El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) abrió una investigación preliminar sobre el blanqueo, por parte de la jueza Cinthia Garcete, al senador Javier Zacarías Irún y a su esposa Sandra McLeod de Zacarías, exintendente de Ciudad del Este, de dos acusaciones por casos de corrupción.

El titular del JEM, el senador Enrique Bacchetta (ANR, abdista), emplazó a la jueza Cinthia Garcete Urunaga a remitir las compulsas actualizadas del expediente N° 13/2019 caratulado “Sandra María McLeod de Zacarías y otros s/Lesión de confianza” dentro de 48 horas.

La investigación del Jurado fue abierta a raíz de publicaciones periodísticas que informaban del blanqueo de la pareja Zacarías-McLeod, pese a que se constataron el perjuicio a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este.

El lunes pasado, la jueza Garcete sobreseyó definitivamente al matrimonio Zacarías-McLeod y a otros ocho procesados al anular una acusación que señalaba un presunto desvío de G. 2.488 millones de la Comuna esteña. El exintendente Alberto Rodríguez (ANR, cartista), Carlos Bordón Bottino, dueño de la empresa de maletín Frontera Producciones; Juan Sanabria, exjefe de Prensa de la Comuna; y David Espínola, exdirector de Finanzas, también fueron blanqueados. Además, a los hermanos Dora, Gustavo, Lucía y Olga Rojas Espínola.

Según la investigación fiscal, el millonario monto fue desviado del presupuesto de publicidad institucional de la Municipalidad para destinar a la campaña electoral de la familia Zacarías en las internas coloradas de 2015 y 2017.

La jueza igualmente sobreseyó de forma definitiva al senador cartista y al exintendente interino de otra acusación por un caso similar, pero por un perjuicio de G. 1.211 millones. Mientras que McLeod y los otros siete procesados fueron beneficiados con el sobreseimiento provisional.

Si bien la Fiscalía tiene un plazo de un año para completar diligencias pendientes para eventualmente solicitar la reactivar la acusación por el daño de G. 1.211 millones. Pero la magistrada ya anuló las principales pruebas ofrecidas por el Ministerio Público para requerir la elevación de la causa a juicio oral y público.

Para beneficiar al clan Zacarías la jueza Garcete recurrió a una polémica doctrina. Sostuvo que la gestión de 2014 y 2015 de McLeod y Rodríguez ya fue juzgada por el Tribunal de Cuentas y que no puede ser estudiada nuevamente, pese a que se detectaron casos de corrupción. Aunque reconocidos juristas disienten de la postura de la jueza.