Escribe: Luis Alen.
El mayor desafío para Santiago Peña como nuevo presidente será sin lugar a dudas ir tomando medidas que marquen su equidistancia de las imposiciones que seguramente vendrán de Horacio Cartes, su mentor político y supuesto soporte para la gobernabilidad. Donde más se sabrá si Santi empieza a tomar estatura política propia será cuando se busque afianzar la institucionalidad en el plano judicial y especialmente con las medidas destinadas a luchar contra la corrupción y la impunidad.
El largo período de transición para la entrega del mando ha mostrado los primeros episodios relacionados con la necesidad de enviar claros mensajes de apego a la institucionalidad, por una parte, y el problema de la entrega “ordenada” del gobierno al nuevo equipo cartista que tomará posesión del poder a partir del 15 de agosto, incluido el pedido de parar licitaciones y contrataciones que no cayó nada bien entre las fuerzas económicas del sector privado empresarial, porque implicaría un freno a la dinámica de la economía que tarda en recuperarse tanto de la pandemia como de los coletazos de la crisis por la guerra en Ucrania, con su carga de inflación y retracción productiva motivada por la crisis internacional.
Resulta evidente que no le será fácil a Santi la convivencia armónica con la maquinaria cartista de la impunidad, como quedó demostrado en el caso Erico Galeano, porque también ya se puede vislumbrar que, con el pretexto de darle gobernabilidad al nuevo titular del Ejecutivo con miras a las reformas que deberá encarar por ejemplo para equilibrar las finanzas estatales, al mismo tiempo Peña deberá “aguantar” el tener que tragarse algunos sapos por el lado de la defensa “a ultranza” que hará el cartismo en el Congreso, y especialmente en Diputados, cuando se trate de defender a sus lacayos “atacados” en la Justicia, como se demostró en el caso del rechazo reciente al eventual juicio político contra Jorge Bogarín Alfonso, otro declarado “significativamente corrupto” por los Estados Unidos y cuestionado por la destitución del fallecido fiscal Jorge López Lohman, que tampoco fue revisada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que sigue así bajo control cartista.
El caso de Erico es sintomático de lo que puede suceder con el gobierno de Peña. Por un lado, de bocas para afuera campea el discurso del apego a la institucionalidad con el pedido de Santi exigiendo que el legislador cartista se ponga a disposición de la Justicia, pero simultáneamente el diputado del “doble fuero” devenido en senador electo y proclamado ya como tal por la Justicia Electoral, se blinda con la inmunidad parlamentaria blandiendo además las infaltables “chicanas” para enfrentar con mayor fuerza un proceso judicial en el que es acusado nada menos que por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal.
Las imposiciones de HC
La proclamación de Santiago Peña tuvo lugar el pasado martes 30 con un acto especial desarrollado en el auditorio principal del Banco Central, donde el protagonismo principal lo tuvo Horacio Cartes, y a quien primero fue a saludar el presidente electo incluso antes de hacerlo con las autoridades presentes de los demás poderes y de la Justicia Electoral, como agradecimiento al que lo catapultó a la primera magistratura del país.
El apuro en ir a estrecharse en un abrazo con su promotor político, podría estar anunciando la terrible “realpolitik” del peligro latente de una presidencia sometida a las imposiciones que seguramente vendrán de Horacio, como ya quedó demostrado antes de la toma de posesión con el anuncio de la nueva mudanza de la embajada paraguaya en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, como ya había ocurrido en la presidencia de Horacio, pero que finalmente fue revertida por Marito Abdo en 2018 por estar en choque directo con disposiciones de las Naciones Unidas acerca del estatus de ciudad santa de las tres religiones monoteístas: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo.
No hay que olvidar que una de las causas principales que mueven a los Estados Unidos a actuar para poner freno a la hegemonía política del poder fáctico de HC es que el hombre fuerte paraguayo se erige en el factótum de la Justicia, obstruyendo la transparencia de las investigaciones fiscales y judiciales que lleven a sancionar a los responsables de conducir al Paraguay al borde de ser un Estado fallido, por su manifiesta incapacidad de combatir al crimen organizado que se maneja a sus anchas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.
Así también causó preocupación en el empresariado la propuesta “histérica”, según la calificación de Marito, de la componente del equipo cartista de transición, la exministra de Hacienda Lea Giménez, de parar las licitaciones y contrataciones eventuales de nuevas obras y de otros programas de acción gubernamental, pese a que el mismo Parlamento con el voto de los cartistas había ya aprobado los fondos -algunos de ellos con financiamiento externo- para la continuidad de los planes estatales.
Estos programas son esenciales para apoyar el desarrollo del país, dando el suficiente oxígeno financiero para el trabajoso empeño de mejorar la performance de la economía y así conseguir que el Producto Interno Bruto llegue a subir nuevamente a los niveles pre pandémicos.
Algunos empresarios recordaron a propósito que ya Cartes había pedido lo mismo al gobierno saliente de Federico Franco en 2013, con el resultado de un “parón” económico que causó un severo impacto negativo en los procesos productivos y de consumo, del cual se tardó todo un año en salir.
Otra fuente de pulseada entre Santi y su mentor político podría provenir de las medidas que se deberán tomar dentro de las investigaciones fiscales y judiciales en los que se hallen incursos miembros del cartismo o hasta el mismo HC.
O cuando a éste también se le ocurra alguna “vendetta” contra Marito, con la orden ya esbozada que delató la misma Lea Giménez, cuando dijo que “vamos a tener que investigar y tal vez revertir algunos procesos”, especialmente en los concursos para contrataciones de personal, en una clara advertencia acerca de las medidas que vendrán para reconducir algunas orientaciones institucionales, afectando entes sensibles como el caso de la Seprelad, es decir la lucha contra el lavado de dinero que resulta el caldo de cultivo para el contrabando, el narcotráfico y la narcopolítica.
Está por verse hasta qué punto será “ordenada” la transición de Abdo a Peña, para no afectar la continuidad de la economía, pero de lo que aparentemente no habría mucho apego del gobierno saliente es en aceptar las “órdenes” que provengan de Cartes, como ya lo evidenció el propio Marito al contestar a Lea Giménez, la virtual jefa del equipo de transición cartista.
El equipo de transición que se integró por decreto del Ejecutivo está integrado, además de Lea, por José Alberto Alderete, en representación del presidente electo; y por Hernán Huttemann, el actual jefe de gabinete, y Carlos César Trapani, asesor jurídico de la presidencia, como delegados de Marito.
El mismo decreto habla de que la misión principal del equipo de transición es realizar el traspaso administrativo con la provisión de información referente a las instituciones públicas, lo que será de mucha importancia, “dado que dicho suministro debe ser eficiente, oportuno y reunir las formalidades necesarias para garantizar la seguridad jurídica”.
Lo que se podría especular es si, llegado el caso, el cartismo aceptaría disposiciones del gobierno saliente precisamente en cumplimiento de la “seguridad jurídica”, a partir de órdenes emanadas de la Justicia en lo relativo a cuestiones relacionadas a los intereses de Horacio Cartes o que afecten sus negocios principalmente de parte de las agencias antilavado, antiterrorismo, antidrogas o anticontrabando de cigarrillos, del gobierno de los Estados Unidos.
El “gobierno de la mafia”
El próximo 27 de junio tendrá lugar una audiencia pública en el ámbito del Parlamento del Mercosur (Parlasur), en Montevideo, para recabar información fiable sobre si hubo o no fraude en las pasadas elecciones en nuestro país. Más allá de si se podrá comprobar realmente la manipulación de las máquinas del voto electrónico, esta iniciativa del diputado parlasuriano Ricardo Canese, del Frente Guasu luguista, puede ser aprovechada para echar luz sobre la denuncia del mismo parlamentario acerca de que el país cayó en poder de un “gobierno de la mafia”, según sus textuales palabras durante el debate que tuvo lugar en la capital uruguaya, cuando Canese fue varias veces interrumpido desde la bancada cartista.
La grave sospecha de lo que puede ocurrir a partir del 15 de agosto con las instituciones de la República no puede ser tomada a la ligera, por cuanto el copamiento del cartismo sobre el Estado es una realidad incuestionable, más aún cuando se nota que la gran mayoría de los electores optó ya sea por otorgarle carta blanca a HC y a sus candidatos, o de entregar su voto a las propuestas anarquistas de Payo Cubas, poniendo en serio riesgo el sistema republicano de contrapesos al unicato dictatorial, que es la pretensión de HC en su obsesión por un poder omnímodo, como ya se pudo constatar durante su presidencia cuando buscó alzarse con la reelección en base a una enmienda inconstitucional.
La esperanza de la ciudadanía honesta se sitúa en la posibilidad de que dicho contrapeso republicano se haga realidad en el Congreso, con la unidad opositora y el aporte de algunos parlamentarios anticartistas de Fuerza Republicana, a pesar de que también es posible que el cartismo logre algunas “fugas” en las filas de la nueva disidencia colorada o en la misma oposición.
Lo cierto es que la denuncia de fraude electoral más bien podría dar paso a que el país tome conciencia de que la institucionalidad es requisito básico para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, sobresaliendo la necesidad de impulsar la independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial, como garantía para la venida de las inversiones que tanto requiere el país para la creación de empleos y el incremento del bienestar social mediante mayores recursos destinados a educación, salud, vivienda y seguridad.
Por ahora cunde la expectativa en torno al gabinete que anunciará Santi y si el mismo volverá a estar copado por los “gerentes” cartistas, como ocurrió durante la presidencia de HC, cuando se creó un virtual consejo de gobierno regido por la gerencia general de empresas del Grupo Cartes, que ahora ha desaparecido por presión norteamericana, pero que con otro nombre podría seguir influyendo sobre Peña en su toma de decisiones para cumplir las imposiciones de Horacio.
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