Suman y siguen las causales para el juicio político a la fiscala general Sandra Quiñónez, quien sin embargo cuenta con un férreo blindaje que le otorgan las bancadas cartista y llanista de Diputados, lo que hasta el momento evita la presentación del libelo acusatorio ante el plenario de la Cámara Baja.
Esta situación confirma que, a pesar de existir de sobra las pruebas de mal desempeño en sus funciones, la jefa del Ministerio Público cuenta con el apoyo de políticos que se erigen sin ruborizarse en protectores de los esquemas delictivos denunciados en la operación “A Ultranza Paraguay”.
Por ejemplo, la fiscala Quiñónez nunca movió un dedo para investigar los oscuros negocios de Horacio Cartes, según las denuncias que obran en las voluminosas documentaciones en poder de la Fiscalía desde hace varios años, como en el caso Messer o en los movimientos del comercio irregular de cigarrillos en la frontera.
Aparte de lo denunciado por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acerca de las conexiones en el lavado de dinero a través del sistema financiero ligado a los negocios del Patrón en el banco BASA, la casa de bolsa PUENTE y en la Bolsa de Valores de Asunción, en los últimos allanamientos por operativos contra el narcotráfico han surgido nuevas evidencias de un monumental lavado de dinero del crimen organizado, que no podían ser ignorados por los organismos estatales competentes y menos aún por la Fiscalía.
Todos los caminos conducen a…
La falta de una investigación imparcial de la fiscala general contra los delincuentes de cuello blanco, refuerza la hipótesis manejada en la ciudadanía paraguaya que Sandra Quiñónez se halla impedida de meter sus narices en las cuentas del Patrón HC, por lo que se hace inevitable su salida si es que se quiere realmente limpiar el Estado y el sistema financiero de las sospechas de que los narcos se han posesionado del país y de sus instituciones.
El presidente Marito Abdo reiteró su decisión de luchar contra el crimen organizado y las mafias, pero sin la posibilidad que le acompañe la Fiscalía en dicho cometido resulta difícil llegar a buen puerto en el combate a la delincuencia organizada de los peces gordos de la política, que lavan centenares de millones de dólares negros en la economía nacional y en su sistema financiero.
Nombres de ministros del Ejecutivo, legisladores, magistrados judiciales y empresarios han aparecido últimamente en conexión con grupos del crimen organizado, como secuela de la falta de investigación seria e imparcial de la fiscala general contra el lavado de dinero de los delincuentes. Mientras tanto, Blas Llano sigue apoyando a Horacio Cartes en su postura de no desplazar a Sandra Quiñónez. ¿Hasta cuándo?
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