Escribe: Luis Alen.

El más grande desafío que tiene por delante el país para lograr su desarrollo es poner la mayoría de los recursos financieros dirigidos a la ejecución de obras de infraestructura y energéticas, con lo cual se dará un impulso gravitante para la creación de empleos y elevar el nivel de vida de los sectores más necesitados.

Mientras se acerca aceleradamente el momento en que Brasil y Paraguay se deberán sentar en una mesa para discutir la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú sobre las prestaciones financieras de la represa, vale la pena también repensar aquellos aspectos del desarrollo nacional que son urgentes para solventar el progreso social, a partir de los recursos que se podrían manejar una vez que se haya conseguido poner nuestra energía a precios de mercado y en libre disponibilidad.

Porque existen datos que no dejan de preocupar por su directa implicancia en los guarismos de extrema pobreza y creciente marginación de amplias capas de la población. Se ha visto, a propósito del uso de los fondos públicos, que en su mayor parte el presupuesto nacional está dirigido a engordar la pesada burocracia que agobia al país y no a financiar proyectos de desarrollo.

Se habla, por ejemplo, que a partir de 2023 el Paraguay podría contar con por lo menos US$ 1.000 millones libres de polvo y paja, provenientes de la venta de la energía de Itaipú, que directamente podrían engrosar las arcas de Hacienda y con los cuales acometer obras desarrollistas para el bienestar social, incluyendo las construcciones de nuevas generadoras de electricidad.

Pero tropezamos con un grave problema de entrada, como es la mala administración de los recursos actuales del presupuesto nacional. Por lo que inyectar dichos US$ 1.000 millones adicionales a las arcas estatales no sería lo más aconsejable, dada la experiencia que se tiene con el derroche del Fonacide, por poner sólo un ejemplo de un barril sin fondo en manos de los políticos devenidos en administradores de ministerios, gobernaciones y municipios.

 

Limpiar la administración

De aquí a 2023, el Gobierno de Marito Abdo debería tomar en serio la propuesta del empresariado de sanear el gasto público, ya consensuada el pasado año a cambio de avalar la reforma tributaria que entró en vigor el 1 de enero.

Se impuso a priori la exigencia ineludible de la reformulación de los impuestos dirigida en un principio a posibilitar una mayor financiación de la infraestructura, cuyo déficit ya resulta alarmante, y que se agiganta año tras año precisamente por la prevalencia sin pausas del gasto rígido salarial a causa de la excesiva cantidad de funcionarios públicos.

Pero contrariando el espíritu del acuerdo arribado el año anterior, resulta notorio que la administración actual dista mucho del deseo de realizar una reformulación de dicho gasto, a la vista de la prioridad que todavía sigue dando a la burocracia con más aumentos y gratificaciones, haciendo tabla rasa del compromiso asumido de mejorar el gasto público con un manejo más austero.

Además de ello, se agregan otros elementos a considerar para entender por qué el país se halla en un déficit fiscal de casi el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y debe por ello emitir bonos para financiarlo.

Y esto sin contar el déficit en aumento de las empresas públicas, que hacen parte del segmento de entes descentralizados, que tarde o temprano terminan golpeando a la administración central del Estado. Salvo contadas excepciones gracias a tarifazos como los efectuados por Essap (la empresa de aguas del Estado), la mayor parte de las empresas estatales están pasando momentos difíciles al borde de la bancarrota, como la COPACO (comunicaciones), la INC (cemento) y CAPASA (cañas).

 

El derroche “oculto”

Existe también otro componente “oculto” del déficit fiscal que ningún Gobierno de la democracia (desde 1989) se animó a enfrentar, como lo es el derroche de fondos del gasto público. Según el reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Mejor gasto, para mejores vidas”, el Paraguay desperdicia el abusivo monto equivalente al 3,9 por ciento de su PIB por ineficiencia en los egresos del Estado.

Es la friolera suma de US$ 1.800 millones por año, tomando en consideración la nueva cifra actualizada del PIB de US$ 47 mil millones, lo que le cuesta a la sociedad paraguaya un Estado dilapidador de fondos que bien podrían haberse destinado a combatir la extrema pobreza o dotar de más medios a la salud y a la educación.

Aparte que en un contexto de mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos no habría necesidad de entrar en déficit para cubrir las necesidades del Presupuesto General de la Nación, hasta dicho monto  cubriría las serias deficiencias en infraestructura que tenemos en el país.

Cabe señalar que la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) contempla un tope para el déficit de 1,5 por ciento del PIB, unos US$ 660 millones estimado para el 2019.

De acuerdo al mismo informe, el pago de salarios en Paraguay concentra alrededor del 40 por ciento del gasto total de la Administración Central, muy por encima del promedio de América Latina, que es del 29 por ciento. En tanto que la proporción en comparación al PIB llega al 10 por ciento, frente al 8 por ciento del promedio regional.

Otro de los segmentos donde se filtran o desvían los recursos públicos es a través de las compras y las contrataciones públicas que realiza el Estado. El BID estima que en América Latina, entre el 10 por ciento y 30 por ciento de la inversión en proyectos de construcción se puede perder por la mala gestión y la corrupción. No es diferente a nuestro país, que se mantiene en el promedio regional.

Además, una reducción de los sobrecostos y demoras en proyectos de infraestructura financiados por los gobiernos podría generar un ahorro en el gasto de casi 1,2 por ciento del PIB, añade el BID. 

Por otra parte, el organismo señala que también se pierden recursos a través de las transferencias sociales y gastos tributarios. El BID estima un desvío de cerca de US$ 500 millones, solo en estos temas en nuestro país.

Según el BID, corregir estas ineficiencias sería más que suficiente para eliminar la brecha de pobreza extrema, construir más hospitales y escuelas, así como aumentar en el futuro cercano el parque generador de energía eléctrica, habida cuenta de la necesidad de hacer frente al mayor consumo de electricidad que sobrevendrá a lo largo de esta década del 20 que se inicia.

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Tras el movimiento comercial por las fiestas de fin de año, la división de Fiscalización de la Municipalidad de Ciudad del Este debe retomar las labores de la realización del censo en el microcentro de la capital departamental, con la finalidad de recuperar los espacios ocupados de forma irregular. Según había asegurado el director de Fiscalización, Javier Miranda, el relevamiento de datos había sido suspendido debido a que la actividad se había incrementado las últimas semanas del año, en la zona céntrica. Miranda indicó que al regreso del intendente Miguel Prieto, esta semana, se retomarían los trabajos.

 

El censo en el microcentro empezó realizándose en el tinglado ubicado en el predio de las 9 hectáreas, con la intención de conocer la situación de los ocupantes de los espacios públicos. Sin embargo, los trabajos se suspendieron con el incremento de las actividades comerciales por las fiestas de fin de año. La división de Fiscalización, a cargo de Miranda, debe retomar los próximos días el trabajo de levantamiento de datos.

Según había manifestado Miranda, más de 400 ocupantes de espacios públicos explotan un puesto de venta en el microcentro, de forma ilegal, ya que no cuentan con ningún documento que compruebe el pago del canon, ni la ocupación de las casillas o mesitas hace varios años. Estos ocupantes irregulares deberán ser desalojados y el espacio recuperado.

Asimismo, el funcionario informó que casi 200 personas fueron desplazadas del microcentro tras las obras de la cuarta etapa, llevadas a cabo durante la administración de Sandra McLeod de Zacarías. Tras el reordenamiento, ingresaron numerosas personas que no son beneficiarias de los puestos de ventas, pagando varios millones a miembros de la Federación de Trabajadores de la Vía Pública y a funcionarios de la comuna esteña.

Se espera que tras la recuperación de numerosos puestos de ventas edificados sin la autorización de la Junta Municipal ni la Intendencia, se cuente con más espacio en las veredas y espacios públicos del microcentro, dado así más lugar para los compristas que se movilizan a pie para recorrer las tiendas y adquirir sus productos.

Según afirmó Miranda, se esperaba el regreso del intendente Miguel Prieto de su viaje, esta semana, para coordinar los trabajos a realizarse.

La recuperación de espacios verdes también traerá ordenamiento y la imagen de una ciudad más limpia, ya que con las obras de la cuarta etapa, los sitios para peatones se redujeron aún más, con la aparición indiscriminada de casillas y mesitas de metal, las cuales formaban parte de negociados de la Federación y la Municipalidad, en aquel entonces.

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Ciudad del Este prepara un gran despliegue artístico y cultural para la celebración de su aniversario fundacional número 63 y el día de su santo patrono, San Blas. Las actividades conmemorativas se llevarán a cabo en tres escenarios, desde el día 24 de enero hasta el 3 de febrero y  participarán unos 120 artistas nacionales e internacionales. Para los festejos, se gastarán más de G. 1.700  millones, de los cuales, se disponen de G. 700 millones dependientes del presupuesto municipal y el resto distribuidos entre la Gobernación del Alto Paraná y la Itaipú Binacional, informaron desde la comisión.

 

Con el lema: “Ciudad del Este de brazos abiertos” la conmemoración tendrá como banderas la inclusión, la reactivación del movimiento económico-comercial, la promoción del turismo y el sentido de pertenencia, descartándose la politización por cuestiones electorales, explicaron los responsables.

La explanada de la Catedral, el estadio del 3 de Febrero y el anfiteatro del Lago de la República serán los escenarios para el despliegue artístico y cultural, marco en el cual se contempla la agenda litúrgica, con el novenario y las misas concelebradas con la presencia de varios obispos del Paraguay.

Oficialmente, el programa arrancará el 24 de enero con rezo del Ángelus, previsto para las 12:00 en la catedral San Blas; la misa a las 19:00 y el festival artístico a partir de las 20:30.

Además, un grupo de 120 artistas nacionales animará la festividad de Ciudad del Este. En cuanto a la novedad de este año, se anuncia el megaconcierto de nivel internacional con la actuación de Los Ángeles de Charly como atractivo principal, previsto en el estadio del 3 de Febrero.

Desde la comisión organizadora informaron que este año, la Municipalidad local dispone de G. 700.000 millones para los festejos. En tanto, G. 1.000 millones serán distribuidos entre la Gobernación departamental y la Itaipú Binacional.

El año pasado, según la rendición de cuentas, se gastaron más de G. 1.100 millones, de los cuales, la comuna esteña aportó G. 355 millones, la Itaipú más de G. 600 millones y la Gobernación G. 150 millones.

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Puerto Fénix, llamado Puerto Narco por los repetidos decomisos de drogas realizados por la SENAD y la Policía en sus instalaciones, debería pagar al Estado la enorme suma de US$ 60 millones, lo que surgiría después de la finalización de una mensura judicial, según se estima en fuentes tribunalicias de Asunción.

 

Con la realización, ahora confirmada en un juzgado de la capital, de la investigación sobre la posible ocupación de tierras fiscales por parte del complejo portuario ubicado sobre el río Paraguay en Mariano Roque Alonso, al norte de Asunción, se podría cuantificar la cantidad de hectáreas usufructuadas en forma ilegal por los dueños del Puerto Fénix y de los otros embarcaderos aledaños, con la consiguiente obligación de pagar al Estado el monto citado.

El juicio de deslinde y mensura del “Puerto Narco” en la jerga naviera, avanza en el Poder Judicial a paso rápido, después de su traslado de un juzgado de Luque al juez en lo civil y comercial de la Capital del 16° turno, Helmut Herman Fortlage Núñez.

Las instalaciones portuarias y aduaneras emplazadas en la zona, que involucran también a los puertos Caacupemí y San José, vecinos del “Puerto Narco”, habrían sido ubicadas por sus propietarios sobre unas 40 hectáreas de tierras fiscales, según la denuncia que dio origen al juicio de deslinde, que por otra parte ya fue notificada a la Procuraduría General de la República, a cargo del Dr. Sergio Coscia, quien ha venido a formar parte del proceso, según manda la ley.

El propietario vecino a Fénix, Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, inició el juicio de mensura y deslinde, pero cuya realización en principio había sido trabada por el abogado de Puertos y Estibajes S.A., Pablo Livieres Guggiari, quien es al mismo tiempo vicepresidente de la firma y miembro del equipo del bufete jurídico que lleva también la defensa del expresidente Horacio Cartes en varios otros temas judiciales en el que está involucrado el líder del movimiento colorado HC.

El fuerte lobby realizado para evitar en sede judicial el deslinde y mensura de la zona portuaria ubicada en la zona de Zeballos – Cué de la capital y en territorio del municipio de Mariano Roque Alonso, obedece al hecho de que se demostraría el avance de las instalaciones de dichos puertos sobre terrenos fiscales de un alto valor económico, que rondaría  1,5 millón de dólares por hectárea, lo que, una vez confirmado el hecho, daría lugar a la obligación legal de los propietarios de pagar al Estado alrededor de US$ 60 millones.

La continuidad del juicio de deslinde se había puesto en entredicho  cuando estuvo a cargo, en sus inicios, de un juzgado luqueño en lo civil, ya que la Procuraduría General de la República se había opuesto a su prosecución, acompañando la posición  de la defensa de Puertos y Estibajes S.A., que es la empresa a cargo de la operación de Fénix. La Procuraduría, al frente de la cual se halla el Dr. Coscia, y se encarga de defender los intereses patrimoniales de la Nación, inicialmente se había manifestado renuente a convalidar la “Res Litis”, dando a entender que no aceptaba la jurisdicción del juzgado en el caso, establecida con anterioridad por la propia Corte Suprema.

Pero ante la necesaria determinación y cuantificación de las tierras del Estado ocupadas presuntamente por los puertos privados, y por la magnitud de los recursos que podría recibir el Estado para satisfacer ingentes necesidades en salud y educación, el procurador no tuvo otra salida que aceptar la continuación de la “Res Litis” para comprobar la exactitud de la denuncia efectuada por uno de los propietarios linderos de Puerto Fénix.

El caso será juzgado ahora en el tribunal capitalino, por tratarse de la jurisdicción adecuada, teniendo en cuenta la defensa que se hace de ingentes recursos estatales, en un proceso destinado a clarificar una denuncia de mal uso de bienes públicos.

 

Habría títulos falsos

La demanda de deslinde incluye acusaciones muy graves, por parte del demandante, Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, que deben ser dilucidadas en el juicio, como que se habría fabricado instrumento público de contenido falso (títulos falsos) en connivencia y complicidad con funcionarios de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, a tal punto que en los registros públicos aparecerían derechos de Golden Works S.R.L., de los Hellmers, en superposición a los derechos dominiales de Ramírez Alvarenga, cuya finca 3.960 tiene casi medio siglo de vigencia en el sistema informático de Catastro.

Si es que se confirma que están siendo ocupadas las 40 hectáreas fiscales por los citados puertos privados, las firmas deberán pagar por lo menos unos 60 millones de dólares, a razón de 1,5 millón la hectárea, tomando en cuenta el valor de mercado actual de dichos terrenos en lugares altamente cotizados para puertos fluviales de gran movimiento de cargas.

Las tierras en litigio presuntamente fiscales, pertenecerían al municipio de Mariano Roque Alonso y al INDERT, por estar prácticamente fuera de la zona urbana y a orillas del río Paraguay, en una zona muy valuada por tratarse de asientos de varios puertos, entre ellos Fénix, San José y Caacupemí, al norte de la ciudad capital, Asunción.

La demanda de deslinde fue promovida por Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, bajo patrocinio del abogado Alfredo E. Wagener, con domicilio en la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.

Es contra los linderos, al Sur, Puertos y Estibajes S.A., de Fénix, representada por los ingenieros Julio Martínez Trueba y José Fassardi; al Norte, la empresa Golden Works S.R.L., representada por Enrique Hellmers, Norman Hellmers y Fernando Hellmers. Al Este, el señor Horacio Giménez.

También el demandante pidió notificar a los presidentes de las firmas adyacentes de Puerto Caacupemí S.A. y Puerto San José S.A.

El denunciante acusa a los directivos de Fénix S.A., Julio Martínez Trueba y José Fassardi, de fabricar un título falso en connivencia dolosa con funcionarios de la municipalidad de Mariano Roque Alonso, para así supuestamente burlar a posibles interesados en la compra de la propiedad ubicada en el lindero norte del puerto citado, sobre la hidrovía, a quienes se les indica en forma fraudulenta que el terreno ya habría sido adquirido por la empresa portuaria.

Ramírez Alvarenga también involucra a directivos de otros puertos vecinos, como San José y Caacupemí, en el intento de avasallamiento de su propiedad, e incluso afirma que en forma artificial arman una trama para despojar al legítimo propietario del valioso inmueble, sin pagarle un solo centavo.

 

HC estaría detrás

El intento de despojo a Ramírez Alvarenga se habría fraguado cuando aún fungía Horacio Cartes como presidente de la República, quien estaría vinculado al holding de Puerto Fénix a través del abogado Pablo Livieres Guggiari, el vicepresidente de la firma a partir de 2017, ejerciendo siempre la presidencia el ingeniero Julio Martínez Trueba, el antiguo directivo de la citada empresa portuaria.

La expansión de las operaciones portuarias del complejo Fénix-Caacupemí-San José se estaría realizando con la exhibición de títulos falsos e incluso en abierta violación de la Ley 3001/06, de Servicios Ambientales, que obliga a las obras con alto impacto ambiental a realizar compras de certificados de la Seam (actual MADES, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable), como el caso de los puertos.

Puertos y Estibajes S.A. se opone al juicio de deslinde que le promovió su vecino lindero porque teme quedar en evidencia que ocupa varias hectáreas de tierra fiscal adyacente al recinto portuario, afirmaron las fuentes judiciales.

HC formaría parte del holding empresarial que maneja Puerto Fénix, de Mariano Roque Alonso (Central), conocido en la jerga naviera como el “Puerto Narco” por las sucesivas incautaciones de drogas ocurridas en dicho recinto portuario, indicaron fuentes judiciales.

El caso litigioso se llevaba inicialmente en el juzgado en lo civil de Luque, a donde fue a recalar el proceso por decisión de la Corte Suprema, pero Puerto Fénix no aceptaba la jurisdicción y trataba de entorpecer los trámites hasta el punto de haber querido influir sobre algunos organismos oficiales como la Procuraduría General de la República y la Prefectura Naval de la Armada Nacional.

No pudiendo el “Puerto Narco” obtener el beneplácito del procurador Sergio Coscia, y tras volver el juicio a un juzgado de la capital, ahora corresponde que la acción judicial continúe con la mensura y deslinde que comprobaría la ocupación ilegal.

Ante la necesaria determinación y cuantificación de las tierras del Estado ocupadas presuntamente por los puertos privados, y por la magnitud de los recursos que podría recibir el Estado para satisfacer ingentes necesidades en salud y educación, el procurador no tuvo otra salida que aceptar la continuación de la “Res Litis” para comprobar la exactitud de la denuncia efectuada por uno de los propietarios linderos de Puerto Fénix.

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Miércoles, 15 Enero 2020 14:44

ZI quiere volver con dinero malversado

Escribe: Luis Alen.

 

El presidente Marito Abdo por fin dio la orden de “limpiar el dinero sucio” en la política, a pesar de la tranca que ha impuesto el liderazgo cartista de la ANR. ¿Ya no sería un poco tarde la decidida intervención presidencial para apresurar los tiempos en el Congreso?

 

Porque impresentables como Javier Zacarías Irún pretenden volver a predominar en Ciudad del Este, por interpósita persona al apoyar la candidatura a intendente de Juan Pereira, precisamente con dinero que provendría de sus denunciadas malversaciones de fondos públicos entre 2015 y 2017, de lo cual está acusado por el Ministerio Público.

El contubernio HC-ZI vuelve a sobrevolar la política, con el ánimo de retomar el fallido “nuevo rumbo” en las próximas elecciones internas y municipales, pero tropezaría con la firme oposición norteamericana, según las fuentes de la embajada de la avenida Mariscal López.

La comisión permanente del Congreso ha llamado a sesión de la Cámara de Diputados para el 4 de febrero, con el fin de tratar el controvertido proyecto de ley de financiamiento político, que pretende establecer la trazabilidad del dinero en las campañas, candidato por candidato, y no ya como una mera rendición de cuentas generales de los partidos, a posteriori de los comicios.

Se cumple así con uno de los requisitos esgrimidos por el gobierno de Estados Unidos, y que fue resaltado en la entrevista que tuvo lugar en la Casa Blanca el 13 de diciembre pasado, entre el presidente paraguayo y el líder norteamericano, Donald J. Trump, con el fin de desmantelar la lavandería “Made in Paraguay”. Es en lo relativo a cortar de cuajo el financiamiento de la narcopolítica en las elecciones paraguayas, que ha convertido a nuestro país en un virtual Narco-Estado.

Quedó pendiente hasta ahora, también, la investigación exigida por EE.UU. a los movimientos de la protección a la lavandería de dinero de la narcopolítica, encabezada por el maridaje HC-ZI, lo que ya se había puesto en evidencia en un informe confidencial de la embajada allá por fines de 2016, durante el gobierno de Cartes, y que ahora salió plenamente a trascender a nivel público con el “affaire” del Lava Jato brasileño, a través de la conexión HC-Darío Messer.

 

El pase de factura a Marito

El no haber investigado en forma a HC-ZI y recuperar así lo desviado al fisco durante la pasada gestión cartista que convirtió al país en una gran lavandería de dinero negro, le está pasando ahora la factura a Marito Abdo, y por ende a Añetete, de cara a la interna colorada de julio y a las generales municipales de noviembre.

Es cierto que Horacio Cartes y Javier Zacarías Irún con su clan se resguardaron muy bien con el blindaje político-fiscal y judicial, pero la inutilidad del presidente Abdo ha sido mayúscula al no haber armado a tiempo un “corralito” que neutralice el poder omnipresente de HC, con movimientos rápidos tendientes a reemplazar a la fiscal general puesta allí precisamente por el cartismo en su momento, y lograr una mayoría en la Corte Suprema, como resultado a su vez del tejido de alianzas políticas en el Congreso que reduzcan la influencia de Honor Colorado.

Ahora que se habla nuevamente de un “abrazo” republicano para lograr listas unificadas en los distintos distritos y hasta en la lucha por el poder en la junta de gobierno de la ANR, suena a reconocimiento de la imposibilidad de cristalizar el anhelo de ver la merma del poder de HC.

Esto es así porque resulta una ridiculez pensar que el abdismo conseguirá ir reduciendo el poder cartista a medida que consigue Añetete atraer hacia sus carpas a una parte de la dirigencia de base, toda vez que lo que mueve a la política criolla es la “mosca” (la plata), proveniente principalmente de fuentes no tan santas y que ahora debe estar en la mira de los organismos tanto nacionales como extranjeros, encargados de observar el movimiento de dinero negro procedente de los tráficos fronterizos o de la corrupción estatal.

Es obvio calcular que todo lo amasado en la era HC, y aún antes, que nutre las faltriqueras cartistas, es un colchón muy cómodo con que cuenta Horacio para volver a financiar no sólo su propia campaña, sino también la de Añetete, en el caso de la “unidad”, pero siempre a beneficio de inventario lógicamente, una vez que se disfrute del poder en un hipotético “cogobierno”.

 

El caso Soares

El caso del financiamiento cartista a la izquierda de Avanza País y Juntos Podemos, en 2013 y 2015, develado ahora por el escándalo de los supuestos audios de Camilo Soares y la dirigencia del P-MAS, muestra con meridiana claridad el modus operandi de HC para no sólo comprar voluntades políticas e influir sobre gobiernos nacionales o municipales del signo partidario que sea, sino también comporta el mecanismo por el cual se llega incluso a forzar cambios de procesos en los que finalmente saldría beneficiado el mismo Cartes, llegado el caso, pero varios años después de la “ayuda” financiera.

Este filantropismo político “sui generis” esconde, además de por supuesto la posibilidad de negocios suculentos con la plata como la mismísima usura entre los involucrados a través de firmas de pagarés exorbitantes, un puñal bajo el poncho que finalmente resultó utilizado en el caso de Mario Ferreiro para tumbarlo del gobierno municipal de Asunción y, de paso, hacer añicos la credibilidad de casi toda la izquierda y el progresismo.

El peso político del mecanismo financiero cartista ya no sorprende a nadie, a esta altura de los acontecimientos, por lo que resulta hasta admisible que Añetete busque la “unidad” con HC, como una suerte de evitar la interna “salvaje” en la que saldrá ganando indefectiblemente la billetera de Horacio. Pero la interesada búsqueda del “abrazo” republicano tiene sus riesgos, como será el caso de que se lo haga a cambio de impunidad y de soslayar definitivamente la investigación de la herencia de la era HC, cargando después, eso sí, con las deudas, sin beneficio de inventario para Marito, que luego vienen con abultados pagarés como los que tumbaron a Ferreiro.

La salida a la luz pública de los groseros manejos financieros de HC y la izquierda pone de manifiesto sin lugar a dudas la urgencia de establecer de una vez por todas la trazabilidad del dinero puesto a disposición de los dirigentes políticos en las campañas.

Pero no sería de extrañar que el proceso electoral de 2020 quede exento otra vez de la vigencia de este control, para dar lugar a la deseada componenda del “abrazo” republicano, y así pasar a una supuesta “paz partidaria” en la que se deje la pulcritud en el contaje de fondos de origen lícito, en aras de volver a  la vieja usanza del conteo de dinero sucio, para regocijo del mandamás de la “Lavandería Paraguay”, es decir, del “Patrón del Quincho”.

Basta con decir que la Fiscalía no movió aún un solo dedo para iniciar una investigación a fondo del financiamiento recibido de HC por la izquierda ferreirista, tanto en 2013 como en 2015, tan solo con la intención de averiguar si no se trató del uso de dinero procedente de ilícitos como evasión, contrabando o, directamente, lavado de dinero. Se concentra sólo en la denuncia de Soares sobre la “caja paralela” en la administración de Mario Ferreiro.

Pero finalmente, el pasado lunes 13 de enero, en el 73 aniversario de la conspiración de 1947 que le devolvió el poder al Partido Colorado (sin festejos oficiales), se hizo un pedido para investigar el mecanismo de financiación de HC: lo hizo el P-MAS (Partido del Movimiento al Socialismo), previo alejamiento de Camilo Soares de su liderazgo, con una solicitud expresa al Ministerio Público y al Tribunal Superior Electoral de realizar una exhaustiva investigación del “mecanismo” cartista de financiamiento electoral a la izquierda, pero que efectivizado con la seriedad requerida podría también escarbar en todo el movimiento financiero-político de HC, por lo menos de los últimos diez años.

¿Lo hará la fiscala general Sandra Quiñónez puesta allí por HC, con la misma celeridad que lo hizo para cumplir el libreto cartista para buscar la intervención a Ferreiro y la posterior renuncia de éste? ¿Lo investigará un tribunal electoral acostumbrado a la vista gorda del financiamiento “fronterizo”?

Son preguntas de las que pende el mismo futuro de la presidencia de Marito.

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