Gastos “sociales” van a Salud con evidente merma del poder de HC

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Miércoles, 21 Abril 2021 15:50
Gastos “sociales” van a Salud con evidente merma del poder de HC Marito podrá disponer de nuevo de la lapicera, tras el notorio espaldarazo de la llamada telefónica del secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken. ¿Se animará a ejercer sólo el poder?

Escribe: Luis Alen.

 

La presión ciudadana y una oposición unida obligaron a romper el blindaje colorado sobre los fondos “sociales” de las binacionales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, que ahora se destinarán a auxiliar a la población más afectada por el drama de la pandemia.

 

En una apretada e histórica votación, la Cámara de Diputados aprobó el redireccionamiento de los gastos sociales de Itaipú y Yacyretá para cubrir las necesidades monetarias de las familias con miembros afectados por el Covid-19. Los votos opositores más cuatro colorados cartistas hicieron la diferencia que admitió la versión de la ley proveniente del Senado, por la cual se impone al Ejecutivo en forma taxativa el traspaso de los fondos al Ministerio de Salud.

En un primer momento, los colorados cartistas en alianza con el abdismo, quisieron mitigar la disposición imperativa de la versión senatorial, con el tono más atenuado del “facúltase al Poder Ejecutivo”, en vez del “dispóngase” más directo, pero finalmente con 41 votos a favor, 38 en contra y una abstención, triunfó el texto de la ley impetrando directamente al uso de los fondos socioambientales de las binacionales para ir en auxilio de las familias, por primera vez en toda la historia de estos recursos, habitualmente manejados por la políticos en forma discrecional y que han sido la “caja chica” de las campañas electorales de la ANR.

Son alrededor de 150 millones de dólares que deben ser traspasados a los programas de Salud, y que hasta el último instante se pretendió principalmente resguardar para financiar los siempre poco transparentes programas de gastos sociales de las binacionales, muchas veces totalmente lejos de atender las reales necesidades del pueblo, y en especial de las cuantiosas erogaciones actuales provocadas por la grave crisis sanitaria.

Tampoco pasó desapercibido que el mismo presidente Marito Abdo, antes de la votación solicitó el traspaso de los fondos sociales de las hidroeléctricas a disposición de los programas de salud pública, lo que ahora se ha configurado por medio de una ley y con lo que se descuenta que el jefe de Estado no la vetaría.

Desde cualquier parámetro de análisis, la decisión legislativa implica un giro de 180 grados en la política nacional, resaltando además que se ha dado otro duro golpe a la operación Cicatriz, con lo cual el poder de Horacio Cartes sufriría una fuerte merma, a partir de las presiones que realiza Estados Unidos para disminuir su influencia sobre los mecanismos de impunidad judicial que controla el cartismo.

 

La orden superior

La grave crisis sanitaria del país a causa del coronavirus zarandea los cimientos de la estructura política nacional, a tal punto que pone en entredicho la operación Cicatriz de impunidad, cuyo objetivo central ha sido dotar a Horacio Cartes de un poder casi total, lo que, por supuesto, no resulta nada bueno a los fines de dar impulso al desarrollo en la post-pandemia.

El empresariado es consciente de esta situación, ya que dejar el manejo de las decisiones políticas y económicas en manos de HC, no le conviene a nadie, y menos aún para un clima de negocios que sea atractivo a la inversión extranjera, la cual siempre pone el ojo en primer lugar en la independencia del Poder Judicial, que a esta altura ya estaría también copado por el cartismo.

Todos saben que para recuperar el dinamismo económico una vez finalizado el mazazo del virus en el cuerpo social, harán falta miles de millones de dólares para inversiones principalmente privadas, a la vez que se tendrá que pagar el gran endeudamiento estatal generado en la pandemia. Sólo un gobierno desprovisto de toda atadura con el viejo estilo de hacer política prebendario y corrupto, podrá sacar adelante a la República en los próximos años. 

HC ganó terreno hasta llegar a apoderarse prácticamente de la Corte Suprema, en parte por la flojedad del presidente Marito Abdo, pero también porque aprovechó en forma astuta la crisis para aparecer como el garante de la estabilidad institucional, obligando al presidente a convertirse casi en su títere, a cambio de supuestamente garantizarle impunidad tras el destape de los negociados con los insumos sanitarios “chinos”.

El estatus de “hombre fuerte” de Horacio tampoco es bien digerido por la embajada norteamericana, a estar por la impactante toma de posición del secretario de Estado Antony Blinken, quien en una llamada telefónica le hizo saber a Marito la “sugerencia”  del presidente Joseph Biden de no ceder a ninguna presión que ponga en entredicho las órdenes superiores de la potencia hegemónica occidental.

Y entre dichas órdenes aparece claramente el mensaje remitido a HC, tras la sanción al diputado Ulises Quintana, candidato a la intendencia de Ciudad del Este apoyado por el cartismo. Sólo hay que leer el por qué de la medida contra Quintana, explicando la calificación de “significativamente corrupto”, y a quién finalmente va dirigida entre líneas, cuando se explica el motivo de la extrema decisión de impedir de por vida el ingreso del legislador a USA y la imposibilidad de su presencia haciendo negocios en entidades financieras de ese país.

Como Ulises es relativamente una pieza de menor enjundia en el mecanismo de la mafia política, el mensaje va dirigido evidentemente a HC, el “strongman” paraguayo: “Participó en actos que facilitaron la delincuencia organizada transnacional, socavaron el Estado de Derecho y obstruyeron la fe del público en los procesos públicos del Paraguay”. El destinatario de estos graves cargos es oficialmente Quintana, pero como el legislador es sólo un peón de menor rango en el tablero político nacional y Cartes es quien realmente corta la torta de la cual se nutre Ulises, es obvio que oficiosamente la calificación de Washington tiene la mira centrada en el corazón del poder bicéfalo paraguayo.

Y de paso el mensaje se extiende al mismo Marito: “Estados Unidos sigue apoyando al pueblo de Paraguay en su lucha contra la corrupción y hace que sus líderes electos rindan cuentas. Esta designación reafirma el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción en Paraguay, en la región de la triple frontera y a nivel mundial”.

Está clara la advertencia, en el sentido que no le cabe otro rumbo al país que la lucha frontal contra el flagelo de la corrupción y la impunidad, tanto en el Poder Judicial como en los demás estamentos públicos.

Como queriendo demostrar a Estados Unidos que Paraguay cumple con la orden de trabar en lo que pueda la mafia del narcotráfico, que varias veces fue identificada como financiadora de la política criolla, Marito Abdo festejó en simultáneo hace unos días con el embajador del Brasil, los siete años de cooperación fronteriza contra el crimen organizado y las bandas de traficantes de drogas, que dio como resultado una serie de golpes que significaron unos mil millones de dólares en perjuicios monetarios al negocio ilegal. 

Pero inmediatamente Estados Unidos no se quedó callado, y a través de uno de sus expertos en la lucha transnacional contra los tráficos en la triple frontera, Emmanuele Ottolenghi, volvió a poner el dedo en la llaga, insistiendo en la importancia capital del tráfico de cigarrillos en el esquema que alimenta el monumental negocio que tiene lugar en las rutas brasileñas y de otros países vecinos, que junto a las drogas y las armas impulsa un mecanismo que llega no sólo a financiar a las mafias sino también al grupo terrorista Hezbollah, un enemigo declarado de USA.

Otro informe de la consultora local Cadep en unión con la Universidad de Chicago en EE.UU., igualmente puso números a lo que ya se sabe acerca de la cuantiosa evasión de las tabacaleras, que sólo en el rubro de impuesto selectivo al consumo restaría fondos al fisco en el orden de 400 millones de dólares anuales, según el estudio.

De la eliminación del contrabando de tabaco y el cobro de lo adeudado por las tabacaleras al Estado, depende en última instancia el nuevo sistema político que debe ser creado en la post-pandemia para financiar las grandes deudas que dejará el gobierno de la ANR a la sociedad. Ya se conoce también quién sería el principal acreedor del Estado: HC, quien es propietario de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), y el que controla a su vez a las demás empresas del sector nucleadas en la Unión de Tabacaleras del Paraguay (UTP), cuyo jefe es José Ortiz, el brazo derecho de Cartes.

 

¡Elecciones ya!

Con el retiro del proyecto Galaverna para una nueva suspensión de las elecciones, el panorama político se va decantando hacia una segura derrota colorada en los comicios de octubre próximo, ante el descomunal drama vivido por el país por la falta de infraestructura hospitalaria, ausencia de medicamentos y la no llegada oportuna de las vacunas anti-covid. El voto castigo será duro para la ANR, que incluso ve la llanura en el horizonte del 2023.

Habrá que ver cómo queda el pacto de la concordia cicatrizante, así como el movimiento Añetete abdista, después de los sucesivos remezones adversos provocados por la crisis social, económica y sanitaria.

La orden tajante de Estados Unidos para Marito es ir dando los pasos para una entrega ordenada del poder a una fórmula opositora a la ANR que con seguridad podrá salir triunfante en 2023. Con la mirada atenta de los norteamericanos, ahora se pone el ojo en la continuidad o no del compromiso de Abdo con HC en la operación cicatrizante de impunidad, que notoriamente no tiene el aval de USA, a estar por la declaración del secretario Blinken, que es como si proviniera de la misma boca de Joe Biden.

Queda por ver también la orientación que tomarán el gobierno y la justicia de Brasil con respecto a Horacio Cartes, ya que se aproximan las tratativas por el Anexo C de Itaipú, y los vecinos apostarían por sentarse en la mesa de negociación frente a una contraparte paraguaya sumisa a sus pretensiones.

 

Preferirían que HC prosiguiera en el poder, sabiendo de sus cuentas pendientes por el caso Messer en los tribunales de Rio de Janeiro, así como pueden apretar los controles en las rutas sobre los cargamentos de la tabacalera del Patrón. Es decir, poniendo en ridículo los altos intereses nacionales y equiparándolos con los intereses personales de HC, en un vulgar toma y daca que dista mucho de las reales pretensiones soberanas del Paraguay en Itaipú.

 

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