Contribuyentes del municipio de San Alberto, departamento del Alto Paraná, calificaron de abusivo el cobro de 600 mil guaraníes para la cancelación del registro de conducir, dispuesto por la administración del intendente de dicha localidad, Carlos Ramírez.

 

El hecho saltó al tapete tras una denuncia recibida en la redacción de Primera Plana por un conductor que se acercó hasta el local comunal de San Alberto para realizar la gestión y posterior cancelación de su registro, encontrándose con la sorpresa y asombro, que para materializar dicho trámite y dar de baja al registro de conducir, se deberá pagar la exorbitante suma de 600 mil guaraníes.

Ante tan abultado monto, considerado inédito, contactamos con el director de tránsito de San Alberto, el señor Antonio Melgarejo, quien efectivamente nos confirmó que la municipalidad viene cobrando la suma de 600 mil guaraníes para la cancelación del registro. No dio mayores explicaciones del porqué dicha comuna cobra el exagerado monto, sin embargo un funcionario de la institución confirmó que la excesiva suma es materializada en base a una ordenanza aprobada en la Junta Municipal.

La suma de 600 mil guaraníes, consideran que es un despropósito por parte del intendente Ramírez, atendiendo que en los diferentes municipios de la República el monto por la cancelación del registro de conducir, oscila entre 50 y 70 mil guaraníes. Un grupo de contribuyentes de la comuna sanalberteña no descarta denunciar ante la justicia al intendente Ramírez, por abuso de poder y estafa a los conductores locales.

Publicado en EN DESTAQUE

Escribe: Luis Alen.

En momentos en que se conocen datos reveladores sobre lo que el Paraguay dejó de percibir en Itaipú por causa de los perjudiciales parámetros financieros fijados en el Tratado de 1973, el Brasil ya presiona a nuestro país para iniciar ahora negociaciones sobre puntos críticos, como la contratación de la energía para el período 2019-2022, junto a otros ítems no menos importantes que hacen a la operación de la usina binacional.

El Gobierno paraguayo deberá tener sumo cuidado en no dar un paso en falso en la discusión con los socios condóminos de la represa que se plantea ya, sobre seis puntos, entre ellos el cronograma de contratación de potencia por los próximos tres años, porque un error podría condicionar en forma decisiva la renegociación del Anexo C del Tratado, que se debe realizar incluso antes de 2023.

La posición de nuestro país en las negociaciones que se avecinan debería ser transparentada y discutida a nivel de toda la ciudadanía, sin que se vuelva a producir la inveterada costumbre de nuestro liderazgo político de los hechos consumados, repetida tantas veces en Itaipú como en la otra binacional Yacyretá, para esconder generalmente graves lesiones al interés nacional y al bolsillo de todos los habitantes del país.

Ya lo acaba de confirmar nuevamente el doctor Miguel Carter, destacado especialista paraguayo en economía política, residente en los Estados Unidos, en una conferencia sobre el tema el lunes pasado en Asunción, cuando calculó en un promedio de US$ 75.400 millones lo que dejó de percibir el país en Itaipú en el período 1985-2018, en una operación continua de la usina de 33 años.

 

Aplicar precios de mercado

El problema más grave en Itaipú, y ni qué decir en Yacyretá, es que los socios condóminos aplican un “precio político” y no el precio de mercado que se debería pagar sobre la energía paraguaya vendida (no cedida, como dicen mal los tratados en ambos casos)

Este precio de mercado tendría que ser cobrado por el Paraguay en forma soberana y no aceptar la imposición de un “precio político” que pagan los socios sobre la “cesión” de la energía no consumida por nuestro país, que en el caso de Itaipú llega al 40 por ciento de la energía retirada por la Eletrobras, mientras que en el caso de Yacyretá es casi total el retiro, donde actualmente la Argentina lleva prácticamente el 100 por ciento de la generación de electricidad.

El cálculo de Carter se hizo precisamente sobre la base de una canasta de precios vigentes en el mercado brasileño en materia de generación y distribución de la energía eléctrica, llegándose a un promedio sobre el cual se realizó la estimación, bastante real, de la pérdida que tuvo el Paraguay en Itaipú, por la aplicación de los dañinos términos del Tratado que cumplirá 50 años en 2023.

Esta lección es la que se debe tener en cuenta a la hora de negociar con Brasil, para no permitir, por ejemplo, que de entrada el Brasil vaya preparando el terreno para su objetivo número uno que es “bajar” el precio de la energía a ser pagada al Paraguay, en la misma medida en que se reduce a cero la deuda de la usina, que se consumará en 2023.

El “precio político” a ser impuesto por la otra parte al Paraguay, si es aceptado en forma ruin, implicará la continuidad de las pérdidas económicas y sociales del período de 33 años analizado por Miguel Carter. En cambio, la “causa nacional” planteada por el experto compatriota implicará la recuperación de la soberanía sobre la energía, para aplicar su rentabilidad a los urgentes planes en salud, educación e infraestructura, que requiere nuestra sociedad.

Tampoco se debe dejar de analizar la posibilidad de contar con la capacidad de ir consumiendo gran parte de la energía que le corresponde al Paraguay tanto en Itaipú como en Yacyretá, pero, desde ya, lo que debe hacer el gobierno de Marito Abdo es ponerse firme en la defensa de los altos intereses de la nación en las hidroeléctricas del río Paraná.

Porque en su condición de condómino y dueño de la mitad de las aguas que generan la electricidad, se confirma ahora, que, a pesar de esta calidad de propietario de una gran capacidad de generación energética, el país recibió y recibió sólo un escuálido retorno económico, de 15 mil millones de dólares entre 1985 y 2018, en vez de 75.400 millones que cómo mínimo debió percibir, o sea cinco veces más.

Lo graficó Carter, al decir que de una condición de 50 por ciento de la propiedad de la energía generada en Itaipú, el Paraguay percibió sólo el 16 por ciento de la riqueza generada, llevándose el Brasil la parte del león, es decir el 84 por ciento, por la vigencia del “precio político” impuesto durante todo el tiempo de operación de la usina.

Y lo peor es que en el lado brasileño se fijan precios residenciales e industriales de la energía que se rigen por criterios de mercados mayoristas y minoristas, para los que tampoco llegaría en muchos casos la rebaja pretendida por el gobierno de Brasilia en Itaipú.

La intención solapada es que, con el “precio político” impuesto al Paraguay, se siga financiando tanto las inversiones en represas y usinas para generación, como las ganancias siderales de las empresas privadas ligadas al sector eléctrico brasileño, como es el mismo caso de la Eletrobras, cuyo paquete accionario contiene capitales privados e incluso capta inversores en la bolsa de Nueva York.

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