Escribe: Luis Alen.
Una ingrata noticia recibió Santiago Peña al ser denegada a la economía del país el “Investment Grade” o “Grado de Inversión”, por parte de Fitch Ratings, debido a que considera esta calificadora de riesgo-país que la ley Anti-ONG propiciada por el cartismo puede ahuyentar a potenciales inversionistas internacionales, tal como lo adelantara Primera Plana hace una semana atrás.
Son múltiples los pedidos de organizaciones nacionales y mundiales para que Santi Peña vete la ley restrictiva contra las ONG sancionada por el Congreso, porque supone un retroceso mayúsculo en la posición lograda por el Paraguay en el escenario sudamericano, al ser considerada como una economía sólida en comparación con otros países de la región, a tal punto de haber recibido en julio pasado el “grado de inversión” de otra conocida calificadora como es Moody’s.
Peña se ha tomado su tiempo para analizar qué más conviene hacer con el criticado documento, pero ya ha recibido el mazazo de la prestigiosa calificadora Fitch Ratings, que es otra de las principales agencias de certificación crediticia en el mundo, la cual ha explicado en su análisis sobre Paraguay que la cuestionada ley “puede debilitar las protecciones para la libertad de asociación y expresión”, que el Estado está obligado a garantizar a la sociedad civil y a toda la ciudadanía, tal como se halla establecido en la Constitución.
Resulta que la calificación de los bonos y la deuda soberana del Paraguay, al contar con el “Investment Grade”, o “Grado de Inversión”, repercute no sólo en términos de un mejor acceso al mercado de capitales en el mundo, con tasas de interés convenientes, sino que impulsan a los inversores a confiar en la evolución económica favorable del país, en el mediano y largo plazo, al tener la seguridad que el Gobierno hace buena letra en uno de los indicadores más sensibles como es el de Gobernanza.
Fitch remarcó que son los indicadores de Gobernanza los que poseen el mayor peso en su modelo de calificación soberana, que en el caso de nuestro país tienen en cuenta ciertamente “un historial reciente de transiciones políticas pacíficas, un nivel moderado de derechos para la participación política”, pero también muestran “una capacidad institucional débil, un Estado de Derecho frágil y altos niveles de corrupción”.
Para tener una idea del alto perfil autoritario que muestra el gobierno cartista con la ley de control sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG), se ha dicho que es una copia fiel de similares legislaciones existentes en países como Venezuela, Nicaragua y Rusia, que no son precisamente ejemplos de respeto a las entidades de la sociedad civil que son críticas a sus regímenes políticos que tienen gobiernos con un discurso y un accionar más cercano a la autocracia que a una democracia.
La orden superior
Santi reconoce que su gobierno depende mucho del éxito en la economía, con inversiones nacionales y extranjeras que creen empleo, pero también sabe que debe rendir pleitesía a la “orden superior” de Horacio Cartes, quien ha tomado ya la decisión de ir con todo contra los opositores que podrían hacerle perder el poder al cartismo en 2028.
La ley Anti-ONG es no sólo un instrumento de “vendetta” cartista contra aquellos que intentaron llevarlo al banquillo con la comisión bicameral Messer, durante la legislatura pasada, sino también un rebuscado y exagerado mecanismo que hurga en las entrañas de las ONG en busca de financiamiento a la oposición anticartista, ya de cara a las municipales de 2026.
Ni bien se supo la calificación de Fitch denegatoria del grado de inversión, el cartismo volvió a insistir en forma prematura en la candidatura presidencial del vicepresidente Pedro Alliana, en un almuerzo político el jueves 24 de octubre en Ciudad del Este, a lo que Santi Peña asintió en forma disciplinada, pero lanzando el dardo inesperado de que, no obstante, se halla enfocado en la gestión de gobierno para resolver los problemas del país como la inseguridad y la salud pública.
Agregó con una lógica más realista y un sesgo a contra corriente del ritual triunfalista del cartismo, que si resuelve los problemas de la gente, eso se verá cuando las elecciones municipales de 2026 sean “el parámetro de si el Gobierno hizo bien o no sus deberes”.
Con esta advertencia, Peña se desmarcó un tanto de la presión del Patrón, pero no por ello tendría la suficiente fuerza política como para dar muestras de una mayor autonomía, para dar el paso eventual a un veto a la ley Anti-ONG y provocar así un terremoto en las carpas de Honor Colorado.
Vetar la ley Anti-ONG en principio significará para Santi “hacer bien los deberes”, considerando que la calificación de riesgo internacional lo valorará en su justa medida, lo que facilitará también la venida de inversiones directas a la economía paraguaya, tan necesarias en vez de la captación de mero endeudamiento externo.
Es que notas favorables como la de Moody’s, Standard and Poor’s o Fitch, son de gran importancia para los inversores a la hora de invertir en los mercados financieros donde el país cotiza su deuda soberana o acude a financiar su economía y en algunos casos pueden ser muy relevantes para disipar el miedo hacia la inversión directa en países en desarrollo como el nuestro. Asimismo, las agencias de calificación crediticia son organismos de gran influencia económica a nivel mundial.
Estas son razones suficientes como para inclinar la balanza del realismo de Santi Peña, pero está por verse si realmente se anima en contradecir al jefe del Quincho, demostrando una vez a propios y extraños que en el unicato cartista la última palabra no la tiene el Presidente de la República, desafortunadamente para el país.
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