ANR sin “gastos sociales”, pero ahora apuntan al tabaco de HC Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Miércoles, 28 Abril 2021 16:01
ANR sin “gastos sociales”, pero ahora apuntan al tabaco de HC Los expresidentes Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes protagonizan la lucha por el control de los recursos “extra” para la campaña electoral: gastos sociales vs. gruesa billetera con olor a tabaco.

Escribe: Luis Alen.

 

Las fuentes de recursos “extras” para hacer frente a las próximas campañas electorales de la ANR están en discusión. No sólo se han derivado ahora a Salud los llamados “gastos sociales” de las binacionales, sino también se ponen en entredicho los ingentes fondos que nutren la faltriquera del Patrón, procedentes del esquema nunca investigado en forma seria de las acusaciones que penden sobre HC del contrabando masivo de cigarrillos hacia el Brasil.

 

Con la pandemia en pleno apogeo y la necesidad de acudir en auxilio de las miles de familias apremiadas por el excesivo costo monetario que demandan los medicamentos e insumos hospitalarios, Marito Abdo no tuvo otro remedio que empezar a tocar los fondos antes reservados para el exclusivo club de la política criolla, procedentes de Itaipú y Yacyretá.

Mientras no llegan las vacunas ya compradas y se muere mucha gente por efecto del desastre sanitario incrementado en gran medida por los propios errores del Gobierno, el presidente no tuvo otra opción para captar más recursos que la suspensión de la obra del puente Carmelo Peralta-Puerto Murtinho, en el Alto Paraguay, financiada por Itaipú.

Con esta medida motivada por la gravedad de la situación sanitaria, el Ejecutivo pulverizó de paso el cuento de la binacionalidad que impedía utilizar los supuestos recursos socioambientales, demostrando que se podían aprovechar los fondos para un cometido mucho más loable como ir en auxilio de la salud pública, porque en realidad se usaban para financiar en forma solapada la campaña de la ANR a través del uso arbitrario del cuantioso dinero, como una verdadera caja chica de la dirigencia política.

Pero, inmediatamente, de forma sospechosa el senador liberal Blas Llano -cuya cercanía a Horacio Cartes es conocida- volvió a insistir en el Senado en la total entrega de los fondos sociales de las binacionales al Ministerio de Salud, poco tiempo después que los diputados mandasen al archivo un proyecto anterior sobre el mismo asunto, casi con seguridad como resultado de la operación Cicatriz de impunidad. Estaban en juego alrededor de US$ 150 millones, que eran mucho más que los US$ 30 millones que deseaba disponer Marito con la suspensión del puente de la bioceánica.

Los senadores, tanto colorados como opositores, dieron su visto bueno y el tema pasó a Diputados, donde con cinco votos cartistas “rebeldes” la oposición obtuvo una resonante victoria sobre la aplanadora colorada poniendo en jaque a la operación cicatrizante. Pero lo cierto es que quien una vez más salió ganando fue el Patrón del Tabaco, ya que aprovechó para hacerle humo a Abdo  y a Nicanor Duarte Frutos su manejo discrecional de los gastos “sociales” de las represas del Paraná, y quienes ahora se quedaron sin su dinero dulce.

Blas Llano pidió la renuncia de Nicanor al frente de Yacyretá, por haber osado solicitar la no aprobación por el jefe de Estado de la ida de los gastos sociales de las binacionales a socorrer a un sofocado sistema de salud. El proyectista de la ley en el Senado lo decía porque sabía que, en última instancia, era una pelea por unos recursos que son vitales para la campaña electoral colorada, que ahora quedaría sólo a merced del bolsillo profundo de HC.

Marito Abdo desistió del veto a la ley que destinan los gastos sociales íntegramente a Salud, no precisamente por la intención de paliar aunque sea en parte el mar de necesidades creado por el Covid-19 en las familias paraguayas, sino por el temor a una furia popular que lo desplace del cargo y ocupe la presidencia Hugo Velázquez, con el padrinazgo de Horacio Cartes.

En realidad, sin los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá, la caja chica a disposición de Abdo, Nicanor y los demás próceres de Añetete, que amagaron con suspender los comicios municipales yendo en contra hasta de la Constitución, ahora sólo dependen de la “generosidad” del Patrón, quien les tomó la delantera dominando en una fiscalía y en una justicia que le son funcionales, por lo que será muy difícil amagar siquiera una investigación seria sobre la acusación que viene de Estados Unidos acerca de la monumental evasión de US$ 400 millones anuales de las tabacaleras -una de ellas, la más grande, del mismo HC- solamente en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

A tal punto llega la irresponsabilidad de la clase política para con el sufrido pueblo en plena pandemia feroz, que aún queda por ver si realmente Marito y sus adláteres permitirán que unos pocos miles de dólares auxilien finalmente a un exhausto sistema sanitario, debido a que la ley debe ser reglamentada y hasta podría ocurrir que se diga que sólo se tocará un escuálido saldo de lo que queda sin gastar por este año en concepto de gastos socioambientales de las dos usinas binacionales, atendiendo el consabido pretexto jurídico de que la ley no es retroactiva, es decir sólo se legisla para el futuro, por lo que las partidas ya direccionadas resultarían intocables, pese a que estamos en una verdadera emergencia en la que la vida se encuentra antes que cualquier otra finalidad, aunque ésta sea meritoria.

 

Cobrarle a HC

Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, quién se animaría a iniciar un proceso de cobro a HC y a los tabacaleros por la sospechada evasión con números sobre la mesa, y nada menos que manejados por estudios de una universidad de Chicago, así como del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), donde investigan economistas renombrados como el exministro de Hacienda Dionisio Borda y su asesor Fernando Masi.

El presidente de la Unión de Tabacaleras del Paraguay (UTP) y titular de Tabacalera del Este S.A. (TABESA) José Mariano Ortiz Escauriza, reaccionó en forma iracunda contra el informe, amenazando con una demanda judicial a sus firmantes, pero inmediatamente varios centros científicos de nuestro país y del exterior salieron a defender a los investigadores. 

Pero aún así no se logró aplacar la ira del brazo derecho de HC, porque los medios cartistas anunciaron que será presentada la querella para lograr que Cadep se retracte de sus dichos, o tendrá que enfrentar seguramente un reclamo indemnizatorio y hasta sanciones penales para los autores del estudio.

Pero el Patrón deberá saber que las agencias norteamericanas le siguen los pasos desde hace años y que el estudio de Cadep no dice nada nuevo, más aún porque vuelve a insistir en que el contrabando de cigarrillos es una realidad confirmada tanto a nivel local como por el gobierno brasileño, donde incluso se hace mención por parte de la policía federal del país vecino sobre las conexiones del negocio con las bandas criminales que negocian los cigarrillos con drogas y armas, además de la posible utilización de parte de los recursos en financiar al Hezbollah libanés.

Cartes conoce muy bien que ya se han publicado numerosos informes como el de Cadep, en los que se concluye en base a números irrefutables que Tabesa no tiene la forma de explicar con cifras -no le conviene hacerlo ya que sería como auto incriminarse- del destino de las miles de cajas de cigarrillos que produce y que no son registradas en el país como consumidas aquí, sino que se esfuman por los canales del contrabando masivo hacia Brasil y otros países, según lo que revelan las mismas estadísticas nacionales y extranjeras, o de los estudios de los centros de investigación como Cadep y de las reconocidas universidades que respaldan estos informes, que son de varios países.

Pero no sólo es cuestión de iniciarle en Tributación una auditoría independiente a HC y a las tabacaleras, sino también se debe plantear investigaciones en la fiscalía, por cuanto el Ministerio Público de oficio tiene la obligación de iniciar procesos penales en estos casos, cuando se trata de denuncias de evasiones súper millonarias en dólares que estarían perjudicando a todo el pueblo paraguayo. De la evasión se pasaría luego al lavado de dinero y hasta al financiamiento del terrorismo, lo que no resulta de poca monta para Estados Unidos.

Precisamente, es ahora y aquí que Marito debería despertar de su letargo y romper cualquier pacto de impunidad con HC, ya que debe escarbar donde sea para conseguir recursos con los cuales acudir en auxilio de una población cada día más empobrecida y embretada por los millonarios gastos para los afectados por el Covid. Bien le podría venir al sufrido pueblo paraguayo y al paupérrimo sistema sanitario, cobrar lo evadido por las tabacaleras, entre ellas la del mismísimo Patrón, siempre a estar por lo señalado en los informes de Cadep y otras consultoras solventes, o de universidades prestigiosas del exterior.

Así, por ejemplo, no se explica por qué hasta ahora Marito no ha llevado hasta las últimas consecuencias la labor del grupo anticontrabando de tabaco que con tan buenos auspicios bajo la conducción del ex fiscal Emilio Fúster había comenzado a allanar los centenares de puertos clandestinos en el lago de Itaipú, con el apoyo del ex titular de la Senad y ahora ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

Y hasta permitió que le sean devueltas las cajas de cigarrillos a los sospechados de contrabando, por dictámenes favorables de Aduanas, mientras se halla vigente una jurisprudencia de la misma Corte Suprema en la que se afirma que la Fiscalía debe procesar a quienes son pillados in fraganti en zonas de frontera cuando están a punto de embarcar mercaderías que sólo pueden ir al exterior mediando documentaciones de exportación en regla. Porque se trata de productos aforados como si se hallaren en zonas primarias aduaneras, lo cual los pone tácitamente en situación de infracción, cayendo bajo la figura de la tentativa, al no contar con los documentos requeridos y por lo tanto pasibles de ser decomisados como de contrabando, siendo procesadas por este delito las personas que los manipulen en los puertos clandestinos.

 

Todas estas irregularidades se dan por la gran protección de la que hacen gala los contrabandistas, porque rápidamente consiguen las facturas de los pagos de impuestos, con los cuales le son “devueltas” las cajas de cigarrillos, cuando de hecho y de derecho deberían ser decomisadas y quemadas en un acto público, por transgredir la ley aduanera y de tributación nacional, además de la correspondiente sanción a los culpables, autores, cómplices y mandantes.

 

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