Con el propósito de evitar que en una sucesión se presenten las acciones de la fallecida dueña de una valiosa y extensa estancia del Alto Paraguay, la difunta aparece recibiendo aún enormes sumas por servicios ambientales del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), según documentos presentados ante el registro establecido para conocer los beneficiarios finales de los pagos del Estado a los particulares y evitar así situaciones ilegales que configuren lavado de dinero.
El MADES entregó los certificados ambientales a Wildex S.R.L., administradora de Coparis S.A. con sede en Panamá, que es la verdadera dueña del establecimiento Laguna General Díaz, ubicado en el norte del Chaco, en la zona de Toro Pampa, distrito de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay.
Tanto Wildex como Coparis son firmas creadas por una sola persona, Hetty Rita Malpas viuda de Abadie, una empresaria francesa ya fallecida, pero que aparece como “viva” en los registros públicos, con tal de seguir cobrando del Estado ingentes sumas por la venta de los certificados a empresas que llevan a cabo grandes obras con impacto ambiental.
Es el caso del Consorcio San José, que construye para la ANDE la subestática de Valenzuela a un costo total de 78 millones de dólares y que adquirió certificados ambientales por 4.873 millones de guaraníes (US$ 646.000 al cambio actual) de Coparis-Wildex, cuya propietaria figura en el registro de beneficiarios finales del Estado con el número de cédula de otra persona, seguramente con la intención de hacerla aparecer aún con vida, ya que falleció en 2017 según las informaciones de prensa.
En la presentación realizada para negociar con el MADES y con el Estado, se hace figurar como “beneficiario efectivo” a “Hetty Rita Malpas”, con la cédula 520.551, que pertenece a otra persona. El otro “beneficiario efectivo” es su hijo Laurent Abadie.
Pero la cuestión no termina ahí, ya que Wildex no estuvo representada por Laurent Abadie en la firma del contrato de compra de los certificados, como debía ocurrir en su carácter de heredero de Hetty de Abadie, sino por una persona llamada Griselda Irala Pintos, con cédula N° 5.046.258, quien fue constituida apoderada de Wildex en escribanía, por un poder especial firmado por Laurent Abadie con el único objetivo de firmar en el documento de compra-venta del bono ambiental durante el año 2023, en lugar de hacerlo el hijo de la finada viuda.
Es que al no estar terminado el proceso sucesorio, Laurent Abadie aún no se halla facultado a firmar como heredero, pero también se puede advertir que la intención es evitar que las acciones de su finada madre en Coparis S.A. se incluyan en el acervo hereditario.
Sin embargo ahora, al ser reconocido por el mismo hijo que su madre es la “beneficiaria” de los certificados del MADES a partir de los bosques del Alto Paraguay, ya resulta inevitable que las acciones sean incluidas en la sucesión, al ser Hetty de Abadie la verdadera dueña de Coparis y de la estancia Laguna General Díaz, siempre de acuerdo a la documentación entregada por su hijo ante las autoridades.
El juicio de sucesión
Esta situación se habría dado precisamente porque las cuotas de participación de la señora Hetty viuda de Abadie como socia de Wildex S.R.L. aparecen en el juicio de sucesión abierto en el juzgado N° 19 de primera instancia en lo civil y comercial a cargo de la jueza Claudia Domínguez de Barrios, donde figura como heredero Laurent.
El problema de fondo radicaría en el hecho de que el proceso sucesorio aún no ha sido finiquitado por la falta de fijación del verdadero valor del acervo hereditario, con el fin de calcular la regulación de los honorarios del abogado apertor del juicio, quien reclama que los herederos no presentaron las acciones de la fallecida en el establecimiento agropecuario y forestal “Estancia Laguna General Díaz”, perteneciente a Coparis S.A, de 22.500 hectáreas, situado en la zona de Toro Pampa, Alto Paraguay, de acuerdo con información proveída por el MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible), que es el organismo encargado de administrar los certificados ambientales.
La no inclusión de la valiosa estancia en el proceso de sucesión de la viuda de Abadie, valuada en unos 20 millones de dólares, está en contradicción con los registros del MADES, que reconocen la propiedad de Coparis S.A. de los bosques sujetos a certificados ambientales.
Ante la falta de inscripción legal de la S.A. en el país, se debería impedir la concesión de los bonos ambientales a Coparis y a Hetty Rita Malpas de Abadie, pero que de igual forma fueron otorgados con el reconocimiento de “beneficiario efectivo” a la viuda ya fallecida, supuestamente al ser socia de Wildex.
Pero en los registros del MADES figura que Coparis S.A. es la verdadera propietaria de la estancia “Laguna General Díaz” ubicada en el Alto Paraguay, y cuya reserva certificada de bosques, de 4.991 hectáreas, es la que convalida los certificados ambientales adquiridos por el Consorcio San José con los fondos que le proveyó la ANDE para la construcción de la subestática de Valenzuela.
Lo correcto vendría a ser que se rectifique esta irregularidad con la inclusión de las acciones de Coparis S.A. en la sucesión de Hetty Rita Malpas viuda de Abadie.
Una “offshore” en Panamá
Wildex aparece como la “administradora” de Coparis S.A., de la cual Hetty viuda de Abadie también poseía las acciones mayoritarias, siendo una firma “offshore” inscripta en Panamá, fuera del país, pero que opera localmente.
Lo notable es que siendo propietaria de un extenso establecimiento, Coparis S.A. no posee RUC en el Paraguay, según informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), configurando así una flagrante irregularidad en contravención directa a la Ley de Sociedades Anónimas N° 5895, de 2017, que dispuso la nominatividad de las acciones buscando transparentar justamente la operativa de las S.A. en el país, siendo también obligatoria la inscripción de las sociedades con su representación en el país, según manda el Código Civil, con el fin de evitar el lavado de dinero y otros delitos afines como la evasión tributaria.
Coparis S.A., al ser una firma inscripta en Panamá y sin inscripción legal en el Paraguay, significa que comete una notoria violación no sólo de disposiciones del Código Civil, la Ley N° 1.183/85, que requiere la inscripción local de cualquier firma que opere aquí y más aún si es propietaria de tierras sujeta a tributación y regulaciones expresas sobre el manejo de bosques por ejemplo, sino también en contravención a lo dispuesto en la actualizada Ley de Sociedades Anónimas de 2017.
Asimismo, está claro que también Coparis S.A. no cumple con los requisitos que obligan a todos los miembros de sociedades, tanto nacionales como extranjeras, de proceder a registrar sus nombres en el registro de beneficiarios, tal como establece la Ley N° 6.446/19, que en el caso de la viuda de Abadie se hizo como socia de Wildex S.R.L., aunque al haber fallecido aparece con “vida” gracias a una cédula ajena.
Lo que sí se debió realizar fue el ingreso en el juicio sucesorio de las acciones de la difunta Hetty de Abadie en la sociedad de Panamá, Coparis S.A., la verdadera dueña de la estancia Laguna General Díaz, según figura en los registros de certificados ambientales del MADES, con el fin de corregir el ilegal registro de “beneficiaria final” a partir de ser socia aún con vida de Wildex S.R.L., lo que es una burla al Estado para cobrar una suma multimillonaria de dinero, habiendo la posibilidad de normalizar todo en el proceso de sucesión.
Este cúmulo de irregularidades es el que notoriamente se trataría de encubrir con la utilización de la cédula de otra persona, una anciana de 81 años llamada Olinda Quintana Godoy, que es la persona a la que le pertenece la cédula de identidad número 720.551. Esta cédula supuestamente se hace aparecer al lado del nombre de Hetty viuda de Abadie, que figura como “Hetty Rita Malpas” junto a Laurent Abadie en la documentación presentada para el cobro por la venta de los certificados.
El certificado ambiental
El certificado o bono ambiental expedido por el MADES, resulta obligatorio adquirir para cada obra realizada como forma de compensar la afectación de bosques y el medio ambiente alrededor de las grandes construcciones del Estado, así como de empresas privadas o consorcios particulares, siendo el caso de la contratista de la ANDE para la subestática de Valenzuela.
De hecho, la ANDE ha dado a conocer que ya erogó un total de G. 9.611 millones entre 2021 y 2023, para cumplir con la Ley 3.001/06, que obliga la adquisición de certificados ambientales avalados por el MADES, por el equivalente al 1 por ciento del costo de cada obra considerada de alto impacto ambiental.
Los certificados son vendidos por empresas que poseen bosques para usarlos como una especie de compensación a la deforestación y la remoción de suelos que realizan los grandes emprendimientos de infraestructura.
Si bien la compra de los bonos ambientales por la ANDE y el Consorcio San José ya fue concretada a fines de 2023, lo cierto es que queda pendiente por saber si la utilización de documentación apócrifa invalidará la operación de adquisición, obligando a la empresa vendedora a devolver los fondos, o en todo caso a reformular las documentaciones, haciendo que el proceso de sucesión de Hetty viuda de Abadie sea finiquitado con la inclusión de la estancia Laguna General Díaz en el acervo hereditario, incluyendo los bosques que fueron objeto de la negociación con el Consorcio San José y la ANDE, según la opinión de juristas consultados.
Facebook Comentarios