Escribe: Luis Alen.
El presidente de la República, Santiago Peña, dio a entender que se toma su tiempo para decidir si veta en su totalidad o en forma parcial la controvertida ley Anti-ONG, que puso a su gobierno en la mira de la sociedad civil y empresarial de nuestro país, así como se ha visto ahora que afecta también negativamente la imagen internacional del Gobierno que preside. Pero si avala con su firma este instrumento legal que se erige como una cortapisa a la sociedad civil, estaría confirmando la deriva autoritaria sin retorno del cartismo, causando el resquemor de países aliados como Estados Unidos.
Ahora ha trascendido que el Paraguay bajaría a su canciller Rubén Ramírez Lezcano de la candidatura a la secretaría general de la OEA (Organización de los Estados Americanos), siendo una de las razones el impacto negativo en el exterior de la aprobación por el Congreso de una muy restrictiva supervisión sobre las ONG (Organizaciones No Gubernamentales), cuya denominación oficial es la ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”.
Esta ley, cuya aprobación o veto se halla a consideración de Santi Peña, no sólo originó su rechazo por parte de la sociedad civil y empresarial de nuestro país, sino de entidades internacionales que no ven con buenos ojos la excesiva restricción estatal contra la autonomía de la ciudadanía organizada, lo cual iría desde todo punto de vista contra la Constitución, como lo reconoció el propio jefe de Estado, al señalar que no debería dejar un nefasto precedente, como sería el caso de avalar una ley inconstitucional durante su mandato.
Ya en tiempos del tratamiento de la ley en el Congreso, Peña había expresado su objeción al proyecto en algunos puntos que luego fueron corregidos desde la presidencia de la República para su posterior sanción legislativa. Pero ahora el mismo presidente es consciente que la ley no le trae ningún beneficio a la imagen externa de su gobierno y del cartismo, más aún cuando el Patrón Horacio Cartes debe hacer buena letra con Estados Unidos con miras a reiniciar relaciones con el nuevo gobierno, y más aún si es de Donald J. Trump.
Aunque la versión oficial paraguaya atribuye la retirada de Ramírez Lezcano a las crecientes restricciones presupuestarias que sufre la OEA y le dejan a su secretario general con poco margen de maniobra para influir en forma más decisiva en el concierto de naciones de las Américas, en el círculo áulico de HC se evalúa que el veto de Peña a la ley Anti-ONG podría ser vista como una señal favorable emitida desde el unicato cartista, cuya deriva autoritaria va creciendo y origina la contrariedad de otros gobiernos amigos y de aliados como Estados Unidos, que no estarían de acuerdo en que el nuevo secretario general de la OEA provenga de un gobierno que aplica restricciones a su sociedad civil, como es el cometido de la ley Anti-ONG.
El comando cartista de estrategia política estuvo esperando una señal proveniente de Estados Unidos, pero ni siquiera un cambio en la administración de la mayor potencia mundial en las elecciones del próximo martes 5 de noviembre, si se consuma la ajustada victoria de Trump que predicen algunas encuestas, estaría “salvando” a Peña de una nota negativa en el caso de la promulgación de la ley Anti-ONG, que precisamente tiene entre sus fines poner la lupa en los recursos que la USAID (la agencia norteamericana de ayuda al mundo en desarrollo) destina a ONG paraguayas que en algunos casos son dirigidas por personas opositoras, de acuerdo con lo expresado por algunos exponentes del ala dura del cartismo.
HC en la mira
El otro problema que afronta la candidatura paraguaya a la OEA es el hecho de que el Gobierno demócrata saliente de Joe Biden ha insistido que Santi Peña dé alguna pista de su predisposición a atender la sugerencia de Washington de ir marcando ciertas distancias de su mentor político Cartes, para aparecer como el que realmente corta la torta en el país, que sigue estando en la mira por las acusaciones conocidas contra HC.
El hecho de depender políticamente de alguien acusado en Estados Unidos y hasta sancionado por “corrupto” por su gobierno, no le da una buena imagen a Peña en el país hegemónico del Norte, ni siquiera entre los legisladores republicanos que apoyan a Trump.
Es que HC es investigado desde hace años por las agencias norteamericanas encargadas de supervisar los “negocios” que no están bien mirados, especialmente con el tabaco que sale en miles de cajetillas de cigarrillos de contrabando con destino a bandas del crimen organizado hacia varios países latinoamericanos, dando un instrumento de valor a los narcos para lavar millones de dólares y financiar así sus actividades, además de otras conexiones con grupos ligados al terrorismo o al fundamentalismo islámico, todo lo cual es un tema crucial de seguridad nacional para los Estados Unidos, independientemente de quién sea el ocupante de turno del salón oval de la Casa Blanca, según se ha sabido a través de informes dados a conocer en los últimos años por el mismo gobierno de Washington.
En estas condiciones, ni siquiera un gobierno de Trump podría revertir las sanciones financieras tomadas contra HC y el ex-Grupo Cartes de empresas ligadas al titular de la ANR y hombre fuerte del país, a estar por las evaluaciones realizadas por analistas políticos en la prensa tanto de Estados Unidos como de nuestro país.
Y menos aún tendría posibilidades HC de recibir un trato diferente de una nueva administración norteamericana, cuando con la ley Anti-ONG se pondría trabas al financiamiento norteamericano a organizaciones sin fines de lucro que reciben los recursos en el marco de acuerdos internacionales firmados por el Paraguay con EE.UU. y con otros países amigos.
Lo que también hizo saltar las alarmas en las agencias de Washington es el informe que recibió la Fiscalía paraguaya en 2023 sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) realizadas a la República Democrática de Corea (Corea del Norte), entre febrero de 2015 y febrero de 2017, que alcanzaron US$ 1.865 millones, con transacciones llamativas y sospechosas supuestamente realizadas con un país con el cual no se mantienen relaciones comerciales ni diplomáticas, y que además se halla constantemente vigilado por Estados Unidos, por tomar iniciativas que son contrarias a directivas de las Naciones Unidas orientadas a evitar que el régimen norcoreano siga un camino contrario a la paz mundial, como es el caso ahora de su estrecha alianza con Rusia que incluye el envío no sólo de armas sino también de soldados en el terreno de la guerra en Ucrania.
La negativa de la Fiscalía a investigar estas transacciones sospechosas, y que en Estados Unidos vinculan con el ex-Grupo Cartes, ya se había constatado con la ex-fiscal general Sandra Quiñónez, por obvias razones cuando se sabe que fue salvada varias veces por el cartismo del juicio político en la era Marito, pero lo que no se entiende es por qué el nuevo fiscal general Emiliano Rolón es muy dubitativo para investigar a HC, a menos que teme ver cumplida la amenaza de un juicio político que le fue anunciada desde la bancada cartista de Diputados ni bien se inició la actual legislatura.
No se tienen tampoco señales notables desde la fiscalía y el Poder Judicial de una mayor equidistancia del cartismo, lo que está demostrado en el caso de la tardanza de la Corte Suprema en resolver la vuelta eventual de la ex-senadora Kattya González a su curul parlamentario, que había sido avalado por más de 100 mil votos el 30 de abril de 2023, lo que fue olímpicamente ignorado por la aplanadora cartista del Senado para convalidar la pérdida de investidura a tambor batiente durante el receso parlamentario del verano pasado.
El control cartista sobre fiscales y magistrados no le hace nada bien a la imagen externa del país, repercutiendo indudablemente esta realidad en las últimas evaluaciones de las calificadoras internacionales, que exigen una mejor gobernanza, en el sentido de privilegiar el fortalecimiento de las instituciones, incluyendo lógicamente la mayor autonomía y empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
La reforma constitucional
Saltó de nuevo al tapete el tema de la posible reforma constitucional, como forma solapada de establecer la reelección presidencial, después que el presidente Peña expresara que se podría cambiar el texto de la Constitución para permitir que las municipalidades se lleven el 100 por ciento de sus recaudaciones del impuesto inmobiliario, y no el 70 por ciento como es ahora, con el 15 por ciento que se transfiere al departamento respectivo y el otro 15 por ciento a los municipios más pobres.
Pero para el cambio en el artículo 169 sobre el inmobiliario, no hace falta ir a una reforma constitucional, pues se puede aplicar el procedimiento de la enmienda legislativa, para luego llegar a un referéndum que otorgue la aprobación popular definitiva.
De cualquier forma, el tema de la reforma constitucional no sólo deberá involucrar la posibilidad o no de la reelección presidencial, sino otros temas orientados especialmente a consolidar el fortalecimiento institucional de la República, y especialmente de la independencia judicial como forma de preservar la democracia.
Pero llamar a una reforma sólo para satisfacer las apetencias de más poder del grupo político dominante en la actualidad, sólo serviría para convalidar el proceso autoritario del unicato cartista, cuyo máximo exponente es ahora la posible promulgación de la ley Anti-ONG por parte de Santi Peña, quien tiene así en sus manos la oportunidad de oponerse al ala dura del cartismo o quedar ante la historia como quien promulgó una ley inconstitucional, como él mismo lo reconoció.
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