Unos 100 funcionarios del Hospital Distrital de Hernandarias, desde hoy (5 de agosto) llevan adelante una medida de fuerza para exigir al Ministerio de Salud el pago de gratificación por el Covid-19, que hace 6 meses que se comprometió el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, pero que hasta ahora no pasó de ser una promesa.

 

“Hace 6 meses que el propio ministro Mazzoleni (Julio) prometió pagar esa gratificación por trabajar de frente en el Hospital durante todo este tiempo de pandemia, pero hasta hoy no se cumplió la palabra empeñada. Para peor, nosotros tenemos que comprar parte de los equipamientos sanitarios para tratar de prevenir el contagio de la enfermedad", coincidieron en señalar los licenciados Ángel Martínez y Mariela Fleitas, parte de la organización de la medida de fuerza que se inició esta mañana en el citado centro sanitario público.

Aclararon,  que hasta ahora los únicos que cobraron la gratificación fueron los profesionales médicos, mientras que al resto del plantel de funcionarios, alrededor de 100, no percibieron ni un mes del plus, prometido por el ministro de Salud. Entre los que aún no cobraron, están los enfermeros y enfermeras, personal administrativo, camilleros, limpiadoras, entre otros.

 

Los manifestantes anunciaron que endurecerán las medidas, hasta que las autoridades del Ministerio Salud cumplan con el compromiso asumido, hace 6 meses atrás. Añadieron que pedirán la mediación de las autoridades regionales para que intercedan ante el ministro Mazzoleni y así cumpla con los funcionarios del Hospital.

 

Publicado en LOCALES

Escribe: Luis Alen.

 

La pregunta que todos se hacen es por qué Marito Abdo optó de entrada por “cicatrizar” la grieta con HC, en vez de acudir primero a un plan de unidad nacional para encarar con mejores chances la crisis de la pandemia, como indica el manual que deben seguir los políticos avezados para tiempos tormentosos.

 

El presidente cree quizás que lanzarse a los brazos cartistas le garantiza la gobernabilidad y de paso se aleja de la posibilidad del juicio político, pero los sucesos de Ciudad del Este, la semana pasada, indican que la explosión social a nivel país no podrá ser evitada con el “abrazo” republicano, sino solamente con un gran pacto anti-crisis que asegure la paz social con reactivación económica y una gobernanza que incluya la lucha frontal contra la protección política a la impunidad fiscal-judicial.

Para el Gobierno, aparentemente, enfrentar la crisis pasa en primer lugar por la operación “Cicatriz”, pero no es así. Lo peor que se le podía haber ocurrido a Marito es plegarse sin condiciones al “Patrón” Cartes, ya que más que nunca ha quedado instalado en el imaginario popular como una autoridad sin poder real, que es como una descalificación completa considerando que para el paraguayo su presidente debe “saber mandar”.

Percibiendo la repulsa general, algunos voceros de Colorado Añetete avizoran ahora como medida salvadora el urgente tratamiento al insuficiente remiendo cicatrizador, con un diálogo colorado-opositor para la aprobación del paquete de leyes y medidas anti-pandemia. 

Pero siempre esconden el puñal bajo el poncho a sabiendas que pueden contar con la “oferta al mejor postor” de los votos liberales llanistas como ha enseñado de sobra la experiencia del maridaje HC-Blas Llano, lo que de por sí invalida cualquier amague serio de intentar llegar a un acuerdo nacional para enfrentar la grave crisis económica y social.

La mayoría opositora armada en el Senado indicaría la respuesta de los partidos de oposición a la operación “Cicatriz”, pero dicha promisoria novedad se podría ir al tacho en cualquier momento con alguna defección llanista o de cualquier opositor atraído por algunas miradas concupiscentes hacia billeteras bien nutridas como las que precisamente ostenta el cartismo.

 

“No he cedido nada”

Marito Abdo fue sincero al decir que no cedió nada de poder a Horacio Cartes. Es que el poder real siempre estuvo en manos de HC y por ello no se consumó tal “cesión”, sino más bien un reconocimiento abdista de la imposibilidad de seguir luchando contra el poderío del “Patrón” que se agigantó durante la pandemia del coronavirus, ya que los oscuros negocios fronterizos salieron ganando en detrimento de la economía formal, con el agregado de la presión de los medios cartistas, que no se cansan en despotricar contra la “corrupción” en el círculo áulico del abidsmo, especialmente con las adquisiciones estatales. Por lo tanto, como dicen ahora en el liderazgo de Añetete, “no le cabía de otra” al presidente y pedirle encarecidamente a HC su bendición.

De allí que el liderazgo de Añetete avanza ahora hacia un apurado remiendo al contubernio cicatrizador, consistente en un llamado a la oposición a hacer las paces por las buenas o por las malas, ante la cruda realidad de una crisis social que no se superará con los viejos estilos de hacer política en nuestro país, más aún cuando la pandemia desnudó las deudas sociales a diestra y siniestra, agravadas por el hambre y la miseria.

Por si no se avienen a pactar, los opositores saben que en frente tendrán toda la artillería pesada fiscal y judicial, como ya lo están soportando dirigentes como Efraín Alegre, con las medidas de los tribunales que le son adversas tanto en el juicio por la rendición de cuentas de la campaña de 2018 en el Alto Paraná, como en el tema de la repatriación de los connacionales varados en la Argentina por el cierre de fronteras en plena pandemia.

Las arremetidas contra intendentes opositores en las principales ciudades del país, y especialmente en la frontera, siguen el mismo libreto, al poner también contra las cuerdas a la oposición para llegar finalmente a un pacto de no agresión en el que nuevamente el gran beneficiado sea el “Patrón” HC.

Esta maniobra ya lo está entreviendo Efraín Alegre, el titular del PLRA, para quien lo peor sería llegar a acordar con Blas Llano dentro del principal partido de oposición, por cuanto una “cicatrización” con el llanismo implicaría para el efrainismo un desprestigio enorme de cara a conformar una gran frente opositor anti-HC en las generales próximas, e incluso en las municipales del año próximo.

La persecución contra Alegre, por parte del vengativo HC, también se está repitiendo en el caso de Rodolfo Friedmann, actual ministro de Agricultura de Marito, por supuestas irregularidades administrativas del tiempo en que era gobernador en Guairá. Se nota a la legua que se trata de un episodio más de la “vendetta” de HC contra Friedmann, quien cometió algún pecado grave contra el “Patrón” ya desde hace algunos años, pero la fobia se acrecentó por lo visto desde cuando el guaireño fue titular de la comisión bicameral de investigación para calibrar el grado de relación criminal entre Horacio y su hermano del alma, el doleiro Darío Messer.

 

El chancho hablando de higiene

Apenas consiguió su sobreseimiento judicial, Javier Zacarías Irún sacó pecho y mostró la verdadera cara de la operación “Cicatriz”, de la cual es uno de los grandes beneficiados. No tuvo ZI el menor remordimiento ni se mantuvo por lo menos callado y con bajo perfil, a pesar de las múltiples acusaciones con pruebas irrefutables en su contra. Al contrario, salió a dar discursos sobre la transparencia y la necesidad de luchar contra los corruptos opositores, llegando hasta a acusar al intendente de CDE, Miguel Prieto, de ser el causante de las desventuras actuales de los esteños con el coronavirus.

Como el típico bravucón que se tiene por intocable, ZI actúa así porque se sabe amparado en el tenebroso pacto urdido para sacar el máximo provecho de una situación de indefensión en que se encuentra la sociedad acosada por un virus implacable, con el agravante que tiene además a sus instituciones democráticas, entre ellas la justicia, totalmente cooptadas por la mafia.

La sumisión plena de Marito ante el cartismo dio lugar al ingreso del abdismo en la comisión ejecutiva de la junta de gobierno de la ANR a través del nuevo “cuatrinomio” al estilo stronista, en el cual están Pedro Alliana (exencuestrista), el titular; José Alderete, vicepresidente primero (articulador de “Cicatriz” y exdirector de Itaipú defenestrado tras el acta entreguista); Luis Castiglioni, vicepresidente segundo (excanciller y también apartado por el “affaire” del acta de Itaipú); y ZI, vicepresidente tercero, el “cicatrizado” no arrepentido pero experto en corrupciones y devenido ahora en consejero de cómo no incurrir en dicho mal.

Está claro que el nuevo objetivo del plan “Cicatriz” es ampliarlo a nivel nacional para una gobernabilidad por la pandemia, pero con el nefasto subyacente propósito de extender el manto de impunidad a la oposición, con el fin de doblegarla y ponerla igualmente bajo los designios del cartismo, que tiene como finalidad el poder total tanto en los negocios políticos como en los demás económicos formales y en los no tan “santos”.

 

Afortunadamente para el país, algunos líderes opositores auténticos no se están plegando a los cantos de sirena lanzados desde una ANR copada por el cartismo, porque la única forma de salir de la actual crisis será con un plan de salvación nacional orientado a desterrar la corrupción y la impunidad, dando paso al necesario renacer de las inversiones genuinas y la creación de empleos con el fin de detener la actual espiral ascendente de pobreza y marginalidad con su secuela de más delincuencia y negocios turbios.

 

Publicado en EN DESTAQUE

*Defensores de las víctimas señalan que magistrada actuó con parcialidad manifiesta a favor del acusado. 

 

Abogados que representan a las víctimas de acoso laboral por parte del jefe del departamento de embalse y áreas protegidas de la Itaipú Binacional, Ing. Hilario José Luis Hermosa, refieren que se encuentran en total indefensión en este proceso, porque la jueza ni siquiera quiso proveer copias del expediente a los denunciantes, teniendo que ungirle 4 veces para conseguirlo. Alegan que el sumariado debió ser separado del cargo para no entorpecer la investigación, pero indican que el abogado del denunciado es apoderado general del PLRA, correligionario de la jueza. Señalan además que el acusado ya amenazó y condicionó a todos los funcionarios bajo su cargo, siempre con aval de la jueza.

 

Por determinación N° DET/JE/002/2020, la Dirección Jurídica Ejecutiva de la Itaipú Binacional, la titular, abogada Iris Magnolia Mendoza, instruyó sumario administrativo para la investigación del acoso laboral contra Hilario José Luis Hermosa; y designó a la abogada Zulma Angélica Mercado Ramírez, como jueza instructora del sumario administrativo y al abogado Brice Alfredo Agüero Recalde, como secretario.

Magda Gómez, abogada defensora de la ingeniera Lourdes Silguero Godoy, denunció que la jueza Zulma Mercado, actuó con abierta parcialidad manifiesta, prevaricato e injerencia política, buscando blanquear las serias denuncias de acoso laboral, sexual, e inclusive discriminación, a favor de protegido de Itaipú, Hilario Hermosa. 

La defensa de los denunciantes alega que la jueza debió inhibirse de la causa por su amistad, familiaridad y trato cercano con el abogado de  Hilario Hermosa, el abogado  Rubén Ocampo Rivarola, apoderado nacional del PLRA. 

Refieren que es sabido que Zulma Mercado es activista del PLRA en el departamento de Alto Paraná, siendo tía paterna del concejal liberal Teddy Mercado, edil con lazo directo con Efraín Alegre, presidente de dicha nucleación política, violando así abiertamente la ley.

Resaltan las desprolijidades de la jueza en su obrar jurídico, con flagrante gravedad del mal desempeño en funciones, parcialidad manifiesta, e inocultable desconocimiento supino de la ley. Señalan que ignoró totalmente la propia normativa base que ella misma adhirió al sumario: la Resolución MTESS N° 388/2019 que establece el “Procedimiento de Actuación ante Casos de Violencia Laboral. Mobbing y Acoso Sexual en los Lugares de Trabajo, dentro de las Empresas”, donde la normativa agregada, por remisión de la directora Jurídica Ejecutiva de Itaipú, abogada Iris Magnolia Mendoza, junto con la denuncia, establece en su Art. 5° que dispone el procedimiento de denuncias ante hechos de violencia laboral, y en su numeral 1.2 establece que, en un plazo de cinco días, computados desde la recepción de la denuncia se debe iniciar la investigación tendiente a dilucidar el caso. También establece la adopción de medidas preventivas. vitales, como separación del cargo del acosador y la separación de espacios físicos de los afectados, redistribución de carga horaria, considerando los hechos alegados, ello sin perjuicio de otras medidas/sanciones aplicables al concluir la investigación, a los efectos de separar del cargo al sumariado y la prohibición de acercamiento del denunciado a la víctima y sus testigos.

La defensa alega que ninguna de estas medidas fueron cumplidas y el sumariado, Hilario Hermosa, continua ejerciendo poder e influencia en su cargo de jefe de Departamento de Embalse y Áreas protegidas de la Dirección de Coordinación, especialmente sobre aquellos que se encuentran bajo su dependencia, amenazando y atemorizando a los testigos de la víctima, inclusive presentándose en todas las audiencias testificales.

Estas alegaciones se pueden corroborar en declaraciones testificales de los funcionarios y subalternos, donde señalan y ratifican del temor y la zozobra que sentían los mismos por el denunciado, Hilario Hermosa, quien sigue ejerciendo presión desde su cargo. 

En ese sentido, indican que la jueza no ha realizado gestión alguna para que la Itaipú cumpla con su obligación de brindar protección a las personas vulnerables dentro de este proceso de investigación.

Denuncian además que se ha dilatado e incluso negado a las víctimas, la entrega de copia íntegra de los expedientes, siendo que la denuncia fue presentada en el mes de febrero de 2020, y fue solicitada por medios escritos en más de 4 ocasiones, sin embargo, la jueza hizo entrega de las copias del expediente recién el 9 de julio de 2020.

Refieren también que el sumariado hizo uso del derecho a la defensa en dos ocasiones, en forma escrita, y posteriormente la jueza le volvió a conceder la posibilidad de declarar el pasado 23 de julio, ya estando perimido el periodo de pruebas, luego de que hayan declarado todos los testigos, en absoluta violación al debido proceso. 

La jueza también evitó que la defensa de los denunciantes acompañen dicha declaración, que se realizó en privado, entre la jueza,  el denunciado y el abogado Rubén Ocampo, sin la presencia del secretario para labrar acta.

 

De esta manera, los abogados de los denunciantes señalan que la jueza Mercado, en absoluto mal desempeño de sus funciones ha pisoteado las garantías constitucionales del debido proceso, el de ser juzgado por jueces independientes e imparciales, demostrado parcialidad manifiesta y prevaricato contra las víctimas de la violencia laboral, con perspectiva de género y discriminación.

 

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