Escribe: Luis Alen.

El nuevo gobierno del Brasil ha venido con todo su potencial político y técnico para proponer al gobierno paraguayo lo que considera debe ser el nuevo esquema de gestión financiera en la entidad binacional Itaipú.

Una ventaja para nosotros es que ya sabemos la hoja de ruta que los socios en el mega emprendimiento energético van a tratar de imponernos, como la rebaja en el precio de la electricidad y, por consiguiente, en el costo operativo de la usina, aparte de que en lo demás dentro del Tratado de 1973, prácticamente desean que todo siga igual, como el caso de la “cesión” a ellos de la energía no consumida en el Paraguay y la imposibilidad de vender el excedente a terceros países.

La desventaja nuestra radica, como siempre ha ocurrido en los 50 años de vigencia del acuerdo y la operación de Itaipú, en que carecemos de la voluntad política de sacudirnos de la virtual entrega de nuestra soberanía en una empresa que debe ser encarada como el principal instrumento económico para que el país salga de la pobreza y el atraso de siglos.

Los sucesivos gobiernos de estas cinco décadas, tanto la dictadura stronista como los de la era democrática, han utilizado Itaipú y la represa paraguayo-argentina de Yacyretá, como un coto de caza y enriquecimiento fácil de los políticos de turno, sin que se hayan generado las condiciones para un manejo desarrollista y totalmente transparente de los ingresos genuinos conseguidos a través de las hidroeléctricas y que son de propiedad de todos los paraguayos.

Un ejemplo bastante oprobioso constituyen los enormes recursos del Fonacide, que son decenas de millones de dólares que anualmente se dilapidan en los canales fraudulentos del clientelismo político, pero en nombre de la educación, y cuya inversión en obras a favor de los niños y jóvenes en la mayoría de los casos no se conoce e incluso ni siquiera existe una rendición de cuentas de las gobernaciones y municipios a los que se destina.

A todo ello se suman los famosos “gastos sociales y ambientales”, además del presupuesto abultado en sueldos y otros beneficios a una plantilla de personal supernumeraria en las entidades binacionales, con salarios que son de otro planeta en comparación a las escuálidas remuneraciones del pueblo común tanto en el sector público como en la empresa privada.

Terminar con el manejo “político”

Como parte de la estrategia de soberanía y defensa de los recursos financieros paraguayos en la binacional Itaipú durante la próxima negociación de cara a 2023, el primer paso a dar debe ser el corte de los gastos superfluos y sin rendición de cuentas, de parte de los “políticos”.

Los ingresos del país en las entidades binacionales deben regirse por los principios económicos de la gestión empresarial del sector privado, con una usina cuyos costos deben ser rebajados a un nivel mínimo que garantice nada más que su operatividad sin contratiempos, así como el mantenimiento adecuado de las máquinas.

Ante la tendencia de ir bajando el precio de la electricidad, que es la meta de los brasileños, el Paraguay debe promover inmediatamente una estrategia de crecimiento sostenido del consumo nacional, especialmente en la industria, mientras que en el precio de la energía exportada a los vecinos, tanto a Brasil como a Argentina, sin excluir a otros países de la región, el gobierno de Marito Abdo debe plantearse desde ya la “nacionalización” del 50 por ciento de la energía que le corresponde al Paraguay, creando a la vez un mercado mayorista de la electricidad para su transferencia posterior a precios vigentes en el mercado de los países de la región sudamericana del Cono Sur.

Este manejo transparente de la propiedad de todos los paraguayos no debe descartar la asociación público-privada, siempre con mayoría del Estado en un 51 por ciento, para promover una mayor utilización de la energía en el país, como asimismo su exportación, pero a precios reales de mercado, y no como ahora con la “cesión” a Brasil o a la Argentina a precios muy por debajo de los vigentes en las líneas de transmisión y distribución de la región.

Sólo así se podrá decir que el Paraguay ha recuperado plenamente la soberanía en los emprendimientos binacionales del río Paraná, pero proponiendo antes que nada un cambio sustancial en la forma en que se gestionan actualmente los recursos que llegan al país por el pago de la electricidad cedida.

En la medida en que vayan aumentando los fondos recibidos a partir de 2023, también el Paraguay deberá ir incrementando a pasos gigantes la transparencia necesaria en el uso de dichos recursos.

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Miércoles, 06 Marzo 2019 15:23

Cabañas saldrá a captar votos ulisistas

Luego de que los apoderados del movimiento Dignidad y Firmeza, que lidera el recluido diputado Ulises Quintana, quien declinó de su precandidatura, haya anunciado que liberaba a los dirigentes de base de este sector para que apoyen al postulante de su preferencia, el precandidato de Colorado Añetete a la intendencia Municipal de Ciudad del Este, Wilberto Cabañas, anunció que buscará y dialogará con los seguidores de Quintana.

La carrera electoral para las internas del próximo 24 de marzo es muy corta y, en tal sentido, Cabañas indicó que tiene una apretada agentada electoral, pero que buscará la forma de reunirse con los seguidores del diputado Ulises Quintana que se encuentran en las 16 seccionales para pedirles respaldo a su candidatura.

El postulante manifestó que, de hecho, ya comenzaron el lunes último las conversaciones con varios dirigentes de base del movimiento Dignidad y Firmeza y posteriormente comenzó el trabajo de visitar a los de este sector. “Voy a dialogar con todos los dirigentes de base que estaban apoyando la candidatura de Ulises Quintana. Nos conocemos todos y somos amigos, por lo tanto, voy a reunirme con ellos”, expresó Cabañas.

No obstante, existe un malestar de los adherentes de Ulises Quintana por la falta de respuestas por parte del gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken, quien renunció a la jefatura de campaña de Wilberto Cabañas, pero respalda y trabaja de cerca con el aspirante al sillón municipal. “De hecho ya estamos trabajando con varios dirigentes de Dignidad y Firmeza y, lógicamente, solo dialogando vamos a superar los inconvenientes, que creo no son muy graves, sino simple malos entendidos. Roberto González es una muy buena persona que quiere ayudar a la gente, lastimosamente no está pudiendo responder a las inquietudes de los diferentes sectores, pero estoy seguro que apenas pueda, responderá “,  enfatizó.

El precandidato de Añetete valoró el gesto del parlamentario recluido en el penal militar de Viñas Cué al declinar su precandidatura y aseguró que tomó el compromiso de buscar, dialogar y trabajar con los seguidores de Ulises Quintana, señaló.

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Escribe: Luis Alen.

Después que el encarcelado diputado Ulises Quintana ha descabalgado de su candidatura a intendente de Ciudad del Este, se han calmado las aguas en Colorado Añetete respecto a los nubarrones de inestabilidad política que presagiaban los críticos al oficialismo, incluso dentro de la ANR, pero el paso al costado del legislador sólo ha puesto más en evidencia la jugada de la fiscalía y de sectores del mismo gobierno abdista, con la increíble demora para llevar a su vez a la cárcel a Javier Zacarías Irún y a su clan familiar.

Por un lado, los fiscales al mando de Sandra Quiñónez salieron con la suya al continuar manteniéndole preso a Quintana, con lo cual le embarraron al máximo la cancha para su postulación en los comicios próximos, con el agregado de no tener casi pruebas contundentes para acusarlo eventualmente ante un tribunal de sentencia.

Quiñónez fue así plenamente funcional a los dictados de Javier Zacarías Irún y del cartismo, para dejarlo fuera de combate a Ulises, un acérrimo crítico del clan y del maridaje HC-ZI, pero la fiscalía ha quedado ahora en evidencia que hace lo contrario con los Zacarías, pues hasta el momento no se ha animado en enviar a la cárcel tanto a Javier como a su esposa Sandra McLeod, por las graves acusaciones de la comisión de delitos sobre la base a denuncias de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y asociación criminal.

Un sinnúmero de pruebas contra ZI y su parentela obran en las carpetas fiscales, pero en forma notable el Ministerio Público de Sandra Quiñónez no ha procedido a la detención de los indiciados. La persistencia de los fiscales en la prisión preventiva de Ulises sin arrimar las pruebas de las acusaciones contra él, contrasta así con la “benevolencia” hacia el clan ZI.

 

Inconsecuencia oficial

Ahora que el caso Quintana ha tenido un evidente giro favorable para que el presidente Mario Abdo muestre a propios y extraños que mantiene su palabra de la lucha sin cuartel, “caiga quien caiga”, contra el narcotráfico, el lavado de dinero y todos los tráficos habidos y por haber, salta también la incoherencia de ciertos exponentes del gobierno con respecto a la reacción suscitada en torno a la candidatura de Ulises a la intendencia de CDE.

Es lo ocurrido con la titular de la Seprelad (Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Activos), María Epifanía González, que después de una reunión con el presidente de la República en el Palacio de López, advirtiera que Ulises preso por lavado y candidato a intendente, podría enturbiar eventualmente la posibilidad de pasar el examen al que será sometido el país desde el mes de abril de este año, por parte del GAFI Lat (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana), una organización supranacional que se encarga de monitorear la cooperación de los gobiernos en la lucha antilavado y que tiene siempre la atenta mirada de las agencias norteamericanas del sector, entre ellas la Secretaría del Tesoro del gobierno de Donald J. Trump.

Pero la misma vara no usó María Epifanía para medir la actitud diletante de la fiscalía en la investigación sobre el clan Zacarías, que sí cuenta con pruebas contundentes de lavado y enriquecimiento ilícito, siendo uno de los casos más emblemáticos de procedimientos  irregulares con fondos públicos y privados que surten la gran lavandería en que se ha convertido el Paraguay, por obra y gracia de una clase política metida hasta los tuétanos en los manejos perversos no transparentes de protección a la criminalidad financiera procedente de los traficantes y contrabandistas de todo pelaje que pululan en el país.

Mientras tanto, la fiscala general, Sandra Quiñónez, fue prácticamente "condecorada” por el gobierno norteamericano en homenaje a su supuesta posición irreductible contra el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de influencias de los políticos, pero sin embargo la misma fiscalía de Quiñónez sigue sin moverse en el caso del clan Zacarías y del mismo HC por sus relaciones con el “doleiro” brasileño Darío Messer.

Ahora la titular del Ministerio Público tiene una nueva pulseada con el contralor general, Enrique García, a quien también se le está investigando por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, con lo cual se sospecha que podría armar una nueva “cortina de humo” con tal de hacer pasar el tiempo y distraer a la opinión pública para no enviar a la cárcel al clan Zacarías.

Pero el gobierno de Marito no puede continuar permitiendo más dilación en la investigación a ZI y a Horacio Cartes. En el caso de éste último, debe acelerar los pasos en la investigación sobre las conexiones del expresidente y su grupo empresarial financiero con la gran lavandería de dinero de Darío Messer, llamándole a declarar a HC ante la comisión bicameral que preside su archienemigo el senador Rodolfo Friedmann.

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La empresa Puertos y Estibajes S.A., que administra el Puerto Fénix de Mariano Roque Alonso, se opone a un juicio de deslinde que le promovió un vecino lindero porque teme quedar en evidencia que ocupa varias hectáreas de tierra fiscal adyacente al recinto portuario, según fuentes judiciales.

El caso litigioso se lleva en el juzgado en lo civil de Luque, a donde fue a recalar el proceso por decisión de la Corte Suprema, pero Puerto Fénix no acepta la jurisdicción y trata de entorpecer los trámites hasta el punto de contar con el beneplácito de algunos organismos oficiales como la Procuraduría General de la República y la Prefectura Naval de la Armada Nacional.

Salta a la vista la gran protección político-judicial de la empresa portuaria, e incluso se habla que el expresidente Horacio Cartes estaría influyendo para que se trabe al máximo la investigación judicial, porque se podría descubrir in fraganti que Puerto Fénix esté en parte ubicado sobre terrenos del Estado, específicamente de la municipalidad de Mariano Roque Alonso.

¿Cartes en Puerto Fénix?

El expresidente Horacio Cartes estaría vinculado al holding empresarial que maneja Puerto Fénix, de Mariano Roque Alonso (Central), conocido en la jerga naviera como el “Puerto Narco” por las sucesivas incautaciones de drogas ocurridas en la instalación portuaria, según las fuentes.

La información surgió como resultado del juicio que lleva adelante Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, con domicilio en la ciudad de Hernandarias (Alto Paraná), en una demanda de deslinde del condominio que posee con el abogado Alfredo E. Wagener, de una propiedad lindante al norte del Puerto Fénix, a orillas del río Paraguay.

El denunciante acusa a los directivos de Fénix S.A., Julio Martínez Trueba y José Fassardi, de fabricar un título falso en connivencia dolosa con funcionarios de la municipalidad de Mariano Roque Alonso, para así supuestamente burlar a posibles interesados en la compra de la propiedad ubicada en el lindero norte del puerto citado, sobre la hidrovía, a quienes se les indica en forma fraudulenta que el terreno ya habría sido adquirido por la empresa portuaria.

Ramírez Alvarenga también denuncia a directivos de otros puertos vecinos, como San José y Caacupemí, del avasallamiento de su propiedad, e incluso afirma que en forma artificial han armado una “Res Litis” para despojar al legítimo propietario del valioso inmueble, sin pagarle un solo centavo.

Despojo en época de HC

El despojo a Ramírez Alvarenga se habría ya urdido cuando aún fungía Horacio Cartes como presidente de la República, quien estaría vinculado al holding de Puerto Fénix a través del abogado Pablo Livieres Guggiari, quien es el vicepresidente de la firma a partir del año pasado, ejerciendo siempre la presidencia el ingeniero Julio Martínez Trueba, el antiguo directivo de la citada empresa portuaria.

La expansión de las operaciones portuarias del complejo Fénix-Caacupemí-San José se estaría realizando con la exhibición de títulos falsos e incluso en abierta violación de la Ley 3001/06, de Servicios Ambientales, que obliga a las obras con alto impacto ambiental a realizar compras de certificados de la Seam, como el caso de los puertos.

Publicado en LOCALES

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