Escribe: Luis Alen.

 

La posible dupla Arnoldo Wiens-Roberto González Vaesken para el 2023 es bien recibida en general entre los afiliados de la ANR y en la ciudadanía no colorada, pero el problema principal para el lanzamiento de la propuesta electoral radicaría en que deberá estar preparada para enfrentar la billetera de HC y el creciente poder fáctico del cartismo, traducido en su control sobre el Poder Judicial y el Parlamento.

 

Si el financiamiento de la candidatura colorada pasaría necesariamente por la capacidad monetaria de HC, ahora eso quedó en entredicho tras la negativa de Marito Abdo a centralizar en el Congreso el control sobre la “caja negra” de las binacionales hidroeléctricas, dando espacio así a la aparición de la varita mágica de una chapa presidencial de probable arrastre popular que desafíe seriamente al eventual delfín cartista Santiago Peña, en la interna colorada prevista para diciembre de 2022.

El veto del Ejecutivo a la inclusión de los “gastos sociales” de Itaipú y Yacyretá en el presupuesto nacional, que aparece de entrada como un golpe a la transparencia, implica paradójicamente una suerte de patada al asado de la “Cicatriz”, por cuanto Marito Abdo dejó un resquicio para que se puedan financiar campañas por fuera del cartismo, tanto en las municipales del año próximo como en las generales.

Esta conclusión proviene del hecho de que el oscuro manejo discrecional de los gastos políticos de las binacionales puede ser direccionado, obviamente, hacia los intereses electorales de quienes los controlan, siendo éstos tanto del círculo áulico abdista por un lado, como el caso del miembro del gabinete y titular del MOPC Arnoldo Wiens, así como de otros movimientos internos que no necesariamente pueden ser vinculados con HC. 

No en vano quienes más auspiciaron el paso de los “gastos sociales y medioambientales” al presupuesto nacional y por ende al control parlamentario, fueron los cartistas comenzando por el proyectista senador Sergio Godoy, hombre muy cercano a Cartes y su ex asesor jurídico en el período constitucional anterior 2013-2018.

Ahora se plantea el tema del rechazo o no del veto, especialmente en la Cámara de Diputados, donde la aplanadora abdo-cartista podría dar su mayoría para “aceptar” la posición de Marito anti-control de las erogaciones “sociales” de Itaipú y Yacyretá, con el ánimo de rendir culto a la “unidad” colorada, pero el cartismo estaría renunciando a un arma letal que había diseñado para desmantelar toda tentativa del abdismo de revivir eventualmente al alicaído Añetete en conjunción con otras fuerzas contrarias al unicato cartista, tanto en la ANR como a nivel país.

 

La “caja negra”

El presidente de la República trató de escudarse en sesudas consideraciones sobre la doctrina de los tratados y en posibles enojos de los socios condóminos en las binacionales, pero lo cierto es que no hay ninguna objeción jurídica posible al ejercicio soberano de cada Estado en las hidroeléctricas con el fin de fijar los montos en su presupuesto para el financiamiento proveniente de los “gastos sociales”. La cuestión sólo está relacionada con los usos políticos de la “caja negra” o “chica” al servicio del proselitismo colorado, liberal, o de izquierda, como ya se demostró también durante los cortos lapsos de gobierno de la oposición.

La cantinela de que pararían las obras financiadas por Itaipú, como los puentes en construcción en Presidente Franco y Carmelo Peralta, no parece un argumento sostenible. Por el contrario, la admisión de que “estamos atados de pies y manos al dinero brasileño” no resulta muy buena carta de presentación ante los representantes brasileños de cara a la próxima renegociación del Anexo C del Tratado.

Lo concreto es que con esta decisión, Marito volvió a delatar su incapacidad para buscar un mayor patriotismo en el uso de los recursos financieros de las binacionales, como todos sus antecesores en el cargo, pero por lo menos con este rechazo a la transparencia podría decirse que evitó de alguna forma que la financiación de la política en la ANR provenga sólo de las faltriqueras del Patrón y así en parte matizó su ignominiosa puesta al servicio del cartismo con la operación “Cicatriz”, cuya finalidad ha sido siempre promover el dominio de HC sobre el sistema judicial y sobre una parte del Parlamento, en lo que se configura como una amenaza directa al mismo Jefe de Estado, quien se halla siempre al borde del abismo de un juicio político y hasta de molestos procesos tribunalicios, por casos de supuesta corrupción durante la crisis pandémica.

No pasó desapercibido también que durante el anuncio del veto apareció entre los altos funcionarios de la presidencia el titular de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, que cumple con la función de ser una especie de muralla defensiva en la sombra contra la pretensión del poder total de HC. Aunque, claro está, Horacio no dudaría un instante en tenerle también al expresidente como un aliado en una eventual posición favorable hacia la convocatoria de una convención constituyente que les habilite a ambos a intentar la reelección presidencial, actualmente vedada por la Constitución de 1992 aprobada durante la gestión del general Andrés Rodríguez.

Hay que reconocer que la no reelección del presidente, “en ningún caso” como dice el texto constitucional, significa un reaseguro para el mantenimiento de la democracia y en contraposición a quienes ansían cumplir con el sueño de la dictadura de nuevo cuño al estilo stronista, como sería el caso del actual “hombre fuerte” de la ANR, el empresario tabacalero Horacio Cartes.

No se puede desconocer, después de todo, que continúa el plan cartista de control del poder, en aras de su impunidad total en el plano de los negocios santos y no tan santos, especialmente los de frontera, como lo demuestra la victoria de un paniaguado de Horacio en la elección de los representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura, que fue ganada por Jorge Bogarín Alfonso, un profesional del Derecho que lideró una lista apoyada por HC.

 

La repartija de plata

Pero también se debe advertir que a cambio del “cogobierno” con Cartes y el pacto mutuo de impunidad a nivel fiscal y judicial, la “Cicatriz” implicaría cierta discrecionalidad a la hora de la repartija entre los correligionarios, sin importar que la plata sea al fin de cuentas perteneciente a toda la ciudadanía. Es el caso de los fondos de la emergencia sanitaria basada en los préstamos y bonos externos, que continúan teniendo un manejo a todas luces ineficiente a la hora de privilegiar el desarrollo nacional o la recuperación post-pandémica.

Ahora se habla por ejemplo de la entrega a la “agricultura familiar” de US$ 25 millones, como resultado del acuerdo con manifestantes campesinos que cerraron calles de Asunción para solicitar asistencia monetaria directa del Gobierno. Pero estos recursos fueron sacados de los planes de infraestructura vial que son vitales precisamente para el aumento de la producción y la salida al mercado de los rubros producidos en el sector agrícola.

Son las contradicciones del sistema político paraguayo, dirían los analistas sociológicos más perspicaces, pero que delatan la  gran carga del endeudamiento para el próximo gobierno surgido de las elecciones de 2023, que sí o sí tendrá que aumentar los impuestos para evitar que el país quede casi al borde de la cesación de pagos, más aún cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha advertido la semana pasada que en 2024 tendrá que volverse al tope del déficit fiscal equivalente al 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que por la pandemia el Gobierno de Abdo sobrepasó holgadamente situándose en torno al 6 por ciento y aún más.

Marito Abdo habla de “paz y diálogo”, en su intento por explicar el motivo de tanta sumisión a HC, hasta el punto que se niega a plantear la subida de impuestos sobre la soja y el tabaco, prefiriendo dejar las cosas como están para satisfacción del Patrón, pero sin darse cuenta que con ello sólo está renunciando a un derecho inalienable de todo gobierno de acudir eventualmente a imposiciones tributarias adicionales a los sectores con mayor poder económico, con el fin de asistir a los sectores más pobres de la población.

 

Como ya lo dijera el ex ministro de Hacienda, Benigno López, el medio hermano de Marito, “no existe almuerzo gratis”, en referencia a que tarde o temprano se tendrá que enfrentar el desequilibrio fiscal actual, realizando la reforma estatal para reorganizar de raíz el gasto público, pero también hay que recordar que la otra cara de la moneda está conformada por la imperiosa necesidad de llevar adelante la formalización de la economía, para lo cual evidentemente la actual estructura política del país no ayuda, como lo demuestra la persistencia de los sistemas de dinero tipo “caja negra” con los que se manejan las instituciones del Estado, incluidas las binacionales.

 

Publicado en EN DESTAQUE

La gobernación de Alto Paraná nuevamente marca un objetivo importante en cuanto a la educación y alimentación en el departamento. Mediante un ahorro de 13.000 millones de guaraníes se logró llegar a más alumnos con el Almuerzo Escolar. Según los números, desde marzo hasta el cierre de noviembre de este año, un total de 2.618.227 kilos de alimentos llegarán a 35.450 alumnos y familiares de 201 instituciones educativas situadas en Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, Minga Guazú, Itakyry, San Alberto, Ñacunday, Los Cedrales y Domingo Martínez de Irala.

 

Al principio de año se realizó la preparación de los alimentos en las escuelas, pero luego esto fue cambiado por los kits de alimentos debido a la pandemia por el Covid-19 y la suspensión de clases presenciales. “Estábamos llegando a 84 instituciones educativas, 5.976 alumnos de los municipios de Itakyry, San Alberto, Ñacunday, Los Cedrales y Domingo Martínez de Irala. Ahora con el ahorro de 13.000 millones de guaraníes del presupuesto de Alimentación Escolar, llegamos a 29.480 alumnos más que son de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, Minga Guazú y otra parte de Domingo Martínez de Irala. Lo que significa un poco más de 35.450 alumnos de 201 locales educativos para esta última parte del año lectivo”, destacó el gobernador Roberto González Vaesken.

En tanto que, Edgar Velázquez, secretario departamental de Educación, refirió: “Toda esta tarea, la realizamos bajo la supervisión del gobernador y bajo expresa autorización del Ministerio de Educación y Ciencias, como así también bajo las estrictas normas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”. 

 

Al mismo tiempo, Velázquez refirió que al Almuerzo Escolar se deben sumar además la cobertura alimenticia del Desayuno y Merienda Escolar. “En este punto es importante explicar que se realiza un cien por ciento de cobertura en las instituciones educativas del Alto Paraná. La Gobernación llega, a través de las empresas adjudicadas, a 114.000 alumnos de 586 instituciones”, resaltó.

 

Publicado en LOCALES

El Ministerio de Salud dice garantizar el acceso en forma oportuna y equitativa a una de las vacunas contra el Covid-19 que sean desarrolladas. Las mismas serán aplicadas de forma gratuita y no serán obligatorias para la población.

 

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) se expresó en relación a la fabricación de vacunas contra el Covid-19. Puntualmente, la cartera de Estado abordó la cuestión relacionada a la provisión de dosis para nuestro país y recordó que Paraguay actualmente se encuentra incluido dentro del Mecanismo COVAX, un recurso establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y GAVI para poder acceder de al menos 9 vacunas diferentes.

Son varios los proyectos que se encuentran actualmente en etapa de desarrollo, avanzando por distintas fases de ensayo. Tal es el caso de la vacuna fabricada por AstraZeneca y Oxford, al igual que la de Moderna o la otra impulsada de Pfizer-BioNTech.

En el marco del acuerdo COVAX, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud realizó el pago del adelanto establecido, señala el comunicado, asegurando la entrega de una cantidad suficiente de dosis para cubrir al 30% de la población, esto siguiendo la estrategia de atender a grupos priorizados o considerados “de riesgo”.

“La vacuna, una vez que esté disponible, no será de uso obligatorio y se aplicará de forma gratuita”, indica el texto publicado por el MSPBS.

 

Finalmente, la entidad sostiene que, como órgano rector de la estrategia de vacunación, “garantiza el proceso y ofrece las necesarias seguridades a la población”.

 

Publicado en LOCALES

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