Con la dimisión del diputado altoparanaense con permiso Ulises Quintana a su pretendida postulación, el precandidato republicano a la intendencia municipal de Ciudad del Este por el movimiento Colorado Añetete, Wilberto Cabañas, asegura la victoria para el próximo domingo 24 de marzo y así erigirse como representante de la ANR para las elecciones municipales paranaenses del 5 de mayo del corriente año.

No obstante, el candidato de Añetete, que cuenta con el respaldo del gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken, dijo que a pesar de la dimisión de Quintana están otros postulantes, como la concejal comunal esteña, Lilian de Aguinagalde, quien tendría un apoyo velado del zacariismo, ya que históricamente la familia Aguinagalde estuvo vinculada al cuestionado grupo político fronterizo. Es más, hasta hace poco la edil aprobaba sin cuestionamientos los proyectos y pedidos del ejecutivo municipal, bajo la administración de la ex intendenta Sandra McLeod.

En ese sentido, el diputado altoparanaense, Ramón Romero Roa, señaló que la pelea para quedarse con la chapa colorada para la intendencia local estará entre Wilberto Cabañas y Lilian de Aguinagalde, aclarando que el primero lleva ventaja, porque cuenta con la estructura logística de Añetete. Por su parte el gobernador Vaesken es apuntado como el ideólogo de la candidatura del concejal departamental, que hasta hace poco era el titular del legislativo regional, cargo al que renunció para postularse.

Para el 5 de mayo, día de las elecciones generales, el gran rival del candidato colorado será el independiente Miguel Prieto, concejal que declaró una guerra abierta al clan Zacarías.

Por otro lado, el titular de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar, aparte de celebrar la renuncia de su “amigo Ulises”, aventuró que la victoria de Wilberto Cabañas será sin complicaciones.

Además de los candidatos citados, otro de los referentes importantes es el postulante liberal y también concejal municipal, Teddy Mercado, quien aparece como candidato único de los azules.

Recorriendo los barrios

Cabañas viene intensificando su recorrido por los distintos barrios de Ciudad del Este. En el barrio Remansito  estuvo acompañado de la dirigente colorada de Añetete y empresaria Odila Báez, como también el empresario Juan Ramírez, el titular de base de la seccional colorado No 6 Alcides Irigoyen, entre otros. También mantuvo un encuentro político con partidarios del barrio Fátima y San Roque. Prosigue las visitas casa por casa, a pocos 15 días de las internas republicanas.

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Sandra McLeod y concejales causarían más de US$ 10 millones de perjuicio al municipio al ampliar por cinco años la concesión del Shopping París. Involucrados  en el negociado tienen “amnesia”.

En 2011 la entonces intendente McLeod de Zacarías (ANR, cartista) sin licitación entregó en concesión por 30 años una cotizada finca municipal, situada sobre la avenida céntrica Luis María Argaña y a metros de la frontera con Brasil, a los empresarios coreanos Seong Kyun Kim y Jung Kao.

El acuerdo establece que los empresarios se encargarán de la construcción del moderno Shopping París (inaugurado en 2017) con 150 tiendas y estacionamiento para 1.500 autos y 30 buses, dentro del predio cedido.

Los inversionistas explotarán el centro comercial hasta 2041 y luego el shopping quedaría en manos de la Municipalidad. Eso implica que el municipio podría seguir alquilando los locales comerciales y generar millonarios ingresos desde 2041. Sin embargo, en enero de 2017 McLeod y los concejales a escondida de la ciudadanía ampliaron la concesión hasta 2046.

La prórroga de la concesión privará al municipio de millonarios ingresos por alquiler de los 150 locales y la explotación del estacionamiento.

Los locales pequeños de 25 m2 se arrendan por unos 10.000 dólares al año, mientras que los más extensos se alquilan por alrededor de 25.000 dólares. Anualmente los inversionistas recaudan más de 2 millones de dólares solo en arrendamiento. Teniendo en cuenta esos números la Municipalidad dejaría de percibir más de 10 millones de dólares entre 2041-2046 sin considerar las variaciones por la inflación.

La senadora Zulma Gómez (PLRA) dijo que corrió coima de 500.000 dólares para la ampliación.

Ediles con

amnesia mental

El concejal Teodoro Mercado (PLRA), que presidía la Junta en 2017, sostuvo que la ampliación “se hizo acorde a las normas legales”, pese a que fue aprobada a espalda de la ciudadanía.

Consultado si el municipio recibiría algún beneficio por la ampliación de la concesión dijo que “no recordaba los términos de la prórroga”.

Preguntado sobre el millonario perjuicio que sufrirá la municipalidad por la ampliación respondió que “se discutió en su momento todo”. Mercado es candidato a la intendencia por el PLRA.

A su vez el concejal Herminio Corvalán (Tekojoja) dijo que “no recordaba” la ampliación de la concesión, ya que “muchas cosas” pasaron por la Junta.

Los concejales Celso Miranda “Kelembu” y Lilian González (ANR) mencionaron que no participaron en la sesión secreta del 31 de enero de 2017.

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Miembros de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio (APESA), regional Alto Paraná, alertan sobre la indiscriminada habilitación de gasolineras en Ciudad del Este sin la reglamentación adecuada para su funcionamiento. De acuerdo al gremio, actualmente una veintena de surtidores operan en la capital departamental de forma irregular ante el nulo control.

Uno de los tantos casos es del emblema Petromax que, tras varias denuncias, fueron suspendidas las obras y finalmente clausurada el martes último por la dirección de fiscalización de obras particulares de la comuna esteña. La misma no contaba con habilitación de la Junta Municipal.

Un hecho que no pasa desapercibido en Ciudad del Este es la aparición interminable de construcción de nuevas estaciones de servicios. Pese a que este fenómeno fue advertido hace unos años, hoy es presentado como el negocio del momento, cuya habilitación masiva genera mucha desconfianza. En su mayoría, ni siquiera cumple con las normativas, debido a que no respeta ni la distancia unas de otras, además de ubicarse a metros de hospitales o centros educativos.

En ese sentido, la APESA califica de alarmante la situación, teniendo en cuenta que los propietarios no respetan la ordenanza municipal que regula la instalación de las gasolineras.  Según datos del gremio, más de 20 estaciones de servicios no están habilitadas para operar, sin embargo, siguen sin ser clausuradas.

Alfredo Molas, representante de la asociación, explicó que la ordenanza municipal refiere que los locales de expendio de combustibles no pueden construirse en un radio menor a 1.000 metros, pero en Ciudad del Este se colocan a 50 metros unos de otros. Igualmente, cada predio debe tener una dimensión de 600 m², y deben estar instalados a 300 metros de lugares de aglomeración de personas, pero estas normas no son respetadas por los propietarios.

En el caso del emblema Petromax, cuyo local está ubicado sobre la avenida San José, fue clausurado el martes último por la dirección de fiscalización de obras particulares de la Municipalidad. El local no cuenta con la habilitación por parte de la Junta Municipal, debido a que los dueños no reunían los requisitos vigentes en la ordenanza.

“Nos atrevimos otra vez a presentar la denuncia en la comuna porque la construcción estaba a la vista de todos y representa un problema muy grande. Ningún requisito prácticamente se estaba cumpliendo en ese lugar”, acotó Molas.

 

Negociados

El representante de APESA en la región afirmó que la habilitación de gasolineras se convirtió en un gran “negociado” que finalmente se descontroló, debido a que durante la administración municipal de la destituida Sandra McLeod las denuncias presentadas no eran atendidas y eran cajoneadas, tras previo pago de coimas.

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La Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este reenvió el caso de enriquecimiento ilícito contra el senador Javier Zacarías (ANR, cartista) al Tribunal de Apelaciones de Asunción. Se trabó un pleito sobre el lugar donde se tramitará el expediente.

El viernes pasado, la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, integrada por Isidro González, Aniceto Amarilla y Miriam Meza de López, remitió las actuaciones al Tribunal de Apelaciones de la Capital para determinar si el caso será tramitado en Asunción o en esta región.

El 29 de enero pasado, los fiscales Anticorrupción Josefina Aghemo y René Fernández pidieron a la justicia la reapertura de la causa de enriquecimiento ilícito, que había sido desestimada durante el gobierno de Horacio Cartes, tras constatar el sospechoso incremento patrimonial del senador.

Sin embargo, ningún juez ha estudiado aún el pedido de reapertura planteado por a Fiscalía debido a una serie de situaciones.

Primeramente, el juez Gustavo Amarilla se inhibió, y el caso fue parar al despacho del magistrado Miguel Tadeo Fernández, quien impugnó la decisión de su colega. Luego, el expediente pasó a la Cámara de Apelaciones de Asunción, compuesta por Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander, quienes señalan que no son competentes para entender y resolver la impugnación.

Posteriormente el expediente fue remitido al juzgado de Ciudad del Este, a cargo de Fátima Burró. Sin embargo, la Fiscalía apeló la remisión del caso y pretende que sea tramitado en Asunción.

La juez Burró remitió las actuaciones del pleito por la competente territorial al Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este, a su que vez reenvió a Asunción.

 

Lesión de confianza

En otro caso los camaristas Amarilla, González y Meza de López se alistan para estudiar los recursos de la defensa de la exintendente Sandra McLeod de Zacarías en el proceso por lesión de confianza.

La defensa de McLeod trabó la audiencia de imposición de medidas al alegar notificación fuera de tiempo. Pero el incidente fue rechazado por la jueza Teresita Cazal.

McLeod fue imputada por el desvío de G. 2.174 millones de la Comuna a través de contratos para publicidad. También fue procesada con su esposo Zacarías por ocultar bienes.

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Jueves, 07 Marzo 2019 09:58

Juicio político para Sandra Quiñónez

La fiscal general del Estado, abogada Sandra Quiñónez, debe ser llevada a un juicio político, porque no cumple su trabajo para el cual fue nombrada por el Parlamento paraguayo, a pedido del entonces presidente Horacio Cartes, a quien, desde que asumió el cargo, continúa respondiendo claramente, lo cual la ciudadanía percibe con total indignación.

Quiñónez ahora se enfrasca en una pelea sin cuartel con el también cuestionado Contralor General de la República (CGR) Enrique García, al sólo efecto para desviar la atención de las emblemáticas investigaciones que lleva adelante la fiscalía, como el caso del clan Zacarías, que a pesar de existir rosario de evidencias contra varios de sus integrantes continúan gozando de una grosera impunidad. ¿Porqué aun no son imputados los Zacarías y enviados a la cárcel?

Esto queda al desnudo con la alta parcialidad de casos muy mediáticos, que llevan a concluir que la Fiscalía General, a cargo de Sandra Quiñónez, viene actuando bajo una gran presión de políticos y autoridades comprometidos con hechos sumamente graves, y que pone al tapete cómo la máxima responsable del Ministerio Público se deja manipular por poderes fácticos y extrapoderes que actúan desde la oscuridad.

Sandra Quiñónez, sin lugar a dudas, tiene una gran deuda con el pueblo esteño y paraguayo, porque no está haciendo bien sus deberes, como responsable y protectora de la ciudadanía. Hay elementos más que contundentes que comprometen a los integrantes del clan Zacarías, y en especial al jefe de este grupo político, Javier Zacarías Irún y también a su esposa, la destituida intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod, en varios hechos de corrupción.

Sin embargo, hasta ahora no se conoce una imputación sensata o sesuda por parte de la fiscalía, que pueda permitir poner en la cárcel a esta banda de facinerosos, que durante casi 18 años desvalijó los recursos públicos del Estado y dinero de los contribuyentes de esta capital del Alto Paraná.

Pero para Sandra Quiñónez, funcional al cartismo, es indiferente la montaña de evidencias ya recogida por los fiscales investigadores, para que a esta altura Javier Zacarías, su esposa, Sandra McLeod, Justo Zacarías y varios integrantes de este clan perverso, pueda seguir campantemente libre, y hasta burlándose del pueblo paranaense y paraguayo. Por todos los antecedentes que ya se hicieron,  la única responsable directa de esta grosera impunidad es Sandra Quiñónez.

Si continúa llamándose al silencio, no queda otra que empezar una serie de movilizaciones contra la fiscal general, cuya acción queda más que evidente, que responde a ciertos “patrones”, para que se desentienda de la investigación que hay en curso contra miembros del clan Zacarías, que manejó Ciudad del Este por casi dos décadas.

Ya no se va a permitir que las autoridades sigan burlándose del pueblo, como vino ocurriendo durante los sucesivos gobiernos de turno y que quedara consolidado en la administración de Horacio Cartes, quien otorgó protección e impunidad a varios esquilmadores y ladrones de los recursos públicos. Sandra Quiñónez, es hora de justificar el cargo que le otorgó el Parlamento. De lo contrario terminará como su antecesor, Javier Díaz Verón.

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