Escribe: Luis Alen.

 

La operación cicatrizante de impunidad abdo-cartista tiene un nuevo lado perverso. Aprovechando la pandemia, el costo del financiamiento de la crisis se prevé cargar sobre la población más pobre del país, en lugar que lo paguen principalmente los sectores con mayor renta económica.

 

Es el momento en que la sociedad civil debe reaccionar y frenar el plan, ya que también la oposición en el Congreso está a punto de caer en la costura de la “Cicatriz” colorada, con el llamamiento del presidente Marito Abdo a la aprobación de un presupuesto de “economía de guerra” para 2021, que en realidad esconde un monumental negociado a través de la contratación de más deuda externa e interna, que en gran parte no se destinará precisamente a los gastos necesarios de salud y otras áreas sociales, sino para el repago del servicio del endeudamiento ya vigente o a las comisiones de los “brokers” ligados a la cúpula política.

Por lo pronto, la mesa de presidentes de partidos políticos opositores, incluidos algunos colorados disidentes, acordó no otorgar su aprobación a una nueva emisión de bonos por US$ 350 millones y al proyecto de ley de administración de pasivos para el bicicleteo de la deuda, sin que antes se acuerde un pacto social y político para converger en un plan económico que incluya amplias medidas de contención de la pobreza y las carencias sociales, previa reforma del sector público con miras a reducciones sustanciales del gasto superfluo estatal motorizado por el aún más letal virus de la corrupción.

También el liderazgo opositor planteó la postergación de la renegociación de Itaipú hasta 2023, con el objetivo de dejarla en manos del próximo gobierno que surja de las elecciones de dicho año, en las que se espera que un gran frente opositor gane los comicios con un programa definido de defensa de la soberanía energética.

Pero salta la duda de la real capacidad de Marito de negociar con la oposición, porque una de las exigencias de ésta para sentarse en una mesa de negociación tendría que ser la tajante condición de romper el pacto de impunidad con el cartismo.

Además, está visto que, a casi seis meses del inicio de la crisis de la pandemia, se agrava cada día la debilidad del poder abdista. que le inhibe de realizar reformas profundas en la estructura estatal, por su misma naturaleza de estar muy atado a una telaraña de intereses políticos y empresariales, de quienes propiciaron en su momento la candidatura presidencial de Abdo Benítez.

El refugio bajo el paraguas protector de HC no sería más que una jugada para disimular la propia incapacidad abdista de realizar las reformas, incluyendo la tributaria por la cual aporten más aquellos segmentos de la producción como la soja y el tabaco, y la energética. de tal modo que se cobren precios de mercado por el excedente energético que llevan Brasil y Argentina en las represas hidroeléctricas del río Paraná.

 

Quedan tres años

El problema para la oposición es que quedan tres largos años de gobierno de Marito condicionado por el abrazo con HC, en los que se enfrentará la crisis del coronavirus con el peligro de más deuda y con el posible descalabro que significa renegociar Itaipú sólo atendiendo lo ventajoso para el Brasil.

Y no hay que descartar tampoco que aparezcan legisladores opositores que se presten a los cantos de sirena abdo-cartistas para avalar el presupuesto “de guerra”.

El acuerdo político de la cúpula colorada, aparte de significar el acta de defunción de cualquier intento por solidificar las instituciones republicanas y el Estado de Derecho, apunta a hacer depender a todo el gobierno del verdadero “hombre fuerte” y dueño de la situación en la economía informal mayoritaria en el país e incluso en sus ramificaciones de la mafia de frontera.

Un daño irreparable para el país, que se pagará en las siguientes generaciones de paraguayos, es impulsar un feroz endeudamiento con el agregado de la entrega de los intereses paraguayos en Itaipú, porque el gobierno abdista sellará su destino con el cartismo a través de estos puntos claves del contubernio urdido en la ANR.

Hacer depender el futuro nacional de la situación judicial de HC en el Brasil, donde el Patrón tiene serios problemas por el caso Messer de lavado de dinero, podría ser fatal en una negociación sobre Itaipú si continúa Cartes como “hombre fuerte”. 

Los brasileños saben que tienen un as bajo la manga en la negociación, y lo harán valer eventualmente para sacar la mejor tajada en Itaipú, a cambio de “olvidar” los oscuros manejos de Horacio junto a Darío Messer.

 

Justicia y Fiscalía sometidas

Aparte de confirmar que ha sido incapaz de arremeter contra el Patrón para despojarle de su gran poder fáctico, Marito Abdo hasta tuvo que permitir que la ciudadanía presencie atónita la demostración de fuerza de Horacio Cartes con la mediática boda de su hija en un día emblemático para el país como el 15 de agosto, coincidiendo con el segundo aniversario del gobierno abdista y en plena expansión del coronavirus e ignorando nuevamente las medidas sanitarias contra la aglomeración de personas, tal como ya lo había hecho el tabacalero en ocasión de la visita relámpago del expresidente argentino Mauricio Macri, semanas atrás, al pasar por encima de las disposiciones de cuarentena para el ingreso de personas desde el exterior.

Los fiscales de Sandra Quiñónez son muy eficaces en su accionar para preservar las normas sanitarias anti-Covid cuando se trata de reuniones masivas de ciudadanos comunes, pero en el caso de HC miran hacia otro lado, lo que pinta de cuerpo entero una situación ya reconocida, según la cual el Ministerio Público jamás investigará a fondo nada que se preste a aclarar las múltiples denuncias de corrupción en los negocios del Patrón.

De allí que otro de los prerrequisitos de la oposición para negociar el presupuesto nacional con Marito debería ser la solicitud de una limpieza de la influencia política cartista tanto en la Fiscalía como en todo el Poder Judicial. 

No se concibe, por ejemplo, que las causas contra Darío Messer en Paraguay no avancen un solo milímetro porque afectarían a HC. Pero, contradictoriamente, ya se habla en la procuraduría general, a cargo de Sergio Coscia, de alzarse aquí sospechosamente con los cuantiosos bienes del “hermano del alma” que fueron confiscados, y que también reclama el Brasil, donde ya se le condenó al “doleiro dos doleiros” a una pena de 13 años de prisión, en suspenso hasta el final de la pandemia del coronavirus. Previamente, Messer habría informado con lujo de detalles a la fiscalía brasileña los entretelones de la red de lavado en Paraguay, mediante una delación premiada con el fin de obtener una menor pena.

 

Por eso no cierra que Paraguay pretenda llevar por lo menos el 50 por ciento de los bienes comisados a Messer, “compartiéndolos” con Brasil, mientras aquí no avanzan las causas fiscales y judiciales para investigar todas las numerosas denuncias sobre el esquema liderado por el “doleiro”, donde éste cita la cómplice protección de HC para el sostenimiento durante décadas de un sofisticado entramado de lavado de dinero trasnacional que habría movido miles de millones de dólares, sin que nadie se animara a estorbar el negocio, en las mismas narices de la banca norteamericana y brasileña, pese a los máximos controles que se tienen para evitar la existencia de verdaderos santuarios de blanqueo de activos con dudoso origen.

 

Publicado en EN DESTAQUE

*Empresarios no están muy optimistas y siguen apostando por la reapertura de frontera.

 

El comercio de electrónicos podría tener luz verde del Brasil a finales de agosto. Ya está listo el aspecto aduanero, migratorio y legal, solo queda por definir la cuestión del protocolo sanitario, pero muchos comerciantes y empresarios en este momento ya apuestan directamente a la reapertura de la frontera. Se trata de una modalidad comercial impulsada por la Cámara de Comercios y Servicios, que vio en esta posibilidad, una especie de balón de oxígeno, pero que al parecer y al criterio de muchos empresarios de esta organización ya sería tarde, debido a que el momento ya se volvió simplemente insostenible.

 

En tanto, desde Brasil se supo que la Receita Federal está consultando con autoridades de los Estados sobre todo lo relacionado al protocolo sanitario. Serán beneficiadas Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Ciudad del Este. El sistema permite la venta vía online y que los compradores puedan llegar hasta la frontera, retirar de galpones habilitados en aduana, sin ingresar a territorio nacional.

Juan Vicente Ramírez, vicepresidente de la Cámara de Comercios y Servicios de Ciudad del Este, comentó que se está viendo, vía Cancillería Nacional, la implementación del Centro Logístico de Entrega de Productos. “A mí me parece que está llegando un poco tarde. Para el tiempo que ellos definan, ya vamos a tener la reapertura del puente, por la necesidad que estamos teniendo hoy. Por nuestra necesidad y urgencia yo opto por la reapertura del puente con el cumplimento de ese protocolo. Según hemos visto, el prefeito de Foz de Yguazú y la Anvisa (Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria) están trabajando en ese protocolo y han llegado a un acuerdo con la contraparte paraguaya”.

Ramírez, se refiere a un protocolo sanitario sobre el cual las autoridades brasileñas y el sector privado han venido trabajando desde hace un buen tiempo, incluso, con la participación de autoridades comunales de Ciudad del Este y de Salud. Este es independiente, al impulsado por la gobernación del Alto Paraná.  

 

Necesidad

Según el empresario, se reconoce el trabajo de Cancillería para habilitar el comercio electrónico, pero en este momento pierde sentido ante la posibilidad de acelerar el proceso de apertura de la frontera. “El proceso es muy lento y yo creo que hoy tenemos que luchar por la reapertura del puente, vuelvo a insistir, para lo cual se necesita un día de gobierno en la frontera. Eso va acelerar bastante el entendimiento y la prioridad, porque uno cuando administra desde un punto remoto, deja en segundo plano la necesidad urgente, que está viviendo la ciudadanía, especialmente Ciudad del Este”.

El empresario sostiene que fácilmente en la capital departamental unas 80 mil personas están sin empleo, otras con subempleo que apenas obtienen un poco de ingreso. “En la medida que se alarga la restricción laboral en esta pandemia van cerrando cada vez más comercios, en vez de abrirse, están subiendo el índice de tiendas cerradas”.

Según Ramírez, al inicio de la pandemia las tiendas cerradas llegaban al 60 por ciento.  “Hoy creo que a ciertas horas del día llega al 80 por ciento. Hasta donde vamos a llegar, yo creo que al 95 por ciento”.

 

Para el sector empresarial de Ciudad del Este, estamos en el momento más crítico económicamente. La ciudad nunca vivió y pasó por un momento así, si bien siempre supo capear situaciones sumamente complicadas, pero esta es la primera vez que sufre un cierre de frontera tan prolongado.

 

Publicado en LOCALES

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