El gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken, en una sesión especial celebrada en Asunción, fue electo nuevo presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay, reemplazando en el cargo a Carlos Giménez, gobernador de San Pedro, quien había asumido el cargo en agosto del 2018.

La elección para el nuevo titular del Consejo de Gobernadores se realizó con dos candidatos, González Vaesken y Giménez, que buscaba ser reelecto. Pero de los 17 gobernadores, 9 votaron por el gobernador del Alto Paraná, y 6 dieron su apoyo a Giménez, y dos se abstuvieron de emitir su parecer al respecto.

De esta manera la máxima autoridad regional del décimo departamento acrecienta su liderazgo a nivel del Alto Paraná y nacional, atendiendo el gran respaldo que recibe González Vaesken por parte de sus demás colegas gobernadores. El gobernador altoparanaense ha protagonizado un meteórico ascenso político. Para acceder al cargo de primera autoridad departamental, González Vaesken, batió al clan Zacarías, que durante 18 años manejó los hilos del poder en esta zona fronteriza de la república. Hoy es mirado con respeto, con futuro promisorio en el contexto político nacional.

Fines

El Consejo de Gobernadores persigue varios fines, entre otros, se destaca el fomento del bien común a través de la unidad, confraternidad y asistencia social, para la implementación de los programas de ayuda, la ejecución de proyectos que multipliquen la eficiencia de los mismos, en los diversos distritos del país.

Igualmente buscar promover el desarrollo socio-económico y cultural en las 17 gobernaciones, en estrecha colaboración con el Gobierno Nacional y Juntas Departamentales. A esto se suma para que haya una reciprocidad entre los gobernadores, como las demás autoridades nacionales e internacionales, que permitan el cumplimiento de los objetivos e intereses del Consejo.

Descentralización

Entre los objetivos figura un tema sensible y neurálgico, la descentralización político-administrativa ante todos los estamentos de la sociedad, defendiendo y promocionando mayores logros, principalmente, en cada región del país, y que el desarrollo no sólo se dé en la zona central y capital de la república, señala.

Asimismo, la defensa de los Derechos Constitucionales, donde se buscará apoyar y llevar a cabo la Defensa de los Derechos y Garantías consagrados en la Constitución y en las Leyes de la Nación, y a las personas de bien que conforman la comunidad departamental y estén enmarcados dentro de los fines del Consejo. Estos son entre otros los intereses que persigue el Consejo de Gobernadores, cuya presidencia ahora recayó sobre Roberto González Vaesken.

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El candidato a intendente de Ciudad del Este Teddy Mercado aseguró  que otra de sus prioridades, en caso de acceder a la titularidad del ejecutivo municipal  esteño, será prestar la máxima atención y trato digno a las personas de la tercera edad, que hoy en día están abandonados a su suerte y muchos deambulan por los pasillos de las instituciones públicas del país en busca de soluciones y de una pensión justa.

 

En ese sentido destacó que en su momento, fue propulsor de la Secretaría de la Tercera Edad en la Junta Municipal y ahora, con el proyecto que se tiene en el Congreso, se pretende que todos los adultos mayores a partir de los 65 años puedan cobrar sus pensiones, sin distinciones de credo, colores, ni de ninguna laya, aseveró.

 “Todos los paraguayos y paraguayas merecen tener una vida digna, una vejez sin sobresaltos y desde el cargo que aspiramos estaremos velando y luchando por ese propósito para nuestros ancianitos de Ciudad del Este”, manifestó Mercado. 
Hugo Allende, titular de la Secretaría de Atención a Personas de la Tercera Edad, recordó al respecto que bajo la presidencia de Teddy Mercado se logró la creación de dicha repartición, logrando importantes beneficios para los abuelitos, pese a la interferencia del clan Zacarías, que prácticamente secuestró y se “apoderó” del pago de las pensiones, politizando, estafando y mintiendo a muchísimas personas ancianas. “La Junta Municipal es la autoridad competente para la aplicación de este derecho de los abuelitos”, remarcó el intendentable liberal.

Los cercanos colaboradores del candidato a intendente, destacaron que gracias a Teddy Mercado la secretaría nació, creció y se fortaleció, pese a la nefasta intervención de los Zacarías, recordó Allende.

“Se distribuyeron más de 1.500 tarjetas y hoy tenemos 2.500 inscriptos que están aguardando el censo. Estamos seguros que, si Teddy llega a la intendencia, esto estará bien encaminado y los abuelitos de nuestra ciudad tendrán una vida más digna”, significó el responsable de la secretaría, de profesión abogado.

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El expresidente Horacio Cartes estaría moviendo sus influencias en el Poder Judicial para evitar que el Puerto Fénix, o “Puerto Narco”, pierda un juicio y deba devolver tierras fiscales que presuntamente ocuparía, según informes judiciales.

 

Es que un pedido de mensura y deslinde, actualmente en el juzgado de Luque, podría comprobar que efectivamente la empresa Puertos y Estibajes S.A. expandió sus límites a expensas de terrenos fiscales.

HC formaría parte del holding empresarial que maneja Puerto Fénix, de Mariano Roque Alonso (Central), conocido en la jerga naviera como el “Puerto Narco” por las sucesivas incautaciones de drogas ocurridas en dicho recinto portuario, indicaron fuentes judiciales.

La información surgió como resultado del juicio que lleva adelante Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, con domicilio en la ciudad de Hernandarias (Alto Paraná), en una demanda de deslinde del condominio que posee con el abogado Alfredo E. Wagener, de una propiedad lindante al norte del Puerto Fénix, a orillas del río Paraguay.

El denunciante acusa a los directivos de Fénix S.A., Julio Martínez Trueba y José Fassardi, de fabricar un título falso en connivencia dolosa con funcionarios de la municipalidad de Mariano Roque Alonso, para así supuestamente burlar a posibles interesados en la compra de la propiedad ubicada en el lindero norte del puerto citado, sobre la hidrovía, a quienes se les indica en forma fraudulenta que el terreno ya habría sido adquirido por la empresa portuaria.

Ramírez Alvarenga también denuncia a directivos de otros puertos vecinos, como San José y Caacupemí, del avasallamiento de su propiedad, e incluso afirma que en forma artificial han armado una “Res Litis” para despojar al legítimo propietario del valioso inmueble, sin pagarle un solo centavo.

 

Durante el gobierno de HC

El despojo a Ramírez Alvarenga se habría gestado cuando aún fungía Horacio Cartes como presidente de la República, quien estaría vinculado al holding de Puerto Fénix a través del abogado Pablo Livieres Guggiari, el vicepresidente de la firma a partir de 2017, ejerciendo siempre la presidencia el ingeniero Julio Martínez Trueba, el antiguo directivo de la citada empresa portuaria.

La expansión de las operaciones portuarias del complejo Fénix-Caacupemí-San José se estaría realizando con la exhibición de títulos falsos e incluso en abierta violación de la Ley 3001/06, de Servicios Ambientales, que obliga a las obras con alto impacto ambiental a realizar compras de certificados de la Seam (actual MADES, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable), como el caso de los puertos.

Puertos y Estibajes S.A. se opone al juicio de deslinde que le promovió su vecino lindero porque teme quedar en evidencia que ocupa varias hectáreas de tierra fiscal adyacente al recinto portuario, afirmaron las fuentes judiciales.

El caso litigioso se lleva en el juzgado en lo civil de Luque, a donde fue a recalar el proceso por decisión de la Corte Suprema, pero Puerto Fénix no acepta la jurisdicción y trata de entorpecer los trámites hasta el punto de contar de haber querido influir sobre algunos organismos oficiales como la Procuraduría General de la República y la Prefectura Naval de la Armada Nacional.

No pudiendo tener el beneplácito del procurador Sergio Coscia, ahora tratan de contar con algún dictamen de la Prefectura Naval con el fin de contrarrestar la mensura y deslinde que comprobaría la ocupación ilegal.

Salta a la vista la otrora gran protección político-judicial de la empresa portuaria, e incluso se habla que HC desearía que se trabe al máximo la investigación judicial, porque se podría descubrir in fraganti que Puerto Fénix esté en parte ubicado sobre terrenos del Estado, específicamente de la municipalidad de Mariano Roque Alonso y hasta del INDERT, por lo cual debería resarcir al Estado unos 45 millones de dólares, por las 30 hectáreas invadidas.

 

Habría títulos falsos

La demanda de deslinde incluye acusaciones muy graves, por parte del demandante, Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, que deben ser dilucidadas en el juicio, como que se habría fabricado instrumento público de contenido falso (títulos falsos) en connivencia y complicidad con funcionarios de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, a tal punto que en los registros públicos aparecerían derechos de Golden Works S.R.L., de los Hellmers, en superposición a los derechos dominiales de Ramírez Alvarenga, cuya finca 3.960 tiene casi medio siglo de vigencia en el sistema informático de Catastro.

Si es que se confirma que están siendo ocupadas  las 30 hectáreas fiscales por los citados puertos privados, las firmas deberán pagar por lo menos unos 45 millones de dólares, a razón de 1,5 millón la hectárea, tomando en cuenta el valor de mercado actual de dichos terrenos en lugares altamente cotizados para puertos fluviales de gran movimiento de cargas.

Las tierras en litigio presuntamente fiscales, pertenecerían al municipio de Mariano Roque Alonso y al INDERT, por estar prácticamente fuera de la zona urbana y a orillas del río Paraguay, en una zona muy valuada por tratarse de asientos de varios puertos, entre ellos Fénix, San José y Caacupemí, al norte de la ciudad capital, Asunción.

La demanda de deslinde fue promovida por Alberto Claudio Ramírez Alvarenga y es contra los linderos, al Sur, Puertos y Estibajes S.A., de Fénix, representada por los ingenieros Julio Martínez Trueba y José Fassardi; al Norte, la empresa Golden Works S.R.L., representada por Enrique Hellmers, Norman Hellmers y Fernando Hellmers. Al Este, el señor Horacio Giménez.

También el demandante pidió notificar a los presidentes de las firmas adyacentes de Puerto Caacupemí S.A. y Puerto San José S.A.

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