speratti.

 

A partir del 17 de febrero se iniciarán las inscripciones para todos aquellos que
quieran acceder a una beca universitaria.

 

La finalidad del gobierno departamental es apuntar a la transparencia y que las ayudas económicas lleguen a los estudiantes en verdadera situación de vulnerabilidad. La sala de reuniones del ejecutivo departamental quedó chica debido a la presencia de decenas de personas, durante el lanzamiento del plan.

El secretario de Educación, Edgar Velázquez, fue el primero en dirigirse a los presentes, explicando que se puso a disposición de la ciudadanía todo el proceso para la obtención de las becas, con total transparencia.

“Es un trabajo conjunto con varias secretarías y sectores de la sociedad civil. Este proceso está estrictamente basado en las leyes. Menciono la Ley Nº 4.842, que regula las becas otorgadas por el Estado, la Ley Nº 1.397, que crea el Consejo Nacional de Becas y la Ley 4.945 de la Educación Superior. Por las directrices del gobernador, Roberto González Vaesken, todo este proceso está basado en la transparencia y legalidad”, indicó.

Por su parte, el secretario de la Juventud, Esteban Wiens, también agradeció la presencia de los jóvenes, que demuestran interés. “La apuesta del gobernador es la educación y también la descentralización y que los jóvenes accedan a estos beneficios”, destacó.

A su turno, José Ayala Cambra, jefe de Gabinete de la gobernación y uno de los encargados del proceso de las Becas Universitarias 2020, dijo que el 17 de febrero próximo se iniciarán las inscripciones electrónicas. “Estamos ordenando la casa, la gobernación, donde uno de los productos que tenemos son las becas universitarias. Esto es un logro de la comunidad universitaria y de la comunidad civil. Las becas se ajustan a la Ley y tenemos que cumplirlas”, significó.

Dejó claro que el proceso lo tratan de hacerlo de lo más transparente posible y con trazabilidad. “En estas becas ningún político podrá beneficiar ni perjudicar a nadie. El control podrán realizarlo todos. Y una vez más agradezco y felicito al gobernador, Roberto González Vaesken, por su visión y el compromiso para la educación”, remarcó.

Publicado en LOCALES

Escribe: Luis Alen.

Causó casi un rechazo general la nominación por decreto de quiénes serán las instituciones y los funcionarios que manejarán la renegociación del Anexo C de Itaipú e incluso de la posible revisión del mismo Tratado de la hidroeléctrica binacional.

Aunque resulta una atribución excluyente del Poder Ejecutivo, la citada revisión tendrá que basarse en irrebatibles argumentos técnicos, jurídicos y políticos. De allí la necesidad de que los negociadores posean una sólida formación académica y experiencia en la materia energética, así como en la macroeconomía con énfasis en la función estatal clave dentro del bienestar social general.

Pero no se puede dejar de mencionar que, como en toda negociación, las dos partes paraguaya y brasileña deberán ponerse de acuerdo en puntos esenciales, como es el caso del precio de la energía, los costos conjuntos a asumir para la generación eléctrica, junto a un aspecto insoslayable, como es la retirada de toda la energía del 50 por ciento que le corresponde a la parte paraguaya, y su reventa a cualquier comprador, sea éste nacional o de otra procedencia, incluso brasileña.

Otro tema no menos preocupante resulta la implicancia que tendrá en las tratativas el status de Eletrobras, la empresa del país vecino que contrata la energía de Itaipú y que está en proceso de privatización, lo que insinúa la posibilidad de un manejo mucho más empresarial y menos político en la binacional, en ambas márgenes, la cual tendrá que adecuarse a una nueva realidad de menores costos operativos con el fin de reducir al máximo el costo de la energía.

 

¿“Privatizar” la energía?

Los negociadores paraguayos estarán indudablemente sometidos al condicionamiento brasileño de reducir costos hasta más no poder, dada la tendencia a privatizar el proceso de utilización de la energía de Itaipú en el sistema interconectado del país vecino, que hoy utiliza prácticamente el 85 por ciento del total generado por la mega usina.

La reducción del precio de la energía, de los US$ 30xMWh actuales, en promedio, a un nivel de 6 a 10 US$xMWh, convendrá a los fines de desarrollo nacional, pero configurará serios retos tanto a la ANDE como para las arcas públicas de la nación, en razón de la necesaria readecuación de los costos administrativos y operacionales de la empresa estatal.

Por el lado de Hacienda, es seguro que se deberán rever algunos ítems en la parte de regalías y compensaciones, en vista de los costos menores de la generación, aunque el filón podría estar lógicamente en la reventa de la energía a precios de mercado mayorista en el gran escenario de consumo a nivel regional del Cono Sur, sin descartar que una parte de la energía sea utilizada también para acelerar el desarrollo industrial del país, no olvidando el imperativo uso mayor de Yacyretá, la otra gran represa de condominio paraguayo-argentino.

El Gobierno de Marito Abdo debería analizar si convendría o no un nuevo ente encargado de adquirir la energía de Itaipú y Yacyretá, con el fin de servir como administrador de un mercado mayorista en el cual la ANDE sea un operador minorista más, dejando de ser juez y parte como está ocurriendo ahora, y acceder así a un mejor funcionamiento del sistema, previa implementación del demorado ente regulador del sector eléctrico nacional.

Hasta se podría ir pensando también en una eventual privatización total o parcial de la ANDE, debido a la necesidad que existe de su mayor competitividad en el mercado, y atendiendo al exceso en sus gastos operativos superfluos, como son los beneficios extras al personal. Esto ayudará a eliminar la posibilidad que dichos sobrecostos, llegado el caso, puedan inhibir la ventaja que significarán los menores precios de la energía de Itaipú a los fines del desarrollo industrial.

El reto mayúsculo que entonces espera en la negociación no será tanto qué ventajas sacar de la negociación con la contraparte en lo referente al monto y al precio de la energía paraguaya que llevará el Brasil, sino, sorprendentemente, el grado de preparación del país para vender la energía que le corresponde a precios de mercado, toda vez que, por supuesto, el vecino se avenga a adquirir la electricidad a los valores fijados, previa reserva de la cantidad destinada al crecimiento de estratégicas industrias de exportación que aporten las divisas necesarias con miras a su reinversión en futuras generadoras energéticas renovables, tanto hidroeléctricas como fotovoltaicas y eólicas.

De que el Brasil necesita de Itaipú lo demuestra el elevado consumo de la energía, tanto de su parte como del monto que le corresponde al Paraguay, que realiza en estos últimos meses de verano y especialmente en las horas pico de mayor consumo. El consumo paraguayo también está llegando al monto límite disponible en 50 hertz (la mitad de propiedad nuestra) y es un hecho que los cálculos del acuerdo con Eletrobras de diciembre pasado, sobre la potencia media contratada, están siendo sobrepasados, lo que agrega un factor más a tener en cuenta en las negociaciones que vienen con Brasil, y que comenzarían este mismo año para terminarlas en 2023.

Lo definitivo en este contexto complicado de las negociaciones, es que hay que ir pensando en las medidas internas que hay que tomar para presentar a Brasil el hecho consumado de la plena capacidad de administración sobre el 50 por ciento de la energía que nos corresponde en la binacional.

Es el caso, por ejemplo, de ir afinando los números de un plan de inversiones industriales para la máxima utilización del excedente que aún tiene a su disposición el Paraguay, que desde 2023 tendrá que reservar totalmente para asegurar no sólo el crecimiento económico en los siguientes años sino el futuro bienestar de varias generaciones de paraguayos.

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La Fundación Tesãi recibió ayer jueves 30 de enero de 2020 un embargo preventivo, dispuesto por la jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Ferias de Ciudad del Este, Graciela Panza, en virtud de una intimación oficial para el pago de G. 29.725.922.900, en concepto de honorarios profesionales a favor de un abogado por un caso que data del 2005 y que guarda relación con el reclamo de crédito fiscal, según un comunicado difundido por la Itaipú.

 

La disposición judicial se da en el marco del juicio caratulado: “César Luis Gabino Puente Cuéllar c/ Fundación Tesãi s/ Medidas Regulatorias”, librándose dicha orden judicial sobre bienes de la Fundación Tesãi hasta cubrir la suma señalada más arriba.

La suma del embargo preventivo decretada por la jueza Graciela Panza, favoreciendo los intereses del abogado Puente Cuéllar, quien representó los intereses de la Fundación en la etapa final de los procesos, tiene origen en el Laudo Arbitral, emanado del Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, de fecha 30 de octubre de 2015.

De acuerdo con los antecedentes, la Fundación Tesãi abonaba el impuesto al valor agregado (IVA), cuyas devoluciones fueron solicitadas a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), logrando fallos favorables, debiendo percibir la suma de G. 13.697.101.301 en concepto de capital en fecha 09 de julio de 2010. Sin embargo, las autoridades de la Fundación TESÃI de ese entonces, cedieron este derecho a favor del Estado Paraguayo mediante Acta del 21 de enero de 2013.

El pleito judicial es de larga data y hasta la Procuraduría General de la República había advertido que el reclamo no corresponde, ya que el abogado no realizó los trabajos por los cuales exige la millonaria suma.

 

Preocupación

El Consejo Directivo y la Gerencia Ejecutiva se encuentran en estos momentos analizando la situación y su impacto, considerando que la Fundación Tesai presta servicios médicos y sociales a la comunidad, los cuales están comprometidos ante la medida judicial señalada.

La Fundación es una organización dependiente de la Itaipú Binacional, entidad de la cual recibe los fondos para su funcionamiento.

Publicado en EN DESTAQUE

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