Escribe: Luis Alen.

 

En un hecho inédito desde el surgimiento de la democracia tras la caída de la dictadura en 1989, el ministro de la Corte Suprema Manuel Ramírez Candia, de extracción liberal, denunció por escrito la sumisión del Poder Judicial al poder político, después que la dividida máxima instancia judicial de nueve miembros eligiera al nuevo titular, el colorado César Diesel, por cinco votos a favor, dos abstenciones y dos ausencias.

 

Así, el Paraguay ha entrado en un “modo corrupto” aprovechando la pandemia, por obra y gracia de un sistema que ha consolidado un modelo de impunidad judicial a los actores políticos que se han constituido en operadores de negociados cuyo costo terminará siendo pagado, como siempre, por el pueblo más humilde.

La grave denuncia del ministro de la Corte implica un flagrante atropello a la Constitución, que garantiza la plena independencia de la Justicia de los demás poderes del Estado, por lo que este hecho de por sí es causal de investigación y eventual enjuiciamiento de los promotores de este avasallamiento del Poder Judicial.

Pero esta denuncia caerá seguramente en saco roto, por la misma lógica de los acontecimientos originados en el pacto de impunidad de la Cicatriz, que fue precisamente el generador de la elección de Diesel en la Corte Suprema. Es la lógica del sistema de la impunidad de un gobierno al que sólo lo sustenta un oscuro pacto cicatrizante.

El Gobierno de Marito Abdo ha sido motivo de burlas y blanco de “escraches” de la gente por su inexcusable incapacidad no sólo para adquirir con rapidez las vacunas contra el covid-19 sino para enfrentar el desafío de equipar hospitales, escuelas y dotar de viviendas a miles de personas, mientras se tiene la certeza que quienes se han beneficiado con los negocios pandémicos constituyen una minoría ligada al poder bajo el patrocinio de la operación Cicatriz, es decir el pacto de impunidad abdo-cartista.

Como la corrupción es propiciada por la impunidad alojada en la institucionalidad democrática, es lógico pensar que una corrección del rumbo debería provenir de la misma sociedad, a través del ejercicio del poder soberano del pueblo por medio de las elecciones, o acudiendo a las movilizaciones masivas.

Pero la pandemia dio lugar a medidas de distanciamiento social y de  prohibiciones de actos o grandes concentraciones que hasta hoy se hallan vigentes y son renovadas constantemente por conveniencia del Ejecutivo, lo que de alguna manera ha contribuido al letargo de las movilizaciones de la sociedad civil, no pudiendo así presionar ésta para la corrección de aquellas prácticas políticas que dañan el tejido social de la nación.

En una democracia como la paraguaya, el único camino lícito es el que se transita por la vía constitucional, a través de la representación política establecida en las instituciones creadas para el efecto en la Constitución Nacional de 1992. No hay otra alternativa legal, descartada como está la búsqueda de atajos inconstitucionales, por lo que se debe insistir en sanear la política utilizando la vía de la representación popular de los partidos y las elecciones.

 

El primer paso

Las elecciones municipales pueden ser el primer paso para el anhelado cambio político en el país. Pero llama la atención la falta de propuestas encaminadas a cambios estructurales en los programas de los partidos y candidatos, por lo que es más probable que los comicios sirvan sólo para consolidar e incluso aprobar el sistema de “modo corrupto”, que permea gran parte de la estructura política y social.

Como excepciones que confirman la regla, algunas comunas han sido administradas con mayor responsabilidad, tanto en los recursos del Fonacide, los royalties, los fondos de los contribuyentes del Inmobiliario y demás tasas, pero en la mayor parte de los otros municipios se corre el serio riesgo que siga vigente el mismo sistema político clientelar que se dedica nada más que a robar y no a servir a su comunidad.

Salta a la vista la carencia de rendición de cuentas genuino, por ejemplo en el tema de las construcciones y reparaciones escolares que se ha encomendado en gran medida a las municipalidades y que brillan por su ausencia en momentos en que conmueve la ruinosa  situación de la infraestructura escolar y su equipamiento, que asusta todavía más dada la inminente vuelta a clases tras un parón de un año por la pandemia.

Conste que la Ley 5189/14 obliga a los entes estatales, entre ellos los municipios, a divulgar en su portal digital una serie de informaciones de carácter público, como la estructura orgánica, nómina de funcionarios con sus remuneraciones, sus ingresos y gastos, así como otros detalles acerca del destino de los recursos del Estado. Precisamente en Alto Paraná, 19 de los 22 municipios del departamento fueron multados por el incumplimiento de las exigencias de transparencia, por un total de 1.700 millones de guaraníes, entre los que aparecen multas varias veces millonarias contra Sandra McLeod de Zacarías, la ex intendenta de Ciudad del Este. Otro miembro del clan ZI, el ex gobernador Justo Zacarías, hermano de Javier, también fue multado por su falta de acatamiento a la ley de transparencia pública durante su gestión al frente de la gobernación en el período anterior.

Esta situación se repite a nivel nacional, donde la indolencia y la desidia del Ejecutivo rayan en lo perverso, tras conocerse que ingentes recursos fueron puestos a disposición de las autoridades en el año 2020, sin que se conozca a ciencia cierta el destino de los fondos, como los de educación que habrían servido para poner a punto los establecimientos escolares, aprovechando que no hubo casi clases presenciales en el ejercicio pasado.

Otro dato es que la deuda pública tuvo un incremento el ejercicio pasado, el año de la pandemia, de 3.354 millones de dólares, lo que lleva a concluir que recursos no faltaron para hacer frente y solucionar algunas de las grandes carencias sociales en salud, educación, vivienda, cárceles y asistencia a los más afectados por la crisis económica.

Si es que no se cumplieron estos objetivos de bien común, se pone aún más en evidencia el grado de abandono de las políticas sociales por parte de los responsables del Estado, ya sea en educación, salud o viviendas para las familias que viven hacinadas en los barrios periféricos y, peor aún, a la vera de ríos y arroyos, en los llamados “bañados”, lugares bajos e inundables de las ciudades donde se tiene cautivos a los votos que luego catapultan a intendentes que una vez en el puesto no hacen nada para variar el destino de estas gentes.

 

Una sociedad atrapada

Las entidades empresariales más representativas del sector privado se pronunciaron solicitando al Gobierno una verdadera reactivación económica a partir de la vacunación masiva de la población contra el virus, pero la clase política no parece muy apurada en cumplir este pedido porque está en otra cosa, como lo demuestran los hechos de creciente inseguridad, una nueva matanza en la principal cárcel del país y la certeza que la sociedad se halla atrapada no ya por las medidas de contención del covid sino por la sumisión de las instituciones judiciales al modelo de corrupción e impunidad.

Esto último se comprobó la semana pasada con la elección del nuevo titular de la Corte Suprema, César Diesel, quien es el más reciente integrante del organismo gracias a la Cicatriz, en detrimento de otros más antiguos, como el caso del liberal Manuel de Jesús Ramírez Candia, quien dejó asentada por escrito su contrariedad ante la nueva aplanadora conformada por los cinco votos de sus colegas colorados (incluido el mismo Diesel), quienes dieron su aprobación por lo visto a una nueva imposición política a la justicia, con lo cual se pone también de manifiesto el objetivo supremo del operativo cicatrizante en la ANR, como es la conservación del poder en los comicios generales de 2023.

En una demostración de la necesidad de imprimir un proceso de cambio en el país, con el fin de salvar la independencia del Poder Judicial de las fauces del pacto abdo-cartista de impunidad, el Dr. Ramirez Candia no estuvo presente en la sesión “en protesta por el criterio de selectividad política partidaria que impone la mayoría en la designación de las autoridades”, según sus palabras en la carta dirigida al titular saliente, Alberto Martínez Simón.

Como señal que la sociedad está atada de pies y manos por el pacto de impunidad político-judicial, a falta de vacunas anti-covid sobrevino otra “vacunación” que significó la subida en los precios de los combustibles, que por ahora no afectó el precio del pasaje en los buses, pero que de igual manera ha sido un golpe duro a la ciudadanía que se se desplaza mayoritariamente en sus vehículos particulares, debido a la inexistencia de sistemas de transporte público que sean cómodos, seguros y baratos, que deberían ser movidos por la abundante electricidad de las represas binacionales.

Es que el modelo de desarrollo deberá ser cambiado para permitir que la economía se reactive plenamente en la post-pandemia. Pero hasta el momento los partidos políticos, tanto la ANR como los de oposición, están más concentrados en el mero electoralismo que no trae consecuencias de largo plazo para modificar radicalmente el sistema, aunque algún atisbo de lucha “contra la mafia” se plantea a nivel de, por ejemplo, el sector de Efraín Alegre, en el principal partido de oposición, el PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico).

 

Cambio en Itaipú

Coincidentemente, se viene acercando el momento de la negociación con el Brasil sobre el Anexo C de Itaipú, también en 2023. Los vecinos siguen dando avisos de cómo desean encarar el nuevo trato financiero con Paraguay sobre la energía, con el cambio del director general brasileño, al ser nombrado el general retirado Joao Francisco Ferreira en reemplazo del también general retirado Joaquim Silva e Luna.

Mientras el Gobierno paraguayo aspira aparentemente a sacar una mayor ventaja de la reducción a “cero” de la deuda de la usina, sin variar sustancialmente la tarifa pero utilizando esta fortaleza financiera como una especie de mayor capacidad para tomar deuda en el exterior, el Gobierno de Brasil está por la vigencia de una tarifa mucho menor de la electricidad que sale de Itaipú al mercado brasileño, para impulsar la privatización de la compañía eléctrica estatal matriz, la Eletrobrás.

Se configura así un panorama definido desde el lado brasileño, mediante el impulso a un esquema de mercado eléctrico mayorista orientado por empresas privadas, que no se compadece con el sistema paraguayo estatista del sector eléctrico, manejado a través del monopolio de la ANDE, que ni siquiera permite una ley reguladora del mercado de la electricidad en el país, que traiga inversiones privadas tanto en generación como en transmisión y distribución del fluido eléctrico.

La reforma del sistema eléctrico en el país pasa necesariamente por dar curso a las inversiones privadas, que permitan a su vez vender la electricidad excedente al mercado  brasileño o argentino a precios de mercado.

 

Un detalle que no pasó desapercibido es que el nuevo director brasileño de Itaipú es un militar especialista en seguridad fronteriza, con lo que se calcula que su principal orientación será, además de bajar los costos superfluos para destinar recursos a financiar obras en el vecino país y en el nuestro, un mayor control del lago de la represa, que además de ser el embalse del agua a ser turbinada en la usina, resulta un colador de los tráficos y del contrabando desde y hacia el Paraguay.

 

Publicado en EN DESTAQUE

El aspirante a un escaño a la Junta Municipal de Ciudad del Este, por el movimiento regional Renovación y Unidad Colorada (RUC), abogado Julio Castellano, afirmó que quieren convertir nuevamente a Ciudad del Este en un polo industrial y turístico, creando fuentes de trabajo y mejorando los servicios básicos de la capital esteña. El político republicano durante una entrevista brindada al programa “Sin Restricciones” de Radio Itapirú, realizó un balance de la campaña que viene haciendo, con miras a las elecciones primarias del próximo 20 de junio.

 

Castellano, quien acompaña la candidatura a la intendencia de Esteban Wiens, señaló que la municipalidad está dejando en total abandono a la ciudadanía, a tal punto de no brindar apoyo a los centros educativos para el comienzo de la gestión escolar 2021. “Los educadores no tienen ni la mínima atención de la municipalidad para el retorno a clases, ni siquiera tapabocas o alcohol”, expresó, recordando que la Asociación de Educadores del Este (AEDE) salió a protestar ayer lunes (22), rechazando la vuelta a clases si no se cumplen las medidas de bioseguridad.

Wiens, en caso de acceder a la intendencia de Ciudad del Este tiene un plan maestro que pondrá en práctica y que girará sobre tres objetivos principales, para lograr la revitalización económica y mercantil, los cuales son: el área industrial, turística y comercial. Este proyecto generará fuentes de trabajo para miles de compatriotas, habitantes de este municipio.

 

“Los concejales debemos ser el contralor”

 

Castellano, por otro lado, sostuvo que el papel de un concejal es el de contralor de las cosas públicas. “Nosotros somos representantes del pueblo, y tenemos la responsabilidad de exigir que se administre con transparencia el dinero, para que así pueda ser reinvertida en beneficios de la población, realizando obras viales, mejoras de escuelas y colegios, servicios de agua potable y hermoseamiento urbanístico, entre otros.

 

Publicado en LOCALES

La primera jornada de vacunación contra el coronavirus, cumplida en la víspera (22), se realizó con éxito y mucha esperanza en Ciudad del Este. Un total de 35 dosis fueron aplicadas a trabajadores de la salud y ninguno de ellos presentó reacción adversa.

 

En total 300 dosis fueron destinadas para el Alto Paraná y es para 150 personas (dos dos cada una), todos de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Integrado Respiratorio que asiste de forma exclusiva a pacientes con COVID-19.

Las primeras aplicaciones se deben completar hoy (23) y mañana (24). El doctor Hugo Kunzle de la Décima Región sanitaria informó que no hubo ninguna reacción adversa de la vacuna en los inmunizados.

El acto oficial de los nuevos inmunizados se cumplió en un ambiente festivo y muy esperanzador. El doctor Pablo Cabral de 56 años, terapista del citado centro asistencial, fue el primero en recibir las dosis y se mostró emocionado al ser partícipe de la esperanza de cura contra la enfermedad. “Es una bendición ser el primer vacunado y esperemos que llegue para todos. La aceptación es prácticamente el 100% en la comunidad médica”, expresó.

 

El profesional dijo además que un 95% de los trabajadores en UTI del Hospital Integrado Respiratorio ya fueron contagiados y en su caso fue en octubre pasado.

 

Publicado en LOCALES

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