Escribe: Luis Alen.
El “golpe parlamentario”, según calificó el cartismo a la votación llevada a cabo este miércoles 3 de marzo, marca posiblemente el inicio del declive en el poder de Horacio Cartes, al perder en forma sorpresiva Pedro Alliana la titularidad de la Cámara de Diputados, que quedó en manos de una nueva mayoría formada por colorados oficialistas y opositores, todos ellos anticartistas.
Sólo queda por ver si se logra finalmente contar con los 53 votos para defenestrar a la fiscala general Sandra Quiñónez, lo que permitirá profundizar las investigaciones al Patrón sobre lavado de dinero y contrabando de cigarrillos, de acuerdo con lo denunciado por el ex-ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
El nuevo escenario político que se abre marca sin lugar a dudas la apertura de una mayúscula grieta en la anterior “Cicatriz” colorada, lo que posibilita no sólo llevar al liberal Carlos López a la presidencia de la Cámara de Diputados, sino poner toda la carne en el asador para que se consiga el objetivo de limpiar la Fiscalía de toda influencia del Patrón, en momentos en que urge llevar “a ultranza”, es decir hasta las últimas consecuencias, el proceso de barrer con la entronización de los narcos en la política paraguaya.
Lo ocurrido en la Cámara Baja podría dar cumplimiento a la premonición de Marito Abdo, que hace un par de meses había previsto para marzo algunos hechos novedosos con los cuales “divertirnos”, pero hasta el momento lo que se debe calibrar es el verdadero compromiso del presidente con los cambios necesarios que deben ocurrir para salvar al país del virtual copamiento narco.
Es que todavía está por verse el grado de profundidad de las investigaciones tendientes a atrapar a los verdaderos capos del lavado de dinero del narcotráfico. Porque si no caen los peces gordos, volverán a aparecer otros operadores de segunda y tercera línea, como los atrapados ahora en los últimos procedimientos fiscales, pero que luego serán nuevamente suplantados por otros debido a la mano de obra abundante para este “trabajo”, siempre en el caso que no se corten las cabezas del negocio.
La clase política en la mira
En los últimos días han sido espeluznantes las informaciones acerca de la gran penetración de los narcos en la política y las instituciones del Estado. En los dos principales movimientos de la ANR, el abdovelazquista y el cartista, han aparecido nombres salpicados por conexiones con traficantes, si es que ya no directamente operadores principales del narcotráfico, como es la acusación fiscal contra el defenestrado diputado oficialista Juan Carlos Ozorio. También hace pocas semanas se había desbaratado una banda de narcotraficantes ligada a liberales del departamento de Cordillera.
Es que la impunidad brindada por la protección política al delito ha sido un gran estímulo para el afianzamiento del “negocio” mafioso.
Ahora quedó en evidencia, con la mayor cacería de narcos en la historia del país, que la operación “Cicatriz” o abrazo republicano entre Marito Abdo y Horacio Cartes, tenía también como otro principal objetivo preservar y acrecentar el manto de protección política al submundo de traficantes y lavadores, que llegaron a ostentar con todo desparpajo su dinero malhabido en las altas esferas sociales o haciendo demostración hasta de una religiosidad bendecida por “pastores” pillados in fraganti con las manos manchadas de polvo blanco ilegal.
A estar por lo declarado por el fiscal general adjunto de lucha contra el narcotráfico, Marco Alcaraz, el megaoperativo “A Ultranza PY” se había estado gestando desde 2019. Pero sólo tuvo ahora la orden de ejecución de parte del más alto nivel político, lo que revela que el pacto “Cicatriz” de impunidad sin lugar a dudas favoreció el floreciente negocio narco.
Al contar con la decidida protección política, el mecanismo de los traficantes acumuló montos de ganancias multimillonarias sin precedentes, como lo demuestran las “inversiones” de dinero negro lavado en el circuito financiero y cooperativo local, en el rubro inmobiliario y en otros renglones económicos, entre los cuales figuran con especial relieve los clubes de fútbol.
El pacto de impunidad cicatrizante llegó incólume hasta finales del año pasado, tras haberse iniciado precisamente en 2019 después del famoso salvataje cartista a Marito por el acta secreta de Itaipú, con la intermediación del presidente brasileño Jair Bolsonaro y del entonces jefe de Estado argentino Mauricio Macri.
La “paz republicana” soportó dos intentos fallidos de juicio político, pero a costa de la más pavorosa impunidad entre abdistas y cartistas para los negociados pandémicos, lo que se constató con suma nitidez en el caso del salvavidas lanzado al gobernador Hugo Javier González, un mimado de HC, con el fin de evitar la intervención al departamento Central.
Pero no sólo se trató de una cuestión de gobernabilidad o de un blindaje contra las numerosas denuncias de corrupción, sino la “Cicatriz” se utilizó también como una especie de salvoconducto para los negocios turbios de la clase política, como ahora quedó al descubierto con legisladores e incluso ministros del Ejecutivo metidos hasta la maceta con narcos y lavadores de dinero.
Sólo hay que recordar que el año pasado igualmente se evitó en las cámaras del Congreso, con el voto de oficialistas de Añetete y de legisladores colorados y liberales afines al Patrón HC, que las tabacaleras y los clubes de fútbol figuren expresamente en la ley como entidades bajo control especial de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y otros Activos)
Un “A ultranza” político
El horno no está para bollos en el plano internacional, por las consecuencias políticas y económicas que tendrá a nivel mundial la guerra iniciada por Rusia en Ucrania, lo que obliga al Gobierno paraguayo a alinearse más que nunca a las directivas provenientes de la potencia occidental dominante, Estados Unidos, entre las que se halla indudablemente el pedido de las agencias antidroga y antilavado de dinero, de proceder sin consideración contra los traficantes y sus protectores políticos.
A esta solicitud de larga data se agregó ahora la Europol, la agencia de seguridad europea encargada de la lucha antidrogas, después de las toneladas de cocaína incautada en los puertos europeos, que iba mimetizada en diversos productos de “exportación” desde carbón vegetal hasta soja, pasando por pinturas y pisos de madera.
De que el Paraguay es un corredor de la cocaína producida en Colombia, Perú o Bolivia, hay informes desde hace tiempo, pero lo que sucedió en los últimos dos años resultó llamativo, al convertirse eventualmente el país en un centro regional de acopio y hasta elaboración de droga de primera calidad, con precios récord pagados sin pestañear por los compradores en el primer mundo.
Con las denuncias del entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se movió el avispero político en enero pasado con graves acusaciones contra el Patrón, Horacio Cartes, por lavado de dinero y contrabando de tabaco. En un principio se creyó que la valiente postura de Giuzzio se inscribía más bien en los consabidos forcejeos iniciales de la campaña política interna de la ANR, confirmando a la vez la ruptura de la “Cicatriz” republicana entre el abdovelazquismo y el cartismo.
Pero los acontecimientos se precipitaron tras el sangriento atentado narco de San Bernardino, el intento de juicio político a Giuzzio y el megaoperativo “A Ultranza Paraguay”, que ya llevaba por lo visto el sello más serio de una operación de procedencia externa alentada por países decididos a echar el guante sobre los protectores locales de los narcos, lo que por lo tanto hizo al operativo no vinculable a una mera coyuntura política doméstica pasajera.
Por lo ocurrido en la Cámara de Diputados, la oposición parece decidida a acompañar a Marito y a Velázquez en el proceso de “limpieza” y de “salvación nacional”, para “desnarcotizar” el país, pero en un año electoral habrá que ver hasta dónde es posible avanzar.
El cartismo ve seriamente disminuido su poder para convencer a las masas coloradas en la interna de diciembre, lo que facilitaría el triunfo de la dupla Hugo Velázquez-Juan Manuel Brunetti. Pero en las generales, Velázquez sólo podría ganar eventualmente con la división opositora, que hasta el momento es lo más seguro que pueda darse, a la vista de la imposibilidad de armar una concertación sobre mínimos puntos de acuerdo programático en la oposición.
Si el plan originado en el exterior incluye efectivamente la orden de cortar cabezas de peces gordos de la narcopolítica, entonces no sólo habrá un marzo con muchas “diversiones” según Marito, sino posiblemente la oportunidad de reorientar el país hacia objetivos de desarrollo nacional que permitan a la población volver a trabajar en forma honesta sin el incómodo lastre de la protección política a los narcos, que perjudica a la economía en su conjunto.
Si la orientación política prevaleciente es apostar por un país viable con seguridad jurídica y tranquilidad en las calles, entonces también es posible esperar que vengan las inversiones que tanto se necesitan para crear riqueza y empleos genuinamente legales.
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