Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, de tan sólo 30 años de edad, hizo lo que hasta hoy no ha hecho ningún otro intendente del país, donde desafiando a un sometido poder judicial y fiscalía, salió a la calle a defender los intereses de la comuna y de la ciudadanía de esta capital departamental.

 

 

Intervención de la Terminal de Ómnibus.


Uno de los símbolos de la corrupción y prepotencia del clan
Zacarías derrumbada por orden municipal.

 

Apenas hace 5 meses que asumió como intendente y ese corto tiempo bastó para que Prieto demuestre carácter y poder de decisión ante una gigantesca muralla que se le interpone y que se llama corrupción, nefasta herencia dejada por todos lados de la ciudad por el clan Zacarías, hoy con varios de sus miembros, incluyendo a Javier Zacarías, su hermano Justo, su esposa Sandra McLeod, entre otros, investigados por diversos hechos ilícitos.

El joven “rebelde” lord mayor paranaense era consciente con lo que se enfrentaría, cuando por primera vez, aquel 16 de mayo del 2019 ingresó al despacho de su antecesora, la hoy imputada McLeod. Estaba pisando en terreno fangoso, regado de corrupción, prepotencia, descalabro financiero y laberinto sin fin, producto de casi dos décadas de administración tramposa de los Zacarías.

Prieto, al tomar las riendas de la destartalada comuna esteña, no podría esperar milagros para revertir el descalabro institucional. Tenía que entrar a accionar y así lo hizo desde el primer día, comenzando a dar señales de vida clara, de lo que quería y de lo que debía hacer.

Comenzó con la toma de la Terminal de Ómnibus, que estaba en manos privada por más de 30 años y cuyos recursos iban a parar en bolsillos de un grupo de empresarios golondrinas, amigos de Javier Zacarías. Aquí no tuvo acompañamiento de la justicia, pero siguió en frente y hoy 500 millones de guaraníes al mes ingresan a las arcas comunales. Este fue el primer gran “golpe”, con lo que  demostró su carácter y temple. Además era un claro mensaje para aquellos que querían seguir con el viejo esquema clientelista.

Luego vino el desmantelamiento de la dependencia más corrupta de la municipalidad, la Dirección de Tránsito, donde dejó cesante a casi 60 agentes, acostumbrados a la “coima” y a la recaudación paralela para la corona. Y, finalmente, este jueves 3 de octubre se produjo el hecho que pasará a la historia resaltante de esta ciudad, cuando por orden del mismo joven “rebelde” Miguel Prieto se dispuso el derribo de una garita que estaba frente a la residencia de Javier Zacarías Irún, y que por sí sólo constituía un símbolo de la corrupción y prepotencia del jefe de un clan, que manejó esta ciudad fronteriza a su antojo.

Con estas tres intervenciones importantes tomadas por la administración de Prieto, dan una señal clara de que el intendente paranaense no está dispuesto a tolerar a nadie, llámese Zacarías u otro ciudadano, que actúe al margen de la ley.

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Escribe: Luis Alen.

El episodio reciente de la “exportación” de energía paraguaya de Yacyretá, por parte de la Argentina al Brasil, a precios de mercado que doblan o triplican el costo de la electricidad adquirida de la central binacional, pone nuevamente al descubierto la fracasada estrategia en el manejo de nuestra riqueza energética.

En forma llamativa, y después de la inmediata reacción del lado paraguayo de la EBY por medio de un furibundo comunicado de rechazo a la operación encubierta, la empresa encargada del sistema interconectado argentino, Cammesa, dejó de enviar el fluido eléctrico a través de la convertidora de Garabí, explicando que sólo estaba realizando un “intercambio” con su par brasileño después que éste también exportara a Argentina volúmenes similares de cerca de 1.000 MW hace unos meses, y que provocara, dicho sea de paso, un colapso de las líneas argentinas que desembocó en el apagón generalizado del domingo 16 de junio.

Es de todos modos relevante que se haya producido un “progreso” en la actitud paraguaya con la denuncia inmediata, que difiere en sumo grado de posiciones anteriores condescendientes y cómplices que admitían sin discusión el traspaso de la energía que le corresponde a nuestro país en el emprendimiento binacional.

Este aprovechamiento “oculto” a precios de mercado y en contradicción a lo que expresa el Tratado de Yacyretá sobre el uso reservado sólo a los socios condóminos, pone en evidencia la increíble falta de patriotismo y de inteligencia en el uso del principal recurso económico paraguayo, lo que no debería quedar a partir de ahora en el folclórico “opa rei” (aquí no ha pasado nada)

De hecho, lo que no convence es que no se pasa de la mera denuncia, tanto en Yacyretá como en Itaipú, y en este último caso después de la anulación de la desastrosa acta bilateral de mayo pasado. Porque el Paraguay así se presenta como el perro del hortelano, “que no come ni deja comer”, es decir, al mantener ociosas grandes cantidades de energía potencialmente convertibles en un gran negocio para sacar al país de la pobreza y la postración de siglos.

Tomando como ejemplo los 1.000 megavatios (MW) de potencia vendida al Brasil por parte de Yacyretá, así como la misma cantidad que habría involucrado la famosa negociación frustrada de venta de la energía de la ANDE en Itaipú a la Leros Distribuidora de Sao Paulo, por un mínimo de precio equivalente a US$ 90 MWh, este valor en solo un mes puede significar alrededor de US$ 60 millones, que descontando el costo de la energía retirada de las represas, de igual forma implicaría la mitad de dicho monto, lo que anualmente arrojaría la no despreciable suma de US$ 360 millones.

Multiplicando por 8 esta facturación posible, en atención a la potencia que es propiedad del Paraguay en las represas binacionales, se llega a casi US$ 3.000 millones, una cifra muy diferente a la recibida ahora en términos de compensación por la energía “cedida”, que es un eufemismo introducido en los tratados como signo de la claudicación alevosa de la dictadura stronista ante los gobiernos vecinos de la década del 70.

 

Inversiones paradas

Se sabe perfectamente que el Paraguay debe realizar grandes inversiones para poner en condiciones su red eléctrica con el fin de llegar a poseer la capacidad para consumir toda la energía que le corresponde, tanto en Itaipú como en Yacyretá.

De que todavía está lejos dicha posibilidad lo constata la información sobre la anulación del presupuesto 2020 de la ANDE, por parte de Hacienda, de una partida de US$ 270 millones para la construcción de las dos líneas de transmisión de 500 kV entre Itaipú y Minga Guazu, de 60 kilómetros cada una, además de su correspondiente subestación, destinadas a posibilitar el retiro del 50 por ciento de la energía de la represa paraguayo-brasileña.

Tal como ya habíamos advertido en esta misma columna hace algunas semanas, la ANDE no se encuentra preparada para afrontar las grandes inversiones, y si se embarca en los proyectos, estaría indudablemente distrayendo recursos estatales que son necesarios en otras áreas sociales, como salud y educación. Por lo que sugeríamos dejar en manos de la iniciativa privada la posibilidad de acometer el desafío de usar la energía con fines de industrialización en nuestro territorio, previa reforma del sistema eléctrico con la incorporación del mercado mayorista y la desmonopolización del sector.

Los grandes capitales internacionales se mostrarían inmediatamente interesados en la inversión, más aún cuando la energía limpia y renovable paraguaya se irá cotizando cada vez más en los próximos años, atendiendo a la urgencia de reducir las emisiones de carbono en la atmósfera y con el fin de industrializar el almacenaje de la energía en las baterías para la movilidad eléctrica, así como por la posibilidad de la electrólisis para la producción de hidrógeno, la energía del futuro.

No hace falta incluso esperar a 2023 para plantear al Brasil una salida favorable para las dos partes con el objetivo de maximizar los beneficios de la electricidad de Itaipú, que será muy cotizada en términos de mercado en los próximos años, cuando su costo sea muy exiguo una vez que haya amortizado toda su deuda. Lo mismo debe plantearse en el caso de Yacyretá, tomando el primer paso de solicitar la anulación del acuerdo Cartes-Macri de 2017, con la perspectiva de la renegociación con el nuevo gobierno que podría surgir en Argentina el 27 de octubre.

Es el momento propicio entonces para “nacionalizar” nuestra energía en las dos represas, ya que ni siquiera el texto actual de los tratados lo prohíbe, y en el caso que los gobiernos vecinos se opongan, están los organismos y cortes de justicia internacionales que podrán darnos la razón, más aún cuando se trata de la plena soberanía sobre las aguas y la energía producida a partir de ellas, que es un derecho inalienable que no contradice ni siquiera la letra de los instrumentos firmados hace casi 50 años.

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La Asociación de Exbecarios de Taiwán del Alto Paraná observa con preocupación el condicionamiento de la República Popular China para con nuestro país. Sobre este punto, los ex becarios tienen una posición firme y clara, de que el gobierno de Mario Abdo Benítez no debe ceder a la “presión y chantaje”, porque de lo contrario eso significaría claudicar a la soberanía nacional.

 

La amenaza de los chinos “rojos” sobre la República de China, Taiwán, data desde décadas, buscando impedir que aparezca en los conciertos internacionales, como una nación libre y soberana. Constantemente trata de bloquear que Taiwán mantenga relaciones diplomáticas con otros países, como en el caso de Paraguay, cuya relación bilateral es de 62 años de vigencia, señalan los ex becarios.

La presión de China Continental volvió al tapete en las últimas semanas, tras una declaración del señor Fernando Serrati, titular de la Asociación de Productores de Carne, quien dijo que el gobierno chino puso “condicionamiento” al Paraguay, en romper relaciones diplomáticas con Taiwán, para así establecer la compra del producto cárnico, además para buscar concretar otros negocios comerciales.

Los exbecarios altoparanaenses resaltan, que en los 62 años de relaciones bilaterales con la República de China (Taiwán) han sido sumamente positivos y beneficiosos para el Paraguay, como ser las exportaciones a ese importante mercado asiático, cooperación tecnológica, técnica, cultural, y especialmente, la asistencia financiera en importantes proyectos, preferentemente, sociales, que permitieron generar beneficios a poblaciones de áreas rurales y de escasos recursos.

Los ex becarios, que tuvieron la oportunidad de visitar ese creciente país asiático, observan con expectativa sobre la presión que viene ejerciendo China Popular sobre el gobierno de Abdo Benítez. En ese sentido, instan al presidente de la República a resolver este impase con la serenidad que le caracteriza y siempre teniendo como premisa primera la larga relación bilateral y de amistad con la República de China, Taiwán.

Finalmente, la Asociación de Ex becarios del Alto Paraná, a través de un escrito,  sentará posición sobre la “clara amenaza” de China Popular, donde cuyas copias harán llegar al Consulado de China, Taiwán en Ciudad del Este y a la Embajada, en Asunción, informaron.

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El polémico ex director de Tránsito de la municipalidad de Ciudad del Este durante la administración de la destituida e imputada intendente Sandra McLeod, el ex militar Carlos Florenciáñez, en la mañana de hoy buscó impedir que se lleve a cabo el derrumbe de la ilegal caseta, que estuvo por muchos años sobre la vereda, en frente de la residencia de Javier Zacarías Irún, y que servía de refugio para el personal de seguridad, que cuidaba de la familia y la vivienda.

 

 

Vestigios de lo que era antes la caseta de seguridad frente a la 
vivienda de Javier Zacarías.

 

A tempranas horas de hoy jueves, una comitiva de la División de Fiscalización de la Municipalidad de Ciudad del Este, conjuntamente con el propio intendente Miguel Prieto, se constituyó para el procedimiento de derribo de la “garita”, momento en que el iracundo ex director de Tránsito, Florenciáñez, apareció con un macizo hierro en la mano, buscando amedrentar e impedir que los funcionarios comunales ejecuten la orden. Sin embargo, el mismo no logró su cometido, donde finalmente con un tractor se procedió a la destrucción de la caseta.

El tristemente célebre Florenciáñez es conocido en la sociedad esteña como garrotero, en su tiempo libre y como “coimero” en su actividad profesional de director de Tránsito. Hay que recordar, que hace 6 años atrás aproximadamente, tras un rosario de denuncias de corrupción en contra del mismo, la entonces jefa municipal, Sandra McLeod, decidió apartarlo del cargo. Pero no pasó un año para reincorporarlo a la función, porque habría disminuido bastante la “recaudación paralela” para la corona.

El ex militar, hoy quiso, como siempre, demostrar fidelidad a su “jefe”, pero no tuvo éxitos en su intento, porque hoy en Ciudad del Este soplan nuevos aires, y el clan Zacarías ya no controla la justicia y ni los otros poderes fácticos en esta zona fronteriza de la república. Apenas quedaron vestigios de aquellos años, donde este clan familiar hacia lo que quería, y en que varios jueces y fiscales se arrodillaban ante ellos. Florenciáñez al darse cuenta que no iba prosperar su amedrentamiento, dijo que él era “respetuoso de las normas jurídicas” y desistió de su canallesca idea.

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