Fiscala general no debe admitir impunidad de ZI Destacado

Escrito por  Publicado en LOCALES Miércoles, 26 Junio 2019 07:45
Fiscala general no debe admitir impunidad de ZI Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado / Javier Zacarías Irún, político cartista.

Escribe: Luis Alen.

El compromiso con la ciudadanía de la fiscala general, Sandra Quiñónez, se está poniendo a dura prueba por estos días, en que se juega la credibilidad de la titular del Ministerio Público, ya que puede acompañar la lucha del pueblo contra la corrupción o, en su defecto, guarecerse bajo el paraguas del acuerdo político pergeñado por Añetete, es decir Marito, junto al cartismo.            

 

Parecen ya lejanos los días de agosto del año pasado, cuando Abdo comenzaba su mandato con los mejores propósitos, con el anuncio de una lucha frontal contra la corrupción que lo permea todo en nuestra sociedad, al amparo de la protección política que le da cobijo al mismo tiempo al crimen organizado, a los tráficos y al lavado de dinero.

Se puede afirmar sin temor a equívocos que el gran beneficiado por el pacto de impunidad abdocartollanista, además de otros próceres de la corporación mafiosa de la política criolla, ha sido el hasta ahora senador Javier Zacarías Irún.

Pero así con más razón aparece la oportunidad para que la fiscala general, Sandra Quiñónez, demuestre su valentía en defensa de una sociedad decente, acelerando los pasos para que el clan ZI sea castigado de una vez por todas por las fechorías cometidas durante 17 años al frente de la comuna de Ciudad del Este.

En el caso de las múltiples chicanas judiciales que hasta ahora han interpuesto Javier y su clan para evitar ir a prisión, es un gran paso en contra de ellos la decisión de la Sala Penal de la Corte de dejar en manos de la fiscala Sandra el definitivo rechazo a las innumerables recusaciones a los fiscales y no ir hasta la máxima instancia del Poder Judicial, donde se hacían interminables los procedimientos para ganar tiempo con el fin de llegar a la extinción de las causas.

En ese sentido, la Corte le ha dado plena atribución a Quiñónez para romper el blindaje de los ZI, por lo que ya no tiene excusas para aplicar la ley contra un grupo familiar acusado de nada menos que siete delitos, sobresaliendo entre éstos el enriquecimiento ilícito y, en forma concomitante, el lavado de dinero.

 

El “criterio político”

Es cierto que la fiscala general puede aún acudir al “criterio político” y proteger a ZI y a otros actores políticos, cartistas, abdistas, llanistas o de cualquier otra facción de los partidos tradicionales, ya que para ello se ha armado la nueva entente de impunidad entre Marito y Horacio Cartes.

Pero en el caso del blindaje para los Zacarías Irún, la fiscala Sandra estaría traicionando a toda una comunidad, que como la de CDE votó contra la impunidad del clan, así como por el castigo ejemplar y por la recuperación de los bienes malhabidos.

La apelación de la fiscalía contra la decisión del juez Marino Méndez de archivar el juicio contra ZI por enriquecimiento ilícito, es un gran paso en la dirección correcta, así como otras medidas destinadas a romper el blindaje judicial tanto del clan esteño como de los otros políticos investigados por corrupción. Siempre que esto no sea una maniobra dilatoria más, hasta tanto el “criterio político” decida finalmente salvarle a ZI y a los demás.

Es lo que ha ocurrido precisamente con el mismo HC, quien salió beneficiado con el parecer fiscal según el cual no tendría que haber sido “molestado” para ir a declarar ante la comisión bicameral del caso del hermano del alma Darío Messer.

En un  parecer que podría sentar nefastos precedentes en cuanto a la misión constitucional de investigar que le incumbe a la comisión bicameral sobre el caso Messer y el lavado de dinero a gran escala, el fiscal Edgar Sánchez pidió al juzgado desestimar la denuncia por desacato contra HC, por no haber asistido a declarar ante los legisladores que lo citaron.

 

Lo que se aprecia así es que el pacto de impunidad se halla muy bien encaminado a otorgarle el blindaje definitivo a Cartes para evitar ser investigado, tanto por su gestión presidencial anterior como por los indicios de ilícitos en el marco de las investigaciones sobre contrabando, evasión, tráficos y lavado.

 

Marito ya no es “de la gente”

Un ofuscado Jefe de Estado tomó la palabra en Misiones, la semana pasada, para tratar de justificar el abrazo con el cartismo que diera lugar a la elección de las nuevas mesas directivas del Congreso y a la votación a favor de la reforma tributaria en el Senado.

La “unidad” mirando el futuro, y no el pasado, fue defendida por Marito, pero a expensas de haber bajado al mínimo su credibilidad ante la ciudadanía, a tal punto que se puede admitir que el aval “de la gente” ha perdido el presidente, en aras de otorgar la patente de corso a su antiguo enemigo de las justas electorales, HC.

El mismo Abdo Benítez enumeró los factores que le llevaron a desinflar su “caiga quien caiga” y, por ende, la posibilidad de investigar por múltiples acusaciones a Cartes, entre ellas también por lavado y sus vinculaciones con el caso Messer. Enfáticamente, Marito Abdo aludió a la criticada lentitud en la realización de obras, en momentos en que la economía necesitaba de la inversión estatal para salir del estancamiento y dinamizar de esta manera a la retraída inversión privada.

No faltaron las justificaciones por los problemas del clima o la complicada situación económica de la región sudamericana circundante, pero el exabrupto presidencial evidenció algo más que la frustración por la apatía gubernamental ante las carencias en salud (como la que señaló con firmeza uno de los que le precedieron en la palabra a Marito en el acto en cuestión)

Y es que para el sentir popular el presidente de la República se ha posicionado más bien como prisionero de HC y de la corporación política mafiosa, dejando de ser “de la gente” y olvidando el “caiga quien caiga”.

Y los ejemplos están sobre la mesa: no se animó a investigar a HC (tema Messer) y no ha podido llevar a la cárcel a ZI, pese a las múltiples evidencias contra éste. Ni siquiera ha podido sacarle del Senado.

En definitiva, el fracaso de Marito, en casi un año de gestión, no sólo es por la falta de respuesta adecuada a una economía debilitada, sino, peor aún, a la imposibilidad de armar un frente anticorrupción y contra la impunidad, en alianza con sectores políticos opositores progresistas, con el fin de sacarse de encima la pesada carga del cartismo y del zacariísmo.

 

Un “desastre” en el entorno

Para la gente, precisamente, es más rápido culparle al presidente de la incompetencia y dejadez de sus colaboradores, pero el “desastre ko Marito” es una consecuencia directa del estilo de gobierno que prefirió el presidente, al privilegiar un entorno de funcionarios llamados de entre las filas de sus más fieles dirigentes colorados que le acompañaron desde un principio en la arremetida contra HC.

Marito prefirió a los leales de Añetete y no privilegió a los técnicos que le podrían haber llevado a una mejor gestión. En el discurso del viernes en Misiones se pudo constatar su malestar por la falta de empuje del gobierno, mientras por otro lado la soledad del presidente se hace evidente cuando en el Parlamento siguen rifando el presupuesto al mismo tiempo que la Corte Suprema casi deja sin oxígeno a la caja fiscal.

Y ni hablar con la vinculación de su hermano Benigno López, ministro de Hacienda, en los chanchullos del IPS, desde el tiempo en que éste era titular de la previsional en los tiempos en que Horacio Cartes ejercía la presidencia y su equipo de gerentes comandaba el consejo de ministros a través del “primer ministro” Juan Carlos López Moreira, a su vez pariente cercano de la actual primera dama.

Todo se ha encadenado así para presionar sobre Marito y dejarlo en una incómoda posición de la soledad del poder, cuando la lapicera por sí sola no puede hacer nada desde el momento que no lo permite la corporación política mafiosa que controla la República.

Los buenos auspicios iniciales de lucha sin cuartel contra el narcotráfico y el crimen organizado, ahora se han opacado por las graves falencias de un sistema penitenciario totalmente colapsado y controlado por los grupos en disputa por el dominio de los tráficos, como el PCC y las demás organizaciones delictivas, ya sea la otra facción Comando Vermelho, también de origen brasileño, y los demás grupos locales que tratan de dominar los corredores de la droga y de otros negocios ilícitos.

Con las graves falencias de la propia administración carcelaria, se pudo constatar en efecto el “desastre” producido por dejar la gestión penitenciaria del gobierno en manos de gente incompetente, la mayoría de ellos provenientes de la militancia política más rancia, pero de poca experiencia para el control del sistema encargado de punir a los criminales.

Una prueba más del rumbo incierto del actual gobierno de Añetete, que ahora trata de guarecerse de las críticas bajo el techo protector del acuerdo con el cartismo y el llanismo liberal.

La cuestión está en el futuro que le aguarda al pacto, a pesar de que el propio presidente confía en que habrá una “paz partidaria y parlamentaria” por lo menos hasta junio del año próximo, cuando por la necesidad de armar nuevos espacios de poder en la ANR y de cara a las municipales, podría ya no tener vigencia el acuerdo.

Un dilema de hierro tendrá dentro de poco Marito, al tener que presentar las medidas destinadas a evitar que Paraguay vuelva a entrar en la lista gris de países que no colaboran en el combate al lavado de dinero internacional. La nueva evaluación del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana) tendrá lugar en setiembre, y hay que recordar el aviso proveniente del propio secretario de Estado de USA, Mike Pompeo, quien le advirtió a Marito que ya no quieren meras promesas o simples leyes bien redactadas, sino acciones concretas, como el caso de llevar a prisión a lavadores de dinero y sus protectores políticos, varios de ellos parlamentarios.

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Modificado por última vez en Jueves, 04 Julio 2019 14:34

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