Escribe: Luis Alen.

 

Horacio Cartes sigue con su afán de comprarlo todo: ahora ya no disimula la imposición de candidaturas en la ANR apropiándose de la Concordia Colorada cicatrizante, como secuela del sometimiento total del Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial a las órdenes del Patrón.

 

Mientras en varias localidades del interior se van cristalizando las candidaturas de “unidad” a través de Concordia Colorada, en Asunción no ocurre lo mismo, porque los candidatos de Añetete no se rinden ante las imposiciones de HC. Pero lo más llamativo es que al mismo tiempo que algunos líderes colorados se resisten a sumarse al operativo de consenso a la fuerza de la billetera o de las amenazas de procesos judiciales, Cartes va ganando terreno para conseguir su propia impunidad por su poder fáctico, que se va consolidando día tras día impulsado a su vez por su creciente capacidad económica.

Como resultado más contundente de la operación “Cicatriz”, ya no disimula HC su caracter de hombre fuerte de la política, capaz hasta de dar su aquiescencia o negativa a sentencias judiciales, lo que le acerca peligrosamente a una línea roja de tolerancia de la potencia hegemónica norteamericana, que no reparará en dar señales próximas de su desagrado por la orientación actual del Gobierno paraguayo, al no continuar con el objetivo señalado por Washington de luchar contra el lavado de activos de dudoso origen o directamente proveniente del narcotráfico financiador del terrorismo internacional.

Cartes se muestra como el factotum del poder sin ningún disimulo, fotografiándose con los políticos que le van a pedir su apoyo para integrar las chapas electorales de las municipales, o con el fin de obtener su protección ante las causas judiciales que enfrentan por tráficos de influencias o por otros delitos más graves como narcotráfico.

Resulta notoria, por lo tanto, la total sumisión de la Justicia y la Fiscalía ante las “sugerencias” del Patrón, lo que pone en entredicho la mismísima posición norteamericana de sancionar a los acólitos cartistas como el exsenador Óscar González Daher y el exfiscal general Javier Díaz Verón, quienes fueron tildados de “significativamente corruptos” en un recordado comunicado de la embajada de la avenida Mariscal López, lo que no les permite pisar territorio norteamericano nunca más, con el aviso de que hay otros en la misma condición que podrían ser dados a conocer próximamente.

Resulta hartamente sugestivo que precisamente González Daher y otros compinches suyos hayan sido prácticamente blanqueados en el reciente juicio que fue expresamente amañado desde el poder que pretende ser nada menos que la reserva moral del país.

 

Promesa incumplida

La operación de impunidad abdo-cartista impidió que la lucha contra la corrupción se profundice durante el mandato de Marito, soslayando una investigación a Horacio Cartes y sus negocios. Esto pone al presidente en la mira de EE.UU., al no cumplir con un compromiso asumido para terminar con el paraíso del lavado de dinero y los distintos tráficos.

Hay que recordar que Marito Abdo y el vicepresidente Hugo Velázquez, antes de asumir sus puestos ejecutivos, habían viajado a la capital norteamericana en 2018 a comprometerse ante las agencias respectivas de EE.UU. para una lucha frontal contra los narcos y la floreciente lavandería de dinero negro en que se había convertido el Paraguay durante la era cartista.

En la visita de diciembre de 2019 a Donald Trump, Marito había renovado el compromiso, pero la posterior crisis generada como consecuencia del virus con el aditamento de los negociados pandémicos en el círculo áulico abdista, vinieron a confirmar en 2020 el renovado poder de HC, con su movida cicatrizante ya evidenciada tras el escándalo del acta secreta de Itaipú que pusiera al borde del juicio político al presidente, en agosto de 2019.

Marito desistió de investigar a HC a cambio de no ser sometido a juicio político, aunque también como moneda de cambio con el objetivo de tender un manto de impunidad ante los numerosos casos de intentos o actos consumados de corrupción en la administración de Abdo.

Pero la guinda de la torta vino después. Ni corto ni perezoso, Horacio aprovechó el descalabro abdista para intentar convertirse en el padrino de los candidatos colorados para las municipales, en nombre de una supuesta “Concordia” que por lo menos en el caso de la intendencia de Asunción parece no funcionar, atendiendo a la rebelión de varios exponentes de Añetete que pueden tener el apoyo de las bases y buscan un consenso en vez de la imposición del Patrón.

Las municipales deberían posibilitar el libre desenvolvimiento de candidaturas y proyectos para mejorar la vida de las ciudades y pueblos de todo el territorio nacional. Pero el objetivo de HC no es evidentemente la libertad crítica de los ciudadanos, sino mostrar su poder de imposición. El supuesto “consenso” no es más que jugar según las reglas de juego del Patrón, a tal punto que Concordia Colorada resulta un movimiento netamente cartista que se va engullendo al desprevenido Añetete abdista.

La movida cartista tiene sentido por el lado de que Horacio debe fungir como el gran elector para el 2023, cuando se sabe que la ANR tendrá que enfrentar a una oposición que viene con todo a reclamar por la falta de transparencia, la impunidad y los negociados pandémicos, así como a exigir la defensa de la soberanía energética en Itaipú con motivo de la prevista revisión del Anexo C del Tratado con Brasil.

Además, ya en las municipales se estrenará el nuevo sistema anti listas sábanas y el control del financiamiento político, lo que le agrega una justificación especial al intento de “cicatrizar” las heridas antes de ir a un enfrentamiento al todo o nada, en elecciones donde candidaturas de impresentables ya no podrán esconderse en la lista cerrada como ocurría antes.

Posiblemente, Estados Unidos esperará el rumbo electoral de 2021 en las municipales de octubre, para después adoptar alguna determinación respecto a la falta de cumplimiento de Marito del compromiso asumido de investigar a HC y sus negocios. Pero antes vendrá en el primer semestre la calificación que tendrá que recibir el Paraguay del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana), en el asunto de la falta de lucha efectiva contra el lavado de dinero, a la vista de la ausencia de condenas firmes contra los lavadores y sus socios traficantes.

Preocupan los efectos adversos que tendrá un eventual regreso a la lista gris de países que no cooperan en la lucha contra el lavado, con sus consecuencias a nivel del costo mayor de los préstamos o de la incapacidad para avanzar hacia el grado de inversión de las agencias calificadoras internacionales, que es fundamental para dar un ambiente seguro a las radicaciones de capitales tanto en materia de seguridad jurídica como de previsibilidad de los marcos legales.

 

El peor virus

El empresariado acaba de manifestar su malestar por las consecuencias que tendrá la inquietante falta de previsión del Gobierno de Marito para adquirir  con rapidez las vacunas que puedan inmunizar a los 7 millones de paraguayos contra el coronavirus y asegurar así que la recuperación económica se fortalezca en 2021, sin la traumática experiencia de la parálisis del comercio acontecida en el año que acaba de terminar.

Pero el peor virus costará aún más desterrar, y es el de la corrupción e impunidad, porque se sabe que la arremetida abdo-cartista tiene todo el ropaje de una defensa a ultranza de los usos de una clase política que no quiere irse a su casa para dejar la dirección de los negocios públicos a otra generación más comprometida con las ansias de progreso de la sociedad, sin las ataduras con el crimen organizado aglutinador de los traficantes de todo pelaje, incluyendo los de influencias, que tratan de eternizarse en el poder.

La oposición unida tiene sentido en la medida en que se enfrenta al intento de poder total de HC. De allí está claro el afán divisionista en el Partido Liberal por parte del carto-llanismo, con el fin de aguar la fiesta de unidad opositora tanto en las municipales como en las generales.

Una derrota colorada en las ciudades más importantes del país podría ser una mala señal para el poder de HC y un aviso de que se avecinan sanciones provenientes desde el exterior, a menos que busque Cartes congraciarse con el Brasil de Bolsonaro con posturas favorables a un “arreglo” que satisfaga a los consocios en Itaipú, o se enarbole con ahínco el discurso “provida” o “profamilia” muy caro a los afectos del jefe de Estado brasileño, quien por otro lado también deberá hacer frente a una dura campaña para lograr su reelección en 2022.

Un problema eventual para HC sobreviene desde el lado de la falta de sintonía de Bolsonaro con el presidente electo norteamericano Joe Biden, a quien aún no felicitó por su elección, quizás porque también acompaña las no comprobadas denuncias de fraude electoral que esgrime su amigo Donald Trump para justificar una aplastante derrota en las urnas.

El presidente Biden, una vez que haya reemplazado a Trump el 20 de enero, deberá enviar a su nuevo embajador en Asunción en reemplazo del saliente Lee McClenny, y podría tomar un rumbo propio en el caso paraguayo sin la intermediación brasileña. Hasta eventualmente vería con buenos ojos un posible frente opositor anti HC en las elecciones de 2023, incluso ignorando la influencia histórica brasileña en el partido Colorado para seguir operando Itaipú a su entera satisfacción.

 

La peligrosa reforma

Consciente que ni siquiera la conquista del poder en 2023 le liberará del sometimiento de la Justicia del que hace gala HC, la oposición amaga con una reforma constitucional, que sin embargo resulta un peligro porque el cartismo puede aprovechar esta convocatoria para instalar también la reelección, y, por tanto, la vuelta del expresidente Cartes al sillón de López.

No contento con tener a sus pies a los políticos, el empresario tabacalero posee como objetivo supremo la conquista del poder total, que obtendrá intentando la reelección, pero que sólo se podrá establecer reformando la Carta Magna. 

¿Necesita realmente Cartes retomar el Poder Ejecutivo para imponer su voluntad omnímoda a la nación? No necesariamente, pues actualmente como “hombre fuerte” de la República ya dicta la última palabra hasta al presidente Mario Abdo, mediante el acuerdo de no agresión “Cicatriz”. Pero el poder fáctico bruto requiere en última instancia la legitimación del barniz de la mayoría popular expresada en las urnas.

Se ha demostrado igualmente en las últimas semanas que su influencia sobre las decisiones del Poder Judicial resulta innegable, como el caso de las “cicatrizantes” sentencias a la carta del clan González Daher y de otros políticos refugiados bajo el paraguas protector del Patrón del Quincho.

Hasta el político esteño Ulises Quintana fue a pedir la bendición del “Patrón”, ya que el actual diputado se halla alejado del abdismo y quiere contar con el apoyo de la “Cicatriz” en su candidatura para intendente de Ciudad del Este, a la que no puede viajar por encontrarse atado a una disposición judicial que le impide alejarse de la capital por una causa por supuesta complicidad con narcos.

Sin lugar a dudas, la mano larga del cartismo se puede notar en las instancias del Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Justicia Electoral. Precisamente, ésta última puede ser utilizada ahora para dividir a la oposición y restarle fuerzas en las municipales y las generales, con el plan de derrumbar el predominio de Efraín Alegre en la dirección del PLRA, a través de la embestida llanista que huele a la obediente aceptación de una orden proveniente de la mansión de la calle España.

Todo apunta a que finalmente tengan cierta razón quienes en la oposición lanzaron la propuesta de llamar a una Constituyente para reformar la Ley Fundamental en  el capítulo referente a la forma de nombrar y controlar a los magistrados del Poder Judicial, además de los fiscales del Ministerio Público, de tal forma a asegurar su independencia frente a los políticos de turno o de hombres fuertes del tipo HC.

Pero antes deben asegurarse de seguir estrictamente una agenda previamente consensuada de la reforma, para no llegar al adefesio que podría ser la inclusión de la reelección en la Constituyente, entre gallos y medianoche.

 

Si ello podría ocurrir, no se debe dudar un instante en obviar el proceso de reforma constitucional y buscar otra forma de asegurar la independencia judicial, tal vez a través de un mayor control ciudadano, como sería el caso de potenciar un observatorio independiente para el seguimiento de los procedimientos de fiscales y jueces, con el apoyo del mayor protagonismo del tribunal ético anexo a la Corte Suprema conformado por reconocidos juristas sin lazos con la mafia judicial.

 

Publicado en EN DESTAQUE

El rector de la Universidad Privada del Este (UPE), sede km 6.5, de Ciudad del Este, doctor Roberto González Vaesken, informó que por resolución emitida por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAS) las dos sedes de la citada casa de altos estudios son las únicas habilitadas en el Alto Paraná  para la carrera de Derecho. Resaltó Vaesken que la UPE es la única universidad del interior de la república, tal vez, del país, que tenga dos sedes (Pdte. Franco y CDE) en una misma región.

 

El rector explicó que la sede de la UPE de ciudad Presidente Franco ya fue acreditada el año pasado para la carrera de Derecho y ahora viene para la sede de Ciudad del Este. Destacó la importancia de la habilitación de la carrera por parte de ANEAES, dejando asi muy bien posicionada la universidad a nivel nacional, significó. "Estamos muy bien conceptuados, y eso se debe que venimos haciendo bien las cosas", remarcó Vaesken.

En otro momento resaltó la gran tarea de la ANEAES, que hace más de 10 años viene trabajando con mucha fuerza, previendo aquellas profesiones que tienen una relación mas directa con la vida. La acreditación de la carrera de medicina y derecho se trabajan en cinco dimensiones y que se vuelven a dividir en una importante cantidad de sub itens, lo que llevan a tener alrededor de 500 a 600 intens, que deben ser cumplidos con rigurosidad, en las cinco dimensiones,  explicó el Rector. " Se trabaja a nivel de los recursos humanos, se trabaja dentro del proyecto académico, se trabaja dentro de la infraestructura y todo esto se vuelve a dividir en los contenidos programáticos de cada una de las diferentes materias", subrayó.

Añadió, que hoy día este crecimiento lleva a la UPE en un posicionamiento de respeto, no solamente desde el punto de vista de la educación, sino también a nivel de infraestructura, convirtiendo a la institución en un liderazgo, tanto a nivel departamental e nacional.

 

Perfil del egresado

 

La UPE está lanzando anualmente al mercado egresados de manos de obra calificadas, que coloca a la institución en la vanguardia y con un venturoso futuro en continuar formando profesionales, que contribuyan al desarrollo del país. "Dentro de 10 años vamos comenzar a insistir con los cursos de grados, en algunas especialidades, que iremos abriendo, sobre todo a nivel de maestria y doctorado", sentenció finalmente Vaesken.

 

Publicado en LOCALES

La Dirección Regional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) estima que unos 12.000 despidos se registraron en el 2020 en Alto Paraná. El cierre del puente de la Amistad durante siete meses, a causa de la pandemia del covid19, fue un factor determinante en estos casos.

 

En ese periodo, una gran parte de las empresas, principalmente de la zona céntrica de CDE, estuvieron totalmente paradas, mientras que otras tuvieron un movimiento mínimo. El director regional, Julio Valdez, indicó que 2.229 personas presentaron denuncias, mayormente por despido injustificado o por disconformidad en el monto de la liquidación.

Agregó que muchos comercios aguantaron hasta abril, pero que luego ya no consiguieron sostener a sus funcionarios, siendo mayo, junio y julio los meses en que se reportaron mayor cantidad de denuncias por despido laboral. El pago por liquidaciones equivalen a G. 12.322.880.227.

“Participamos en audiencias de mediación entre trabajadores y empleadores, que totalizaron 1.444 a lo largo de este año. Esta situación también afectó al sector doméstico, realizándose 63 audiencias de mediación. Como resultado se obtuvieron 1.028 acuerdos homologados ante esta dirección”, indicó.

Por otra parte, hubo empresas que se acogieron a la modalidad de suspensión laboral, a fin de seguir manteniendo en planilla a sus colaboradores. En este caso fueron 3.552 solicitudes, que habilitaron a 16.801 trabajadores para el cobro de compensaciones económicas a través del IPS.

 

En cuanto a los cuidados sanitarios en el ámbito laboral, una comitiva del Ministerio de Trabajo realizó 725 verificaciones a fin de garantizar la implementación de los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud, como el uso obligatorio de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico.

 

Publicado en LOCALES

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