Escribe : Luis Alen.

 

Como un hecho histórico, los famosos “gastos sociales” de Itaipú irán por fin a favorecer al pueblo en plena emergencia del covid. Pero la operación se da justo en momentos en que la aplanadora colorada había rechazado el control sobre ellos en un presupuesto transparente e incluyente destinado a evitar que la ANR los utilice como si fuera de su exclusivo patrimonio.

 

Tras un rechazo inicial de las bancadas coloradas “cicatrizadas” en el Parlamento, el presidente Marito Abdo tuvo que echar mano de los fondos “sociales” de la hidroeléctrica binacional previstos para el puente Carmelo Peralta-Porto Murtinho e ir en auxilio de la población cada vez más afectada económicamente ante los grandes gastos incurridos por las familias paraguayas para atender a sus miembros enfermos por el covid.

Luego de idas y venidas que ya marcan en forma indeleble a un indeciso jefe de Estado sujeto al poder cartista, el gobierno decidió cortar por lo sano y acudir a la reprogramación de los gastos socio-ambientales de Itaipú, que tan celosamente guardados seguían en poder de la nomenklatura colorada, como una especie de caja chica necesaria para encarar las campañas electorales, a pesar de tener también en teoría la prominente billetera de HC, todavía por lo visto a buen resguardo a la espera de seguir suturando la costosa operación “Cicatriz” de espantosa impunidad.

En un inicio serán poco más de 30 millones de dólares los fondos reprogramados para el Ministerio de Salud, que ya se habían orientado a los primeros trabajos de Obras Públicas del puente sobre el río Paraguay para la ruta bioceánica del norte, pero que ahora deberán ir de forma urgente a paliar las grandes carencias en la salud pública nacional y que llevaron a muchas familias a empeñar o vender todo lo que tenían para la compra de medicamentos, insumos y equipos que el Estado no ha sido capaz de proveer en los hospitales abarrotados de pacientes.

Y eso a pesar que por la ley de emergencia sanitaria de hace un año, Abdo Benítez tuvo tiempo de sobra y nada menos que 1.600 millones de dólares a su disposición, pero que por una gestión ineficiente y corrupta de su administración en Salud, hasta el momento no se tiene exactamente el informe certero de cómo y a dónde fueron a parar la mayor parte de estos enormes recursos, a la vista de las grandes carencias que siguen en los centros sanitarios públicos, como la falta de suficientes camas de terapia intensiva o de la insuficiencia de personal médico y de enfermería.

 

La verdad de Itaipú

Esta vez urgido por la emergencia sanitaria, Marito por fin se decidió a poner los fondos de Itaipú a disposición del pueblo, ya que sólo se hallaban, al igual que los de Yacyretá, al servicio del viejo estilo prebendario y clientelista de hacer política, que es la marca registrada de la ANR.

La medida obedece al fracaso de la gestión llevada a cabo contra la pandemia del coronavirus, habida cuenta que todo el peso se cargó sobre las espaldas de la gente más humilde y trabajadora del país, llegándose a la situación límite que incluso con el “regalo” de la Diben de G. 50 millones mensuales por enfermo en terapia, según el último decreto presidencial, se exige a los familiares burocráticos trámites de compra en farmacias privadas, como efecto del absoluto desatino estatal en realizar una tarea que le es exclusivamente propia, como es la provisión sin demoras de los medicamentos e insumos de los cuales depende, en sólo cuestión de minutos, la vida de mucha gente.

La reorientación y control sobre los gastos “sociales” de las binacionales, incluyendo sus partidas en el presupuesto nacional, han sido un objetivo de larga data de la oposición, pero que la operación “Cicatriz” abdo-cartista lo evitó hasta donde ya no pudo, es decir en el momento de la eclosión actual del desastre sanitario.

Llega también el tiempo de la rendición de cuentas de Marito, si es que desea salvar su gobierno, y esto incluye a los recursos siempre dilapidados de las binacionales. Pero mientras la pandemia se agudiza y continúa mostrando cifras cada vez más espeluznantes de mortalidad en el Paraguay, la nomenklatura colorada cicatrizada no da señales de convencerse de los riesgos que corre de una reacción social para desplazarla al basurero de la historia.

Por el contrario, el cogobierno abdo-cartista sigue tan campante asegurando el férreo control sobre el blindaje judicial y parlamentario, queriendo hasta el último momento como señal distintiva que los “gastos sociales” de las binacionales no se pongan al servicio de un pueblo cada vez más angustiado, viendo a sus familiares morir sin medicamentos ni camas en los hospitales, mientras que un grupo de privilegiados aprovecha la emergencia sanitaria para enriquecerse todavía más en plena crisis económica y social.

Al decir de los técnicos, la crisis actual sólo vino a explotar lo que ya se venía acumulando en décadas de desidia estatal, en términos de salud, educación, infraestructura habitacional y saneamiento, así como en materia de administración de justicia. Pero la forma de responder al creciente clamor popular del “que se vayan todos”, no es otra que la vuelta de las peores prácticas de la dictadura stronista, porque ni siquiera la advertencia de que se podría agregar más nombres a la lista negra de indeseables en EE.UU. y que son miembros conspicuos de la más rancia corporación político-mafiosa-traficante, no ha mermado la increíble osadía de la línea dura en la ANR que se mantiene incólume en la más brutal indiferencia a los reclamos populares.

La celeridad para encarcelar a jóvenes militantes vinculados a los manifestantes que incendiaron Colorado Roga, contrasta con la lentitud agobiante de fiscales y jueces para castigar a los  corruptos integrantes de la corporación mafiosa que se embolsaron millones de dólares pertenecientes a un pueblo que en forma increíble durante muchos años les siguió votando como quien se prosterna ante sus propios verdugos.

 

La oposición no aprovecha

Llegó casi con seguridad la hora de no votar a los verdugos en las próximas elecciones municipales y generales, para así “botar” a la nomenklatura enquistada en el poder, que es la responsable de la quiebra moral y económica de la ciudadanía honesta.

Lamentablemente, da la impresión que la oposición no acusa recibo del clamor ciudadano, interesada sólo también en aprovechar las migajas que caen de la suculenta mesa de la corporación colorada mafiosa. Esa sería en primera instancia la explicación de por qué no hay un esfuerzo bien estructurado para armar un frente nacional de salvación destinado a tumbar al sistema, como aquel Acuerdo Nacional establecido en los últimos tiempos de la dictadura, lo que empujó a los propios generales del “único líder” a asumir la tarea histórica de traer la democracia al Paraguay.

Hasta el momento, no se conoce de un plan destinado a formar el frente, tal vez por las malas experiencias pasadas en materia de coaliciones anticoloradas, pero la división en múltiples facciones y partidos menores lo único que hace es fortalecer aún más a la ANR cicatrizada, hasta el punto que algunos liderazgos opositores sospechosos en su accionar sirvan sólo de maniobras de distracción. Es que sin un programa común de reforma de la política, del Estado y de la Justicia, sostenido a rajatabla por los líderes emergentes de la oposición, la sociedad no saldrá en años de la actual crisis sanitaria, educativa, social y económica, que sin lugar a equívocos es la gran deuda que dejará la ANR a la población del país y a las futuras generaciones.

De cara a las municipales, es de esperar que la oposición tome conciencia de la necesidad de ir preparando a la gente a apoyar candidaturas aglutinadoras para enfrentar a la nomenklatura cicatrizante, principalmente en los grandes centros urbanos, como el caso de Asunción y Ciudad del Este. En la capital, se perfila Eduardo Nakayama por el PLRA, quien debería recibir todo el apoyo del arco opositor, para hacer frente posiblemente al actual intendente colorado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, mientras que en Ciudad del Este, el actual intendente, el independiente Miguel Prieto, tendría que recibir la confianza unánime de la ciudadanía para enfrentar al candidato colorado, que sería nada menos que, con toda probabilidad, el ahora “sin visa” de Estados Unidos, el diputado Ulises Quintana, quien seguiría contando con el aval del Patrón HC.

Aunque está por verse aún qué decisión se adoptará finalmente en el Congreso ante la presentación por parte del diputado Juan Carlos “Nano” Galaverna, el hijo de “Kalé”, de un proyecto para volver a aplazar las elecciones municipales al año próximo supuestamente por la pandemia, pero por el evidente temor de una gran derrota colorada.

 

Galaverna, tanto padre e hijo, traen algo “grosso” entre manos, debido a que forman parte de la dirigencia abdista. Es que hacer coincidir las municipales con el proceso de las generales en 2022, no sería viable en la práctica ni constitucional en lo jurídico. Por lo pronto, puede ser un tema tirado sobre el tapete ex profeso, tal vez como una prueba definitiva para la “Cicatriz”, atendiendo al hecho que el cartismo ya se había pronunciado en contra.

 

Publicado en EN DESTAQUE

El gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken, salió al paso de las vacunaciones irregulares que se dieron ayer (13), en Presidente Franco a adultos mayores que no estaban en la franja de edad correspondiente para acceder a las inmunizaciones. Afirmó que repudia y condena los actos y exige una investigación exhaustiva a la Décima Región Sanitaria. Aclaró que ningún integrante de su familia, ni cercanos, accedieron a las vacunas.

 

“Ayer comenzaron las vacunaciones. Estuve en el lanzamiento oficial en la Gobernación del Alto Paraná. También comenzaron en Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú. En Presidente Franco, la Universidad Privada del Este (UPE) prestó su local, porque es uno de los más grandes en la zona, así como se suele prestar también para actos grandes e incluso para elecciones. Aclaró que nadie del entorno familiar y cercano del gobernador se ha vacunado”, refirió Vaesken, durante contacto con varios medios de comunicación.

También comentó que no entiende cómo el doctor Lulio Gamarra, quien es decano de la Facultad de Derecho de la UPE, con cerca de 70 años, se terminó vacunando. “Voy a solicitar un informe a la Décima Región Sanitaria, que es la encargada de las vacunaciones. Quiénes fueron las personas vacunadas fuera de la edad correspondiente (mayores de 85 en adelante). Repudio este acto, condeno este acto, donde no debió vacunarse a nadie que no tenga la edad, mayor de 85 años en adelante, conforme lo dispuesto por el Ministerio de Salud”, afirmó González Vaesken.

Al mismo tiempo también destacó que, según los comentarios que le llegaron, cuando se abrió la vacunación había poca gente en la UPE, de Presidente Franco. “Alguna persona del grupo de Salud, como me comentaron, al parecer, al no haber personas mayores de 85 años terminan vacunando a personas fuera de esta edad. Cuando eso se supo eso se terminó cortando”, manifestó.

El gobernador del Alto Paraná, incluso compartió que su padre (Juan Bautista González Flores) tiene 88 años. “Mi padre está esperando por la terminación del digito de su cédula para ir a vacunarse. No hay pedido político. Mi padre está esperando su turno. Esa fue una decisión de la gente que estaba en el lugar ayer. La de no vacunar a personas menores de esa edad, de 85 años. Repito, repudio esta situación, que me termina perjudicando, así como a los que tenían que vacunarse”, enfatizó Vaesken.

Publicado en LOCALES

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