Escribe: Luis Alen.

Se viene el “impuestazo” de Marito Abdo, tras el anuncio del envío del proyecto de aumentos en los tributos al Congreso, sin que se tuvieran en cuenta las objeciones de los empresarios, por lo que se presume que, por lo menos en Diputados, se pondrá a funcionar la aplanadora colorada, dejándose para el Senado la discusión principal debido a que aún no se sabe si habrá mayoría en la Cámara alta para la aprobación final.

No se puede negar la necesidad que tiene el Gobierno de más ingresos tributarios para equilibrar las deficitarias cuentas fiscales, más aún cuando se tienen datos de que el sector más pudiente de alta renta económica es el que menos aporta por obra y gracia de las excesivas deducciones en el Impuesto a la Renta Personal (IRP). El proyecto del Ejecutivo trata de enmendar esto, por lo cual es rechazado en el ámbito empresarial, que por su parte exige la contención del carnaval de gastos superfluos de la administración estatal.

Es cierto que Marito también prometió en campaña electoral mantener los niveles impositivos heredados para que el país sea competitivo, generando el aplauso de los empresarios del sector del “agrobusiness”, pero, justamente, éstos últimos son los que menos aportan al fisco, según las estadísticas del Iragro, que ahora se quiere eliminar para introducir a los hombres de campo en una sola bolsa con los demás aportantes del Impuesto a la Renta Empresarial.

El presidente dejó atrás la promesa de campaña y ahora se propuso ponerse a trabajar en una misión que es propia del Estado, como es la consecución del bien común y del bienestar general de la nación, a despecho de cualquier otra razón mezquina de grupos o de intereses minoritarios. En el caso del cobro de impuestos, debe primar el interés nacional y la equidad en la tributación, con fines especialmente sociales.

Pero he aquí que, en contrapartida, Abdo ha hecho poco para racionalizar el gasto público, que se ha disparado al conjuro del clientelismo político del que nuevamente ha hecho gala la clase política con el guiño cómplice del Gobierno y principalmente del responsable de la administración del país, el jefe de Estado.

El presidente debe poner un límite a los gastos corrientes y concentrarse en destinar los nuevos ingresos por la reforma a los gastos sociales y de infraestructura. La tendencia debe ser incrementar en forma sustancial la inversión en educación, del actual 4 por ciento del PIB (US$ 1.600 millones) a por lo menos el 8 por ciento. Lo mismo en salud, que insume actualmente  US$ 900 millones anuales, con lo cual tendrá sobrada justificación el “impuestazo”.

Razones políticas

Marito tuvo un encontronazo con la realidad de la salud en el Paraguay, pero que tomó a la chacota, durante su última presencia por Ciudad del Este, el lunes pasado, cuando presidió una inauguración en el hospital regional, siendo encarado por la concejala de Presidente Franco, Bartola Fernández, del Partido Democrático Progresista (PDP), quien encabezaba un mini-escrache y le reclamaba a viva voz y en forma airada por la falta de médicos, insumos y medicamentos en los hospitales públicos.

Fernández le zarandeó a Marito advirtiéndole que no cumpliría todo su mandato en el caso que siga como está, “separado del pueblo”, al no disponer las medidas conducentes a dotar de presupuesto a las necesidades más urgentes de la población, en el área de la salud, ante la realidad de muertes que se podrían haber evitado en el caso que existieran los recursos.

El jefe de Estado tomó en sorna el pedido, pero después, al ver la reacción del público en las redes sociales, se rectificó, lo que estuvo correcto, aunque deja una sensación que el mandatario no tiene las respuestas adecuadas a los reclamos, tanto con medidas como con proyectos que se deben presentar en forma urgente a la población en áreas muy sensibles como la salud.

Pero no hay proyectos posibles sin la provisión de fondos genuinos, que sólo vienen de la recaudación de impuestos. Y es aquí donde entran a tallar hasta razones políticas, pues con solo incrementar el impuesto al tabaco, ya se podría haber ingresado recursos extras para destinarlos a la atención sanitaria más urgente de la población con menos posibilidades de acceder a servicios asistenciales de calidad.

En el tema del tributo cigarrillero, todo depende de la pulseada con Horacio Cartes, el tabacalero devenido en político, quien últimamente otra vez está en buenas relaciones con Marito para ofrecer los votos en el Congreso con los cuales se pueda otorgar gobernabilidad al Gobierno. Para este año tenía pendiente el Gobierno un ajuste sustancial al tabaco, después que sólo se aumentara la tasa de 16 a 18 por ciento, a poco de que asumiera Marito.

Pero así como no puede poner a raya a su clientela que pide más cargos y fondos públicos, Marito tampoco ha podido hasta ahora imponer un impuesto al tabaco mayor al actual porcentaje mínimo establecido por ley el año pasado. Más todavía, incluso no se anima a cobrarle a HC por posibles impuestos evadidos y que se hallan pendientes de decisión en una denuncia que hace años duerme en el Ministerio de Hacienda, en la Procuraduría General y en el Tribunal de Cuentas.

De este modo, Abdo corre el riesgo de seguir recibiendo reprimendas públicas como la del lunes, por lo que, indefectiblemente, debería poner el empeño en corregir su rumbo en materia de recaudación impositiva, especialmente sobre el tabaco, para destinar los fondos adicionales al escuálido presupuesto actual de salud.

 

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Escribe: Luis Alen.

 

El blindaje judicial que exhiben con toda desvergüenza el clan Zacarías y otros políticos, es el mayor cáncer a vencer de nuestra política. Es hora que la ciudadanía se dé cuenta que no sólo hay que abrir las listas cerradas en las elecciones, sino también se debe exigir el fin de la impunidad en la Justicia. En el caso concreto de este grupo político familiar esteño tiene una gran responsabilidad la cuestionada fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, a quien el parlamento ya le debe tener entre ojos.

 

Las innumerables chicanas de Javier Zacarías Irún para evitar ir a prisión muestran la debilidad institucional del país. Un gran primer paso será el desbloqueo de las listas sábanas en las elecciones, pero también hace falta mucho más para vencer la hegemonía de las claques enquistadas en el Parlamento y en nuestra política.

Hasta el cartismo, cínicamente, ahora está de acuerdo con el desbloqueo de las listas cerradas, pero siempre despertando sospechas sobre si realmente está en su interés dejar de abroquelarse como una corporación mafiosa en el Congreso, porque el avance en la lucha sin pausas contra la corrupción supondrá también un peligro para HC.

 

Repercusión internacional

Javier Zacarías Irún pensó que podía escapar de los escraches en Semana Santa yendo al Brasil, aprovechando que todavía no está preso, pero ni en una churrasquería de Sao Paulo se salvó de que un compatriota le tildara al clan ZI como “la personificación de la corrupción del Paraguay”.

Javier Zacarías, su esposa Sandra y toda la familia son pasibles de ser escrachados en cualquier lugar, pero otros políticos de su calaña acusados de corruptos casi no aparecen por sitios concurridos, por temor a ser “xingados”, como lo graficaron los brasileños que viralizaron un vídeo sobre el episodio paulista en las redes sociales.

La caradurez de ZI es conocida, así como su afición a las traiciones, pero la rigidez de su rostro a prueba de cualquier escarnio público procede de su blindaje judicial, como lo demuestran los innumerables incidentes que ya interpuso para librarse de la cárcel. En efecto, hasta el momento, y pese a contar con graves imputaciones por robo a las arcas del Estado, al senador cartista no le pueden exhibir una sola orden de detención.

Los González Daher, los Díaz Verón y algunos otros políticos de menores quilates han ido a parar a prisión, de entre los más conocidos exponentes del anterior gobierno, pero comenzando por el mismo Horacio Cartes, y siguiendo con los Zacarías, los Bogado y varios más, las investigaciones fiscales tardan una eternidad o incluso después, ya en sede judicial, se nota a la legua la influencia que todavía mantienen HC y sus secuaces en la administración judicial para seguir con la protección “per secula seculorum”.

Es una situación que no escapa ni siquiera a la prensa internacional más respetada, como el artículo que apareció en el The New York Times el lunes pasado sobre los escraches de los paraguayos que comienzan a tener efecto para tumbar a los políticos propiciadores y protectores de la corrupción y que ya resulta casi la única salida para el cansancio ciudadano por la lentitud y el entreguismo de los jueces ante los políticos poderosos.

Según el periódico neoyorquino, “muchos paraguayos sienten que estas denuncias son su último recurso cuando enfrentan a instituciones que no actúan o son débiles, por lo que las protestas se han extendido por todo el país”.

 

Prioridad: la sanción judicial

Los tres principales candidatos a la intendencia de Ciudad del Este con vistas a las elecciones del próximo 5 de mayo, coincidieron en un debate por Facebook que una de sus acciones prioritarias será acabar con la corrupción descarada de la era Zacarías. Pero todo podría quedar en un mero discurso si es que no se logra la sanción judicial para las trapisondas del clan ZI.

Es que los Zacarías, así como toda la clase política sospechada de manejos perversos con el dinero público, buscan por todos los medios blindarse ante los procesos de investigación y penalización que se les vienen encima, acudiendo a toda clase de chicanas con tal de ganar tiempo y esperar que algún cambio de viento en la situación política les favorezca o, simplemente, se llegue al conocido “oparei” por el transcurrir de los años hasta llegar a la prescripción.

El clan que lidera Javier Zacarías Irún siempre estuvo a la cabeza en la aplicación del sistema de blindaje, tanto antes como ahora. Anteriormente, habían blindado su gestión en la municipalidad de CDE no permitiendo que la Contraloría ni la Fiscalía se atrevieran a meter sus narices en la administración comunal, mientras que ahora, con el avance de los procesos en el ámbito judicial por malversación de fondos públicos, sus abogados “usan y abusan” del chicanerismo, evidenciando que siguen siendo favorecidos por un “blíndex” que resulta a la vez motivo de envidia por parte de otros líderes políticos que desean emular al clan en poner en ridículo a la Justicia.

Tanto Javier como su esposa la ex intendenta Sandra no se cansan de incidentar las causas judiciales que se les incoan. Por ejemplo, en una de ellas, en la que el senador es tenido como instigador en una acusación por lesión de confianza, la fiscala Josefina Aghemo afirmó que los abogados ya presentaron ¡21 incidentes! para frenar el proceso y evitar que la jueza de Ciudad del Este Cinthia Garcete envíe a prisión al legislador. 

Los incidentes impiden también que se realicen las audiencias en las cuales un juez debe imponerles medidas cautelares en otros procesos, porque, al mismo tiempo, el senador colorado y su esposa están imputados por el delito de declaración falsa. La imputación menciona presentaciones de declaraciones juradas de bienes de ambos ante la Contraloría General de la República en las cuales supuestamente se omitieron bienes y cuentas.

El pasado 4 de abril, la defensa de los Zacarías logró suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares al promover un recurso de reposición en contra de la resolución que los citó, argumentando que está pendiente un pedido para anular el acta de imputación. Como era de esperar, el juez Gustavo Amarilla decidió posponer la diligencia hasta tanto se resuelva el pedido de anulación.

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción tiene abierta una investigación contra Javier Zacarías Irún, su hermano Justo Zacarías y su esposa por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal. En este caso, la investigación está trabada en la Corte Suprema de Justicia, pero por una acción planteada por el propio Ministerio Público.

Los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo presentaron una apelación en contra de la resolución que dispuso que el caso sea juzgado en el Alto Paraná. Se debe determinar la reapertura o no de la carpeta fiscal. Ahora, la Sala Penal de la Corte Suprema debe dictaminar si el caso se debe seguir en Alto Paraná o en Asunción.

 

Maniobra oculta del cartismo

Este 25 de abril es la fecha clave para conseguir que el Congreso nuevamente dé el visto bueno al desbloqueo de las inamovibles “listas sábana”, es decir, la reforma del Código Electoral para permitir que los electores paraguayos tengan el poder efectivo de tachar a los impresentables de la política camuflados en las nóminas que presentan los partidos en cada elección desde 1989.

Pero el llamativo interés del propio cartismo en el desbloqueo suscitó la suspicacia de más de un observador bien informado, ya que existe la sospecha que, después de haber vetado la reforma en 2014, HC estaría tramando junto al oficialismo abdista una trampa bien estudiada, y así “desbloquear para no desbloquear nada”.

Existe la fundada sospecha que se mantendría el predominio de la lista partidaria, dando la opción al elector de cambiar el orden de los nombres, pero desnaturalizando la idea de terminar con la lista cerrada en beneficio de la lista abierta, que es la que posibilitaría un sufragio mucho más libre y traería los verdaderos cambios en nuestra desprestigiada política.

La presión ciudadana ha tenido mucho que ver con la repentina adhesión de la clase política al desbloqueo, después de varios años de dilaciones, pero difícilmente la claque enquistada y anquilosada en los partidos dé lugar a una reforma radical en las elecciones, dando por fin a los ciudadanos la potestad de elegir realmente los nombres que desea elevar a los cargos públicos y de rechazar a los que considera indignos de asumir la responsabilidad de representar al pueblo.

Ya están diciendo que el proyecto de Payo Cubas de listas abiertas iría contra la Constitución, porque supuestamente ésta da prioridad a los partidos políticos y movimientos políticos para concurrir a la compulsa electoral, pero, por el contrario, el texto constitucional habla claramente que las agrupaciones “deben expresar el pluralismo” (art. 124), lo que no les saca preeminencia a los partidos pero que sin dudas implica la opción que existe para los electores de ejercer el sufragio en total libertad, sin ninguna atadura, que sin embargo de por sí existe con las listas cerradas de los partidos en las elecciones, todo lo cual despoja al sufragio de su elemento fundamental: la libertad de elegir a los representantes.

La trampa sería entonces la siguiente: como la Constitución limitaría la posibilidad de ir a las listas abiertas, porque supuestamente se afecta a los partidos y movimientos políticos, el cartismo, eventualmente unido a otras facciones como el llanismo liberal, plantearía llamar a una reforma constitucional, que sería aprovechada también para incluir la figura de la reelección presidencial, y así posibilitar que Horacio Cartes sea electo nuevamente como presidente, con el total apoyo de Blas Llano, Fernando Lugo, Nicanor Duarte Frutos y otros próceres de la enmienda frustrada de 2017.

El presidente Marito Abdo dio su respaldo también al desbloqueo para que el ciudadano pueda expresarse sin la atadura de listas cerradas, pero debe estar atento a la manipulación aviesa del cartismo, de pretender llegar finalmente a una Constituyente, ya que allí se consumaría la vuelta de HC al poder, con todas las consecuencias para la ciudadanía, que no podría ver entre rejas a los investigados e imputados por corrupción, como el clan ZI o mismo eventualmente HC, ya sea a partir de la conexión Messer en el lavado de dinero  o a través de un fiscal valiente que lo investigue por el contrabando de tabaco en la frontera.

Hasta el momento, HC le lleva indudablemente la delantera a Marito en cuanto a estrategia política destinada a su impunidad, pero el presidente debe despertarse de su letargo y empezar a marcar él la diferencia, para no caer en las redes mafiosas que le tratarán de cooptar y neutralizar, haciendo que su presidencia pase sin pena ni gloria.

Con el control de la fiscalía general del Estado, donde está puesta Sandra Quiñónez por HC, y con el salvataje que también se aguarda ocurra con el contralor Enrique García, más el blindaje judicial, la mafia política seguirá tan campante, con el “padrino” comandando entre bambalinas.

Un atisbo de que Marito estaría al tanto de la maniobra cartista-llanista, lo dio a entender el titular del Senado y del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, quien manifestó su acuerdo con la propuesta de desbloqueo de la bancada del partido Patria Querida, que sería una solución para salvar la preferencia del elector por determinados candidatos en detrimento de otros de la lista.

Pero la misma gente de Patria Querida huele a una componenda para “cambiar y no cambiar nada”, al decir que se teme que el 25 se apruebe un “desbloqueo falso” en el que primero se aplicaría el sistema D´Hont y sólo luego se tendría en cuenta el voto preferente. En Patria Querida defienden la propuesta que conforma el orden de la lista con los votos preferentes, para que los preferidos de los electores ocupen realmente las posiciones que se merecen a partir del “desbloqueo real”.

El proyecto de Patria Querida establece que el elector tendrá la posibilidad de votar en forma preferencial por un solo candidato de la lista presentada por el partido, movimiento o alianza. La cantidad de votos que reciba la lista determinará la cantidad de escaños, pero la ubicación en la misma se define por los votos que recibe cada candidato.

En cambio, la comisión de Reforma Electoral plantea que el desbloqueo sea opcional, que el elector pueda optar por respetar la lista presentada por su partido o movimiento. Así, el desbloqueo no sería real porque en mayor medida siempre se va a mantener el orden de la lista y los votos preferentes van a incidir muy poco en el orden de los candidatos. Senadores y diputados colorados apoyarían el “desbloqueo falso”, según dieron a entender tras una reunión con la Comisión Ejecutiva de la ANR.

La tercera propuesta es del senador Paraguayo Cubas, quien plantea implementar un sistema de listas abiertas en que el elector podrá modificar a su antojo el orden de la lista de candidatos. Patria Querida y otros sectores políticos afirman que este proyecto es inconstitucional.

 

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El principal tema sobre el cual giró la reunión del Consejo de Gobernadores, que tuvo lugar, por primera vez, en la capital del Alto Paraná, Ciudad del Este, fue el espinoso tema de la descentralización administrativa y política, que en teoría ya está hace años, pero en la práctica aun no está vigente, coincidieron los 12 jefes departamentales, que participaron de la reunión, que estuvo presidida por su titular, Roberto Gonazález Vaesken, gobernador del décimo departamento de la república. 

 

González Vaeken, agradeció la presencia y el compromiso de todos sus colegas en pos de un Paraguay mejor, para lo cual se debe impulsar con fuerza la descentralización, indicó. Estuvieron presentes,  los gobernadores de San Pedro, Cordillera, Guaira, Caaguazú, Itapua, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Canindeyú y Pte. Hayes. 

Aparte del tema central debatido, fueron canalizadas las problemáticas, situaciones y realidades de cada departamento en busca de las soluciones,  de acuerdo a las urgencias y las posibilidades en cuanto a recursos se refiere. 

Uno de los temas, en ese sentido, fue el ante-proyecto del Decreto Reglamentario de la Ley 6277/19 (inclusión de la banana en la merienda escolar), disposiciones derivadas de los  Ministerios de Salud, Hacienda y Agricultura.

 

Verdadera descentralización

Y el abordaje central del encuentro de gobernadores fue la necesidad de lograr la verdadera descentralización, para generar desarrollo en los departamentos. En ese sentido, tomaron la decisión de plantear el tema, al presidente de la República, sobre puntos bien establecidos. “Buscamos fortalecer los vínculos entre todos los gobernadores para que las políticas públicas puedan llegar con mayor rapidez a los 17 departamentos, y por otro lado estamos trabajando fuertemente sobre la descentralización real y efectiva de las gobernaciones, por lo cual tenemos en agenda reunirnos con el presidente Mario Abdo Benítez para tratar el tema” sostuvo el gobernador y titular del Consejo, Roberto González  Vaesken.

En tanto, el gobernador de Misiones, Carlos María Arrechea, indicó que de ahora en más el Consejo sesionará en todos los departamentos. "Celebramos esta iniciativa, la del presidente (González Vaesken) de reunirnos en todas las regiones, para así unirnos y conocernos más. También vamos a invitar a los intendentes para trabajar juntos por el bien de todo el país", significó Arrechea.

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El gobierno departamental, bajo la administración de Roberto González Vaesken, realizó una importante distribución de mobiliarios a instituciones educativas de los diferentes municipios del Alto Paraná. 

 

En esta primera etapa fueron beneficiadas más de 60 escuelas, con un total de 2.000 sillas pedagógicas, respondiendo a las necesidades más urgentes, teniendo como base la micro-planificación efectuada por el ente y los directivos de las escuelas y los colegios de la región. 

La entrega tuvo lugar en la propia gobernación,  con presencia de la primera autoridad departamental. Roberto González Vaesken, concejales departamentales y representantes de las diversas casas de estudios y supervisores. 

González Vaesken expresó que la inversión responde al calendario establecido por la Secretaria de Educación,  dentro del marco del programa educativo de provisión de mobiliarios a las instituciones educativas. Aclaró. que todas las sillas pedagógicas serán fiscalizadas de manera rigurosa a fin de exigir calidad. 

“Somos detallistas y transparentes, por tal motivo les invito a que nos ayuden a ser exigentes a la hora de recibir los mobiliarios en sus respectivas instituciones. Si no están en condiciones, automáticamente las rechazan y nos informan, para así hacer cumplir a cabalidad todas las especificaciones requeridas. Nuestros niños y jóvenes merecen tener una educación de calidad y los docentes, las herramientas necesarias para trabajar”, acotó el gobernador. 

Por otro lado, Rosa Bogado, directora de la Escuela Básica Nº 1533, del barrio Ciudad Nueva, de Ciudad del Este, manifestó que es de suma importancia que las autoridades prioricen las necesidades del sector educativo y que se cumpla con las promesas realizadas, como lo está haciendo en estos omentos la gobernación del Alto Paraná, bajo la gestión de González Vaesken.

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