Miércoles, 29 Mayo 2019 15:31

¿Y ZI para cuándo?

Van más de 2 meses de la última imputación y desafuero al político esteño y senador cartista, Javier Zacarías Irún, investigado, junto a su entorno, por varios hechos de corrupción, pero hasta ahora sigue libre y gozando de la perversa impunidad judicial, “privilegio” del que dispone desde hace varios años atrás.

Pero en realidad, desde hace más de 6 mes, tras la caída de Horacio Cartes, la justicia empezó a demostrar ciertas señales positivas para investigar a la cúpula del clan Zacarías, acorralado por un sinnúmero de hechos punibles, en los que aparecen involucrados varios integrantes del primer anillo de Javier Zacarías, como su esposa, Sandra McLeod, destituida por corrupta por la Cámara de Diputados, además del ex gobernador, Justo Zacarías, una hermana de Javier, Alberto Rodríguez, entre otros.

La ciudadanía esteña continúa aguardando que haya justicia y así los integrantes del clan Zacarías, comenzando por su líder Javier, paguen por su culpa, el saqueo al que sometió a la municipalidad de la capital del Alto Paraná durante 18 años. Sin embargo, la fiscalía general del Estado, un organismo clave para que sean castigados y llevados presos los vaciadores de la institución comunal, hasta ahora ha demostrado muy poca voluntad política para que estos facinerosos vayan a la cárcel.

El pueblo paranaense apunta directamente a la máxima autoridad del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, quien ha demostrado mucha tibieza cuando se trata de políticos muy cercanos a Horacio Cartes, el ex presidente, quien le colocó en el cargo, capaz, pensando ya en lo que se venía.

Quiñónez, con su indiferencia para acelerar el proceso de varios cartistas, lo único que hace es exponerse a un seguro juicio político, y puede terminar como su antecesor, Javier Díaz Verón, destituida o la cárcel, por otorgar impunidad a facinerosos y ladrones de los recursos públicos.

Es inadmisible que Zacarías Irún y varios otros personajes nefastos sigan gozando de los privilegios que le otorgan una justicia funcional a un sistema corrupto y pervers0. Definitivamente hay que diferenciar entre el bandido del honesto, premiando a los que hacen bien las cosas y castigando a aquellos que denigran a la sociedad. Ya no se puede continuar tolerando a los que viven al margen de la ley. Hay que pulverizar esta república para acabar con los ladrones de guante blanco, y de esa manera para poder recuperar la confianza  en las autoridades.

El pueblo esteño no se quedará quieto hasta que Javier Zacarías, Sandra McLeod y varios otros integrantes de su entorno mafioso vayan a parar a la cárcel.

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El consorcio Construbase-Cidade-Paulitec, encargado de la construcción del segundo puente sobre el río Paraná, inició el proceso de preselección de trabajadores, paraguayos y brasileños, interesados en formar parte del emprendimiento. Hasta el lunes último, unas 2.000 personas enviaron sus currículos a la página web habilitada por la empresa constructora.

 

El denominado Puente de la Integración, que unirá las ciudades Presidente Franco y Foz de Yguazú, será financiado por la Itaipú Binacional, con una inversión de 84 millones de dólares. Los trabajos se iniciarán en julio próximo y se prevé la culminación en 35 meses.

La firma habilitó el correo Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. para la presentación de currículos vitae para que los postulantes puedan acercar sus datos sin necesidad de cruzar el Puente de la Amistad. Hasta el mediodía del lunes, 1.916 carpetas ya fueron recibidas y registradas por la gerencia del consorcio, explicó Osman Bove, de Construbase-Cidade-Paulitec.

“Nuestra intención es que trabajemos también con personal de Paraguay. Estamos resolviendo algunas cuestiones relacionadas con el CNT (Consejo Nacional del Trabajo de Brasil), porque los deberes y derechos serán iguales, tanto para paraguayos como para brasileños”, remarcó.

Bove explicó que, de los 400 puestos, 80 serán para técnicos administrativos, auxiliares de servicios generales, depositeros, ingenieros, entre otros; en tanto que las demás vacancias serán reservadas para obreros, auxiliares, carpinteros y armadores.

“No establecimos ningún límite, en cuanto a números de carpetas que podamos recibir. Es cuestión de que veamos la capacidad, compromiso y la experiencia del trabajador”, añadió.

Entre otros puntos, Osman Bove dijo que el consorcio está desarrollando un sitio web donde dará a conocer todas las informaciones referentes a la construcción; y que la contratación será en forma gradual.

“Es importante dejar en claro que esta no es una contratación inmediata. Aún estamos trabajando en otros ámbitos, como licencia ambiental, por lo que todavía tardaremos un poco para empezar a contratar personas. Será gradual. Podría ser a mediados de julio cuando empecemos a llamar a los seleccionados”, explicó.

Actualmente, los trabajos se centran en levantamientos topográficos, revisión de proyectos y alquiler de terrenos para la construcción de oficinas.

 

Piedra fundamental

El pasado 10 de mayo, los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Brasil, Jair Bolsonaro, colocaron la piedra fundamental del futuro Puente de la Integración, en acto llevado a cabo en Foz de Yguazú (Brasil).

La nueva pasarela internacional, que unirá Presidente Franco con Foz de Yguazú, será fundamental para aliviar el congestionamiento del Puente de la Amistad y evitar el tráfico de vehículos pesados por los centros de Ciudad del Este y Foz.

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Las nuevas autoridades de la Municipalidad de Ciudad del Este dieron algunos detalles de cómo encontraron la institución al asumir sus respectivos cargos. Entre irregularidades, despilfarro y planillerismo, se busca lograr una mejor administración en la capital del Departamento de Alto Paraná. Dijo que su antecesora,Perla de Cabral dilapidó millones del dinero de la institución

En una entrevista concedida al programa de AAM emitido por NoticiasPy, el intendente Miguel Prieto, la directora de Recursos Humanos, Yolanda Paredes, y la asesora de Finanzas, Magdalena Montiel, revelaron las condiciones actuales de la Comuna de CDE.

Prieto mencionó que la contratación de más de 1.000 funcionarios durante la gestión de Perla Rodríguez de Cabral, quien interinó por dos meses el cargo, no es lo más “escandaloso” que encontró desde su ingresó como administrador municipal. Anunció que están recabando pruebas contundentes para denunciar otras irregularidades.

El jefe comunal y su equipo de transición asumieron la gestión en Ciudad del Este hace apenas dos semanas. Ni bien tomaron la posta, se encontraron con problemas presupuestarios, de infraestructura, clanes familiares y hasta con la falta de insumos de limpieza.

 

Situación económica

La asesora de finanzas, Magdalena Montiel, fue consultada sobre con cuánto dinero dispone la Municipalidad para inversión y cuánto hay para el pago de funcionarios. “Bueno, nosotros no tenemos dinero. Nosotros recibimos en el corte administrativo G. 5.000 millones, que había en las cuentas del banco”, manifestó.

Explicó que ese dinero “lo salvaron”, a través de un recurso de amparo, con el que se solicitó el bloqueo de la cuenta para que no se sigan pagando cifras multimillonarias.

A esto añadió que la ciudadanía esteña no está pagando sus impuestos, como medida de protesta, y que se les acabó el cupo combustible, así como los productos de limpieza. Al no tener cómo comprar, se realizan pedidos de donaciones.

Abordada sobre cuál es el monto con el que debería contar, de royalties y Fonacide, Montiel citó la suma de G. 280.000 millones y comentó que, entre enero y abril, la recaudación de recursos propios fue de G. 80.000 millones, suma que desaparecieron. “Se gastaron todo”, resaltó.

 

Empresa que más dinero se llevó

La encargada de finanzas sostuvo que uno de los gastos más grandes que realizó la Comuna durante la administración de Perla Rodríguez fue en la ingeniería ambiental, que se encarga del mantenimiento de un vertedero privado, por el que se invirtió, aproximadamente, G. 8.500 millones, en concepto de pago por los servicios de todo el 2019.

“También se modificó el presupuesto para ampliar y dar más a las comisiones vecinales, G. 8.500 millones también, durante la administración de la señora Perla”, trajo a colación.

El jefe comunal refirió que detrás del vertedero privado está uno de los ex ministros de la Corte. Sin dar muchos detalles, mencionó el nombre de Sindulfo Blanco.

Montiel explicó que se trata de una concesión que la Municipalidad hizo a una empresa privada, por 10 años, cuya concesión total es de G. 95.000 millones. “Pero la empresa tiene una representante, que se va y le cobra los cheques”, aclaró.

 

La dependencia superpoblada

Miguel Prieto calificó a la Dirección de Medio Ambiente como un caso “emblemático”. Se trata de la dependencia que cuenta con 39 recepcionistas. Señaló que, en total, cuenta con 727 funcionarios.

“Creo que es el área menos funcional en la institución municipal”, expresó el intendente, según su criterio.

Montiel agregó sobre este punto que en esta área se cometían irregularidades, específicamente, con la emisión de certificados ambientales.

“Era una coima, y eso no entraba en la Municipalidad, sino que llevaban directamente los encargados de áreas. Ellos firmaban ese documento, ¿por qué?, porque la que controlaba era la Municipalidad”, detalló.

Se recurría a esta práctica para liberarse de tramitar las licencias ambientales del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), aseguró.

 

Obreros propios

De acuerdo con el informe que reveló Prieto, la Municipalidad de Ciudad del Este cuenta con 628 funcionarios para los trabajos urbanos, de los que 150 son albañiles de la institución, que fueron contratados para los trabajos de obras públicas.

En este sentido, mencionó que hallaron llamados a licitación de obras, pese a que la Comuna contaba con sus propios obreros. Añadió que, incluso, se convocó a arquitectos para la planificación de obras, cuando ya se contaba en la institución.

Magdalena Montiel señaló que el plantel de obreros está ganando el salario mínimo, G. 2.100.000. “Son 150 obreros por G. 2.100.000 mensuales, que sumado son prácticamente G. 300 millones al mes, solamente en salario”, remarcó y especificó que ese rubro multiplicado por 13 (12 meses + aguinaldo) llega a los G. 3.000 millones al año.

 

Clanes de funcionarios

Miguel Prieto fue consultado si encontraron clanes en la Municipalidad y citó el de Aída Molina, ex funcionaria de confianza del clan Zacarías, quien contaba con 14 familiares contratados, entre hermanos y sobrinos, más otros cuatro de su novio. A su lista se suman los jugadores del Club 13 de Julio, donde ella es presidenta.

Luego, habló del clan de la profesora Rosa Marina Areco de Santa Cruz, que tiene a cuatro familiares contratados. Otro es el de “Aguinagalde”, que cuenta con cinco parientes en la institución.

Yolanda Paredes recalcó que están en una etapa en la que solo están verificando a funcionarios del periodo de Perla Rodríguez, y que después van a entrar a estudiar la administración de “los verdaderos planilleros”, los del clan zacariísta, lanzó.

 

¿Llegará a negociar con la Junta?

Luego de todas las exposiciones, el jefe comunal fue consultado si está dispuesto a negociar con la Junta Municipal. Sin dar muchas vueltas, respondió que no.

“Voy a seguir pidiendo apoyo a la ciudadanía. El camino que decidimos seguir es el de entrar a romper todas las roscas mafiosas, incluyendo si la Junta está metida, porque es el único camino que nos queda”, mantuvo.

Dijo que recurriría a los concejales solo para presentar sus proyectos, para ponerlos a consideración.

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La exintendenta interina y actual concejala de Ciudad del Este, Perla Rodríguez de Cabral (ANR), compró combustible por más de G. 1.000 millones sin control alguno en apenas tres meses de gestión. Además, retiraron equipos de rastreo satelital de los vehículos para eludir la fiscalización.

  “Los rodados de la Municipalidad tenían rastreo satelital, y nos enteramos de que Perla Rodríguez de Cabral (ANR) ordenó que se sacaran de todos los vehículos los aparatos y, de esa manera, cargaba combustible a gusto y sin control alguno de kilometraje”, denunció Alison Anisimoff, directora de Servicios Municipales, el sábado último durante una conferencia de prensa.

Rodríguez de Cabral interinó la intendencia de Ciudad del Este desde el 13 de febrero hasta el 16 de mayo pasado, cuando asumió el nuevo intendente electo, Miguel Prieto; y en ese lapso dejó sin combustible a la Comuna.

 

Millonaria compra

Según el recorte administrativo, desde febrero a abril se destinaron G. 1.081 millones en la compra de combustible para abastecer los vehículos de la Comuna del Este, pero todo este carburante fue entregado sin control alguno, según denuncian.

Los funcionarios cargaban el combustible en los rodados y no se controlaba el uso del carburante, ya que no tenían los equipos de rastreo satelital. “Mi experiencia como transportista me sugiere que había ordeño de combustible”, remarcó Alison Anisimoff.

La directora de Servicios Municipales, igualmente, informó que puso a disposición de Recursos Humanos a una funcionaria denunciada por hacer firmar a los choferes recibo de carga de combustible en blanco y no se conoce la cantidad del carburante que retiraron.

Anisimoff también indicó que pasado el 20 de mayo se ejecutó todo el presupuesto de combustible, de G. 340 millones de este mes. “Cuando asumimos el día 16, el jefe (Roberto Amarilla, de División Transporte) me avisó que se estaba terminando el saldo para las tarjetas. Pregunto cómo solucionamos, y me dice: bicicleteando”, señaló Anisimoff.

La directora de Servicios Municipales explicó que todos los vehículos de la Comuna están paralizados por falta de combustible, y manifestó que analiza medidas para terminar con el “bicicleteo”.

La Comuna cuenta con un presupuesto de G. 5.000 millones para combustible este año.

 

Intendente desafía a los opositores

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (independiente), desafió a los concejales opositores a pedir la intervención de su gestión por despedir planilleros que fueron contratados durante la administración de tres meses de la intendenta interina Perla Rodríguez de Cabral (ANR).

“Están un poco dolidos porque están perdiendo operadores políticos”, remarcó Prieto, quien anunció que seguirán con las mismas medidas para sanear la Intendencia del Este.

Además, ratificó su respaldo a Yolanda Paredes, directora de Recursos Humanos, quien encabeza la depuración de funcionarios y es también blanco de ataques de los opositores.

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*El caso se remonta a 9 años atrás, cuando se le despojó a un español 105 mil euros en la fiscalía de CDE.

La declaración del policía Manuel Benítez Ortiz, alias Pato, en una entrevista radial (107.1 FM Radio Positiva), que luego fue  rubricada en un acta notarial protocolizada en una escribanía, compromete de sobremanera al actual diputado liberal del Alto Paraná Manuel Trinidad Colmán, en la desaparición de 105 mil euros, perteneciente al español José Zamora Linares, caso que se remonta a noviembre del 2010, cuando la esposa del legislador, fiscal Nathalia Montanía realizó una sospechosa intervención en el Aeropuerto Guaraní, cuando el extranjero ya se encontraba en el interior del avión, Aerolínea TAM, a punto de partir a Valencia,  ciudad de origen del mismo.

Cuando se produjo el presunto despojo del millonario monto en euros del español, caso que se remonta al 10 de noviembre del 2010, el hoy diputado Trinidad Colmán, ejercía el cargo de juez de garantía de tercer turno en lo penal en Ciudad del Este, y su esposa Nathalia Montanía, era la fiscal interviniente, cargo que hasta ahora viene desempeñando, actualmente en el Ministerio Público de Hernandarias.

El uniformado Benítez Ortiz, quien participó de aquel operativo en el Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, recordó en la entrevista radial, que por orden de la fiscal interviniente, Montanía, fue quien le bajó al español del interior del avión. Dijo, que posteriormente la comitiva policial-fiscal condujo al extranjero a la sede del Ministerio Público, Unidad No. 7, donde al aprehendido se le mantuvo incomunicado durante algunas horas, además del despojo total del dinero que llevaba consigo, y que era la exorbitante suma de 330 mil euros, monto que estaba totalmente justificado y documentado, indicó.

Posteriormente-atendiendo siempre a la declaración del español y del propio policía interviniente en aquel hecho (10-11-10) la fiscal Montanía a través de su actuaria Teresa Báez, alias Techi, pidió al español que deje el 50 por ciento de todo el dinero que transportaba, a lo que el extranjero se negó rotundamente. Entonces la misma fiscal interviniente habría amenazado a Zamora Linares, de que si no accedía al pedido, plantaría en su maleta 2 kilos de cocaína, esto siempre atendiendo a lo dicho por el uniformado a través de una radio, declaración que fue asentada en un acta notarial.

 

Firmó acta bajo presión

Ante la tenaz oposición del español de aceptar la propuesta indecente de la fiscalía, entonces la actuaria Báez le presentó el acta de intervención para que firme y en donde supuestamente le entrega la totalidad del dinero (330 mil euros), pero sin embargo sólo el 50 por ciento del monto aprehendido se le estaba devolviendo, hecho que generó una negativa del extranjero de rubricar el documento, donde el mismo estaba siendo robado por la propia comitiva fiscal, liderada por Nathalia Montanía, señala en otro apartado de su declaración el policía Benítez Ortíz.

 

Víctima denunció presunta

tortura ante comisión de DD.HH

La víctima, el español Zamora Linares, a través de sus representantes legales denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores que el mismo fue torturado por integrantes de la comitiva fiscal-policial, cuando fue despojado de su dinero y llevado del aeropuerto hasta la sede del Ministerio Público de Ciudad del Este, aquel 10 de noviembre del 2010.

El grave hecho fue puesto a conocimiento del miembro de la comisión, el senador José “Pakova” Ledesma, quien se comprometió, primero, poner a consideración del pleno los antecedentes de la presunta tortura física a la que fue sometido el citado extranjero, para luego iniciar la investigación.

El español, en una interconexión radial desde Valencia habló con el parlamentario Ledesma, relatándole los terribles momentos vividos en poder de la fiscalía, que con una bolsa plástica que le colocaron en la cabeza intentaron asfixiarle, para que a la fuerza firme un documento, donde constaba que la totalidad del monto que se le sustrajo en el aeropuerto (330 mil euros) le fue devuelto, al que, en un primer momento se negó a hacerlo, para luego de varias amenazas- atendiendo siempre a la denuncia- terminó rubricando el acta de entrega, donde solamente recibió 225 mil euros, mientras que 105 mil euros, curiosamente, “desapareció” de la fiscalía, a cargo de Montanía, comentó Zamora Linares al parlamentario.

“Fui secuestrado y trasladado a la Unidad No 7 de Nathalia Montanía, donde me llevaron y me torturaron en la misma fiscalía, poniéndome una bolsa en la cabeza y una pistola en la boca, para así poder despojarme la plata que yo llevaba. Yo ahora le reclamo a la fiscal Montanía que me devuelva mi dinero. Yo aquí en España tengo todos los documentos legalizados, que comprueban el origen y monto de mi dinero”, relató la presunta víctima de robo y secuestro.

Por otro lado, denunció ante el senador Ledesma, que el hoy diputado liberal Manuel Trinidad, marido de la fiscal Montanía, fue el que se llevó la plata en su camioneta. “El diputado Trinidad llevó la plata en su camioneta”, fue la grave afirmación realizada por el extranjero ante el legislador, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.           

 

Fiscal Montanía ya había tomado

intervención en otro caso del español

El primer caso se remonta al 2008, donde el mismo Zamora Linares protagonizó un  hecho casi similar, cuando en el Hotel Santo Domingo de Ciudad del Este, donde estaba hospedado, desapareció de su habitación la suma de 37 mil euros.

Y justamente, la que tomó intervención en aquella oportunidad fue la misma fiscal Nathalia Montanía, hoy apuntada por el español, junto a su esposo, actualmente diputado liberal Manuel Trinidad como principales responsables del despojo de su dinero, en las instalaciones del Aeropuerto Guaraní, en noviembre del 2010. La interrogante que salta de repente a la vista, ¿es pura coincidencia que la fiscal Montanía haya tenido intervención en los dos casos del español? La ciudadanía tiene la respuesta.

 

“Sólo quiero que me

devuelvan mi dinero”

El español, presunta víctima del despojo de su dinero por parte de una comitiva fiscal-policial señaló que él está reflotando el caso, porque lo único que quiere es que le devuelvan los 105 mil euros, sustraído de la oficina de la fiscalía, unidad número 7 de Ciudad del Este, en ese entonces, a cargo de la abogada Nathalia Montanía, quien tomó intervención en aquel sonado hecho, que tuvo su origen en el Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, el 10 de noviembre del 2010.

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Miércoles, 29 Mayo 2019 15:22

Combate a la mafia le pasa factura a Marito

Escribe: Luis Alen.

La lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero se le está haciendo cuesta arriba al gobierno de Marito Abdo, por la situación complicada de la economía, cuya desaceleración sería en parte motivada por la reducción del circulante en el sector informal.

 

El presidente de la República lo admitió al señalar que la informalidad económica se nutre de los canales del contrabando y los distintos tráficos manejados por la mafia, que vio reducir sus recursos con el ataque frontal del Gobierno.

La respuesta oficial para contrarrestar los efectos de la crisis recesiva también es cuestionada por la falta de un plan gubernamental de reactivación productiva, la carencia de apoyo parlamentario al presidente y por las presiones procedentes de los intereses afectados, encabezados por el sector colorado cartista, que no desean que se profundicen las investigaciones sobre lavado de dinero.

La lucha frontal emprendida por el gobierno de Marito contra la corrupción y la impunidad, incluye obligatoriamente el combate al lavado de dinero y los negocios ilícitos conexos que maneja el crimen organizado. Pero la mafia, amparada por grupos de presión muy fuertes capaces de influir sobre la misma conducción política del Estado, se halla empeñada en aprovechar el atraso en las inversiones públicas para poner en entredicho la capacidad del gobierno con el fin de retomar un rumbo de crecimiento en la economía.

Lo que ocurre es que existen intereses muy fuertes que empiezan a ser afectados por la campaña de saneamiento del sistema económico y financiero, y su poder llega a tal nivel que hasta son capaces de influir para una reducción del movimiento de circulante monetario.

El propio presidente Abdo Benítez tuvo que salir a explicar de alguna forma las razones de la frenada en la economía que se está dando en el transcurso del primer semestre de 2019, achacándola a factores externos y al clima por la reducción productiva, especialmente en la agricultura. Pero también puso énfasis, como debía ser, en el factor quizás más decisivo, ni más ni menos, que son los sucesivos golpes al narcotráfico y al crimen organizado, los artífices de la economía subterránea o negra responsable de una buena parte de la dinámica económica paraguaya.

Pero también el gobierno de Marito Abdo, lamentablemente, contribuyó en parte con la “ralentización” de la economía, al no mantener un ritmo adecuado de inversiones públicas que sirvieran como contrapeso a la retirada de la escena económica de muchos fondos habitualmente manejados por la economía “negra” y que contribuyen normalmente a mover los negocios, santos y no tan santos.

De allí el anuncio oficial de una aceleración en el ritmo de ejecución del presupuesto nacional por parte de los ministerios, que inexplicablemente se había reducido notoriamente en el primer cuatrimestre del año, como en el caso del Ministerio de Obras Públicas, que sólo desembolsó el 11 por ciento de su plan de inversión total anual, de US$ 920 millones, al desembolsar nada más que US$ 110 millones, pese a haber previsto inicialmente invertir alrededor de US$ 300 millones en el primer semestre.

Esto nos conduce a la confirmación de algo que se venía sospechando, respecto a la carencia de un plan de contingencia del gobierno y de reactivación productiva, que esté bien coordinado entre las distintas dependencias del Estado, con el objetivo de compensar los efectos del ciclo recesivo.

Y este talón de Aquiles abdista se halla exacerbado aún más en forma negativa por la división existente en la ANR entre el abdismo y el cartismo, así como por la muy tenue capacidad del presidente de contar con un firme respaldo en el Parlamento, incluyendo a las bancadas opositoras, lo que quedó de manifiesto en forma flagrante con el rechazo al veto parcial a la ley de jubilaciones de los médicos, que nítidamente ha sido una deliberada cáscara de banana tirada al abdismo, como para demostrar su falta de control de las finanzas del país.

 

Ataque al corazón del sistema

La crisis económica viene a ser mucho más compleja en su solución a largo plazo, de lo que aparece a simple vista, porque si el gobierno profundiza el proceso de formalización y transparencia en la sociedad con la lucha contra el crimen organizado en primer plano, como es la firme posición de Marito Abdo, posiblemente también agrave las contradicciones del sistema.

El síntoma más evidente de lo que afirmamos es la prueba de fuego de las investigaciones sobre lavado de dinero y otros delitos que habrían sido cometidos supuestamente en el sistema financiero y, particularmente, en uno de los bancos, el BASA de Horacio Cartes.

Ya se había notado la dificultad en la investigación sobre los negocios financieros ligados a la economía oculta con los resultados de la comisión bicameral sobre la conexión Darío Messer-HC, donde resalta el escaso interés del Ministerio Público en indagar la ruta del dinero negro manejado tanto en la frontera como a nivel país, como resultado del contrabando de cigarrillos, el narcotráfico y los demás negocios turbios fronterizos, que alimentarían a su vez los canales del lavado de activos del crimen organizado y hasta de organizaciones terroristas como el Hezbollah libanés, con base firme en la Triple Frontera.

La insistencia de la fiscalía brasileña en aclarar las ramificaciones de los manejos de dinero negro de las coimas del Lava Jato, de la constructura Odebrecht y de Petrobras, en Paraguay, tampoco son motivo de atención por parte de la fiscala general Sandra Quiñónez, una fiel protectora de su mentor HC, como se ha visto incluso en el caso del clan Zacarías.

Un pedido en el Senado para investigar al banco BASA, realizado por el Frente Guasu luguista, terminó siendo rechazado por las bancadas colorado-cartista y liberal-llanista, previa moción de la gente que responde a Cartes de incluir también en la investigación a los bancos Atlas y Continental, con lo cual en forma artera se trataba de enviar el mensaje a la ciudadanía de que se llegaría al “terrorismo financiero”, lo que podría poner en peligro la estabilidad del sistema mismo con una eventual corrida, como la ocurrida en 1995 y que luego provocara la quiebra de varias entidades bancarias de capital nacional.

Es decir, con toda crudeza aparece en el horizonte el fantasma de una posible quiebra económica general, en el caso de continuar las indagaciones sobre lavado de dinero en el sistema y en particular en un banco, el BASA de HC.

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como lo advirtió el propio Banco Central del Paraguay en un comunicado, que ya anunció el inicio de un control sobre las remesas de fondos al exterior, de reales en forma física, que realizan los bancos del sistema, y a pedido del Banco Central del Brasil.

Es que el Paraguay está obligado a mejorar muchísimo en materia de control del gran flujo de dinero sospechoso, especialmente en la frontera, obligado como está por acuerdos en el marco del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Internacional, capítulo latinoamericano). Las leyes actualmente bajo análisis en el Senado, se atrasan en salir, provocando la inquietud del mismo gobierno de Marito, y las trabas provienen del sector cartista, como era de prever.

 

Mal uso de recursos

Otra materia que está en veremos y se demora en el gobierno es la mejora en el uso de los recursos puestos a disposición tanto de los ministerios como de las gobernaciones y los municipios. Hay un gran segmento de fondos que son prácticamente dilapidados por la clase política tradicional y su clientela prebendaria, tanto de la ANR como del PLRA, y hasta de los partidos menores, por la mala asignación de los recursos presupuestarios, en primer lugar, y también por el uso inadecuado de los fondos, al existir excesivos mecanismos de corrupción en la administración nacional, departamental y municipal, como los casos de miles de planilleros, exceso de personal, compras sobrefacturadas, jubilaciones VIP de legisladores o el robo directo de dinero sin ningún control, casi siempre detectado ya a posteriori por los organismos de contraloría, cuando el daño es casi irreparable para el erario público.

Es lo que se destapó en la última semana en Ciudad del Este, con el despido de unos 800 planilleros en la comuna contratados por la anterior administración interina de la concejala Perla Rodríguez de Cabral e incluso de la ex administración zacariísta. La de Cabral ya fue denunciada ante la fiscalía por posible malversación de fondos públicos, tal como también está en trámite la denuncia contra Sandra McLeod.

El nuevo intendente de CDE, Miguel Prieto, no debe transigir con esta dura realidad de la mala utilización de los recursos municipales, debiendo contar para este cometido con el apoyo ciudadano. Además, por su mismo futuro político, tiene que denunciar a los concejales que propicien estas irregularidades, sin ningún miramiento.

El combate frontal contra la mafia y la economía negra, así como la lucha contra la impunidad, debe comenzar en los partidos y movimientos, porque la clase política corrupta se nutre en gran parte del dinero desviado del presupuesto nacional y local.

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