El principal candidato a la intendencia de Ciudad del Este por el movimiento regional, Renovación y Unidad Colorada (RUC), Esteban Wiens, reiteró lo que viene repitiendo el gobernador del Alto Paraná, que no aceptará imposiciones desde Asunción, para definir candidaturas en importantes distritos del país, como Ciudad del Este y otras localidades estratégicas, desde el punto de vista electoral. "Los líderes de los grandes movimientos de la ANR quieren acordar candidaturas desde la capital y nosotros entendemos al revés, que cualquier acuerdo que se haga, se tiene que dar desde aquí (CDE)", afirmó Wiens.

 

Añadió Wiens, que cualquier acuerdo que se dé, debe ser en base al apoyo popular, y que eso está avalado por el posicionamiento político del gobernador Roberto González Vaesken, quien goza de una credibilidad importante a nivel regional, y que a la hora de debatir cualquier consenso o unidad, debe entrar a primar el gran liderazgo de Vaesken en el departamento, remarcó el joven postulante al ejecutivo municipal paranaense, hijo del actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens.

Agregó el aspirante comunal esteño,  que el RUC está abierto a cualquier diálogo de acuerdo, pero eso debe partir desde esta zona fronteriza,  por el gran aval político del que goza el líder  del movimiento y actual gobernador del departamento más importante de la república. "Y hoy el gobernador es el actor político colorado mejor posicionado en el departamento y por ello para que exista un consenso debe ser liderado por él", recordó.

 

Figuras emergentes

En otro momento dijo que un acuerdo o unidad es factible, que el líder del RUC no rehuye a eso, pero sólo se debe dar en base a figuras emergentes, y no los mismos de siempre.

 

"Creemos que se puede dar un consenso, pero en base a nuevas figuras, dando espacio a gente joven y mujeres en las listas. No pueden ser los mismos de siempre", sentenció Wiens, que iría a una mini interna con el otro precandidato por RUC, Rolando Segovia, para saber quién se quedará con la chapa oficial del movimiento.

 

Publicado en LOCALES

La administración municipal de Miguel Prieto anunció que desvinculará sin pagar indemnización a cientos de exfuncionarios que fueron reincorporados por Sandra McLeod de Zacarías, días antes de la intervención de la comuna. El ejecutivo celebra un ahorro de más de G. 137.000 millones en pago de juicios laborales, alegando que estos ya caducaron. Se trata de un grupo de más de 300 funcionarios desvinculados hace 20 años, cuando asumió como intendente Javier Zacarías Irún, pero nunca se les pagó la indemnización, pero en vísperas de la intervención acordaron con McLeod la reincorporación para complicar la administración al futuro intendente. Por su parte, el sindicato que los nuclea convoca a una gran manifestación. Uno de los principales referentes, Rogelio Núñez, calificó de “burrada” la disposición de asesoría jurídica de la institución.

 

Prieto dijo que, con esto, se ahorran sumas multimillonarias en cuanto a indemnización, propiciadas por la administración del clan Zacarías, que no pagó la liquidación hace 20 años, y días antes de dejar la comuna acordó reincorporar al gran grupo de exobreros. “La deuda ascendía G. 157 mil millones, pero luego de un trabajo de asesoría Jurídica, se logró reducir esa deuda a G. 19 mil millones, logrando así un ahorro de G. 137.723 millones”, puntualizó el intendente.

Agregó que “estamos preparados para lo que se venga, pero lo que no podemos hacer es pagar dinero que no corresponde, ya sea por juicios caducados. Entendemos que hablamos de personas, padres o madres, que están quedando sin su indemnización, pero este gobierno no tiene la culpa de que hayan caducado los juicios, los contribuyentes no pueden estar cargando con deudas que nunca se generaron, es hacer lo correcto, y eso puede traer muchos enemigos o generar disgustos”, manifestó el jefe comunal.

Por su parte, la directora de asesoría jurídica, Nidia Silvero de Prieto, explicó que la deuda se generó por capricho del exintendente Javier Zacarías Irún. Dijo que los aludidos son del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de CDE (SITRAMUCDE). “Estamos hablando de un juicio que llega a 20 años, a través de una resolución del intendente municipal, luego del dictamen jurídico, se dio un corte definitivo a esta situación que vino arrastrándose por mucho tiempo para generar erogaciones monetarias multimillonarias que va cargado a la ciudadanía”, señaló.

 

McLeod acordó reincorporación

Detalló que una resolución fue firmada por la Intendencia en víspera de la intervención, por Sandra McLeod de Zacarías, donde se firma un supuesto acuerdo con dirigentes del sindicato a fin de reincorporar a estos 357 funcionarios que fueron expulsados cuando asumió Javier Zacarías, muchos de ellos no tenían ni siquiera una demanda judicial o algún derecho, pero fueron reincorporados e incluidos en el cuadro permanente de la institución, y eso ocasionó nuevamente erogaciones monetarias y compromisos para el municipio, acotó Silvero.

 

Juicio caducado

“Por Memorándum en fecha 4 de noviembre del 2020, el intendente recomienda a asesoría jurídica realizar un análisis de la resolución 6.840, de fecha 22 de noviembre del 2018, donde encontramos que 357 personas fueron incluidas en esa resolución para la admisión en la Municipalidad, 107 personas forman parte del juicio denominado Demetrio Torres Barrientos y otros. Ese juicio fue declarado en caducidad por la Corte Suprema de Justicia en el 2015; o sea, omitieron la caducidad e igualmente incluyeron”, explicó el asesor jurídico de la comuna, Ricardo Romero.

Apuntó que “33 personas iniciaron el juicio denominado Miguel Cabañas; 49 personas nunca promovieron una demanda contra la institución municipal, pero fueron incluidas igualmente dentro de la resolución 6.840; es decir, 62 personas nunca debieron ser incluidas dentro de esa resolución. Al inicio SITRAMUCDE, a través de su presidente o su secretario, había solicitado la suma de G. 157.428 millones y, haciendo un análisis en todos los juicios, tenemos una deuda solamente en el juicio Christian Vera, por la suma de G. 19 mil millones”, señaló Romero.

 

El funcionario expuso que en la resolución 4742/2021, dictada por el intendente Miguel Prieto, se dicta revocar la resolución 6.840/2018 y todas las resoluciones de contrato y nombramientos dictadas en base a dicha resolución, encomienda a la asesoría jurídica a solicitar la apertura de una cuenta corriente judicial, para dar cumplimiento a la Resolución 742 en fecha 12 de octubre del 2018, es decir los G. 19.000 millones, y empezar a pagar a los trabajadores. Excluir del cuadro de nombradas o contratadas a todas las personas que carecen de una acción judicial de reintegro o que sus juicios hayan caducado”.

 

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