Escribe: Luis Alen.
Esta vez el beneficiado directo con la “unidad” en la ANR es Horacio Cartes, al salvar sus principales negocios de ser controlados más de cerca por la Seprelad. Ocurre a escasos días de la venida de una misión internacional que se encargará de definir si Paraguay vuelve a la lista gris de países considerados no cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero y delitos conexos.
En medio de una semana signada por los reclamos sectoriales, tuvo lugar en Pilar la esperada cita entre Horacio Cartes y Hugo Velázquez, solicitada por éste último, siendo anfitrión el titular de la ANR, Pedro Alliana. La tregua política puede servir también para descomprimir la crisis social generada por los cierres de rutas de los camioneros y las movilizaciones campesinas e indígenas, de los docentes y del personal sanitario, que aún siguen y ensombrecen las posibilidades de una pronta recuperación económica tras la dura pandemia.
La anunciada cumbre colorada entre los referentes principales del partido en el poder tenía principalmente la finalidad de mostrar la “unidad” de la Lista 1 para las elecciones municipales de octubre, pero el nuevo abrazo republicano también viene a ser como un necesario balón de oxígeno para Marito Abdo, embretado como está por los reclamos sociales, que a medida que pasa el tiempo se van agravando con el riesgo de una paralización en la economía provocada principalmente por los ominosos e ilegales piquetes en las rutas, que son causa del malestar ciudadano y dan una imagen de debilidad al Gobierno, así como de una lastimosa incapacidad al Ministerio Público para garantizar los derechos de la gente que quiere trabajar.
Pero en definitiva es HC el que también ahora requiere del abrazo republicano con olor a impunidad, para poner a buen resguardo las tabacaleras y los clubes de fútbol de un control más estricto en materia de lavado de dinero, pasando por alto los pedidos de renuncia a Marito que lanzaban sus mismos periodistas a través de los medios del grupo Cartes.
También se olvidó el cartismo de las constantes diatribas de sus voceros contra el supuesto pacto con el Frente Guasu luguista en el Senado, que diera lugar a la elección de la nueva directiva sin el concurso de HC. Ahora Marito se dio hasta el lujo de demostrar que tiene mayoría en el Senado incluso sin el aporte del luguismo, al conseguir que los legisladores devuelvan a comisión el tratamiento de la inconstitucional fijación por ley del precio del flete de los camioneros, con el voto en contra del frente izquierdista, con lo cual también echó por tierra el cuento cartista de que es proclive a un plan de desestabilización del “zurdaje”.
La presión desmedida
El Gobierno hizo sólo ahora lo que debió llevar a cabo hace rato: constituir la comisión técnica para el estudio y fijación del precio para el flete de los camioneros, con lo que se buscará descomprimir una creciente crispación social generada por los cortes de rutas. Se aprovechó además la presión desmedida de los camioneros para sacar a relucir el lado de la moneda que le interesa al Gobierno, como es la necesaria formalización del sector del transporte de cargas, que es un rubro cada vez más importante que involucra nada menos que la salida de los productos de exportación del país, y principalmente la soja, pero que hace gala de una gran informalidad, con poco pago de impuestos y todavía menor cumplimiento de las leyes del seguro social para sus trabajadores.
Resulta a todas luces inconstitucional que el sector del transporte de cargas insista en la fijación de sus precios por ley, cuando tendrían que estar regidos por la competencia como el resto de los productos y servicios ofertados o demandados en libre concurrencia dentro del mercado.
Los empresarios de este sector, así como sus trabajadores, aparentemente quieren seguir el ejemplo de sus colegas argentinos que continuamente presionan a sus agroexportadores para obtener precios más elevados por el flete, pero lo hacen en un ambiente inflacionario crónico, de inestabilidad cambiaria y de altos impuestos, lo que no es la realidad paraguaya.
Al contrario, en la Argentina el reconocido periodista Jorge Lanata ha dicho hace poco en su programa de televisión, muy visto, que la economía paraguaya atrae a los inversionistas por sus niveles impositivos bajos y la estabilidad cambiaria, todo lo opuesto a la situación del vecino país. Incluso los camioneros argentinos admiran los bajos costos en neumáticos y otros repuestos que rigen en el Paraguay, contrariamente a los niveles elevados que se manejan en el sector transporte argentino por el sistema cambiario mixto y los altos tributos, además de la corrupción imperante.
Intercambio de favores
Tras el mini-estallido social se aprecia aún más la urgencia de sacar al país de la crisis pandémica, aprovechando que la tregua en la ANR habría quedado sellada con miras a las elecciones municipales del 10 de octubre. Pero al final todo queda nuevamente supeditado a la “buena voluntad” de HC, con el sólo efecto de traer un poco de aire a la debilitada gobernanza de Marito.
Horacio Cartes hizo caso al llamado de unidad de Velázquez, retribuyendo así la “gentileza” del abdismo que había votado en la Cámara de Diputados para que no se ordenara expresamente por ley que la Seprelad fiscalice a las tabacaleras y a los clubes de fútbol, precisamente en vísperas de la venida de la auditoría internacional del Gafilat (Grupo de Acción Financiera Antilavado).
Se perdió así la magnífica oportunidad de controlar las cuentas de los negocios de HC, sospechadas desde hace tiempo por las agencias norteamericanas de albergar operaciones negras de contrabando de cigarrillos, lavado de dinero y hasta financiamiento del terrorismo internacional, según el parecer de la misma Gafilat, conocido ahora a través de su último informe a nivel latinoamericano con el apoyo del Departamento del Tesoro de Washington.
La creciente importancia del tráfico de drogas, el contrabando y el lavado de dinero en la economía paraguaya, hace que la inseguridad en el campo alimente aún más el conflictivo escenario social, lo que a su vez desemboca paradójicamente en una crisis mayor que pone en duda la posibilidad de un crecimiento sostenido de la producción.
A ello se ha referido un comunicado contundente del círculo de oficiales retirados de la policía, respecto a los atentados mortales contra uniformados miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, en el Norte del país de los últimos días, porque al tiempo de descalificar la extrema violencia terrorista de las bandas irregulares, la consideró directamente como una respuesta de los narcos a los operativos donde cayeron cargas récord de drogas, decomisadas en las últimas semanas por los organismos antinarcóticos.
Para evitar que la conflictiva realidad de los tráficos fronterizos ponga en peligro la estabilidad económica, política y social, resulta pues indispensable salir lo más rápido posible de la senda tenebrosa que conduce al narcoestado, que una vez consolidado podría inhibir definitivamente cualquier intento de democracia, transparencia y conquistas sociales para la gente común, tal como ocurre ya en varios países latinoamericanos.
De allí que los sectores que presionan tal vez por justas reivindicaciones y que lo hacen amparados en la misma debilidad gubernamental para sacar una tajada adicional de la torta económica, deberían tener cuidado en no acompañar, tal vez en forma coyuntural o inconsciente, las posiciones de quienes se aprovechan también del peligro real de la inestabilidad, para seguir utilizando la política con fines inconfesables de crear el ambiente propicio para el reinado del crimen o del terror, yendo en contra de la sociedad democrática, y que a la larga también reprimirán a los que protestan en las calles por mejoras en sus precios y salarios, como ocurre ahora, haciendo uso y abuso de sus derechos a manifestarse, a expensas de la ciudadanía, de los contribuyentes al fisco y del esfuerzo productivo general.
Mientras tanto, el problema de fondo del Paraguay sigue sin resolución, como es la necesidad de desparramar en la población los beneficios del crecimiento económico, a través de inversiones que generen puestos de trabajo, así como prestaciones sociales en términos de educación, salud y viviendas dignas para todos los habitantes.
Esto sólo se logrará por intermedio de un plan económico y social de mediano y largo plazo, aprovechando la energía de las hidroeléctricas para el desarrollo y no para beneficio de una élite política privilegiada. Pero esta distribución de la riqueza energética entre toda la población pasa lógicamente por el cambio en la forma de aprovechamiento de las usinas binacionales, además de la vigencia de un manejo transparente de la principal fuente de recursos con que cuenta el país.
El Gobierno trata que la Justicia impida la plena transparencia en las binacionales, porque las cuentas claras podrían ocasionar la segura caída de la ANR. Asimismo, se busca continuar con la opacidad en el manejo del tema del lavado de dinero en las tabacaleras y en los clubes de fútbol, a satisfacción del Patrón colorado.
Todo lo contrario a lo deseado por Estados Unidos, que presiona por conocer más la realidad del financiamiento al crimen organizado a través del lavado de dinero. Pero tropieza también con la realidad de la necesidad de sostener a un régimen aliado, que como el paraguayo es una democracia “imperfecta” que requiere ser ayudada por su fragilidad y para que no caiga en manos de regímenes más opresivos como el de Venezuela, Nicaragua o Cuba.
Sin embargo, Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en un discurso el mes pasado en El Salvador, afirmó que Washington tiene como guía principal la lucha contra la corrupción, porque es el germen de toda inestabilidad que conspira contra el progreso del pueblo.
Por eso, dijo Power, “es tan importante luchar contra la corrupción, luchar contra el comportamiento autocrático en cualquier lugar en el que ocurra, porque estas acciones pueden crecer con rapidez para amenazar la estabilidad, amenazar la democracia, amenazar la prosperidad”.
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